La región de Casas Grandes amaneció ayer con nubarrones de conflicto, por la detención de 5 cinco miembros de la comunidad LeBarón, por parte de la policía municipal, que los acusó de portación ilegal de armas de fuego.

De acuerdo con la información difundida por el activista Adrián LeBarón, los detenidos portaban armas porque acudían a la llamada de auxilio de Jolie Johnson LeBarón y de su esposo Joel Ricardo Galaz, cuando estos denunciaron la presencia de individuos armados desconocidos merodeando su rancho en Casas Grandes viejo.

Incluso, el mismo Adrián envió un mensaje en su cuenta de Twitter a la 1 de la mañana con 9 minutos, donde dice textualmente: “URGE  URGE, Tienen a una familia amenazada. Está, por llegar el crimen organizado, es Viejo Casas Grandes. Tienen rodeada la casa de Yoli Johnson LeBaron, escondidos en una arboleda. Por favor pedimos su ayuda y evitar una masacre”. (sic)

El mensaje fue etiquetado a la Secretaría de Seguridad Pública federal, al presidente de la república, a la gobernadora y a la Sedena.

A la petición de auxilio del líder mormón, acudieron cinco varones de esa comunidad con las armas que tienen para su seguridad en sus ranchos, pero fueron interceptados por la policía municipal y remitidos a la cárcel preventiva.

Los agentes rindieron un parte de remisión donde acusan a los LeBarón de portar un rifle cuerno de chivo, lo cual fue desmentido por los familiares de los detenidos, mostrando en los teléfonos de sus parientes las armas de calibre menor que tienen autorizadas para tener en sus hogares.

Los mormones dijeron que la policía municipal se negó a atender el llamado de emergencia en la casa de su pariente Jolie Johnson LeBarón, y al detener a los 5 varones, evitaron que estos le prestaran auxilio como lo pedía Adrián LeBarón y los dejaron indefensos.

En 2019, sicarios del crimen organizado masacraron a varios integrantes de la familia de Adrián, en un camino vecinal de la sierra, cuando se dirigían a un lugar conocido como La Morita, en Bavispe, Sonora.

Por esa razón cualquier sospecha de ataque, o presencia de gente extraña en las propiedades de los mormones LeBarón, es atendida con urgencia, pero en este caso la policía municipal actuó en su contra.

La detención provocó protestas airadas en las instalaciones de Seguridad Pública municipal de un centenar de mormones, que exigían la libertad de sus vecinos por considerar que fueron privados de la libertad de manera arbitraria.

Jolie Johnson LeBarón es nuera del doctor Sigifredo Galaz, exalcalde de Casas Grandes y ex candidato a diputado federal de Movimiento Ciudadano.

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A la vieja usanza de la imposición y dedazo, ayer fue renovado el Comité Municipal del PRI en Juárez, o lo que queda de este.

La regidora Mireya Porras y el exdirigente juvenil Manuel Alarcón, fueron nombrados presidenta y secretario general respectivamente, en un desangelado acto donde no estuvieron ninguno de los dirigentes de los sectores que componen el Revolucionario Institucional, como son la CROC, la CNOP, la CNC, la CTM, ni las organizaciones de mujeres, de abogados y del movimiento territorial.

El dirigente estatal Alejandro Domínguez dio posesión a los nuevos directivos que supuestamente fueron los únicos que se registraron en la ciudad de Chihuahua, después de la convocatoria hecha la semana pasada.

Dicha convocatoria nadie la vio en Juárez, por el simple hecho de que se colocó en estrados en la sede del PRI en la capital del estado, no en el edificio de esta frontera donde correspondía hacerlo.

Fue notorio el desaire al evento de todos los expresidentes locales del PRI. De los exalcaldes emanados por este partido, únicamente asistió Enrique Serrano.

Mireya sustituye en el cargo a Jaime Cano, quien ocupaba la presidencia del Comité Municipal de manera interina.

Quienes querían participar en la elección de la nueva dirigencia, consideraron que fue plan con maña publicar la convocatoria solamente en la ciudad de Chihuahua, para designar por dedazo a la nueva dirigente.

Como único argumento para justificar esta marrullería, les dijeron a los priistas que siguen leales a sus colores, que los nombramientos fueron consensados con Héctor “El Teto” Murguía y con Adriana Fuentes, la última candidata a alcaldesa que tuvo el PRI.

Con estas acciones, propias de los usos y costumbres del pasado, la dirigencia estatal cancela otra vez la oportunidad a los integrantes del único grupo priista de la ciudad que sigue activo y leal a su partido: Unidad y Participación.

En meses pasados, cuando su actual dirigente, el ingeniero Ernesto Mendoza Viveros, levantó la mano para competir por la dirigencia estatal, de la Ciudad de México llegó el dedazo para Alejandro Domínguez, sin ninguna explicación.

Para la renovación del Comité Municipal, del mismo grupo se había anotado el ex regidor Alberto Reyes Rojas, quien ayer se mostró sorprendido por la mala jugada que les hicieron.

Llamó la atención en el evento priísta la presencia del director de desarrollo económico del municipio, Iván Pérez Ruíz. Será que amor con amor se paga. Lo decimos porque, en uno de los recientes eventos del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, estuvieron presentes, convocados por Pérez Ruíz, el ahora ex presidente del PRI Jaime Cano y regidores con esas siglas.

Se ve que la cortesía política es una de las cualidades de Iván, quien le maneja muy bien y con buenos oficios, la relación con otras fuerzas políticas al presidente Cruz Pérez Cuéllar.

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Pasado mañana vence el término de 10 días fijado por la Comisión Jurisdiccional del Congreso del Estado, para que Javier Corral responda por escrito y aporte pruebas de su defensa, en el juicio político que le instruirán por actos y omisiones denunciadas por el abogado Gerardo Cortinas Murra.

El plazo comenzó a correr a partir del primero de agosto cuando el ex gobernador fue notificado por la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos del Congreso.

Corral quedó apercibido de que, de no contestar en el término establecido, se tendrán por ciertos los hechos que se le atribuyen en la denuncia y perderá su derecho para ofrecer elementos probatorios, de acuerdo con la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia, del estado.

Hasta ahora, el panista ha desdeñado la importancia del juicio quejándose en los medios de que se trata de una venganza de Maru Campos y que lo han convertido en un perseguido político.

La última que se aventó, en una entrevista con Ciro Gómez Leyva, fue en el sentido de que durante su quinquenio sí generó grandes avances en materia de austeridad. Por lo mismo, dijo que “habrá una respuesta puntual para todas las falacias que se afirman en el proceso del juicio político”.