Ahora que el nombre de Daniel Pando se colocó en la escena pública como el supuesto dueño de la casa en El Campestre donde reside el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, este Mirone recuperó los antecedentes del exfuncionario municipal.
Lo que se sabe es que es compadre de Armando Cabada, el hoy diputado federal por Morena, quien es padrino de bautizo de uno de sus hijos.
Justo Cabada fue quien lo hizo funcionario desde su primer periodo de 2016-2018. En una fase inicial de la administración independiente lo nombró director administrativo en la Dirección de Tránsito Municipal. En verdad se supo de su existencia en la esfera pública hasta que llegó a la Dirección General de Servicios Públicos Municipales, donde cerró ese primer periodo y luego repitió ahí los tres años de la segunda gestión de Cabada.
Su currículum oficial para la administración 2018-2021, está casi en blanco, fuera de los dos cargos ya señalados. En el renglón de estudios únicamente especificó “superiores”, pero sin ningún detalle. Después se informó que obtuvo su carrera en Administración de Empresas y Negocios, aunque nunca se dijo en dónde.
En información que se difundió ya después de iniciada la gestión municipal de Cruz Pérez Cuéllar, se agregó que trabajó “en una comercializadora de granos y agroindustrial que pertenece a su familia por más de 15 años” y que en el sector privado colaboró con la empresa General Electric “como coordinador operativo en el área de montaje”.
No se le conocían casas tipo Campestre antes de pasar por la administración pública.
Sobre cómo transitó de una administración a otra, como herencia de Cabada a Cruz, lo que trascendió desde entonces es que se trató de un arreglo vinculado con la empresa PASA.
Con Cabada, Pando era el hombre de los arreglos monetarios con esa compañía que tenía el contrato para la recolección de basura. En el 2021, año de la transición hubo señalamientos públicos de regidores de oposición respecto a que al final de la gestión cabadista se hicieron los pagos mensuales más elevados a la empresa, justo cuando menos basura se recolectaba.
Pando habría “orientado” en el periodo de transición las tareas de Ernesto Guevara, el primer director general de Servicios Públicos con Pérez Cuéllar. Ya iniciada la administración, el 14 de septiembre de 2021, Pando fue nombrado director de Regulación Comercial.
Duró un año en el cargo y su renuncia se anunció por motivos personales (ahí sí hubo cuestiones de salud, según conoció este Mirone) el 9 de septiembre del 2022. Ese día el alcalde dijo que seguramente lo asesoraría en diversos temas y no descartó una reincorporación futura. La semana pasada, cuando Cruz dijo que la casa por la cual pagaba renta era de Pando, aseguró que nunca se concretó la asesoría y ya no se integró a la nómina municipal.
Cuando dejó Regulación Comercial, Norte Digital documentó cómo el funcionario entregó un Centro Histórico invadido por más de 2 mil vendedores ambulantes en sus principales calles y corredores peatonales.
Siempre lo rodearon señalamientos de enriquecimiento en esa función que históricamente ha tenido un alto riesgo de corrupción.
Por eso hay muchas suspicacias ahora que su nombre está vinculado a la propiedad del Campestre que en algún momento se ofertó, por una inmobiliaria, en 26 millones de pesos.
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Ahora sí que a las y los periodistas les tocó transmitir los mensajes entre gobernantes. La grilla electoral y la crisis de inseguridad (antes fue el conflicto por migración, los libros de texto y las relaciones con la dirigencia magisterial) han generado mucha tensión entre la gobernadora Maru y el alcalde Cruz.
En días previos no se detuvo Cruz para realizar su activismo político a favor de la 4T y su virtual candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, tampoco para culpar al Gobierno del Estado y al PAN de la campaña en redes que lo vincula a presuntos actos de corrupción, incluyendo el tema de la famosa casa del Campestre.
Así que cuando vino la gobernadora a Juárez el martes, justo en medio de una de las mayores rachas de violencia criminal de todo el año, no se contuvo cuando se le cuestionó por el incremento de los homicidios dolosos en esta frontera.
“Sí, caray. Tenemos un alcalde que ahí anda paseándose por todo el estado, en lugar de atender la seguridad pública. Yo espero un mayor compromiso por parte del alcalde”, respondió la mandataria, después de encabezar la inauguración de una planta más de BRP en Juárez.
También se le pidió opinión sobre el asunto de la casa y las denuncias que por presuntos desvíos llegaron hasta la Fiscalía Anticorrupción. La pensó un poco y luego simplemente respondió: “Pues se voló ¿verdad? Andaba muy volado y anda muy volado”.
Luego de esas declaraciones, cuando el alcalde reapareció en agenda pública ayer, precisamente en la Mesa de Seguridad a la que ya no se quedó la gobernadora, se esperaba conocer el tono de su respuesta.
“Para un pleito, se necesitan dos. Y yo no estoy con ese ánimo, ni con los que me demandan ni con la gobernadora. Yo estoy en el ánimo de seguir trabajando. Eso voy a estar haciendo. Porque por más que le doy vueltas y he pensado mucho en eso, tuve tiempo de estarlo pensando ayer. ¿De qué le sirve a los juarenses un pleito de esta naturaleza?”, indicó a los reporteros el presidente municipal.
Dijo que espera platicar pronto con la mandataria estatal. “La seguridad es lo último que debe de politizarse o partidizarse y yo no voy a caer en ese juego”, agregó.
Cruz salió de la encerrona en Pueblito Mexicano, pero ahí dejó a su secretario de Seguridad Pública, César Omar Muñoz Morales.
En la mesa que más aplaude estaban el fiscal César Jáuregui; el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda; el fiscal de Distrito Zona Norte, Carlos Manuel Salas; el secretario estatal de Seguridad Pública, Gilberto Loya y el representante de la gobernadora, Oscar Ibáñez.
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Por distintos canales sigue llegando información sobre presuntas irregularidades en el proceso de elección de consejeros técnicos y universitarios en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).
Ahora recibió Mirone una denuncia pública sobre un abuso de autoridad que habría ocurrido en el Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB).
Los quejosos aseguran que no se permitió la inscripción como candidatos a consejeros, a docentes pertenecientes al sindicato, aunque no exista una prohibición expresa para su participación en el proceso.
Señalan que se adujo una improcedencia por conflicto de interés, pero ni la convocatoria ni la legislación universitaria vigente, especifican de manera explícita que el cargo en alguna organización sindical sea un criterio excluyente, o impedimento para la participación en la elección.
Incluso, aseguran que tan no está prohibido, que actualmente un consejero universitario ocupa el cargo de secretario de Actas y Acuerdos en el sindicato. Nunca le pusieron peros cuando se registró para la contienda el año pasado.
Los denunciantes destacan que todos los académicos deben tener igualdad de oportunidades para participar en los procesos de toma de decisiones y representación académica. Si se les niega la oportunidad, simplemente se vulnera su derecho de participación.
“Hacemos un llamado a todas las partes involucradas para que aborden este asunto de manera constructiva y respetuosa, con estricto respeto a los derechos y prerrogativas de todos los académicos que deseen participar en la elección de los Consejos Técnico y Universitario”, señalan los docentes del ICB.
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Desde el Congreso del Estado se soltó ayer la información respecto al listado de 60 personas dispuestas a sacrificarse por un sueldito superior a los 100 mil pesos mensuales, como comisionadas o comisionados del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip).
De entre todas, se elegirán tres para que ocupen el cargo por siete años desde el primer día del 2024, por lo que el proceso se desahogará antes de las fiestas navideñas.
Se creó una Comisión Especial de diputados que deberá de dar seguimiento a la aplicación de exámenes de conocimiento que serán realizados por la Universidad Autónoma de Chihuahua, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Universidad La Salle Chihuahua, Tecnológico de Monterrey Chihuahua, Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez e Instituto Tecnológico de Chihuahua.
Como siempre, se tratará de un reparto de cuotas entre partidos políticos. Y por lo que ha ocurrido últimamente en el Congreso, los ganones serán el PAN y el PRI, que con su PRIAN, hoy hacen mayoría en la Torre Legislativa.
Varios nombres llaman la atención. Está Liz Aguilera García, exdiputada local por el PRI y secretaria de la Función Pública durante el gobierno de César Duarte. Por lo visto no se conformó con haber sido nombrada el año pasado como titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios en la UACH.
También está un exregidor por el PAN en Ayuntamiento de Chihuahua, Edgar Olivas Mariñelarena, así como Sergio Facio, exsecretario general interino de la UACH y cercano operador de Mario Trevizo cuando éste fue consejero jurídico del gobierno duartista.
En el listado también hay varias personas que ya cobran en el Ichitaip y quienes, en distintas dependencias estatales o municipales, son los responsables de las unidades de transparencia. Otras más acaban de dejar cargos como consejeros o magistrados electorales.
Se nota que no quieren dejar de pertenecer a la casta dorada de la burocracia.