A final de cuentas, la Fiscalía General de la República (FGR) no le atoró a la investigación sobre el despojo de viviendas a 60 mil derechohabientes en todo el país, incluyendo a Ciudad Juárez, el caso que fue un escándalo desde 2018.

Acaba de trascender que fue cerrada definitivamente la investigación por lavado de dinero contra cuatro despachos jurídicos y seis abogados señalados de un presunto despojo de viviendas de cartera vencida del Infonavit, calculado en 2 mil 257 millones de pesos.

Resulta que un Tribunal Colegiado de la Ciudad de México confirmó la decisión tomada por la FGR, de archivar la carpeta de investigación por carecer de elementos de prueba, después de cinco años de investigación.

El caso tuvo su epicentro en Nayarit, donde se promovieron demandas fraudulentas, pero también su vínculo con Ciudad Juárez, donde proliferaron víctimas de los juicios simulados.

Aquí, cientos de derechohabientes fueron despojados de sus viviendas sin siquiera haber sido notificados previamente que existía un juicio en su contra.

Los responsables de iniciar esos juicios hipotecarios eran despachos y abogados que fueron contratados por el Instituto entre 2013 y 2018.

En el mega fraude estuvieron vinculados los despachos Especialistas en Cobranza Difícil S.C., KCS Servicios Profesionales S.C. y Molrod, Silber y Asociados S.C. También los abogados Hugo Gerardo Rosales Badillo, Liliana Yazmín Cruz Flores, Antonio Humberto Herrera López, Otoniel Arrambide Guzmán, José Horacio de la Salud Ramos y Gina Rosa del Carmen Bahrens Gaitán.

Hay que decir que el Infonavit sí quería atorarle al caso y fue esta instancia la que pretendía evitar el carpetazo acordada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo).

Sin embargo, los magistrados negaron en última instancia el amparo, así que la transa, en la que también se vieron involucrados funcionarios del propio Infonavit, simplemente quedará impune.

El Tribunal resolvió que el Infonavit no estaba legitimado para presentar el amparo, debido a que no tenía reconocida la calidad de víctima en la investigación.

También consideró que el delito de lavado no tiene una víctima concreta y, por tanto, el Infonavit no podía ostentarse con esa calidad jurídica para presentar el amparo.

Total, primero la Fiscalía se rajó y luego el Poder Judicial se puso del lado de las grandes firmas metidas en la transa. En el Tribunal Colegiado parecen estar haciendo sus últimos enjuagues antes de que llegue la guillotina que traerá la elección del 1 de junio.

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A propósito de los juicios simulados y los despojos ilegales de viviendas del Infonavit, un candidato a juez civil en esta frontera, Rubén Trejo Ortega, acaba de recordar el episodio, ya que a él le tocó detectar escrituras irregulares cuando fungió como director del Registro Público de la Propiedad.

Trejo Ortega se negó a inscribir escrituras, precisamente porque no estaba debidamente acreditado que se hubieran cumplido los procedimientos en juicios de embargo contra los derechohabientes originales.

Extraoficialmente, se llegó a comentar que negarse a inscribir esas escrituras, le costó el cargo a Trejo Ortega, durante la administración de Javier Corral. Quien lo sustituyó en el puesto, Jesús Martínez, sí autorizó la inscripción en el Registro Público. En una entrevista con Norte Digital, Martínez dijo en marzo de 2019, que Trejo había retenido cerca de 2 mil escrituras y que él firmó porque recibió la instrucción de hacerlo.

El registro se hizo pese a que no existía constancia de la notificación y emplazamiento al derechohabiente, dando por buena la fe del notario público que firmó la escrituras. Tampoco existía una sentencia que acreditara que se hubiera llevado el juicio. En su momento, en el fraude también se señaló la participación corrupta de notarios públicos.

“En 2017, como Jefe del Registro Público de la Propiedad, trabajé contra las manos codiciosas de Infonavit y algunos otros funcionarios públicos que se beneficiaban a costa de las familias juarenses”, escribió Rubén Trejo en sus redes sociales, como parte de su propaganda, ahora que busca ser votado como juez en materia Civil.

Trejo da su testimonio sobre el caso que conoció en enero de 2017, al llegar a la oficina y encontrarse con 500 escrituras que no tenían mayor respaldo, más que la firma de un notario de San Blas, Nayarit.

Trejo comparte ahora esa información, como ejemplo de su actuar en favor de la justicia y afirma que en ese caso sí hubo actuación de la Fiscalía de Nayarit (no como ocurrió con la Fiscalía General de la República), ya que el notario y 2 jueces terminaron en prisión.

Trejo ha sido funcionario estatal y municipal en administraciones panistas. Fue regidor por el PAN en dos gestiones y llegó a ser alcalde cuando suplió en el cargo a Jesús Alfredo Delgado, del 26 de diciembre de 2002 al 3 de enero del 2003.

Es maestro en Derecho Empresarial por la UACJ, litigante en materia civil y mercantil, con experiencia en asesoría corporativa y empresarial que hoy va en la boleta amarilla con el número 27 como candidato a juez en materia Civil.

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Por lo que ha ocurrido en el pasado en torno al manejo financiero del Fideicomiso para la construcción del Centro de Convenciones en Ciudad Juárez, no suena nada descabellada la hipótesis de la Asociación Civil Árboles en Resistencia.

La organización publicó en sus redes que el Centro de Convenciones y Exposiciones en el Parque Central Hermanos Escobar, “ES UN FRACASO CALCULADO Y PLANIFICADO”.

Prometen dar más elementos para sostener su posición, respecto a lo que los activistas consideran como “una promesa con sabor a puras mentiras, son sazón a mañas de malandros”.

Su punto central es que en más de dos décadas de decisiones cuestionables que han estancado el proyecto por parte de los empresarios que lo impulsaron y conformaron el Fideicomiso, en cada intento fallido, siempre ha habido beneficiarios.

Creen que ha sido negocio de unos hasta el mismo fracaso del proyecto, porque siguen los millones ahí, en un Fideicomiso que administraciones anteriores nunca transparentaron. Además, se ha pagado por proyectos inservibles y hasta presupuestos oficiales se han asignado de manera extraordinaria sin que nada terminar por cuajar.

“¡YA LES GUSTO EL TRUCO!… EL MAGO SIEMPRE LO REPITE…”, dicen ahora quienes estuvieron en el movimiento político y legal que terminó con la cancelación del proyecto en Los Hoyos de El Chamizal.

“Tres patrones son recurrentes y se presentan sistemáticamente: la elección de terrenos no viables, la falta de financiamiento completo y la coincidencia de los planes con periodos electorales”, agregan en su posicionamiento.

Luego recuerdan lo que pasó en 2022, precisamente cuando se propuso construir en Los Hoyos y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua determinaron que esa área presentaba un alto riesgo de inundación, lo que llevó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a detener, rechazar y echar abajo el proyecto.

Ahora que se propone el Parque Central, también hay un impedimento legal, ya que utilizar el espacio donado por el Gobierno Federal al Estado de Chihuahua en 1994 con el propósito exclusivo de ser un parque público, requiere de un cambio de uso, autorizado por el Gobierno Federal.

De acuerdo con Árboles en Resistencia, los empresarios saben que no se va a conseguir esa autorización.

“La jugada es sencilla, revolver el dinero, fracasar en el intento y limpiarse con los movimientos ambientalistas que defenderemos el Parque Central igual que lo hemos hecho con Chamizal Zona de Restauración Ecológica”, concluye la agrupación.

La verdad es que luego de tanto fracaso y desfalco, hay desconfianza de todo mundo. Lo decía Mirone el fin de semana. Ya es hora de que se rindan cuentas. El Centro de Convenciones y Exposiciones de Ciudad Juárez no podrá avanzar, si primero no se resuelve el tema de la transparencia en el manejo financiero que se arrastra desde anteriores administraciones.

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Belinda Díaz, quien apareció recientemente como coordinadora de la Oficina de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal en Juárez, no se aguantó el sábado que tuvo un encuentro en corto con periodistas y la soltó en contra de la diputada federal Maité Vargas.

No hubo declaraciones formales, pero compartió que hubo traición porque Maité bajó bandera muy pronto y anticipadamente cuando el equipo que había apoyado en Chihuahua a Marcelo Ebrard, todavía estaba en pie de lucha, luego del proceso interno que ganó, supuestamente porque así lo dijeron las encuestas, Claudia Sheinbaum Pardo, la hoy presidenta de la República.

No hay que olvidar que Maité (ahora impulsora del proyecto de Cruz Pérez Cuéllar) aparecía como responsable en la estructura estatal que impulsaba a Marcelo. Ahí también estaba, en la Avanzada Nacional Chihuahua, quien ahora es flamante coordinadora o responsable del Centro de Fomento Económico de la Secretaría de Economía.

O sea que de alguna manera le resultó su apuesta con Marcelo, actualmente secretario de Economía, y ahora ella cobra factura, al incluírsele en la nómina federal.

En todos lados ha andado Belinda, por eso Mirone, cuando vio la invitación que se corrió a la prensa el pasado sábado, hasta pensó que de alguna manera le había pegado el chicle por haber andado también con el equipo de Juan Carlos Loera, el hoy senador de la República.

Belinda trabajó de cerca con el senador (ya no sabe Mirone si igual que lo hizo con Maité y Marcelo), apenas el año pasado. Incluso aspiró a ser candidata a diputada con ese respaldo, pero nada alcanzó cuando se repartieron las posiciones, en la misma ocasión en que Loera logró la candidatura al Senado.

La hoy funcionaria federal se rasgaba entonces las vestiduras, en algunos chats internos morenistas, por la desilusión de no ser considerada en las candidaturas de ese año.

Eso sí, siempre fue muy activa. Si nos vamos más atrás, ahí está también la evidencia de su activismo en el PRI, todavía en las campañas de 2016, apoyando a Jaime Flores Castañeda y a Héctor ‘Teto’ Murguía.

Total, a la expriista finalmente le hizo justicia la otra revolución, la guinda de la 4T.