El 30 de septiembre del 2019, la clínica rural IMSS Bienestar en San Juanito, municipio de Bocoyna, recibió a dos visitantes por demás distinguidos: nada más y nada menos que al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y el director general del IMSS, Zoé Robledo.

El acto se llamaba “Diálogo con la Comunidad del Hospital Rural San Juanito, Atención Médica y Medicamentos Gratuitos”, a donde acudieron decenas, si no es que cientos de personas, entre residentes del poblado, funcionarios y cazadores de fotos con el presidente.

El acto tuvo todo lo que necesita una ceremonia protocolaria que encabece un gobernante mexicano: largos discursos, frases grandilocuentes, comparaciones favorecedoras respecto a gobiernos anteriores, y un largo etcétera.

Sin embargo, en aquel acto celebrado en San Juanito, mucho antes de que la lejana sección municipal y estación de ferrocarril se hiciera tristemente famosa a causa del homicidio de una de sus doctoras, Zoé Robledo mencionó una serie de datos que pueden ser preocupantes.

Ejemplo: que la clínica San Juanito es la única unidad médica en 150 kilómetros a la redonda. ¡Toda una enormidad!

Otra más: que atiende a 132 mil personas residentes de 32 municipios. Es, en resumidas cuentas, el único lugar donde todos esos chihuahuenses pueden encontrar atención médica y medicinas.

Dicho en otras palabras: que si el Gobierno, de todo nivel y especie, no garantiza la seguridad en sus unidades médicas rurales, cientos de miles, si no es que millones, se pueden quedar sin doctor, medicinas o quirófanos.

Según lo dijo aquel día Zoé Robledo, el hospital que ahora extraña a su anestesióloga asesinada ofrece 32 mil consultas, 8 mil 500 urgencias, mil 700 egresos hospitalarios y más de 500 partos.

¡Poca cosa! ¿no amerita que les pongan un poco de seguridad a esas unidades?

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¿Qué quiso decir el fiscal general del estado, Roberto Fierro Duarte, al calificar el crimen de la anestesióloga Masiel Medina, en San Juanito, “como un hecho aislado”, que no representa riesgo para los médicos de la región?

Si por aislado quiso decir que se cometió en un pueblo alejado de los cuarteles policiacos y militares, que, como muchos otros, carece de seguridad pública, tiene toda la razón, y por lo mismo es sumamente preocupante.

Ahora bien, si se refería a que este tipo de crímenes son casos raros, que no tienen coartada, porque los cometen bajo el influjo de las drogas o el alcohol, el asunto es más grave, porque estamos hablando de asesinos en potencia sueltos en zonas donde nadie atiende las adicciones y menos sus malas acciones.

Pero si lo que quiso decir fue que se trata de un solo caso, que no debe preocupar al personal de salud de aquellas regiones, entonces miente cínicamente.

Ahí están sus estadísticas de homicidios dolosos en el estado: 948 homicidios registrados a lo largo del año, en todas las regiones del estado, todos los días, a cualquier hora, dicen otra cosa.

Para empezar, se trató de un hecho de alto impacto, por lo que es irresponsable que el fiscal salga a decir que se trata de un caso aislado, cuando hace menos de un mes hubo otro en Cerocahui con dos jesuitas y un guía de turistas asesinados y el martes en la capital masacraron a 6 personas.

Es cierto que se trata de un suceso único, en circunstancias y tiempo, pero forma parte de más de 9 centenares de asesinatos cometidos al amparo de la impunidad y el estado de indefensión en que las autoridades tienen a la población, no de ahora, sino de hace muchos años. Por lo mismo, no puede ser considerado un hecho aislado.

Con el término, Fierro Duarte trata de hacer ver que el caso no es grave, porque se trata de uno solo, posiblemente cometido por un desadaptado, pero olvida que la repetición de estos crímenes en todo el estado, nos hablan de un conjunto no de un hecho excepcional.

Por lo tanto, es estulto calificarlo como tal, porque entonces estaríamos hablando de 948 hechos aislados que se han cometido durante el primer semestre del año, cifra que aquí y en china constituye un escándalo, no un asunto menor.

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Como no encuentran al Chueco por ningún lado, los soldados y agentes estatales asignados al operativo de búsqueda en la Tarahumara, se están dedicando a revisar el armamento que tienen las policías municipales de la zona serrana, pero no para ver si funciona y está en condiciones de servicio y, en su defecto, para apoyarlos, sino para desarmarlos si no cuentan con los permisos respectivos.

Esto ocurrió ayer en el Municipio de Mahuarichi, donde los militares y las fuerzas estatales aseguraron el raquítico armamento de la policía municipal y los dejaron prácticamente encuerados, únicamente con sus toletes.

11 armas largas, 12 cortas, 35 cargadores y 511 cartuchos de diferentes calibres fueron asegurados por el personal militar y se pusieron a disposición del representante legal de la licencia colectiva de armamento, de la secretaría de seguridad pública estatal.

Aunque sostengan que esta acción tiene como objetivo que todas las fuerzas de seguridad trabajen con armamento legal, resulta por demás absurdo que los modestos policías municipales se queden indefensos en momentos en que la inseguridad y la violencia tienen muy caliente al estado.

Ahora, el alcalde priista Pedro Ignacio Quezada, tiene un plazo de 15 días para gestionar las licencias de cada arma, de lo contrario lo dejarán con puras resorteras, al fin y al cabo, que en aquella región las piedras sobran.

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Gran consternación causó en la comunidad universitaria la muerte del director de la Facultad de Ciencias Sociales y Administración de la UACH, el doctor Abraham Paniagua Vázquez, quien perdió la vida mientras vacacionaba con su familia en Baja California sur.

La triste noticia circuló el martes por la tarde entre la población docente y estudiantil del campus Juárez de la UACH, pero nadie daba crédito hasta que se publicó en las redes, la esquela oficial de la institución.

Paniagua, de 46 años de edad, falleció ahogado cerca de la Paz, Baja California en circunstancias que se desconocen, pues era una persona que se ejercitaba en el nado.

Era doctor en Ciencias Sociales y director de la FCPyS por el periodo 2016-2022, que terminaba en octubre, pero se desempeñaba también como profesor investigador de tiempo completo y como miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT.

Descanse en paz.