La protección de los derechos humanos pasa por su peor momento en nuestro país; incluido nuestro estado. No significan estas palabras que otros tiempos hayan sido mejores en la protección de los derechos de la sociedad civil frente a los actos de autoridad desplegados por los “servidores públicos”. No, pero si estábamos mal, ahora estamos peor.
Los órganos constitucionales encargados de preservar los derechos humanos han sido objeto de severas restricciones jurídicas, políticas y administrativas para el ejercicio de su función.
Esto significa que en los hechos no son autónomos, aunque algunos de ellos aparezcan en las leyes como tales; sus alcances jurisdiccionales apenas les da para recomendaciones, sus presupuestos dependen completamente del humor del presidente de la República y de los gobernadores en turno, y sus funcionarios directivos tienen origen en acuerdos entre los dirigentes de los partidos políticos.
En semejantes condiciones resulta impensable cualquier nivel de autonomía, y mucho menos de acción contra funcionarios públicos que atentan contra la población.
Bajo este somero esbozo inicial, puede afirmar Mirone que las organizaciones derechohumanistas oficiales no tienen razón de existir. Su origen estuvo en la presión internacional hacia México por las permanentes y graves violaciones a los derechos humanos cometidas en la nación azteca, crudas y considerablemente mayores en su realidad a películas como La Dictadura Perfecta, la Ley de Herodes, El Infierno, o el impresionante churro mexa de Mel Gibson, “Atrapen al Gringo”.
Los hechos ocurridos en Tlatlaya y Ayotzinapa dejan constancia irrefutable de que la protección oficial a los derechos humanos no sólo es inexistente, sino que los funcionarios responsables de su aplicación están convertidos en cómplices de los agresores, ya sea por consigna, temor o interés político y/o económico.
Lo hemos dicho antes: acá en el territorio chihuahuense han sido permanentes las atrocidades. Duermen el sueño de los justos las recomendaciones identificadas con los números 11/2010 y 88/2008 de la CNDH contra miembros del Ejército Nacional por detención arbitraria, retención ilegal, incomunicación, tratos crueles e inhumanos, tortura, dilación en la presentación ante la sociedad, desaparición, incineración y violación sexual.
Varios generales involucrados movieron todos los hilos a su alcance para evitar ser castigados. Algunos chivos expiatorios con rangos de soldados que apenas saben leer y escribir permanecen detenidos en alguna prisión militar de Mazatlán.
Este año la Comisión Nacional de Derechos Humanos está ejerciendo algo así como mil 500 millones de pesos de presupuesto; la Comisión Estatal anda ribeteando los 50 millones. Dinero del presupuesto público no echado a la basura, pero sí malgastado. El análisis apenas inicia.
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Raúl Plascencia Villanueva es un cadáver político en vida. Así definimos en su momento al ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, y así catalogamos hoy al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que aspira a ser ratificado en esa posición.
El funcionario derechohumanista está convencido que el Senado de la República lo reelegirá en su cargo, porque indudablemente cuenta con el apoyo del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, de influyentes legisladores de ambas cámaras en el Congreso de la Unión y funcionarios federales de primer orden.
Pero gentes con el desgaste de Plascencia no son de ayuda ni para sus padrinos; al contrario, es una gran carga que pone en riesgo el confort de quienes le impulsan y le apoyan.
El país está en vilo, especialmente por el tema de Ayotzinapa, y seguramente Peña Nieto no quiere verse en las circunstancias de Aguirre Rivero; tampoco los líderes parlamentarios ni dirigentes de los partidos que tienen en sus manos la elección del ombusdman, fechada tentativamente para los siguientes 15 días. El jueves empezaron las comparecencias de 21 candidatos.
Las cosas no se arreglarán quitando a Osorio Chong y colocando en su lugar a César Duarte, como se mensajeó desde Chihuahua; el problema es mucho mayor que eso.
Aunque el Parlamento Europeo ha sido mayoritariamente maiceado por el Gobierno mexicano en los asuntos de Ayotzinapa y Tlatlaya, grupos fuertes de eurodiputados, más la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la representación de la ONU en México, han dejado severos cuestionamientos contra el Estado mexicano que deben ser interpretados como advertencias de eventuales sanciones internacionales contra el régimen peñista por tales acontecimientos. La ratificación de Plascencia sería considerada como una bofetada, como una burla, como un importapoquismo.
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Los hechos en Tlatlaya, Estado de México, que gobernó Peña Nieto y hoy dirige Eruviel Ávila, ocurrieron el 30 de junio de este año. 22 jovencitos, algunos de ellos menores de edad, fueron acribillados y asesinados por militares y supuestos miembros del crimen organizado.
Casi dos meses y medio después, el 23 de septiembre, el ombudsman dijo: “estamos analizando todas las evidencias existentes para dar a conocer un informe en aproximadamente seis semanas, pero de acuerdo con algunos testimonios se trató de un enfrentamiento”.
El gobernador Eruviel no tuvo ningún escrúpulo para mentir: “el Ejército Mexicano, allá en Tlatlaya, tuvo una valiente presencia y acción al poder rescatar a tres personas que estaban secuestradas, lamentablemente un militar salió herido, pero el Ejército, en su legítima defensa, actuó y abatió a los delincuentes”.
No tiene duda Mirone que así hubiera quedado escrita la historia de aquellos hechos si no es por un par de medios de comunicación internacionales que lograron obtener la versión real de lo ocurrido por dos mujeres testigos sobrevivientes de la matanza.
Eruviel Ávila, Plascencia, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, tuvieron suficiente tiempo para confesar lo que había ocurrido. Prefirieron ocultarlo.
Obligado por la opinión pública nacional e internacional, obligado también por su intento de reelección, y antes de cumplirse las seis semanas que había puesto como plazo para rendir el informe correspondiente, Plascencia reveló que fue una masacre cometida por militares, agravada después por graves violaciones a las víctimas por parte de funcionarios de la misma Sedena, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y la Procuraduría General de la República (PGR). Todos los niveles de gobierno metidos hasta el cuello en la complicidad.
El 21 de octubre, Plascencia ofreció una conferencia de prensa para admitir que al menos 15 de los jóvenes masacrados habían sufrido una “ejecución” por parte de los militares. Fueron torturados, algunos fueron fusilados, todos recibieron el tiro de gracia, las mujeres fueron violadas.
El informe es muy largo; veamos como ilustración sólo cinco puntos.
Los enumerados con el 368 y 369: “Ahora bien, como se ha referido este Organismo Nacional ha documentado que posterior a la privación ilegal de la vida de las personas en el interior de la bodega, el lugar de los hechos fue alterado, al grado tal que algunos cadáveres fueron movidos y fueron colocadas armas en todos los cuerpos que yacían muertos en el suelo. Si bien no es posible determinar en qué momento ocurrió esto, quién participó en estos actos, quién los presenció o encubrió, y, finalmente, quién lo ordenó. Esto puede ser atribuible al personal del 102/o Batallón de la base de operaciones de San Antonio del Rosario de la Secretaría de la Defensa Nacional que estuvo presente en el lugar; además, debe tomarse en cuenta la posible participación de otros elementos militares que arribaron al lugar de los hechos”.
El 369: “En efecto, dado que la autoridad ministerial llegó hasta las 12:30 horas, ello significa que desde que finalizaron los disparos en el lugar, que se sitúa alrededor de las 6:00 horas, hasta que se dio aviso que ya podía acudir al lugar, y al posterior arribó esta autoridad, transcurrieron al menos seis horas, tiempo en el cual se cambió la posición original de los cadáveres, se movió a unos de éstos de su ubicación original y se colocaron armas en todos los cadáveres. Además, destaca que en la cadena de custodia realizada por la autoridad ministerial, no obran los teléfonos celulares, ni el equipo de radiocomunicación que portaban las personas, por lo que muy probablemente hayan sido sustraídos ilegalmente”.
En el punto 379 señala que la Procuraduría General de la República inició la investigación correspondiente hasta el 23 de septiembre a pesar que tuvo toda la información desde el 3 de julio.
Los funcionarios de Eruviel Ávila en la Procuraduría General de Justicia recibieron de los militares la “consignación” de las dos mujeres sobrevivientes pero no para continuar o iniciar el expediente respectivo desde el fuero común. Las agredieron y las sometieron a mayor tortura. Veamos uno de los puntos de la CNDH,el 333: “…aunado a los hechos tan terribles que presenciaron, como fue el enfrentamiento y la posterior privación arbitraria de la vida de distintas personas, estas víctimas fueron posteriormente torturadas por servidores públicos, quienes en lugar de proporcionarles el trato y la atención que conforme a derecho les correspondía, las torturaron para obtener información y declaraciones para incriminar a distintas personas, presuntamente miembros de la delincuencia organizada, y para impedir que declararan respecto de las privaciones de la vida”.
La densa investigación de la CNDH, contenida en varios cientos de fojas, ciertamente deja múltiples dudas sobre la actuación de altos mandos en los tres niveles de gobierno que participaron durante el ataque y el seguimiento del mismo, las investigaciones y las consignaciones correspondientes. De la narrativa de los sucesos, sin embargo, se desprende con claridad que transcurrieron varios meses en los que el presidente de la República, el procurador general, el secretario de la Defensa y el gobernador del Estado de México, estuvieron perfecta y oportunamente enterados de cómo ocurrieron los hechos, y fueron incapaces de mover un solo dedo hasta que llegaron los reflectores de los medios informativos internacionales… y entonces sí, los nacionales; y sólo hasta entonces, también, apareció la CNDH. De no ser por esto, aquella barbarie de Tlatlaya hubiese quedado en “un enfrentamiento entre secuestradores y valientes soldados del Ejército Mexicano”.
Pero lo más sorprendente de este tema no es lo que “descubrió” la Comisión de Derechos Humanos. Lo que realmente provoca indignación y convicción plena de que los órganos derechohumanistas oficiales deben desaparecer son las recomendaciones emitidas. Nueve en total. Resumidas son las siguientes, simplemente cortas, algunas de risa, otras de enojo, otras de mero trámite; en general, inservibles para efectos de sancionar a TODOS los responsables de los hechos, durante y después sucedidos:
Primera.- Se giren instrucciones A QUIEN CORRESPONDA para la reparación de daños a las víctimas.
Segunda.- Se giren instrucciones A QUIEN CORRESPONDA para que las víctimas sobrevivientes tengan atención médica y psicológica.
Tercera.- Se giren instrucciones para que los elementos de la Sedena utilicen el Manual de Uso de Fuerza y se abstengan de privar de la vida o atentar contra la integridad de las personas.
Cuarta.- Se refuerce la capacitación a los elementos de la Sedena en materia de derechos humanos.
Quinta.- Se giren instrucciones a la Sedena para el uso de cámaras fotográficas y de video que puedan documentar incidentes e interacciones con la población civil.
Sexta.- Se giren instrucciones para que los elementos de Sedena se abstegan de alterar las escenas del crimen.
Séptima.- Se colabore con la CNDH para que la PGR le dé seguimiento a la denuncia del propio órgano derechohumanista.
Octava.- Se colabore con la CNDH para dar seguimiento a la denuncia ante la Procuraduría General de Justicia Militar.
Y novena.- Se colabore “ampliamente” con la CNDH en el trámite de queja ante la Contraloría del Ejército.
En contradicción de su propia indagatoria, soportada en estudios de campo, forenses, psicológicos etc., tras corroborar que los más altos funcionarios públicos estatales y federales fueron cómplices para proteger al Ejército y tratar de ocultar los hechos durante varios meses, haciéndolos pasar como un enfrentamiento entre militares y secuestradores, la CNDH les exime de toda responsabilidad. Peña Nieto, Eruviel Ávila, Murillo Karam y Cienfuegos, felices con un órgano derechohumanista a modo.
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A Raúl Plascencia le persigue San Fernando, Tamaulipas, aquel poblado donde 72 migrantes centroamericanos fueron masacrados por los Zetas en abril del 2011. Defensores de víctimas debieron ampararse contra la propia CNDH, porque tres años después de ocurridos los acontecimientos no emitía la recomendación correspondiente.
Hoy, al presidente de la CNDH le acosan Tlatlaya y Ayotzinapa. A pesar de su demostrado interés por permanecer en el cargo, no ha emitido pronunciamiento oficial alguno en relación al asesinato de estudiantes normalistas en Ayotzinapa y a la desaparición de otros 43.
Durante su comparecencia del fin de semana, ante legisladores integrantes de la Comisión del Senado que “evalúa” a los candidatos a la presidencia de la CNDH, Plascencia no fue más allá de cuestionar la “incapacidad institucional para conocer el paradero de los jóvenes” desaparecidos y señalar que en el caso Tlatlaya hay detenidos elementos del ejército sólo “por faltas a sus deberes militares”.
Todo el mundo, literalmente gobiernos de todo el mundo, están responsabilizando en específico al estado mexicano por lo ocurrido en Iguala; por lo acontecido en Tlatlaya, por lo que pasó en San Fernando, por el deterioro grave que sufre nuestro país en materia de derechos humanos, sólo la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México no. Ninguna responsabilidad tuvo para dicho órgano Felipe Calderón, ni mucho menos hoy Peña Nieto. Mil 500 millones de presupuesto son suficientes para guardar silencio.
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Al menos por sobrevivencia, la clase política nacional está obligada a colocar en su agenda como prioritario el tema de los derechos humanos desde la conducta de los órganos oficialistas. No han sido de ayuda alguna para la sociedad; han ayudado, eso sí, a mantener impunes decenas de miles de delitos cometidos por servidores públicos de todos los niveles y de todos los rubros, especialmente los relacionados con las corporaciones policiacas y militares.
A nivel estatal no podría ser de otra manera, el actual presidente de la Comisión Estatal de Derechos, José Luis Armendáriz, tiene varias reelecciones en el cargo; fuera del mismo ha ocupado otras posiciones de alta jerarquía dentro del mismo órgano desde antes del año 2000.
La CEDH inició funciones en el estado en 1991. En aquella fecha sólo emitió 20 recomendaciones durante todo el año. Las cosas no han cambiado, en el 2012 emitió sólo 19 recomendaciones; en el 2013, 28 y en el 2014 lleva sólo 13. La cantidad de quejas ha sido mayúscula, mil 344 el año pasado y mil 311 en el 2012. Es decir, de cientos y cientos de quejas apenas se desprenden unas cuantas recomendaciones.
Tlatlaya y Ayotzinapa deben ser el último clavo en el ataúd que sepulte al actual estado de cosas en materia de derechos humanos en nuestro país. No han servido esos órganos oficiales a nivel nacional ni tampoco han servido en los estados.
Duarte y sus sorpresitas
En Chihuahuitas tierras se vivió un sábado de todos los santos sin sacrificios; bueno, sólo uno, el gobernador César Duarte lo volvió a hacer. Fiel a su estilo, con un manejo del suspenso y de los mensajes políticos, realizó una serie de modificaciones en su gabinete, unas confirman lo que se venía manejando por los políticos de café, pero otras, de plano, fueron precisamente eso: un mensaje.
Al filo del medio día se empezó a convocar a los medios de comunicación para una rueda de prensa encabezada por Duarte Jáquez, y de inmediato los petros empezaron las especulaciones.
El primer movimiento que se advirtió fue el de Leonel de la Rosa, pues cerca de las 12:30 fue visto en la Plaza Hidalgo, que se encuentra frente a Palacio de Gobierno, muy de traje y dándose una buena boleada, con traje ¡en sábado!, ¿casualidad? ¿No debiera andar arriando vacas en sus ranchos? No lo creía Mirone, desde que fue visto se le perfiló para lo que se venía mencionando desde hace muchos meses, secretario de Desarrollo Rural.
Pero vamos a lo que te truje Chencha: la información, al cabo hay toda la semana para saborear estos movimientos en el poder estatal. Unos minutos antes de la una, el góber Duarte ingresó al Salón Gobernadores por la puerta especial, de los movidos y los nombrados sólo el doctor Basilio Barrios llegó junto con el mandatario estatal, el resto arribó al histórico recinto por la puerta normal.
Y empezó a develarse el suspenso, el primero fue el agradecimiento a Marcelo González por su trabajo en Pensiones, y luego el anuncio: le he pedido que colabore con mi gobierno, en la Secretaría…. (aunque no hubo pausa, el ambiente se puso espeso) de Educación y Cultura. Todos creyeron que era la Secretaría General.
De pasada, Duarte subraya en ese momento su respaldo a Ray Romero, quien fue silencioso testigo de estos movimientos siempre, en todo, momento flanqueando a Duarte Jáquez. Él se queda… por lo pronto.
Este movimiento lleva doble mensaje, el primero para Marcelo y el segundo para Pablo Espinoza, a quien le cantaron las golondrinas por pretender utilizar el nombramiento haciendo política electoral adelantada. Se va a su casita. Hay sin duda molestia en el Senado de la República entre los precandidatos a gobernador/a.
Luego vino un reconocimiento a la clase política, al reintegrar al aparato burocrático a Sergio Martínez Garza, quien fue colocado como director de Pensiones Civiles del Estado, viejo lobo de mar, “El Güero” Martínez Garza no va a batallar para desempeñar el encargo, tiene muy buena mano izquierda.
El otro anuncio era muy telegrafiado, un enroque en la Secretaría de Salud, primero mencionó que Basilio Barrios, se haría cargo del Seguro Popular, y que Pedro Hernández seguiría haciendo lo que desde hacía rato ya hacía, mandar en la Secretaría de Salud, pero ahora sí con nombramiento de secretario. Ese cambio de Hernández no es nada bueno para la imagen del gobernador. Tiene muy mala fama.
Finalmente, la tan esperada inclusión de otro cuadro del partido, Don (así lo dijo el gobernador) Leonel de la Rosa a la Secretaría de Desarrollo Rural, en lugar de Octavio Legarreta, uno de los movimientos más anunciados: pero el Duarte Jáquez no descobijó a “Tavo” pues lo designó titular de la Representación de Gobierno del Estado en la Ciudad de México, que estaba acéfala desde que Arturo Proal dejó el cargo por propia iniciativa.
Ajustes, enroques, cambios, mensajes, todo como se había adelantado; bueno, casi todo, después del Cuarto Informe de Gobierno –ya no en octubre, como nos tenía acostumbrados– pero sí para iniciar el tercer tercio de la administración con los “cerradores” y operadores electorales.