La derechohumanista juarense Olivia Aguirre Bonilla cree que sí puede convertirse en ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por eso alistó ya su documentación para registrarse en el proceso, ahora que la Reforma Judicial introdujo la elección con voto popular.

Desconoce Mirone cuántas personas de esta frontera tendrán esa confianza para tirarle a lo más alto en el proceso de renovación del Poder Judicial, pero no quiso pasar por alto que sí hay casos como el de Aguirre Bonilla, que cuentan con perfiles idóneos para cumplir con los objetivos de la reforma.

Dos doctorados y dos maestrías, además de una experiencia de 15 años en el litigio en materia familiar, civil y amparo.

⁠La académica tiene una maestría en Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España y una maestría en Derecho Penal y Judicial por el instituto de Actualización Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua (Inforaj).

⁠También tiene el doctorado en Derechos Humanos por la Universidad Pablo de Olavide y el doctorado en Derecho Judicial por el Inforaj.

Especialista en el abordaje de derechos humanos y perspectiva de género, la profesora investigadora de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez es integrante del Sistema Nacional de Investigadores (nivel 1) y es ⁠autora de diversas publicaciones arbitradas e indexadas, principalmente en tema de derechos humanos.

Claro que la propia Olivia sabe de la carga política que rodea todo este proceso, del centralismo que permea, de su lejanía del epicentro de poder e incluso de la falta de apalancamiento en algún grupo político específico para su candidatura, pero está convencida de apuntarse para vivir todo ese proceso inédito desde adentro.

Aspira a que, conforme a la convocatoria, su perfil pase los filtros de los Comités de Evaluación de cada poder (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), para conformar las listas de 10 nombres finalistas que luego deberán entrar a las insaculaciones o tómbolas, antes de pasar a las boletas electorales.

Aunque hay litigios en curso, ya vimos que el proceso no se detiene. El periodo de inscripciones correrá 5 al 24 de noviembre. La evaluación de perfiles concluirá el 4 de febrero.

Ya veremos qué final tienen proyectos de buena fe como el de Aguirre y si la historia tiene o no reservado un lugar para alguien de estas latitudes, luego de que los espacios de la Corte siempre han sido ocupados por personas de la Ciudad de México, como si no hubiera perfiles con capacidad en el resto del país.

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No sabía Mirone que ya el Gobierno Municipal era autoridad responsable en materia de transporte.

Si bien en este espacio nos hemos manifestado en favor de la municipalización del transporte, la operación y el marco normativo están todavía del lado de Gobierno del Estado, para bien o para mal.

No ha habido reforma legal ni acuerdo político para pasar esas facultades a la instancia municipal, por ello llamó la atención que al alcalde Cruz Pérez Cuéllar hable ahora como si nada, respecto a que anda armando su proyecto de transporte, se supone que con apoyo del Gobierno Federal.

¿De qué se trata el proyecto? No lo ha dado a conocer, pero parece que empezó al revés. Dice que hasta que ya lo tenga bien armado lo va a presentar a la gobernadora Maru Campos y luego a socializarlo con la comunidad juarense. Pero ya se fue a presentarlo a la Ciudad de México.

Hemos repetido aquí que lo deseable es que todos los proyectos o ideas se pongan al mismo tiempo sobre la mesa interinstitucional para ver qué es lo prioritario y lo factible, para luego decidir la ruta a seguir.

Como se está actuando, difícilmente habrá algún tipo de consenso. En estos momentos, el Gobierno del Estado no sabe ni qué alcance trae ese proyecto que el alcalde ya fue a presentar al Gobierno Federal, tal como lo presumió en sus redes sociales.

Cruz Pérez Cuéllar se reunió con Andrés Lajous, titular de la Agencia del Transporte Ferroviario, quien se supone que estará a cargo en el Gobierno Federal de revisar proyectos de movilidad y trasporte.

En su conferencia de los lunes, Pérez Cuéllar habló sin detallar del proyecto que fue presentado. Nada más dijo que tiene que ver con resolver el tema de los camiones para reforzar el sistema que ya se tiene actualmente (no hay otro que el BRT-2).

Aclaró que no se ha planteado ningún trolebús, aunque de ello haya hablado en campaña la hoy presidenta Claudia Sheinbaum, por lo que la duda sigue, ¿de qué habla entonces el alcalde?

A ver si no sale con que tiene la solución para darle todas las concesiones del semimasivo a su amigo Matías Prieto, el líder de la agrupación Untrac, rey del transporte pirata en la ciudad.

Como quiera que sea, no deja de llamar la atención que ya pasaron más de cuatro meses de las elecciones y todavía es hora que gobernadora y alcalde no se sientan a la mesa para ver ese y otros proyectos por Juárez.

Tampoco en el caso del puente elevado de la Vicente Guerrero hubo acuerdo alguno entre ambos órdenes de Gobierno.

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Lamentablemente, aunque es lo deseable, no ve Mirone cómo pueda haber acuerdos entre Estado y Municipio, ya que por todos lados surgen los diferendos.

Otra bronca que se puso sobra la mesa ayer, tiene que ver con los incrementos al Impuesto Predial y a las tarifas de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS).

Como cada año, es tema de debate si se ajustan los impuestos o no. Generalmente, se manejan incrementos acordes a la inflación, pero luego se da un juego de estira y afloja en torno a la actualización de las tablas de valores catastrales, ahí donde verdaderamente se hace efectivo el incremento al predial.

Por ejemplo, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar insistió ayer que la actualización no será mayor al 5 por ciento de la inflación, pero ya en la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento se habló de cómo hay un promedio de incremento a las tablas de entre 9 y 10 por ciento.

No es pareja la cosa y eso siempre genera otro debate, porque unas colonias no sufrirán incrementos y otras sí. También porque en términos reales habrá cuentas catastrales que hasta en 60 por ciento pagarán más de impuesto al ajustarse la tabla catastral.

Justo cuando la polémica está en el Ayuntamiento, el propio alcalde dijo que lo verdaderamente preocupante ocurre en la JMAS, ya que aseguró que ahí se están planteando incrementos en las tarifas de hasta un 20 por ciento para el próximo año.

Pérez Cuéllar compartió ese dato precisamente cuando fue cuestionado por los periodistas respecto a los ajustes al predial. Incluso, informó que los dos consejeros con representación municipal votaron en contra del incremento que se planteó en el Consejo de la JMAS.

El tema del agua dará más de qué hablar. En la sesión previa de Cabildo el regidor petista Pedro Matus presentó un punto de acuerdo para exhortar la JMAS a que no aplique el incremento.

Por el lado del Impuesto Predial también seguirá la polémica. En la previa, el regidor panista Alejandro Jiménez cuestionó precisamente el piso disparejo para el cobro del predial y la manera en que las actualizaciones elevarán los cobros en algunas zonas residenciales hasta un 20 por ciento.

En la sesión de Cabildo de esta semana se deberá aprobar el dictamen de la Comisión de Hacienda con el anteproyecto de la Tabla de Valores Unitarios de Suelo y Construcción para el ejercicio fiscal 2025.

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Ya habíamos comentado aquí que no encontraba la síndica municipal, Ana Carmen Estrada, de dónde agarrarse para hacer campaña rumbo al 2027.

Si para ese año se reserva la candidatura a la alcaldía para una mujer, quiere estar en primera línea, al menos por el lado del equipo del presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar.

Y precisamente, como ella se debe al proyecto de Pérez Cuéllar, no va a destacar por fiscalizarle los recursos municipales, lo cual tendría que ser su función esencial. Así que sigue Ana Estrada buscando cómo hacerle para figurar.

Ya presentó en sesión de Cabildo puntos de acuerdos para crear fondos de apoyo, tema en el que les comió el mandado a los regidores de su partido, pero ahora va con otra propuesta para la sesión ordinaria de esta semana.

Desde la sesión previa de ayer, Estrada presentó un punto de acuerdo para que la titular de la Sindicatura pueda tener voto en el Cabildo.

Quiere cumplir en ese sentido un compromiso de campaña. Es asunto legislativo que deberá cabildear en el Congreso del Estado, pero, por lo pronto, quiere tener el respaldo del Ayuntamiento juarense.

Seguramente se va a aprobar en la sesión por la mayoría morenista. Faltará ver qué pasa luego en el Congreso donde el partido guinda no es mayoría y donde los morenistas no son propiamente crucistas.

Entre los pendientes a tratar en la sesión de Cabildo también está la aprobación de la reforma el Reglamento Orgánico de la Administración Pública para crear la Dirección de Atención y Bienestar Animal.

El área está actualmente bajo la Dirección de Ecología, pero subirá de rango. Ahí es donde despacha ya la exregidora Alma Arredondo, quien renunció al PAN para sumarse al proyecto de Cruz.