La cuenta regresiva ha comenzado. El famoso Título 42, que las autoridades de Estados Unidos han venido aplicando para detener y deportar en caliente a los migrantes que cruzan ilegalmente su frontera, está a punto de derogarse.
Será el próximo 11 de mayo cuando esta restricción migratoria, aplicada desde 2020 con el pretexto de salud pública, desaparecerá como medida de expulsión inmediata.
A raíz de esto, miles de migrantes que permanecen varados en Juárez, y otros miles que vienen y vendrán camino a estas tierras, creen que podrán cruzar al vecino país y obtener el anhelado asilo que buscan desde hace tiempo.
Sin embargo, la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza ha sido muy clara con esto, en el sentido de que no serán admitidos quienes no hayan recibido una cita en la aplicación digital CBP ONE.
También ha sido clara en que todos aquellos que crucen ilegalmente serán sujetos al Título 8, un mecanismo que también autoriza la deportación de migrantes después de una detención temporal, independientemente de que puedan ser elegibles para una solicitud de asilo.
Para hablar de esta falsa expectativa que está generando el fin del Título 42, la Patrulla Fronteriza ofrecerá mañana una conferencia de prensa a medios de ambos lados de la frontera, donde aclararán todas las dudas, e informarán si alguno de los centros de procesamiento que abrirá el gobierno estadounidense en Colombia, Guatemala y México, funcionará también en Juárez.
Esos centros de procesamiento de solicitudes de asilo, forman parte de la nueva estrategia migratoria de los Estados Unidos, anunciada la semana pasada por Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional (DHS) y Antony Blinken, jefe del Departamento de Estado.
Los centros comenzarán a funcionar a partir del 12 de mayo, para acelerar la preselección de las personas que buscan entrar legalmente a los Estados Unidos mediante un juicio de asilo.
La operación de esos centros estará a cargo de especialistas de Seguridad Nacional, en coordinación con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados (Acnur), y calculan procesar de cinco a seis mil solicitudes por mes.
Las nuevas medidas para contener la migración, establecen también que, al aplicar el Título 8 a quienes eludan las vías disponibles para la inmigración legal, como el “parole humanitario” gestionado a través del CBP ONE, quedarán registrados como inelegibles para el asilo.
Lo nuevo de este endurecimiento de las sanciones migratorias, es que también serán inelegibles quienes no apliquen a asilo en los países de tránsito, como México.
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Grillos, académicos y periodistas, una mezcla extraña de público, fue el que se dio cita el sábado en la Biblioteca Central de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, para la presentación del libro “El Camino de México” del canciller Marcelo Ebrard, fuerte aspirante a la candidatura de Morena por la presidencia de la República.
Aunque se pretendía que el evento no se politizara, por tener como sede las instalaciones universitarias, el recinto de la biblioteca “Carlos Montemayor” fue ocupado en su mayoría por representantes de los diferentes grupos marcelistas que trabajan por su postulación en la ciudad y el Estado.
Con la participación de las investigadoras y doctoras, María Esther Orozco Orozco y Elsa Patricia Hernández Hernández, así como de la maestra Mónica Alicia Juárez Correa, los organizadores Daniel Murguía y Maité Vargas buscaban darle un enfoque meramente académico, para sumar universitarios y catedráticos a la causa del secretario de Relaciones Exteriores.
Sin embargo, fueron más los grillos de las organizaciones Avanzada Nacional, Morena Progresista, Fuerza Marcelo, Cuarta República y Siglo XXI, los que abarrotaron el lugar para conocer el contenido de la obra autobiográfica de su candidato.
Por ahí se vieron también varios líderes de organizaciones civiles como Rodolfo García Favela, presidente de la Asociación de Escritores de Ciudad Juárez, acompañado por varios integrantes de esta organización.
También fue notable la presencia de mujeres que simpatizan con el canciller y que encabezan algunos de los grupos que hacen proselitismo a su favor.
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Aunque Usted no lo crea, estimado lector mironiano, las autoridades del Colegio de Bachilleres no han terminado de reembolsar el dinero de los costosos uniformes “fashion” que les cobraron abusonamente a los padres de familia en el pasado ciclo escolar.
Han transcurrido ya 9 meses, desde que el anterior director del Cobach, Marco Licón Barraza, tuvo la “ocurrencia” de pedir nuevos uniformes, mil pesos más caros que los que solían comprar los padres de familia, lo que después marcó el final de su participación en la estructura educativa del Gobierno del Estado.
Cuando la Secretaría de Educación decidió cancelar la compra de esos caros uniformes, por la protesta de los paterfamilias, surgió el problema del reembolso del dinero que pagaron en los colegios.
Aunque el asunto escaló hasta el Congreso del Estado, donde la diputada local Rosana Díaz hizo varios exhortos a los nuevos directivos del Cobach para devolver el dinero, hasta el viernes pasado eran varios los casos que no lo habían recibido.
De acuerdo con información de la legisladora morenista, el dinero se ha estado regresando a cuentagotas, y aunque había un compromiso de las autoridades educativas para tomarles en cuenta ese monto en las inscripciones del actual ciclo escolar, esto no se ha aplicado con todos los padres de familia.
Al paso que van, tendrán que pagarles los intereses que genere la deuda, que no deja de ser una vergüenza para los mandos de la institución.