Los trabajos en el inmueble conocido como La Cárcel de Piedra generaron un amplio debate sobre la urgencia de contar con políticas públicas claras en materia de conservación de edificios con valor histórico y la preservación de la memoria sobre hechos del pasado.

Tratándose de un bien de origen público, resulta verdaderamente increíble cómo, en su momento, el funcionariado fue incapaz de pensar en un proyecto que recuperara para la ciudad el uso de un edificio tan referencial y emblemático, cuando dejó de utilizarse como prisión, en el año 2000.

“¿Quién querría preservar un inmueble en donde por décadas se han de haber acumulado incontables casos de violación a los derechos humanos?”, pudo haber surgido entonces —y hoy— la pregunta, sin considerar lo que implica la preservación y gestión de la memoria histórica para cualquier comunidad.

La idea clave, el objetivo de conservar ese tipo de registros del pasado, siempre es la concientización para la no repetición de violaciones graves de derechos humanos. Incluso, es una obligación de la autoridad garantizar esa posibilidad como un derecho humano, como es su obligación diseñar e implementar políticas públicas de verdad y memoria.

¿Qué mejor oportunidad para implementar esos criterios ya universales que recuperar para la comunidad el viejo edificio de la Cárcel Municipal, de la cual hay referencias históricas en torno a las torturas y otros hechos ilícitos que se cometieron ahí durante los aciagos años de la “guerra sucia”?

Hay incluso una petición formal de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Fedefam), a la que pertenece la activista Judith Galarza, para que el espacio albergue la Casa de la Memoria, una solicitud que lleva años por parte de esa agrupación, sobre ese y otros inmuebles como el viejo cuartel militar de la avenida Lerdo.

“Desde hace muchos años estamos pidiendo que se nos haga entrega de un espacio para crear una Casa de la Memoria. Estuvimos haciendo una cronología de los lugares donde fueron torturados nuestros familiares y estamos molestos porque cada día los van eliminando y no nos ha sido entregado un espacio para este fin”, declaró Galarza.

No como museo o casa de memoria, pero en la Ciudad de México, desde 1980, el Palacio Negro de Lecumberri, la cárcel más temida en la historia del país, se convirtió en la majestuosa sede del Archivo General de la Nación. A nadie se le ocurrió ponerlo en venta para algún proyecto privado o demolerlo, como ha ocurrido en Juárez con otros edificios históricos, como el Cuartel del 15, instalación militar que atestiguó las batallas revolucionarias de 1911.

La gestión de la memoria histórica, por parte de la autoridad, debería tener justamente el objetivo de preservar el recuerdo de las víctimas y prevenir la impunidad frente a los actos ilícitos. Se trata de combatir el olvido, pero también la falta de la debida diligencia.

Pero eso jamás se puso sobre la mesa. Tampoco hubo la mínima discusión pública sobre qué hacer con ese bien público. Su venta, durante la administración de José Reyes Ferriz, prácticamente se hizo de manera clandestina. Apenas ahora se están conociendo algunos de los detalles de la operación.

Afortunadamente, hoy, el proyecto de los compradores —la familia Muñoz, propietaria de la cadena de tiendas S-Mart— es la construcción del Centro Cívico, pero no sabemos si fue así desde que la propiedad se adquirió en 2009. Bien pudo borrarse todo ese capítulo de la historia juarense con una demolición total para dar paso a una de las sucursales de la cadena.

………………

No como Casa de la Memoria, pero sí como recinto cultural, el proyecto del Centro Cívico S-Mart es, a final de cuentas, una recuperación. Un particular hizo lo que habría correspondido garantizar al Gobierno en cuanto a recuperar espacios públicos para la convivencia comunitaria.

“El proyecto contempla restaurar el espacio y darle un nuevo uso comunitario, convirtiéndolo en un nuevo Centro Cívico S-Mart, un lugar abierto al público, donde se desarrollarán talleres, actividades culturales, exposiciones y eventos gratuitos, con el objetivo de que este sitio histórico vuelva a ser un punto de encuentro para la ciudad”, se informó por medio de un comunicado.

También es una restauración, y esos son los trabajos que ya se ven en el inmueble. Se está retirando la mezcla y la pintura que en distintos momentos se colocó sobre la piedra original, de donde se derivó el nombre de Cárcel de Piedra.

Borrar lo que tiene historia no es algo nuevo, o alterar la fisonomía original de los edificios históricos no es algo que no haya ocurrido antes. Por ejemplo, se hizo sobre la Misión de Guadalupe, la cual tuvo que ser intervenida en los años setenta para recuperar la arquitectura original.

“Nuestro compromiso es proteger el valor patrimonial del inmueble y, al mismo tiempo, desarrollar un espacio vivo y útil para la comunidad juarense”, destaca el posicionamiento que hizo la empresa a raíz de que surgieron múltiples posturas en contra de la desaparición de ese espacio.

No se conocen más detalles respecto al aprovechamiento de toda la estructura del inmueble. Lo que sí se informó es que se realizaron demoliciones en la parte interior. Al parecer, lo que se mantendrá únicamente es la fachada principal.

Lo que también es de dominio público es la experiencia positiva de la operación del primer Centro Cívico S-Mart, inaugurado desde 2017 en el cruce de las calles General Monterde y Ejército Nacional, atrás de S-Mart López Mateos.

El espacio está diseñado para las artes escénicas, la música y la literatura, donde se ofrecen talleres, además de exposiciones. Cuenta con un núcleo musical propio y ha atendido en capacitación artística a centenares de niñas, niños y adolescentes. También hay actividades deportivas. En los hechos, opera como un centro comunitario, además de centro cultural.

Esa generación de espacios abiertos al público, financiados por empresarios con responsabilidad social, bien podría ser considerada un modelo a seguir desde la iniciativa privada.

Tristemente, la historia de la ciudad ha marcado una tendencia en sentido contrario: un esquema que facilita el negocio privado a costa de los bienes públicos. Ahí está, a manera de gigantesco ejemplo, lo que ocurrió con varios comodatos entregados en El Chamizal, espacio público por excelencia. O más recientemente, con la consistente desincorporación de predios municipales, ya sea en donación, en comodato o en enajenación, tanto para usos habitacionales como comerciales.

De ahí que haya cierto grado de desconfianza o escepticismo cuando se habla de proyectos público-privados.

Nada más en los últimos cuatro años, entre septiembre de 2021 y agosto de 2025, se desincorporaron del dominio público municipal un total de 95.8 hectáreas de suelo urbano.

………………

La Cárcel de Piedra está incluida en el Catálogo de Obras con Valor Histórico y/o Arquitectónico, realizado por el Instituto Municipal de Investigación y Planeación, cuando lo presidía Vicente López Urueta, durante la administración del alcalde Enrique Serrano Escobar.

“Es importante tener conocimiento de los baluartes de nuestra ciudad con el fin de valorar su importancia, de frenar su destrucción, de promover especialmente en los más jóvenes el interés por preservar la memoria y perseverar en la constitución de la identidad, orgullo y unidad juarense”, señala el documento en sus conclusiones.

El documento considera 56 placas y edificios, entre los cuales se incluye el que fue Cárcel Municipal, ubicado en 16 de Septiembre y calle Oro. Hay además 127 monumentos y esculturas.

El catálogo plantea que, en los últimos años del siglo XIX y durante las tres primeras décadas del siglo XX, hubo aquí destellos de una arquitectura más abierta a la influencia de las tendencias globales importadas de Europa y Estados Unidos.

De alguna manera, se registró una manifestación ecléctica, con el uso de elementos ornamentales de piedra, el ladrillo en acabados y detalles decorativos, el metal laminado, forjado y fundido, y la madera en estructuras más audaces y ligeras.

De este periodo destacan el conjunto de la Ex Aduana fronteriza; el edificio Sauer; los hoteles Río Bravo, San Luis y Sur; y el monumento a Benito Juárez, entre otros.

Cuando Juárez experimentó un acelerado crecimiento poblacional y la expansión de su mancha urbana, a partir de que se convirtió en zona de paso y contratación de braceros que iban a trabajar a Estados Unidos, se presentó un boom constructor de infraestructura que atendió ese fenómeno migratorio y económico que siguió a la Segunda Guerra Mundial.

En ese contexto se desencadenó una intensa labor de construcción de hospitales, escuelas, equipamiento recreativo y de seguridad pública, con algunas influencias del Art Decó y la inclusión de elementos decorativos con reminiscencias del periodo colonial en México. De ese periodo vienen edificios como el Centro Escolar Revolución, la Escuela Número 29, el Edificio Continental, el cine Plaza, la remodelación de fachada de la Antigua Presidencia, la Clínica Dr. Gustavo Baz Prada y la Estación de Bomberos Número 2, junto al Parque Borunda.

Ahí está el antecedente para la identificación de obras arquitectónicas patrimoniales en el catálogo, considerando a los edificios más comprometidos en cuanto a su integridad.

Desde entonces se planteó como objetivo encabezar acciones que permitan su recuperación, restauración, rehabilitación y reconocimiento oficial.

El catálogo se fijó la meta de describir sus ubicaciones, evidenciar su importancia, divulgar la historia y anécdotas de la ciudad, además de fomentar el sentido de apropiación e identidad del ciudadano y contribuir al orgullo de ser juarense por nacimiento o adopción. Esta idea también se vincula con el objetivo de estimular al público interesado en la investigación profunda de los sucesos que han permitido la conformación de nuestra ciudad.

Hay otra arista importante en cuanto a la promoción turística, a partir de dignificar los espacios e incentivar el interés del visitante.

Finalmente, se trata de establecer fundamentos que permitan la toma consciente de decisiones y acciones en pro de la conservación, rescate, rehabilitación y aprovechamiento de las estructuras y piezas patrimoniales de esta ciudad.

Lo más lamentable y decepcionante es que poco o nada se ha avanzado desde la administración pública en los objetivos planteados para el rescate de esas propiedades. Tampoco en la sensible preservación de la memoria histórica que implica su recuperación.

Tienen ahí los tres órdenes de Gobierno otra asignatura pendiente más con Ciudad Juárez y con su gente.