Pues nada, que en materia de transporte público seguimos a vuelta de rueda, y ahora más bien a vuelta de rueca, pues de la “Tecnología de punta” de alambre, pasamos ahora a la flamante modalidad de la “Tecnología de Puntadas”.
Porque son auténticas puntadas las que se avienta ese señor que calienta la silla como encargado de Gobierno del Estado en Juárez y que, además, es más que diestro en el sublime arte del corte de listón para la foto, que responde al nombre de Oscar Fidencio Ibáñez Hernández.
¿O de qué otra forma calificaría usted, apreciable lector, que ahora nos salgan con que lo que están pensando hacer es rentar camiones, para tratar de darle una funcionalidad ahora casi inexistente al servicio de transporte prestado por el llamado JuárezBus en la ciudad?
Un servicio que, por cierto y para seguir con las ya recurrentes eternidades fronterizas, sigue ofreciéndose -a ver hasta cuándo- en una casi eterna fase preoperativa.
Auténtica tecnología de puntadas propias de costurera de las que se valen los encargados del área de transporte en el estado para unir como retazos, las ocurrencias que van teniendo, conforme pasa el tiempo, para ir parchando los huecos que el desgaste deja ver ya en las deslucidas vestiduras del BRT-2, y que en el tejido del BRT-1 es de una desnudez de verdadero escándalo.
Todo eso mientras mironinanas y envidiosas fuentes -envidia de la buena, créame- nos comentan que en chihuahuitas tierras se avanza en el proyecto de renovación parcial de camiones para la “Bowirruta”, o ruta troncal conocida como “Bowí”.
Échele cuentas: para la renovación total de la chihuahuita ruta se habla de una inversión de hasta 140 millones de pesos, destinados nada más para la adquisición de unidades nuevas a un costo calculado de 3 millones y medio de pesos por camión.
Y otra inversión para la compra total -o a mitades con los transportistas capitalinos- de camiones nuevos para las rutas alimentadoras, cuyos costos andan por el rubro de los 2 millones y medio de pesos.
Claro que, por ahora, las autoridades estatales del transporte -encabezadas por el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda, y secundadas por su fiel “Sancho Panza” transportista, Luis Manuel Aguirre, anuncian la intención de una renovación paulatina, por aquello de que el ritmo de fabricación de camiones se ha vuelto mucho más lento desde la pandemia.
Y en primera fila de espera para la compra de esos camiones por supuesto que no estaría la representación fronteriza.
Échele, además, que evidentemente la cobija presupuestaria no alcanzaría para cubrir las necesidades transporteriles de ambas ciudades.
Y, ¿entonces? Pues, adivine usted, amable lector.
¡Abracadabra! De la chistera de los magos de las nuevas “tecnologías de puntadas” surge esta flamante joya de retazo informativo lanzada ahora por Oscar Ibáñez, representante de Gobierno en Juárez y -ya lo vimos- también del sutil arte de las puntadas.
¿Así está bien, o le servimos más atole?
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Imagínese usted, estimado y mironeano lector, que, por fuerza de la jurisprudencia internacional, México tenga que aceptar que los carteles de la droga sean considerados terroristas y, como tales, deba admitir que se apliquen en el país los 19 convenios y protocolos sectoriales de la lucha contra el terrorismo, que la comunidad internacional ha adoptado para sacar a los narcos hasta debajo de las piedras y exterminarlos.
Bueno, pues eso puede ocurrir, porque 21 Estados de los 50 que componen la Unión Americana, además de Washington, D.C. ya pidieron formalmente al presidente, Joe Biden, que su gobierno declare formalmente a los cárteles mexicanos de la droga como “organizaciones extranjeras terroristas”, para enfrentar la crisis de muertos por sobredosis que el Fentanilo que llega de México está provocando en el país del norte.
Esta presión, que están ejerciendo los Estados de las barras y las estrellas, se difundió un día después del informe que el presidente estadounidense rindió sobre el Estado de la Nación, donde anunció acciones radicales en la frontera sur para frenar el tráfico de fentanilo.
El contenido de la carta enviada a Biden, y que ayer tuvo amplia difusión en ambos países, está firmada por los fiscales generales de Alabama, Alaska, Arkansas, Carolina del Norte, Florida, Georgia, Indiana, Iowa, Kentucky, Luisiana, Missouri, Montana, Nebraska, Nuevo Hampshire, Oklahoma, Ohio, Tennessee, Texas, Utah, Virginia y Virginia Occidental.
Hay que recordar que de esta moción ya existe el antecedente del gobernador de Texas, Greg Abbott, quien en septiembre del año pasado declaró a los cárteles mexicanos como “grupos terroristas”, enarbolando similares argumentos a los de los fiscales.
La petición hecha por vía del fiscal del estado de Virginia, Jason S. Miyares, calificó al Gobierno mexicano de incapaz para controlar a los grupos criminales, que representan una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos.
Más claro, ni el agua, pues casi la mitad de los procuradores de justicia de la Unión Americana están descalificando, tácitamente, la política de AMLO de “abrazos, no balazos”, bajo la que se ha conducido la estrategia de seguridad pública de México, que ha permitido el fortalecimiento de los criminales de las drogas.
Otro de los argumentos contundentes de los fiscales, para escalar su respuesta al contrabando de drogas, y particularmente al fentanilo, es que los carteles mexicanos llevan a cabo una “insurgencia armada”, asesinando a sus rivales, a civiles, a funcionarios mexicanos y estadounidenses, para conducir una “guerra química” contra los Estados Unidos.
De acuerdo con la Real Academia Española, el terrorismo se define como la “sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror, así como la actuación criminal de bandas organizadas que, reiteradamente y por lo común, de modo indiscriminado, pretende crear alarma social con fines políticos.”
Esta definición embona perfectamente en lo que hacen y provocan los sanguinarios carteles mexicanos, que mantienen enlutado al país, aunque el inquilino de Palacio Nacional insista en que son seres humanos que también tienen derechos y que, en México, no mueren tantos adictos a las drogas como en los Estados Unidos, gracias a nuestras tradiciones.
¿Serán las tradiciones por la Santa Muerte o por el culto al “narco-santo” Jesús Malverde?
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La Policía Municipal puso el ejemplo de cómo se combate y se persigue a los delincuentes, al detener a dos de los presuntos asesinos de al menos seis personas, acción registrada el miércoles pasado, en tres casas del fraccionamiento UrbiVilla.
Sin tanto rollo, los municipales identificaron a uno de los vehículos en el que huyeron los presuntos sicarios, lo localizaron y lo interceptaron en calles de la colonia Manuel J. Clouthier. Así de simple.
Sin tantos aspavientos, atoraron a los presuntos gatilleros dentro del término de flagrancia.
Con esto no ensalzamos a ninguna corporación policial por su eficiencia, solo se trata de poner un botón de muestra que deja claro que la autoridad tiene la capacidad para imponerse al poder del hampa organizada, pero es cuestión de voluntad y determinación, y no de huecas promesas.
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Vestidos y alborotados dejó el Comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, a todo el personal de la delegación Chihuahua, porque no llegó como estaba anunciado a una reunión programada para la mañana de ayer.
Se suponía que el mandamás de las políticas migratorias del país, venía en plan de supervisión para ver los resultados de la “operación contención”, que se realizó desde la segunda semana de enero, para frenar el paso de extranjeros hacia los Estados Unidos.
A lo mejor, el comisionado cambió de idea después de que la Secretaría de Relaciones Exteriores informó al Senado de la República, que es totalmente falso que por los Estados Unidos deportarán mensualmente a México 30 mil venezolanos, que no cumplan con los requisitos para obtener la visa humanitaria.
Ese informe habla de que las deportaciones bajaron de octubre a enero, hasta 4 mil venezolanos por mes, y esperan que en los próximos meses se reduzca hasta 2 mil 700.
Sin embargo, pese a esas cuentas alegres, la llegada a esta frontera de migrantes venezolanos, cubanos y haitianos no ha parado, y la prueba más evidente es la información sobre la fecha de su arribo, que proporcionan los propios extranjeros que deambulan principalmente por todo el primer cuadro de la ciudad.
El INM mantiene vigilando en el bordo de la frontera 70 elementos foráneos, de los 200 que vinieron al operativo especial en enero, que ya no encuentran la forma en que los regresen a sus plazas de origen, y esperaban también la visita de Garduño, como una oportunidad para pedírselo.