El tema del crematorio Plenitud llegó otra vez ayer a la conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum, pero se notó que la presidenta no quería hablar mucho del tema, ni tomar esa papa caliente.

Ya lo hemos dicho aquí: la Fiscalía General del Estado se ha visto rebasada, principalmente en torno a la identificación de los cuerpos. De los 386 cadáveres identificó plenamente a 33, ya con la verificación y notificación al Ministerio Público y las familias. En otros 34 casos, hay identificación positiva, pero falta completar el proceso de dictaminación.

Justo por la exigencia de las familias de los deudos de Plenitud, que buscan la atracción del caso por parte de la Fiscalía General de la República y su apoyo para la identificación, fue que una periodista le solicitó su posicionamiento, al considerar que a un mes y medio del hallazgo, el proceso va muy lento.

También le preguntó si ella no se reuniría con las familias de las víctimas.

“Es un caso que lleva la Fiscalía de Chihuahua. Se les apoya en lo que necesiten y le voy a pedir a Rosa Icela Rodríguez, la secretaria de Gobernación, que entre en contacto con las familias para ver en qué más podemos ayudar”, respondió Sheinbaum.

Algo es algo, y seguramente a la secretaria de Gobernación le exigirán una intervención más decidida en ese tema cuando se dé el encuentro. Lo más lógico es que venga a la brevedad a esta frontera, para no hacer quedar mal a la presidenta. No se habló todavía de alguna fecha o de dónde sería el encuentro.

La periodista le preguntó también sobre el avance en las investigaciones, a lo que la Sheinbaum insistió en que eso lo lleva la Fiscalía de Chihuahua. Claro que tenemos en medio el asunto de las competencias, pero ya se sabe que cuando se quiere se puede concretar una atracción o colaboración. Más bien pareciera que la presidenta quería poner distancia con el caso.

“¿Y la Federación no ve viable atraer el caso dado la magnitud del hallazgo?”, insistió la periodista.

“Vamos a pedirle a Rosa Icela que hable con las familias, para ver. Tendría en todo caso la Fiscalía decidir si ellos atraen el caso o no, por la investigación que pudiera desarrollarse, pero vamos a pedirle a Rosa Icela que entre en comunicación con las familias, sobre todo a través de la Comisión Nacional de Atención a Víctimas, detalló Sheinbaum.

Todavía le pidió la comunicadora un mensaje para las familias juarenses. “Que vamos a entrar en contacto con ellos para poderlos atender y escuchar sus solicitudes, sus denuncias y poder apoyarlos en lo que se necesite”, finalizó la presidenta.

La inconformidad por la impunidad y el retraso sigue creciendo. Continúan también las protestas de las familias y los posicionamientos de organizaciones locales y nacionales, por lo que, seguramente, terminará la Federación con una intervención más decidida. Al tiempo.

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Como los periodistas no se guardan ni una, también abordaron ayer con distintos temas a la gobernadora Maru Campos a su llegada a Palacio de Gobierno, en la capital del estado.

No faltó el asunto de las giras de fin de semana por varios municipios que trae el alcalde juarense, Cruz Pérez Cuéllar.

“¿O sea, anda corriendo? Anda corriendo por todo el estado, menos en Juárez. Bueno, pues eso lo sabrán los juarenses. Yo creo que es importante que los juarenses sepan que su alcalde está trabajando en Parral u otros municipios, menos en Juárez. Y, sobre todo, que lo sepan también las Cámaras y los organismos empresariales”, respondió la mandataria antes de subir a su despacho del primer piso en Palacio.

El alcalde tuvo actividad el sábado en El Vergel, municipio de Balleza, así como en Valle de Allende, San Francisco del Oro e Hidalgo del Parral. El domingo también estuvo en la ciudad de Chihuahua, en una asamblea informativa para la conformación de comités seccionales. El equipo político del alcalde ha estado muy activo, tanto en la afiliación a Morena, como en la conformación de la estructura partidista.

“¡Morena sigue creciendo en nuestro querido Chihuahua!”, compartió el edil en sus redes. Cruz tuvo su conferencia mañanera de los lunes en la Presidencia Municipal, pero en ese momento todavía no se conocían las declaraciones de la gobernadora Maru Campos en la capital. Seguramente los periodistas le preguntarán sobre ese posicionamiento en cuanto lo tengan enfrente.

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Muchos casos de estudio se podrían derivar de la elección extraordinaria de personas juzgadoras en Chihuahua y de los medios de impugnación que se generaron en sus distintas etapas.

Por ejemplo, está el asunto de la jugada política que se aventaron desde el grupo en el poder (un arreglo del Tribunal Superior de Justicia con el aval de Palacio de Gobierno), para colocar a algunas figuras como encargados de despacho en magistraturas, lo que les permitió pasar en automático a las boletas electorales, sin cumplir con los procedimientos que la nueva legislación dejó en manos de los Comités de Evaluación de los tres poderes.

Claramente fueron movimientos de último momento que le encontraron un resquicio a la nueva ley para favorecer a ciertos personajes vinculados a los grupos de poder político, como ocurrió con los nombramientos de Rubén Aguilar Gil (hermano de las diputadas Lilia Aguilar y América Aguilar) en una sala Penal o Angélica Mendoza (esposa del secretario del Ayuntamiento juarense, Héctor Ortiz Orpinel) en una sala Civil.

Una de las muchas impugnaciones que se presentaron ante el Tribunal Estatal Electoral iba contra un par de magistrados penales electos, por considerarlos inelegibles al no contar con la experiencia de tres años requerida en la materia. Nos referimos a Rubén Aguilar y José Luis Chacón Rodríguez.

En el paquete de Juicios de Inconformidad en los que sí procedió la impugnación en materia de paridad, también se resolvió darle palo (por mayoría) al asunto de la inelegibilidad. Dos de los tres magistrados confirmaron la elegibilidad de Aguilar y Chacón Rodríguez “debido a que al ser Secretarios de Acuerdos Encargados de Despacho y estar en funciones, se presume que las cumplen por las razones sustentadas en el proyecto”.

Ese resolutivo tuvo el voto particular (en contra) de la magistrada Adela Jiménez Carrasco, quien concluyó que “la suplantación de alguna calidad -en este caso de magistratura nombrada por el Congreso del Estado- para conseguir una candidatura evadiendo los procedimientos legales, configura fraude a la ley, vicio que no distingue las causas o intenciones que le dieron origen, sino el daño al sistema jurídico, en un sentido objetivo”.

Se fue duro la magistrada, aunque el magistrado presidente, Hugo Molina Martínez y la magistrada Roxana García Moreno, no compartieron su criterio.

Pero Jiménez Carrasco advirtió el absurdo de que se considere que un secretario que ejerció funciones de persona juzgadora por un par de días, sin antecedente adicional alguno, pudiera postularse en forma directa “lo que no resulta así sobre la base de la sana crítica y una mínima lógica”.

La magistrada consideró que Aguilar Gil y Chacón Rodríguez, para concretar el fraude a la ley, se sirvieron de normas jurídicas establecidas en la Ley Orgánica, relacionadas con la figura de la suplencia por ausencia, para equipararse con magistraturas provisionales que tienen que ser nombradas por el Congreso del Estado.

Ahí quedó la resolución aprobada por mayoría, pero el tema no está agotado si el medio de impugnación llega hasta la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

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Estuvo movidito el lunes, con protestas por temas muy sentidos que no dejan de tener su carga política o de coyuntura.

En Chihuahua capital, la presidenta estatal del PAN, Daniela Álvarez, sacó a la calle a diputadas y diputados locales y federales para protestar porque el Instituto Mexicano del Seguro Social, dejó a Chihuahua fuera de la lista de nuevos hospitales. Como si no hicieran falta.

“Dinamarca no llegó ni a México, ni a Chihuahua”, señalaba un cartelón sostenido por el diputado local, Carlos Olson, a las puertas del Hospital Regional #1 del IMSS, donde el grupo de panistas realizó la protesta y atendió la conferencia de prensa.

“Morena deja sin hospital a Chihuahua”, acusaba la manta principal bajo el hashtag #ChihuahuaSinIMSS.

“Con la salud no se castiga”, señalaba otro de los cartelones sostenido por la diputada Karla Rivas.

En la protesta-conferencia, la presidenta del PAN acusó al Gobierno Federal de actuar en represalia en contra del Gobierno de Chihuahua por no adherirse al IMSS-Bienestar.

Chihuahua quedó fuera de los nuevos proyectos del IMSS en 23 estados del país.

Mientras que en la capital del estado, las diputadas y los diputados azules se dieron vuelo contra el Gobierno Federal y el IMSS-Bienestar, otra protesta acaparó los reflectores en Juárez, donde integrantes de la comunidad LeBarón pidieron la renuncia del alcalde Cruz Pérez Cuéllar y del secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales.

Los hermanos Julián y Adrián LeBarón, acudieron hasta el edificio de la Presidencia Municipal, para atender a los medios y entrevistarse con el alcalde, luego del escándalo que generó la detención de un presunto participante de la masacre de Bavispe, Sonora, que resultó tener charola de policía local.

Los LeBarón destacaron la increíble manera en que Galdino “N”, alias El Monster fue contratado un par de veces por la Policía Municipal y pudo pasar los supuestos exámenes de confianza que están a cargo de las corporaciones estatales.

Es lo que todo mundo cuestiona y observa en cualquier orden de Gobierno y sin distingo partidista: los cárteles uniformados, con sicarios que portan placa y arma oficial, se extienden por todo el país.