Roberto Gil Zuarth será el abogado que presente la denuncia penal en contra de la senadora Andrea Chávez por presuntos delitos de corrupción, en el caso de las unidades médicas financiadas por el contratista Fernando Padilla Farfán, el empresario vinculado con Adán Augusto López.

La dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez armará todo el show en la Ciudad de México el próximo martes, con apoyo del Comité Ejecutivo Nacional, por medio del cual amarró que sea el despacho del exsenador panista y exsubsecretario de Gobernación en tiempos de Felipe Calderón, quien lleve el proceso legal.

Muy posiblemente sea el presidente nacional, Jorge Romero, quien acompañe a la chihuahuense a la presentación de la denuncia en las instalaciones de la Fiscalía General del la República (FGR). Afuera de la FGR, tendrá Daniela los reflectores nacionales para disparar en contra de su paisana morenista, objetivo prioritario del PAN si se trata de frenar la marea guinda rumbo al 2027.

Seguramente no le faltarán medios a la juarense, luego de que el tema ha sido tendencia desde que Latinus publicó el reportaje en el que documentó el vínculo de Padilla Farfán como dueño de las unidades que costarían al mes 10 millones de pesos (tres unidades, aunque la propia Andrea señaló que son cuatro en territorio).

Trae Daniela una narrativa pegadora, denunciando una “embestida” del “Cártel de Tabasco” en Chihuahua, bajo la triada Andrea-Adán Augusto-Padilla Farfán, a quienes acusa de estar vinculados con delitos de peculado, cohecho, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y abuso de autoridad.

Eso irá a decir al centro del país, pero también lo plasmará en denuncia formal, si es que el despacho de Zuarth puede contar con elementos que sustenten lo dicho hasta hoy con base en lo publicado por Latinus.

Ya se verá qué tanto transita realmente en lo jurídico y qué tanto en lo mediático, ya que también está detrás de la estrategia y de la denuncia, Max Cortázar, especialista en esos asuntos de mercadeo político, el mismo que estuvo detrás de la campaña fallida de Xóchitl Gálvez y que hoy no se despega de Chihuahua.

Por lo pronto, acá le ha avanzado al expediente el responsable jurídico del PAN, David Holguín, aunque Zuarth afinará y completará la tarea. Haya o no haya elementos, tampoco se espera mucho de una Fiscalía General bajo control morenista, pero servirá la denuncia para mantener el tema en la agenda pública.

Supo Mirone que en la misma gira por la CDMX se presentarán además dos denuncias ante el Instituto Nacional Electoral, una por presuntos actos anticipados de campaña y otra por ilegal promoción personalizada, en cuanto al uso de la imagen y el nombre de la senadora en las unidades médicas.

Después vendrá otra denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua. El ámbito de los presuntos delitos es federal, pero igual acudirá Daniela ante el fiscal Abelardo Valenzuela, el mismo panista que ha mantenido congeladas múltiples denuncias por presuntos hechos de corrupción en el municipio guinda de Juárez. Tampoco se espera que pase algo en esa instancia que ni siquiera sería competente para actuar, pero al menos habrá reflectores.

El caso es que el tema seguirá en la agenda toda la próxima semana.

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Ante el mar de dudas respecto a lo que se podrá hacer y lo que no, en la campaña del proceso electoral extraordinario para elegir a personas juzgadoras, fue copiosa y hasta abrumadora la participación de quienes serán candidatos desde el próximo domingo, en la capacitación-sesión informativa que el Instituto Estatal Electoral organizó la tarde-noche del miércoles.

Se llenó el salón del Hotel Lucerna de Juárez, entre candidaturas a juezas y jueces, magistrados y magistradas, además de periodistas. Unas cien candidaturas acudieron y otras tantas siguieron el ejercicio por redes sociales.

No hay que olvidar que en el estado hay 856 candidaturas que buscarán los 305 cargos en disputa, 83 de ellos correspondientes al Distrito Judicial Bravos. Así que nada más de Juárez hay unas 300 candidaturas.

Hubo preguntas de las y los periodistas respecto a los lineamientos que regirán la cobertura y la publicación de entrevistas con las candidaturas y lo que quedó más que claro, es que no hay ni habrá lineamientos específicos para el trabajo de la prensa y la cobertura periodística, fuera de que no puede haber contrato alguno de por medio, es decir, pago para simular como cobertura un acuerdo de promoción publicitaria.

También se especificó que quedó expresamente prohibido en la nueva legislación estatal, cualquier pautaje en redes por parte de las candidaturas, pero también por parte de terceros, en los que se incluyen los medios de comunicación. Es decir, si un medio publica alguna entrevista, no podrá pagar pautaje que potencie esa publicación.

Una persona candidata preguntó sobre criterios de nulidad del voto, particularmente si un votante optaba únicamente por anotar en la boleta el número correspondiente a una o un par de candidaturas, cuando hay opción de señalar hasta cinco por cada género.

Justo en eso está trabajando todavía el Instituto Estatal Electoral, instancia que emitirá los lineamientos para el cómputo de los votos y especificará los casos en que se podrá anular una boleta. Deberá enlistarse un catálogo de causas de nulidad.

Como eso está pendiente, la pregunta anterior no pudo ser respondida en la sesión informativa.

Hubo inquietud sobre un tema que sin duda será foco de noticias el día de la jornada electoral, cuando los votantes acudan con listas de los números que van a seleccionar por cada una de las boletas electorales a recibir en la casilla.

Se puede anticipar que ese supuesto generará algún tipo de impugnaciones cuando se presente de manera sistemática o se observe algún indicio de operación política de parte de terceros para inducir el voto.

Sin embargo, la propia consejera presidenta del IEE, Yanko Durán, consideró que deberá entenderse que el ejercicio de llevar un acordeón ocurrirá sin que ello implique irregularidad alguna, cuando una persona, en todo su derecho, opte por anotar previamente en un papel, o en su celular, los números que representan a los candidatos por lo que va a votar.

Como son decenas de nombres, acomodados en distintas boletas según el tipo de cargo, se anticipa que los votantes opten por facilitarse el ejercicio llevando anotada su elección, para ahorrar tiempo y para no complicarse la existencia a la hora de que estén en la casilla.

Según las autoridades, si en una elección normal, un elector requería de 2 o 3 minutos para votar, en este proceso extraordinario podría requerir entre 7 y 10 minutos.

En el caso Juárez, cada votante recibirá once boletas, cinco del proceso estatal y seis del federal.

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Habíamos comentado aquí el embrollo en que se metió el PRI por su proceso de renovación de dirigencia municipal, ya que se presentaron dos solicitudes de registro, la del secretario general del Comité Municipal, Manuel Dick Alarcón y la del dirigente de la CNOP, el exregidor Alberto Reyes Rojas.

No están en el tricolor como para jugar a la democracia interna y por eso suelen armar las candidaturas únicas o de unidad.

En este caso, Manuel vio que no venía la pichada por su lado, la pegó de gritos, mostró músculo y obtuvo por lo menos el permiso de ir a registrarse a Chihuahua desde el sábado pasado.

Lo importante es la validación y aceptación de su registro por parte de la Comisión de Procesos Internos. Eso es lo que estaba pendiente y era lo importante.

Lo que se sabía hasta ayer, al cierre de esta columna, es que le dieron frenón al joven excandidato a diputado federal y que lo dejaron en stand by.

El propio aspirante publicó en sus redes el siguiente mensaje:

“Queridos amigos priistas: Gracias por su respaldo y acompañamiento en estos días de intensa lucha por la renovación del Comité Municipal del PRI en Juárez. Les comparto que de frente a esta lucha y para seguir caminando, se me ha notificado por parte de la Comisión de Procesos Internos del Comité Estatal del PRI, que debo subsanar algunos documentos. Contamos con 24 horas para solventarlos. Nuestro sueño por un PRI en Ciudad Juárez con ganas de volver a ganar, sigue intacto y luchando de frente”.

La bronca es que los requisitos que debió de subsanar están en manos del propio Comité Estatal. Suelen ser las firmas de los sectores que por tradición se lo dan únicamente al candidato previamente ungido, en este caso, Reyes Rojas. Por lo visto, ya batearon las aspiraciones de Manuel Dick.

Lo más seguro es que hasta ahí llegue su aventura. Falta ver si apechuga y se declara institucional o impugna esa decisión. Podría optar por la vía legal o, políticamente, cuestionar públicamente todo el proceso.

Tampoco se descarta que le den entrada, pero no ve Mirone cómo el PRI podría aventarse una interna.

El hecho es que la contraparte, Alberto Reyes Rojas sí recibió la bendición completa de la Comisión y su registro fue declarado procedente.

“Me es grato comentar que la solicitud de registro que presentamos a dirigir el Comité Municipal del PRI en Ciudad Juárez, como presidente y Secretaría General, respectivamente, fue aceptado”, escribió el priista, refiriéndose a la fórmula que integra junto con Mirza Anhelo Panes Favela, quien va para secretaria general.

Reyes Rojas compartió el documento de validación firmado por Ricardo Santana Flores, como presidente de la Comisión Permanente.

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Nada se ha sabido ya en el Congreso del Estado, del proceso para designar la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

No hay noticias desde que el jueves y viernes pasado, se realizaron las entrevistas a las 25 personas que se registraron y cumplieron debidamente con la entrega de su documentación.

Está pendiente que se haga pública la evaluación de las entrevistas. La máxima puntuación sería de 50, considerando una matriz de evaluación de cinco puntos principales.

Para obtener ese máximo puntaje, el candidato o la candidata, tendría que haber cumplido con lo siguiente:

1.- Expresar ideas de manera clara y estructurada.

2. Aportar elementos que denoten habilidades para asumir cargos de mandos

medios o superiores.

3. Demostrar conocimientos en materia de Derechos Humanos.

4. Contar con las competencias indispensables para determinar la idoneidad en el desempeño del encargo.

5. Plantear propuestas para consolidar la objetividad, imparcialidad o combate a la corrupción, por parte del órgano jurisdiccional en caso de asumir el cargo.

Quién sabe si vayan a soltar esa evaluación por separado o lo hagan incluyendo la otra parte que cuenta otros 50 puntos (para completar los 100).

Nos referimos a la evaluación curricular, la cual tendría que acreditar el grado académico, la experiencia profesional, la experiencia general y la formación profesional adicional.

Le corresponde a la Junta de Coordinación Política hacer la evaluación, lo mismo que el dictamen que contenga la terna para proponer al Pleno del Congreso. La terna debe incluir a las tres personas mejor calificadas y dos deben de ser mujeres.

¿Qué estarán haciendo en la Jucopo? Nada se ha sabido y parecen muy campantes sus integrantes porque tienen lo que resta de marzo y lo que falta de abril para decidirse.

El único plazo fatal es el 30 de abril. No debe de pasar ese día para que el Pleno haga la designación. La duda persiste, ¿se aventarán otra vez el tiro de designar un perfil político para cumplir compromisos partidistas u optarán por el perfil técnico y con verdadera experiencia en la materia?