Ahora que el alcalde Cruz Pérez Cuéllar se fue hasta Nueva York para participar en un evento internacional sobre soluciones migratorias en las ciudades, no pudo Mirone dejar de recordar su discurso xenófobo que antecedió a los operativos contra personas en condición de movilidad en esta frontera, importante precedente de la revuelta que llevó a la tragedia en la Estación Migratoria donde murieron 40 extranjeros encarcelados.

“Les quiero compartir que participé en el foro ‘Ciudades del Futuro’ junto a los alcaldes de Bogotá, Montevideo, Chicago y San Antonio, donde compartimos nuestra experiencia abordando los retos en materia de migración”, publicó el alcalde juarense sobre su estancia en la Gran Manzana, invitado por la Organización Internacional para las Migraciones y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

Seguramente no fue el episodio relacionado al incendio del 27 de marzo, lo que compartió allá Pérez Cuéllar, ni ha de haber recordado la postura que fijó 14 días antes, cuando declaró en conferencia de prensa que “nuestro nivel de paciencia se está agotando”, precisamente frente a los migrantes extranjeros.

Pérez Cuéllar anunció el endurecimiento de las acciones contra las personas en condiciones de movilidad, después de que una muchedumbre intentó ingresar por la fuerza a Estados Unidos por el Puente Santa Fe, y eso llevó al cierre del cruce fronterizo

“Vamos a tener una postura más fuerte en este sentido, en cuidar la ciudad (…) ha llegado un momento crucial para poner un alto y tener un punto de quiebre en este sentido. Es fundamental, porque pueden afectar la economía de la ciudad y a miles de juarenses y paseños, o de gente de Las Cruces, por actividades como la que se vio el día de ayer, que son totalmente ajenas a la realidad fronteriza”, dijo Pérez Cuéllar en declaraciones ampliamente difundidas en medios de comunicación y por las redes sociales.

El alcalde calificó aquel acto de los migrantes como “irracional y sin sentido”, y también dijo haber recibido quejas ciudadanas por molestias y acoso en calles y cruceros.

“No vamos a tolerar que se esté acosando a las mujeres en los cruceros”, advirtió en ese ejercicio informativo que se transmite en vivo. Días después, se realizaron operativos, verdaderas redadas en los cruceros, en los que participaron tanto organismos municipales como federales, a propuesta del Gobierno local.

Una parte de los migrantes que murieron en la Estación Migratoria habían sido detenidos en los operativos armados bajo cierta presión pública, para ser encerrados en las celdas del Gobierno Federal que nadie abrió cuando los propios migrantes encendieron las colchonetas que había en el interior. Antes del incendio, reclamaban, entre otras cosas, que ni siquiera tuvieran agua para beber.

“Ciudades del Futuro, el liderazgo de los alcaldes en la Gestión de la Migración en las Américas”, fue el nombre completo del foro, donde bien pudo haber hecho una presentación sobre cómo los Gobiernos pueden incidir para que el “control” migratorio desemboque en una tragedia como la del 27 de marzo de 2023.

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Ya no sabe Mirone si reír o llorar ante la evidente y permanente falta de coordinación entre el Gobierno Municipal y la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), el organismo operador descentralizado de Gobierno del Estado.

El diario sufrir por las calles que unos abren, otros tapan y de nuevo se vuelven a abrir, dejando un tiradero y zanjas por todos lados, será peccata minuta para lo que viene en el congestionado Centro Histórico de la ciudad.

Resulta que dos obras que no son del mismo proyecto, arrancarán ahí al mismo tiempo.

A partir del jueves 26 inicia la polémica obra del megapuente sobre las vías, el proyecto apoyado por el Gobierno Municipal, financiada por Ferromex y ejecutado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, ahí donde el Centro es partido en dos por el ferrocarril.

Aunque no se cerrará por completo la circulación y habrá diversas desviaciones, es un hecho que se complicará la ya de por sí restringida movilidad.

La joroba del puente que se va a construir iniciará casi frente a Catedral, con un declive al pasar la zona de las vías del ferrocarril, para concluir al pasar la Francisco I. Madero.

Habrá un carril para tráfico local y la Coordinación de Seguridad Vial deberá difundir hoy las “vías alternas”.

Por si no fuera suficiente con las complicaciones ya previstas, la JMAS anunció ayer que abrirá distintos frentes de obra para renovar el sistema de alcantarillado en la Zona Centro.

“El área a intervenir es la comprendida entre la avenida David Herrera Jordán al norte, la avenida 16 de Septiembre al sur, la avenida Francisco Villa al poniente y la avenida Lerdo al oriente”, dice el comunicado sobre el proyecto al que se destinarán 37 millones de pesos.

No es poca cosa. En total se reemplazarán 3 mil 072.14 metros de tubería, se construirán 67 pozos de visita y 350 descargas domiciliarias. Se supone que se acabará con los brotes de aguas negras de las alcantarillas.

De ese tipo de obras pide su limosna el Centro, igual que otras partes de la ciudad con un sistema que rebasó ya su vida útil, pero es bastante previsible que los conflictos viales crecerán exponencialmente en toda la zona.

Los trabajos iniciarán en la primera quincena de octubre, con un periodo de construcción de 200 días, por lo cual estarían concluyendo en mayo de 2025.

Los juarenses sufrirán el martirio de las obras empalmadas, mientras que el alcalde Cruz Pérez Cuéllar y el director ejecutivo de la JMAS, Sergio Nevárez, nomás se la pasan sacándose la lengua.

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Quien se está evidenciando en el Ayuntamiento como un regidor que no se toma la molestia de instruirse para sustentar legal y lógicamente sus propuestas, es el morenista Antonio Domínguez Alderete.

Trae la idea de que las licencias de conducir deben de ser permanentes, por lo que quiere exhortar al Congreso del Estado para que se modifiquen las leyes estatales en ese sentido.

En esas anda desde el trienio pasado y lo volvió a comentar en la sesión previa de Cabildo.

Está bien que una medida como esa pueda ser popular porque evitaría todo engorroso trámite de renovación, además de proteger la economía familiar y frenar cualquier política abusiva en lo recaudatorio, pero cree Mirone que el edil ya debería de saber cómo anda el agua en cuanto a las mínimas normas para poner controles en cuestión de la seguridad de las personas, tanto de quienes conducen, como de terceros, ya sean peatones u otros conductores.

Y eso que Domínguez Alderete estuvo tres años en la Comisión de Seguridad del Ayuntamiento.

Es lo menos que debe de garantizarse, que se realicen revalidaciones periódicas para verificar las condiciones de salud (física y mental) de las personas que van a conducir un vehículo automotor, además de verificar el conocimiento actualizado en materia de normas de tránsito.

La vigente Ley General de Movilidad y Seguridad Vial establece en su Artículo 51, que las entidades federativas y los municipios establecerán en su normativa, que todas las personas que realicen el trámite para obtener o renovar una licencia o permiso de conducir, deberán acreditar el examen de valoración integral que demuestre su aptitud para ello.

También el examen teórico y práctico de conocimientos y habilidades necesarias, antes de la fecha de expedición o renovación de la licencia o permiso.

Lo que dice la Ley General es que se podrá establecer que las licencias no tengan una vigencia mayor a cinco años de forma general y de dos años en el caso de licencias para la conducción de vehículos de emergencia, incluyendo aquellos para actividades de atención médica o policiaca y vehículos de transporte escolar.

“Las autoridades competentes establecerán en sus respectivos reglamentos de tránsito que a las personas que sean sorprendidas manejando bajo el influjo del alcohol o cualquier droga, psicotrópico o estupefaciente, se les retire la licencia o permiso para conducir por un periodo no menor a un año y por un periodo no menor a seis meses en caso de conductores de transporte público o transporte de carga”, marca la norma superior.

En una ciudad con tanto cafre y tanto accidente de tránsito mortal, no está de más condicionar o restringir la tenencia de licencia al historial de sanciones, amonestaciones e incidentes viales.

El tema del costo de las licencias es otra historia. Ahí Mirone no vería mal que fuera más accesible.

A ver en qué queda el asunto en la sesión programada para este miércoles.

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Como dijo Luz Clarita, la regidora juarense del Partido Pueblo, “qué absurdeza” lo que tiene atorado el reparto de Comisiones en el Congreso del Estado.

La mayoría del PRIAN no quiere que la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas la presida la única integrante de pueblos originarios que por acción afirmativa llegó hasta el Congreso del Estado.

Nada más porque es de la bancada de Morena. Nos referimos a Edith Palma, representante de la comunidad rarámuri que se ha desempeñado por 25 años como maestra en la Sierra, promotora siempre de políticas inclusivas.

Que se le quiera arrebatar esa naturalita presidencia, no únicamente es aberrante, también incongruente. En el discurso, todos los políticos, incluyendo a quienes son mandones ahora en el Congreso, hablan siempre de reconocer y reivindicar los derechos de quienes históricamente han sido excluidos, pero a la hora de los hechos buscan cómo sacarle la vuelta.

Lo que se ha dicho públicamente es que el diputado del PRI, Arturo Medina, quien es además coordinador del Grupo Parlamentario, reclama el derecho de tener esa presidencia.

El priista no es rarámuri (ralámuli), guarojío (guarijó), pima (o’oboa) o tepehuán (ódami) pero dice representar a las comunidades indígenas porque viene de Guachochi.

El caso es que el bloque mayoritario sigue en su macho y el grupo de Morena señala que serán inflexibles en esa petición.

Prácticamente es lo que falta en el acuerdo de reparto de comisiones que pronto deberá ser votado por el Pleno del Congreso. Ya van colgados en tiempo.