El Gobierno de Javier Corral le dejó un “encarguito” a su sucesora, Maru Campos, por obligaciones que no cumplió y juicios que perdió, ya fuera por negligencia o por dejadez.

Cual cadáver en el armario, la Secretaría de Hacienda del Gobierno de Estado se “encontró” con que sus antecesores dejaron pendiente el cumplimiento de un pago que debieron hacer desde el año 2018.

La suma, por sí sola, es para erizarle la piel a cualquiera: 800 millones “del águila”, pero lo más grave es a quién se le deben y por qué.

Se trata de las retenciones de Impuesto Sobre la Renta que el Gobierno le hace a sus empleados –como a cualquier otro que trabaje en la formalidad– para luego enterarlo al Sistema de Administración Tributaria, el SAT.

Dicho en otras palabras: que les retuvo su dinero a los trabajadores, pero no lo reportó al SAT. Lo peor del caso es que la dependencia federal detectó ese faltante, lo requirió en su momento, pero será hasta el 2023 cuando se le haga el pago.

Por si fueran poco esos 800 millonsotes, también dejó pendientes una serie de litigios administrativos y laborales que prácticamente están perdidos, según lo expuso el secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, durante su comparecencia ante el Congreso del Estado.

Nada más por ese concepto, el Gobierno actual deberá hacer un “guardadito” de 500 millones de pesos para pagar en cuanto el juez o jueza correspondiente dicte su sentencia.

¡Vaya regalitos! Dos deudas que, juntas, casi igualan al monto proyectado para Inversión Pública.

Ni hablar, a pagar y sin llorar.

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Un amplio reportaje publicado el martes pasado en La Jornada, con llamado en la primera plana, cita que son más de 300 los casos de tortura registrados durante el Gobierno de Javier Corral, algunos por los cuales fue detenido en días pasados el exfiscal Francisco G. A. y vinculado a proceso.

El trabajo periodístico realizado por un enviado especial del diario capitalino, expone los testimonios de los exfuncionarios Martha Patricia Banderas Barrera, quien fue directora de Administración de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, y de Raymundo Romero Maldonado, exsecretario general de Gobierno, durante la gestión de César Duarte.

La información revela que fueron dos los exfuncionarios que murieron a consecuencia de los Expedientes X; uno en el penal de Aquiles Serdán y otro por la persecución de que fue objeto, que le agravó los males crónicos que padecía.

El primero de ellos fue José Lázaro López, exdirector del Fideicomiso Chihuahuense para las Actividades Productivas (Fidapech), quien se contagió de Covid-19 en la prisión y falleció en agosto del 2020, por no haber sido atendido oportunamente, según el relato de su esposa Luz María Martínez Robles.

El segundo fue Julio Sánchez Chánez, exasesor de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, quien anduvo huyendo un año de la persecución del Gobierno, situación que provocó que el padecimiento renal que sufría, se le agravara y lo llevara a la tumba, en diciembre del 2020.

El reportaje describe la vieja Casa de Gobierno como la “Casa del Terror”, que presumiblemente era el centro de operaciones policiaco-ministeriales bajo el mando de Corral, mismas que habrían desencadenado de manera indirecta la muerte de estas dos personas.

Martha Patricia Banderas relató que pasó dos años en prisión, acusada de haber firmado una suficiencia presupuestal para el sindicato de maestros, por lo cual le fincaron tres procesos y al final la obligaron a declararse culpable, para poder abandonar el penal.

En el caso de Raymundo Romero Maldonado, que ya abordamos en entregas pasadas, le dijo también al periodista de la Jornada que fue detenido con tretas en su casa, sin una orden de aprehensión, y luego sometido a vejaciones en prisión.

El cargo que le fincaron fue haber autorizado la compra de un terreno en Guachochi, que había adquirido la Secretaría de Hacienda en 2011, un año antes de que él fuera nombrado secretario General de Gobierno y encabezara el Comité de Patrimonio Inmobiliario.

Los dos testimonios emblemáticos de la presión psicológica que vivieron los testigos, son parte de los 300 casos que menciona el diario de la Ciudad de México y, que, sin duda irán surgiendo durante el proceso que se le sigue a “Panchito el Siniestro”.

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El delegado federal de Bienestar, Juan Carlos Loera, volvió a la carga de caballería contra la gobernadora del Estado, al hacer circular en sus redes sociales el informe de la organización Artículo 19, donde se revela que, en el 2019, el PAN utilizó una empresa de la Ciudad de México para impulsar la candidatura de Maru Campos y denostar a sus rivales con información falsa.

El informe en cuestión, “Cartografías de la Desinformación en México”, reporta que el Comité Estatal del PAN utilizó a la firma de “relaciones públicas” Wish & Win para generar contenidos en redes sociales -principalmente Facebook e Instagram- malintencionados y desfavorables contra los candidatos de Morena, Juan Carlos Loera y Marco Adán Quezada.

Lo más interesante de todo esto, es que el mismo estudio informa que, en abril del 2021, Morena presentó varias denuncias ante las autoridades electorales contra esta red influenciadora de Acción Nacional, por la operación de páginas con publicidad pagada, pero en las dos sentencias del Tribunal Estatal Electoral, resolvió que los acusados no incurrieron en infracciones, porque las páginas ejercieron su derecho a la libertad de expresión.

Total, que ningún tiro le sale bien al rijoso delegado federal, por más que se esfuerza en deslegitimizar la derrota que Maru le propinó en las urnas, derrota que la gobernadora ha descrito como la ocasión en que “le rompió el hocico a Morena”. Sin llorar, otra vez.

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Y sigue la mata dando. Ahora fue el coordinador de los diputados panistas Mario Vázquez, quien dirigió sus baterías contra el alcalde de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, al insinuar que este mandó al abogado Gerardo Cortinas Murra a manifestarse en una carpa afuera de la sede del Congreso estatal.

Vázquez dejó entrever esta posibilidad, por el hecho de que el diputado panista y abierto detractor de Cruz, Gabriel García Cantú, se ha mantenido cuestionando los aumentos en las tablas de valores catastrales de Juárez, que impactarán en el impuesto predial.

La protesta del abogado Cortinas Murra es contra la Comisión Jurisdiccional del Congreso, porque no han sesionado ni dado seguimiento a la segunda denuncia por juicio político, que interpuso contra el exgobernador Javier Corral.

El hecho de que García Cantú sea el presidente de dicha comisión y que el abogado lo acuse de corrupción en una cartulina colocada en su carpa, le abrió la puerta a Mario Vázquez para sumarse a la grilla contra el alcalde fronterizo, y abrirle fuego por otro frente.

Esta actitud no le abona nada a la armonía que deben pregonar los propios legisladores en todos los municipios de la entidad, sobre todo tratándose del líder de la fracción política en el poder, quien debería mostrar más oficio conciliador y evitar la rudeza.

En lo que sí tiene razón el diputado Vázquez, es en el hecho de que Gabriel y Cruz deben tener un acercamiento y dialogar, pero en nada ayuda si apoyado en su investidura le echa más leña al fuego.