Es hora de ponerles un alto. Los concesionarios del transporte público han hecho siempre lo que le da la gana y parecen haberse acostumbrado a que la autoridad les facilite el negocio en charola de plata.

Asegurar sus ganancias y sacrificar la calidad del servicio ha sido la constante histórica que ha caminado de la mano de la tolerancia oficial para que la ciudad no pueda consolidar el sistema de transporte digno y eficiente que merece.

Hoy enfrenta Juárez otra coyuntura crítica ante el incumplimiento de la empresa Lazo 5 Puntos para adquirir las unidades nuevas a las que se comprometió cuando recibió la concesión para operar el BRT-2 o Segunda Ruta Troncal.

No podrían haber recibido mayor apoyo gubernamental. Durante un año y medio, les fueron entregados para operar la troncal, 28 camiones que son propiedad del Gobierno del Estado, es decir, son bienes del dominio público que pertenecen a los chihuahuenses.

Ahora sí que recibieron los camiones, de a gratis, sin contraprestación alguna, para que pudieran hacer su negocio, con el compromiso de adquirir sus propias unidades nuevas. Para eso se les entregó la concesión originalmente.

Pero nunca hicieron su parte, por lo que el Gobierno del Estado no renovó el comodato vencido y tomó el control directo de los camiones por medio de la Operadora de Transporte Vivebús.

La intervención se realizó para priorizar el interés público y evitar que el servicio se viera afectado.

Durante el año y medio de privilegio, Lazo 5 Puntos registró más de 34 millones de viajes en el BRT-2 y obtuvo ingresos superiores a los 180 millones de pesos. Se embolsó millones pero no compró ni un camión. Dinero entró, pero no salió para cumplir sus obligaciones especificadas en la concesión.

La empresa transportista debe adquirir al menos ocho unidades para mantener su participación en la operación del BRT-2. Pero nada. Ni ocho, ni una puso en servicio.

Con razón los transportistas se vuelven caciques, zares o hasta mafiosos. Crean verdaderos imperios y se acostumbran a imponer su propia ley, mientras nadie se los impida.

Lo mismo ha ocurrido con aquellos que emergieron del tradicional ruteo y el hombre camión, iniciando con el acaparamiento de concesiones y vehículos, que con aquellos que presuntamente llegaron al sector a darle otro perfil más empresarial. A final de cuentas, terminan privilegiando sus intereses personales, poniendo el negocio sobre el servicio público y el bien colectivo, siempre que la autoridad se los permita.

Hubo más omisiones e incumplimientos de los concesionarios. Para empezar, con el número de operadores. La empresa no alcanzó el mínimo requerido, lo que derivó en jornadas laborales dobles y triples para los choferes.

Falló en cuanto a las prestaciones sociales para los operadores y hasta “metió caballo” al adquirir y utilizar refacciones de menor calidad a la establecida en el contrato. No eran sus unidades, así que no les importaba el maltrato. Tampoco les importó poner en riesgo la garantía de las unidades propiedad de Gobierno del Estado cuando ponían a los motores aceites “chafas” o de “marca patito”.

Otra de las inconsistencias fue el retraso en la frecuencia de paso, que llegó a ser de hasta 25 minutos, cuando el compromiso era de 10 a 12 minutos. Tampoco utilizaban el sistema de monitoreo que permite controlar cuántas unidades salen a trabajar y con qué frecuencia.

De plano, daban un mal servicio. Más del 60 por ciento de las quejas de las tres rutas troncales que integran el Sistema, eran en contra del concesionario de la Troncal II, Lazo 5 Puntos.

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El incumplimiento de Lazo 5 Puntos generó otro impacto negativo directo a los usuarios, ya que como una de sus medidas de presión, abandonó el servicio en las alimentadoras del BRT-2.

Frente a ese otro incumplimiento, los usuarios han tenido que pagar doble por utilizar el sistema de transporte.

Pagan primero a la alimentadora cuyo servicio quedó ahora en manos únicamente de la Ruta 2 Lázaro y después al BRT-2. No tienen opción porque Lazos 5 Puntos retiró los camiones que acercaban a la troncal.

Los concesionarios de la 2 Lázaro, con sus camiones de color blanco con verde, ya prestaban el servicio en esa zona, pero a partir de esta semana están adecuando recorridos para acoplar sus camiones con la Segunda Ruta Troncal.

Ya busca el Gobierno del Estado una solución favorable a los pasajeros, aunque hay un problema técnico, además del financiero, ya que los camiones de la Ruta 2 Lázaro no tienen aparatos validadores para hacer los cobros de manera electrónica, con las tarjetas del JuárezBus.

En el extremo sur de la ruta troncal, también retiró la empresa la alimentadora que conecta con el kilómetro 20, pero ahí el Gobierno del Estado ya entró al quite con varias de sus unidades que sí están equipadas con los sistemas de validación y recaudo.

Ahí se aplica ya el criterio de no cobro por transbordo, el mismo que pretende implementarse en Altavista y Canchas, las dos alimentadoras del extremo norponiente.

“Los autobuses tienen lo que se llama validador, eso quiere decir que cuando el pasajero se sube con su tarjeta del JuárezBus, se le descuentan 12 pesos ahí y luego cuando aborda la troncal en la terminal Aeropuerto, ahorita no se les está descontando nada”, explicó en su momento Luis Manuel Aguirre, el subsecretario de Transporte.

Los recorridos que hacía la 2 Lázaro en sus dos ramales, se adecuaron para que ahora sea el mismo trayecto que realizaba Lazo 5 Puntos, como alimentadora del BRT-2.

El doble pago que realizan actualmente los usuarios de la zona poniente podría terminar esta semana si una negociación entre Gobierno del Estado y los concesionarios de la 2 Lázaro, avanza de forma favorable.

Los transportistas propusieron que se les pague una iguala a cambio de trasladar a los pasajeros sin costo hasta el centro.

De acuerdo con la propuesta de la Ruta 2 Lázaro, todo usuario con su tarjeta de JuárezBus vigente, sería trasladado sin costo, de la colonia al paradero, tanto el que se ubica sobre la avenida Vicente Guerrero, denominado Ex-Aduana, como el que se localiza en la avenida 16 de Septiembre, llamado Ramón Corona

El esquema podría aplicarse mientras que la Subsecretaría de Transporte resuelve cómo va a asignar las alimentadoras que aún están concesionadas a Lazo 5 Puntos.

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Le correspondió al secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña, entrarle directamente a la resolución de la crisis en el BRT-2 de Juárez y fajarse ante los concesionarios acostumbrados a doblegar funcionarios.

Ya advirtió que no se admitirán chantajes y también adelantó que la administración no va a estar “cargando” con concesionarios que no estén dispuestos a comprometerse con los juarenses.

De acuerdo con De la Peña, la prioridad de la administración estatal es continuar prestando el servicio. Sin embargo, si hay que revocar alguna concesión, se iniciarán los procesos necesarios.

Lazo 5 Puntos no ha perdido la concesión, aunque la situación puede cambiar si se empeña en el incumplimiento de sus compromisos y sus obligaciones. Se le dará un tiempo más (todavía no definido) para que compre y presente las unidades nuevas.

Hasta que lo haga, podría recuperar la operación de toda la ruta y todas las unidades.

Por lo pronto, se trata de resolver la problemática y no dejar desprotegidos a los más vulnerables, como son los usuarios y los choferes que trabajan para los concesionarios, quienes son pilares en el servicio y deben sostener a sus familias.

Por eso la contratación no se detiene. En estos momentos hay 37 choferes en proceso de reclutamiento y otros 22 que están entregando papelería.

Operadora de Transporte cuenta con un equipo de más de 230 trabajadores en Juárez que garantizan la prestación del servicio desde las primeras horas de la mañana hasta la noche.

Hemos hablado aquí de los problemas que deberán resolverse en lo inmediato en la Segunda Ruta Troncal, pero el momento también parece ser el indicado para reivindicar el papel rector de la autoridad, meter orden y hacer valer la ley, para que de una vez por todas se consolide el Sistema Integrado de Transporte que anhelan los juarenses.

En 18 meses, los 104 autobuses adquiridos por Gobierno del Estado han recorrido más de 2 millones 250 mil kilómetros, de los cuales menos del 10 por ciento (163 mil 732) han sido cubiertos por el concesionario al que le fueron retirados los camiones en préstamo.

De los camiones estatales, actualmente existen 14 asignados a rutas alimentadoras. También se trabaja ya para una nueva ruta troncal –la número 4– sobre la avenida De las Torres.

Ya lo dijeron claro los organismos empresariales que fijaron postura ante el conflicto: el Estado tiene la obligación de garantizar sistemas de transporte público seguros, accesibles, eficientes y de calidad.

El interés público y el bienestar del usuario deben estar por encima de intereses particulares. Para hacer valer la ley, las autoridades estatales tienen todo el respaldo social frente a los grupos de concesionarios que pretenden imponer condiciones y volverse millonarios a costa de los usuarios y del Gobierno

Ya basta. Ni viejas, ni nuevas prácticas mafiosas deben de ser toleradas.