Por todos lados surge información de las transas de las funerarias y el crematorio Plenitud, en el que se encontraron 386 cadáveres almacenados y tratados como basura.

En las investigaciones oficiales y en los testimonios de las familias victimizadas, ha surgido el dato de lo que las funerarias cobran por la cremación de un cuerpo: entre 30 y 35 mil pesos. Pero también de lo que las funerarias le pagaban al crematorio Plenitud: 2 mil o 2 mil 500 pesos.

Por los dos lados se hacía el negociazo, nada más que la empresa crematoria recibía cuerpos al por mayor y nada más los amontonaba en aquellas instalaciones que para nada estaban equipadas, ni operaban debidamente. Apenas era aquello un lote bardeado con cuartos llenos de suciedad.

Así que el coraje ahora no es doble, sino triple, no únicamente por el trato inhumano a los cuerpos, también por el fraude que llevó a la entrega de piedras y basura en lugar de cenizas de los difuntos y por el inescrupuloso negocio y los altos cobros a los deudos. La verdad es que es triple el enojo y la frustración, si agregamos el tema de las omisiones y la negligencia criminal de las autoridades.

Por cierto, supo Mirone que todavía es hora de que distintas instancias municipales y estatales no entregan sus reportes detallados de procedimientos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

Están dentro del plazo, aunque parece que se llevarán la fecha hasta el límite de 15 días. En esa circunstancia están la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, Protección Civil Municipal y la propia Fiscalía General del Estado.

La única que entregó reporte porque se le requirió en 7 días y no en el plazo de 15, fue la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris).

El Registro Civil de Gobierno del Estado también fue requerido, pero mandó una respuesta negativa argumentado imposibilidades jurídicas para responder ante el proceso penal abierto.

Sin embargo, la CEDH no se quedará de brazos cruzados y ya reformula la petición al Registro Civil, dependencia a la que le solicitó reportes de varios años de las actas de defunción con especificación de autorización para cremar por parte de la Fiscalía General del Estado.

Lo que busca la Comisión, es establecer de alguna manera la cadena de custodia de los cuerpos y la actuación y el protocolo que corresponde a cada instancia oficial. Cómo se verifican los cuerpos y los certificados de defunción es la clave para conocer las omisiones que ocurrieron en este caso.

Hasta que se tenga toda la información, se investigue a fondo y se analice el cumplimiento de los protocolos, se podrán deslindar responsabilidades. Hay una gran tarea en curso, a la par de la carpeta de investigación de la Fiscalía.

Es tan grande la indignación por lo ocurrido y la impunidad que se vislumbra en torno al caso, que familias víctimas del fraude las funerarias y la operación del crematorio Plenitud, salieron ayer de nuevo a manifestarse públicamente.

Otra vez se escuchó el clamor por justicia y castigo a todos los responsables.

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Ayer comentamos aquí la forma en que el Tribunal Estatal Electoral (TEE) le dio palo al medio de impugnación presentado por la candidata a jueza en materia Civil del Distrito Judicial Bravos, la secretaria proyectista Paloma Berenice Galindo Vargas.

Tal como se preveía, Paloma no se quedó con la resolución de la instancia estatal y ya llevó su impugnación a la Sala Regional de Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

No únicamente pretende atacar el criterio que uso el TEE para declarar extemporáneo su recurso y por lo tanto improcedente, va de una vez por algo más de fondo. Está solicitando la atracción de la Sala Superior para que esa máxima instancia revise si la reforma estatal y la convocatoria para la elección de personas juzgadoras se apegaron a la Constitución General, la que también fue reformada previamente.

El juicio de revisión constitucional electoral va especialmente contra los criterios que acá se utilizaron para no someter a la revisión de los requisitos de elegibilidad a quienes pasaron directo a las boletas electorales porque eran juezas o jueces en funciones (como en este caso Patricia Royval Guerrero y Cynthia Nájera).

Así que además de combatir la resolución del TEE del 18 de julio en el JIN-363/2025, en el recurso se está pidiendo la revisión del decreto 172/2024 del Congreso del Estado que contempla la reforma y el acuerdo legislativo 001/2025 sobre la convocatoria.

Y esta es únicamente una de las múltiples impugnaciones en curso. Hay muchas más pendientes de resolver a nivel estatal y que seguramente se irán al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

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Las cosas están que arden en Guadalupe y Calvo por los enfrentamientos entre grupos criminales. Por eso se realizó ayer allá la Mesa de Seguridad con todos los mandos policiacos y militares.

Aunque la relación ha estado tensa con la alcaldesa morenista, Ana Laura González, hasta allá se fue la gobernadora Maru Campos, junto con sus principales colaboradores.

Tan crítica estuvo la violencia criminal hace un par de semanas, que la alcaldesa debió cerrar la Presidencia Municipal y resguardarse en su domicilio bajo el cuidado de su escolta de la Guardia Nacional que la cuida a sol y a sombra.

No hubo esos días buena comunicación de la alcaldesa guinda con Palacio y por eso creció la tensión, pero se mejoró la relación desde que González fue citada a la ciudad de Chihuahua, previo al encuentro de ayer.

En los últimos años, en Guadalupe y Calvo se han registrados más de 200 asesinatos, cientos de familias desplazadas y comunidades abandonadas ante la ofensiva del crimen organizado y la ausencia del Estado.

Pero ayer ahí estaban gobernantes, funcionarios y representantes de los tres órdenes de Gobierno, así como los jefes militares. Junto con la gobernadora participaron en la reunión, el fiscal César Jáuregui Moreno y el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya.

Por el lado federal, acudieron Ramón Badillo, delegado estatal de la Fiscalía General de la República y Fernando Ávila, representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

También asistió la delegada de Bienestar en el estado, Mayra Chávez con algunos de sus colaboradores. Se supone que aparte del tema de la contención criminal, deben de entrar en la Sierra los programas sociales para apoyar a todas las víctimas de la violencia y tratar de evitar el reclutamiento por parte de los narcotraficantes.

Entre los acuerdos, destacan el reforzamiento de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Guadalupe y Calvo con la presencia de 30 agentes de la Fiscalía General del Estado, así como la instalación de una nueva base de operaciones de la Guardia Nacional y la habilitación de centro de mando de Seguridad Pública del Estado.

A ver si por fin se puede contener la violencia criminal en la zona.

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Finalmente será el jueves cuando se defina en el seno del Fideicomiso Paso del Norte, si se tomará para el Centro de Convenciones de Ciudad Juárez un predio donado por la familia Fuentes u otro de la familia Zaragoza.

Ahora se están peleando ambas familias, de las más ricas de la ciudad y dueñas de gran parte de la mancha urbana, cuál de ellas le corre la cortesía a los gobiernos estatal y municipal, además del sector empresarial, para que ahora sí pueda iniciarse la construcción del postergado inmueble.

Ambas familias manejan el ramo inmobiliario, tienen varias empresas en ese giro y poseen predios por toda la ciudad.

El que ofrecen los Fuentes se ubica sobre la avenida Vicente Guerrero, no muy lejos del Hospital Regional #2 del IMSS. Son cuatro hectáreas, tres de donación y una cuarta que se entregaría por permuta de otro predio municipal con las mismas medidas.

El que ofrecen los Zaragoza casi colinda con el bulevar Francisco Villarreal, muy cerca de BRP. Son cuatro hectáreas que se entregarían de manera gratuita, con la opción de comprar más tierra (hasta 2.5 hectáreas) a precio preferencial de 100 dólares por metro cuadrado.

O sea que en ambas opciones hay trampilla para sacar algo, pero como quiera que sea, ya no implica desembolsar tantos millones, lo que le permitiría al Fideicomiso utilizar la mayor parte de los 200 millones que tiene en sus cuentas para iniciar la construcción este año.

Después de que el Fideicomiso formalice la decisión en una sesión, habrá protocolo de firma de convenio un día después, es decir, el viernes 25 de julio, en evento en el que participarán la gobernadora Maru Campos y el alcalde Cruz Pérez Cuéllar.

Si ya todo está programado, quiere decir que en estos momentos ya hubo acuerdo político previo y que la definición del Comité, ya lleva el aval de gobernadora y alcalde.