Las cifras de incidencia delictiva del ámbito federal no cuadran con la realidad.
Sobre todo en Chihuahua, donde las actividades de grupos delictivos han afectado desde hace años la economía, la convivencia social y la interacción familiar.
Ahí están los más de 20 mil homicidios cometidos en los últimos diez años, la mayoría de los cuales se efectuaron con arma de fuego, presumiblemente, en actos cometidos por la delincuencia organizada.
Sin embargo, si nos atenemos a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el estado de Chihuahua no pasa nada. Prácticamente es una extensión de Disneylandia o del país del Rey de Chocolate.
Es de no creerse: en el primer semestre del 2023 van 158 delitos contra la salud, o al menos eso dice el registro oficial.
De esos, ninguno tiene que ver con producción de drogas, rubro que aparece en cero, es decir, que en Chihuahua nadie se dedica a producir estupefacientes ilegales. Lero, lero…
Del total de delitos contra la salud, la inmensa mayoría, 110 casos en total, corresponden a “posesión”, concepto en el que caben tanto el que lleva un cargamento como quien trae una dosis menor.
Si revisamos las cifras del año anterior, las del 2022, la cosa anda por las mismas: 310 casos en total, de los cuales solo uno fue por producción.
Parece increíble que en un año donde se registraron cerca de dos mil homicidios, la actividad relacionada con el trasiego de drogas haya producido tan pocas acciones policiales o judiciales.
Ya lo vimos en las cifras del Inegi relacionados con la población penitenciaria del país y de los estados: solo 26 mil 812 personas ingresaron en el 2022 por delitos del fuero federal, que corresponde al 7.8 por ciento del total de ingresos a alguna de las prisiones del país.
Se entiende que delitos de alto impacto, como el homicidio o las lesiones, son del fuero común y por ello engrosan las cifras estatales, pero una cantidad tan baja de actividad delictiva federal invita a pensar que no se persigue como debiera, o por algún motivo se maquillan las cifras; ya ven que siempre tienen “otros datos”.
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La frontera no se va a abrir ni se abrirá. Quien haya hecho creer eso a cientos de migrantes que desde el pasado lunes comenzaron a llegar desde distintos estados del país a esta ciudad fronteriza, para reunirse en las inmediaciones del Puente Negro, les jugó chueco. De nuevo solo fueron víctimas de la rapacidad de personas con intereses ajenos.
Insistimos, el único mecanismo conocido al momento para los extranjeros que pretenden ingresar a los Estados Unidos es el que se realiza mediante la aplicación CBP One; en más no hay más que mentiras.
Ayer Claudio Herrera, vocero de la Patrulla Fronteriza en la zona de El Paso, salió a dar la cara, –no como ocurre con las autoridades nacionales que la esconden bajo tierra como avestruces– para aclarar que no se ha abierto ni se va a abrir la frontera.
Más aún, dijo que los migrantes no deben escuchar las mentiras de los contrabandistas que los pueden engañar, sobre todo a través de las redes sociales, por donde se han filtrado los rumores o las falsas noticias en ese sentido.
Entonces, del lado estadounidense queda bien clara la postura, ¿qué están haciendo las autoridades mexicanas? Por lo pronto, hay que echarles más agua a los frijoles en el albergue porque nos llegaron otros cientos de bocas que alimentar.
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Muy pobres o muy buenos, como usted los quiera ver, fueron los resultados que se obtuvieron durante el operativo que realizó ayer dentro del Centro de Reinserción Social (Cereso) No. 3, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través de la Dirección General del Sistema Penitenciario, Preventivo y de Reinserción Social.
Según el informe dado a conocer por la SSPE, solo armas hechizas y unas cuantas dosis de droga fue lo que habían encontrado hasta poco después de las 3 de la tarde.
Las acciones de inspección comenzaron durante la madrugada del martes y en ellas participaron 900 elementos de distintos órdenes de Gobierno, 300 efectivos de la Policía del Estado, 100 miembros de la Guardia Nacional y 500 de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
En menor medida también se vieron ahí a elementos de la Fiscalía General del Estado y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Y de manera coordinada también estuvo al pendiente el Centro de Mando de Ciudad Juárez con el resto de los servicios de emergencia como, Policía Municipal, Bomberos y ambulancias, según el comunicado de la SSPE.
El informe detalló que fueron 53 armas blancas hechizas (puntas, cuchillos, puñales, etc.), así como 24 dosis de drogas, una televisión portátil, memorias USB, cables de cargadores y párele de contar.
A Mirone le queda el agridulce sabor de si estos resultados son buenos o malos. Buenos, porque, de ser efectivas las acciones que se han venido implementando para retomar el control de los penales, hablan de que ya no entran, igual que antes, armas y drogas.
Por favor no seamos ingenuos: ese dato de que solamente se encontraron 24 dosis es inverosímil, si consideramos que se trata de una población carcelaria en la que un alto porcentaje de los reos son adictos a al menos a un tipo de droga. La cantidad reportada es menos que lo que trae consigo un puchador de cualquier esquina, en zonas como el norponiente y suroriente de la ciudad.
Y ya que nombramos esos sectores, la góber Maru Campos ayer anunció que, luego de reunirse con los mandos militares que operan en la entidad, se decidió fortalecer la coordinación entre ambas esferas de Gobierno para reforzar las acciones en materia preventiva en el suroriente y norponiente de Juárez.
Aclaró que no aumentarán más los operativos, pero que los que se den serán de manera coordinada.
A ver qué números arrojan esas modificaciones en la estrategia de seguridad, principalmente por aquellas zonas, que no solo en lo que va de la operación Unidos por Juárez, sino desde mucho tiempo atrás, han sido de las más golpeadas, en cuanto a violencia y homicidios se refiere.
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Mientras los dirigentes de la Asociación Mexicana de distribuidores de Automóviles, la AMDA, exponían en la capital su proyecto de reformas legislativas para incentivar la venta de vehículos seminuevos, el senador chihuahuense Antonio Espino de la Peña permaneció “interesadísimo” en el tema.
Porque al tiempo que Guillermo Rosales Zárate, presidente ejecutivo de la AMDA a nivel nacional, hablaba sobre los beneficios a la modificación al artículo 63 de la Ley Federal de Protección al Consumidor”, el legislador morenista se mantuvo con la vista fija… en su teléfono móvil.
¿Qué hacía? Vaya usted a saber. Lo único que se alcanzaba a apreciar es que picaba y repiqueteaba el teclado, como quien tiene apuro de escribir mensajes sin importarle lo que ocurre a su alrededor.
Y eso que el planteamiento de los distribuidores de autos estaba bastante interesante, pues buscan que se reforme la ley para que los consumidores puedan comprar autos seminuevos mediante el conocido sistema de autofinanciamiento.
Ese proceso, que le permitió a tanta gente hacerse de un auto nuevo aun cuando no tenían el dinero para pagar el enganche, se aplicaría al mercado de autos usados y con ello incentivaría la comercialización de ese tipo de vehículos.
Además buscan que el plazo máximo para pagar en el formato de autofinanciamiento ya no sea de cinco años, sino que se extienda a seis.
Ese interesante planteamiento se hizo ayer, en una conferencia de prensa celebrada en un conocido hotel del Periférico de la Juventud, donde los directivos de AMDA lucían entusiasmados con el proyecto. Lástima que no pudieron transmitirle esa emoción al senador del apodo impublicable y quien, se supone, va a impulsar la iniciativa en el Senado.