Tal y como lo anticipó ayer Mirone, el abandono y la deforestación en que se encuentra el Parque Central ya fue motivo de denuncias ante la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente (Profepa), así como en la Fiscalía de Distrito Zona Norte.

Las denuncias fueron presentadas por la activista María Antonia Ríos desde el pasado 17 de abril, por omisiones en el cuidado y conservación de la flora y fauna del Parque Central, que violentan el artículo 356 del Código Penal del Estado de Chihuahua.

Dicho artículo señala sanciones que a la letra dicen: “para quien de forma ilícita corte, arranque, derribe, tale, desmonte o destruya: a) árboles o palmeras que formen parte del paisaje urbano, o b) vegetación natural que se encuentre en áreas verdes, en parques públicos o que forme parte de la orientación de las zonas urbanas”.

La ambientalista señaló en la fundamentación de sus denuncias, la tala reciente de árboles del parque para poner en funcionamiento la tirolesa, así como la grave contaminación del agua de los lagos, que están provocando la muerte de los patos que ahí tienen su hábitat.

Pide también que se revise la calidad del agua del pozo de absorción, que se construyó sobre una capa de arcilla, que no deja filtrar el líquido al subsuelo y permanece estancado desde hace dos años, presentando un peligro de salud pública por la cantidad de moscos que genera.

María Antonia Ríos, es además vecina del Parque Central y afirma que cuando en enero se entregó este importante pulmón verde a un órgano público descentralizado para su administración, nunca se hizo una consulta pública.

Lo peor de todo es que con o sin órgano público descentralizado, el parque sigue sin ser atendido y las promesas de inversión para su conservación y mejoramiento, son hasta ahora simples discursos.

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¿Dónde están todos los diputados federales de Morena que representan los distritos del municipio de Juárez? Porque solamente la diputada del PAN Daniela Álvarez, sigue exigiendo a la Comisión Federal de Electricidad mayor subsidio a las tarifas de verano para esta frontera, mientras los demás guardan silencio cómplice.

Ni Daniel Murguía, ni Teresita de Jesús Vargas, Ni Lilia Aguilar y mucho menos el plurinominal Armando Cabada, han movido un dedo para exigir que la CFE cumpla con la homologación de las tarifas, que ya tienen los municipios fronterizos de Baja California y Sonora, por las altas temperaturas en la temporada de verano.

Hay que recordar que Daniela Álvarez, fue la única de Juárez que solicitó en días pasados, mediante  un exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Federal de Electricidad y a la Comisión Reguladora de Energía, que se aplique en carácter de urgente la tarifa de verano a esta zona, la cual fue aprobada en la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.

Por eso acudió el jueves a las oficinas centrales de la CFE en la Ciudad de México, y exigió respeto al acuerdo camaral aprobado, para que se aplique la tarifa preferencial 1F, antes de que el termómetro comience a calentar la frontera.

La panista pidió a la paraestatal respuesta por escrito, ante la negativa de aplicar el mismo subsidio a los juarenses, que ya tienen ciudades como Tijuana, Mexicali, Tecate, Nogales, Agua Prieta y San Luis Río Colorado.

De todo esto no dijeron ni pío los diputados morenistas emanados de Juárez, quienes se han mantenido callados para no molestar a sus patrones de la 4T, ni la furia del dueño de la CFE, perdón, del director Manuel Bartlet; pero tampoco han dado la cara a los juarenses para informarles las razones de su valemadrismo, en un tema que afecta los bolsillos de miles de personas que les dieron su voto.

Sin duda, esta postura será recordada el próximo año, cuando los cuatro legisladores y legisladoras de la transformación busquen la reelección o, como en el caso de Mayté Vargas, pidan votos para sus corcholatos y los juarenses les pinten un violín.

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Mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue aferrado a negar que nuestro país es el principal exportador de fentanilo a los Estados Unidos, por la frontera de Juárez-El Paso la aduana norteamericana lo sigue poniendo en evidencia por el constante decomiso de cargamentos de ese opioide en los puentes internacionales.

Solamente en los últimos dos días, oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), decomisaron en los puentes Paso del Norte y De las Américas, dos contrabandos hormiga de 23 kilogramos y medio de fentanilo, cocaína y metanfetamina, con valor de medio millón de dólares en el mercado negro.

El primer cargamento ocurrió en el puente de la avenida Juárez, en un vehículo conducido por un ciudadano norteamericano de 20 años de edad, que escondía en la carrocería poco más de 9 kilogramos de fentanilo y metanfetamina.

En el segundo decomiso incautado fue detenida una mujer ciudadana norteamericana, también de 20 años de edad, que intentó cruzar por el puente Libre con poco menos de 14 kilogramos de fentanilo, cocaína y metanfetamina, ocultos en los compartimentos del vehículo que conducía.

Las oficinas de Aduanas y Protección Fronteriza y de la Patrulla Fronteriza, han informado, con datos disponibles en su sitio de internet, que, de los decomisos de 18.9 toneladas de fentanilo que se han realizado desde el 2020, el 96 por ciento ocurrieran en la frontera con México.

De este volumen, el 54 por ciento se confiscó en las fronteras de San Diego, California y Tucson, Arizona, mientras que, en los sectores de Texas, que abarca las oficinas de Big Bend, Del Río, El Paso, Laredo y Río Grande, los decomisos alcanzan el 6 por ciento del total, porque se trata de un contrabando hormiga que los traficantes realizan en pequeñas cantidades por los cruces internacionales, como son los dos últimos casos.

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Derecho de réplica de Juan Carlos Loera de la Rosa, delegado del Bienestar, respecto al tema: Loera reconoce labor del Estado y Municipio por los migrantes, publicado ayer en esta columna.

“En la columna de Mirone hablan de una supuesta contradicción en mis declaraciones, pero creo que siempre he sido muy claro en lo que tiene que ver con este tema y en lo que ha sido la colaboración que se ha tenido, y cuál es la colaboración que falta para atender este problema social que estamos viviendo aquí en nuestra frontera, derivado de la situación geopolítica en la que se encuentra nuestra frontera y además una situación global, que es el tema de la migración que estamos viendo en todas partes.

Lo que yo he dicho es que efectivamente el Gobierno Municipal sí ha apoyado, sí nos hemos coordinado en los albergues, en el Kiki Romero y en el Leona Vicario hay una muy buena coordinación con el Gobierno Municipal.

Lo que yo he dicho en tono tajante es que me parece que se acentuaron las condiciones de rechazo a las personas migrantes y xenofóbicas, que son situaciones muy peligrosas derivadas de algunas declaraciones del alcalde, y eso lo sostengo.

Y también de algunas reuniones que se han tenido con algunos empresarios y con algunas autoridades para evitar que las personas migrantes tengan el derecho para andar transitando por la ciudad. Eso lo he dicho y lo sostengo.

Me parece que no tenemos condiciones, en primer lugar, porque es un derecho humano la migración; en segundo lugar, no hay condiciones materiales, ni humanas ni sociales posibles para estar deteniendo a las personas migrantes, de estarlas encerrando, no hay posibilidades, eso lo sostengo.

También, le agregaría en el tema de los empresarios, porque lo han dicho, que es como si únicamente se quisieran tener los beneficios de estar en la frontera, hay situaciones que no quisiéramos vivir, son digamos costos de tener esta situación privilegiada comercialmente hablando. Es como si las personas que viven en las playas, en los paraísos muy cerca del mar, no quisieran a los huracanes, me parece que aquí también hay que ser empáticos con la comunidad.

Lo que también he dicho es de que en el tema de migración el Gobierno del Estado no ha cumplido, no cumple, con su responsabilidad que tiene según la Ley Estatal de Apoyo a Personas Migrantes de tratar este asunto con una calidad humanitaria.

No lo han hecho desde hace tiempo. Si al Gobierno del Estado le preocupa mucho la cantidad de personas migrantes que hay en la ciudad, ¿por qué no pone un albergue? El Gobierno municipal tiene albergue, el Gobierno federal tiene albergue, las organizaciones religiosas tienen albergue y el Gobierno del Estado no tiene ningún albergue.

El que se abrió del DIF para niños y para niñas, es con recurso federal de parte del DIF nacional; no es cierto que apoya el Gobierno del Estado a la comunidad migrante, la está criminalizando y está poniendo condiciones muy peligrosas para persecución”.