Ya pasaron más de tres meses del hallazgo de cuerpos apilados en el crematorio del horror sin que escampen el sufrimiento y la incertidumbre para la mayoría de los deudos, y sin que se sancionen las omisiones de las oficinas gubernamentales y los funcionarios que permitieron la operación irregular y el manejo cruel e inhumano de los cadáveres.

Fue el 27 de junio cuando se hizo público el caso que dio la vuelta al mundo, sin que en la historia contemporánea se tengan registros de algo similar.

Nada tan macabro como los montones de cadáveres en descomposición, algunos desmembrados, embalsamados o semiembalsamados y tratados como basura, en el interior de varios cuartos que no fueron limpiados durante años y que no contaban con el mínimo equipamiento.

Son 105 días ya desde que se develó el horror (aunque la Policía Municipal hizo la primera inspección desde el jueves 26, atendiendo un reporte al 911) y apenas pudieron identificarse plenamente 105 de los cuerpos. Faltan 281. Se avanzó en el 27.20 por ciento de los casos, ni siquiera la tercera parte.

La gran mayoría de las 105 familias todavía enfrentan el pendiente de saber qué fue lo que recibieron en las urnas como la ceniza de sus seres queridos, quienes en realidad nunca fueron cremados.

De acuerdo con los reportes de la Fiscalía General del Estado, de los 105 cuerpos identificados, en 89 casos se pudo concluir todo el proceso de entrega con las familias, quienes enfrentaron por segunda vez, el dolor de los funerales y la despedida de sus seres queridos, revictimizados por la deshumanización y la falta de escrúpulos de los dueños y los operadores del crematorio.

En otros ocho casos, se hizo la notificación a las familias para que se hagan todos los trámites previos a la entrega de los cuerpos.

Desde un inicio se informó que el estado en que se encontraron los cadáveres dificultaría a los peritos la identificación plena y que requeriría de grandes esfuerzos para conseguirlo. Sin embargo, pese al tamaño del reto, hasta hoy no se ha conocido que la Fiscalía estatal haya pedido y recibido algún apoyo extraordinario de otras instancias especializadas en la materia.

Evidentemente, fue rebasada la capacidad local frente a esa condición extraordinaria. Pero ni se gestionaron apoyos internacionales o de la Fiscalía General de la República (FGR), tampoco de otros estados.

Incluso, distintas voces pidieron a la FGR que revisara la posibilidad de atraer el caso, pero nunca se puso sobre la mesa o se hizo alguna gestión o petición formal.

El 19 de julio, el fiscal de la Zona Norte, Carlos Manuel Salas, sí habló de la posibilidad de que la FGR atrajera el caso. En un encuentro con familiares dijo que se preparó un expediente para facilitar su transferencia a la instancia federal.

“Tenemos preparado el expediente porque la Federación, en el momento que quiera, lo puede atraer. ¿Por qué? Porque estamos aplicando también una ley federal, la Ley General de Salud, que es federal”, señaló en ese momento, pero ya no se volvió a abordar la opción.

Tampoco se buscó el apoyo de equipos de antropólogos forenses que se han distinguido en el mundo por su trabajo de identificación de cuerpos, como ya ocurrió en el pasado con un grupo argentino.

No se conoce que se haya buscado la utilización de equipos de última generación o de técnicas de vanguardia con ese fin y la Fiscalía concentró las esperanzas en su propia experiencia en el proceso de rehidratación de tejidos para la obtención de huellas dactilares.

Una parte de la identificación de los 105 cuerpos se consiguió a partir de esa técnica.

Los peritos forenses pudieron someter a rehidratación de tejidos a 181 de los cadáveres. El estado de descomposición en los demás, ya no permitió la aplicación de la técnica.

La rehidratación cadavérica se ha utilizado como técnica forense durante más de dos décadas en esta ciudad, complementándose con la colaboración del Instituto Nacional Electoral (INE) para lograr identificar a las personas que están registradas en su base de datos.

Pero parece que hasta ahí tuvo su alcance y la identificación ya no pudo avanzar más.

Aunque desde un principio lo habían solicitado las familias, apenas hasta ahora y ante el evidente rezago en las tareas de identificación, el Servicio Médico Forense accedió a que los interesados tengan la oportunidad de observar fotografías de los cuerpos encontrados en el crematorio Plenitud, con la esperanza de que logren la identificación.

Ese difícil proceso se abrirá el próximo martes 3. Primero se buscará identificar mujeres; el miércoles 14 se hará con los hombres.

El colectivo Justicia para Nuestros Deudos, integrado por algunas de las familias vinculadas al crematorio Plenitud, ha exigido en sus protestas públicas, la ampliación del equipo de peritos forenses encargado de la identificación de cuerpos no reconocidos y la contratación de un equipo o laboratorio especializado, ajeno a las autoridades locales, para que lleve a cabo estudios científicos que permitan determinar con certeza el origen de las cenizas que recibieron.

Tampoco esa exigencia fue atendida.

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Hasta hoy la impunidad prevalece ante el cúmulo de omisiones que permitieron operar al crematorio en condiciones irregulares, al menos desde el 2020.

Son varias las instancias gubernamentales omisas y a más de tres meses, ningún funcionario ha sido sancionado o castigado, muchos menos procesado judicialmente.

No hay que olvidar que desde junio de 2020, el crematorio de la colonia Granjas Polo Gamboa fue clausurado por la Dirección de Protección Civil Municipal, luego de atender una denuncia de vecinos por una supuesta operación clandestina.

Ante la prensa, los vecinos se quejaron desde entonces por los olores nauseabundos. La clausura se realizó por “falta de medidas de seguridad”.

Hubo también notificación a la Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Coespris), instancia que dijo haber solicitado que se limpiara el lugar y se permitiera continuar con la cremación.

Pero ni Protección Civil ni esa instancia de control sanitario hicieron inspecciones a fondo, o si las hicieron y encontraron las irregularidades, no actuaron en consecuencia, ya que desde entonces hubo testimonios de un trabajador del crematorio que habló de más de 100 cuerpos acumulados, luego de que se desató la pandemia de Covid-19.

En aquel momento servía el horno, pero no el cuarto de refrigeración, por eso los olores que se percibían a la distancia.

Por lo que se reveló en una de las audiencias judiciales en contra de los dos únicos detenidos por el caso (uno de los dueños y un trabajador) la Coespris no había inspeccionado el crematorio desde el 7 de marzo del 2022.

Nadie verificó el manejo que se hacía de los cuerpos y la disposición u origen de las cenizas que las funerarias entregaban a las familias.

Entre todos los antecedentes leídos en la audiencia, también se señaló que había un dictamen de impacto ambiental vencido desde el 2023.

Ese dictamen, otorgado el 22 de febrero del 2022, corresponde a la Dirección de Ecología Municipal.

Tampoco esa dependencia vio nada ahí cuando hizo sus primeras inspecciones y nunca volvió al lugar, aunque estuvo funcionando otros tres años más. Todo ese tiempo operó sin permiso ambiental vigente.

En la lista de dependencias omisas está también la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal. Le corresponde a esa oficina conceder las licencias de uso de suelo, pero también realizar las inspecciones de cumplimiento. Nada detectó, pese a que estuvo el crematorio funcionando varios años.

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El caso puso al descubierto la falta de aplicación de protocolos en el manejo físico de los cuerpos y la inexistencia de una cadena de custodia que garantice su debida disposición. Ahí está otro gran pendiente por resolver.

El resultado de toda esa cadena de omisiones es la violación de la dignidad humana post mortem. Falló el andamiaje institucional y legal que debería de garantizar el cumplimiento de un proceso con normas éticas y legales.

Todo se conjuntó: la carencia de una perspectiva de derechos humanos, la falta estructural de recursos y la inexistente coordinación entre instituciones.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) abrió una investigación de oficio que deberá concluir con una serie de recomendaciones a las distintas dependencias, pero también con una ruta crítica para definir esa cadena de custodia en torno a los cadáveres. El objetivo debe de ser que no vuelva a ocurrir otro caso igual.

Hacia allá apunta su investigación: la actuación de cada instancia gubernamental responsable de autorizar el funcionamiento y vigilar la operación de este tipo de establecimientos.

Quién entrega a quién, quién autoriza o quién libera cada trámite, quién y cómo inspecciona, qué protocolos se verifican, quién debe firmar o notificar. Hablamos de todo trámite dentro de esa cadena que debe de culminar con la entrega de los restos a las familias.

Aparte de la Coespris, en esa cadena de custodia tienen injerencia la propia Fiscalía General del Estado con distintas áreas como la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, así como el Registro Civil.

La CEDH investiga también a las instancias de control municipal, como Protección Civil, Ecología y la Dirección General de Desarrollo Urbano, ya que se supone que deben de hacer inspecciones anuales a los establecimientos de todo tipo, exigir estudios de impacto, realizar dictámenes y entregar anuencias para que pueden operar o renovar sus permisos.

Se supone que la investigación corre en paralelo a la que realiza la Fiscalía General del Estado, instancia que no ha pasado de abrir dos causas penales, una contra el dueño y otra contra el trabajador del crematorio.

El fiscal general César Jáuregui aseguró el 1 de julio que la investigación se extendería a las acciones u omisiones en que hayan incurrido los funcionarios públicos.

“Se van a investigar acciones u omisiones de autoridades responsables en la fiscalización de este tipo de establecimientos y vamos a entregar una investigación seria, que busque también como objetivo tratar de revictimizar lo menos posible a las familias”, indicó Jáuregui.

Días antes, habló de “un caso atroz” y de una “negligencia criminal” que develó el hallazgo en la colonia Polo Gamboa.

Institucionalmente, no se ha vuelto a manejar el término de “negligencia criminal” ni se ha informado de carpetas de investigación abiertas contra servidores públicos.

Sin embargo, la exigencia porque se imponga la verdad y conjure la impunidad se mantiene. El clamor popular sigue siendo el mismo: memoria, dignidad y justicia.