Ser funcionario municipal y convertirse en proveedor del Gobierno representa, aquí y en China, un serio conflicto de intereses o, cuando menos, un dilema moral, por la situación que genera desde el punto de vista ético.
Ahora bien, cuando el nivel de responsabilidad en el Gobierno municipal es más alto, como el de un regidor, que fue electo para representar los intereses ciudadanos, el asunto es más delicado, porque en este caso se aprovecha una posición para hacer negocio personal y eso se llama tráfico de influencias.
Tal es el caso del médico Víctor Manuel Talamantes Vázquez, regidor panista del ayuntamiento de Juárez y coordinador de la Comisión de Salud, precisamente la que decidió, junto con la directora de Salud Municipal, Daphne Santana Fernández, la subrogación de los servicios médicos a la empresa chilanga Adaca, que a su vez subcontratará a tres clínicas locales, entre ellas la del edil, denominada Clínica y Maternidad Las Torres.
Según ha dicho la directora de Salud, ella no sabía que el panista Talamantes es dueño de una de las clínicas que atenderán a empleados municipales, y por lo mismo, no ha tenido necesidad de explicar las razones para incluir su clínica en el nuevo contrato, en un claro acto de favoritismo del Comité de Adquisiciones.
Fue el martes pasado cuando el doctor Talamantes fue cuestionado por sus compañeros de Cabildo y en una reunión a puerta cerrada con el secretario del Ayuntamiento, Héctor Ortiz Orpinel, el regidor admitió ser socio o propietario de una de las clínicas beneficiadas con el contrato.
Hay que recordar que Talamantes fue uno de los regidores más críticos respecto al servicio que prestaba Poliplaza Médica, y también el que más insistió en la rescisión del contrato, porque quería meter a su clínica en el negocio que tiene una bolsa nada despreciable de 126 millones de pesos por seis meses de servicio.
Aunque el regidor ha dicho, de los dientes para afuera, que no firmará ningún documento que lo involucre en un acto deshonesto, su clínica sigue considerada para prestar dichos servicios médicos.
Ahora que el panista ya está dentro del bisnes y le tocará una buena rebanada del pastel, sus compañeros analizan la necesidad de que pida licencia y se separe del cargo de regidor, que es irrenunciable.
Los panistas saben que, tarde o temprano, surgirán las quejas de los derechohabientes municipales por el mal servicio, pues no esperan que una clínica pequeña tenga, ni de cerca, la capacidad de un nosocomio de alta especialidad, y puede considerarse casi como un simple dispensario médico.
Pero como Víctor Manuel sigue montado en su macho, aferrado a que el poder es para poder, sus colegas de la fracción panista esperan aún que tenga un momento de lucidez y que pueda rectificar, porque “para vergüenzas no ganamos”, han dicho.
De acuerdo con vecinos de la clínica del regidor Talamantes, esta fue abierta en 1999, pero permaneció cerrada por mucho tiempo, hasta ahora que se está reactivando para el nuevo proyecto de salud que el galeno y empresario trae entre manos.
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Ojalá que la iniciativa de la diputada local América García Soto, que propuso estímulos financieros para empresarios y comerciantes que han visto afectados sus negocios por la pandemia, no se quede en un simple punto de acuerdo, como ocurre con la gran mayoría de iniciativas que suben a tribuna.
La diputada hizo su propuesta durante la sesión de la Diputación Permanente, donde dijo que debemos preocuparnos sobre la manera en que se pueda compensar la pérdida económica que el semáforo genera en los negocios, “porque la realidad es que ya vamos muy tarde en darle una digna solución a este gran problema”.
América sugiere la creación de programas especiales del estado, que compensen las pérdidas económicas que en dos años han sufrido los negocios en todos los niveles.
Su iniciativa es muy buena, pero las finanzas del estado muy malas, y habría que pedir kórima al tlatoani del Gobierno federal, para que esta vez apoye a los que sí producen y son el motor de la economía estatal.
Si ya de plano no se puede y nos mandan por un tubo con los recursos, al menos que la diputada García Soto incluya en su propuesta que los voraces inspectores de Gobernación y las famélicas células Covid, dejen de acosar a los propietarios de restaurantes, fondas, bares, antros y hoteles de todo el estado, donde han encontrado un jugoso ingreso.
En el caso de Juárez, muchas quejas se han presentado contra los operativos de Gobernación y mucho se ha prometido, sin que hasta ahora hayan cesado las revisiones de consigna que terminan en moche o clausura y multa de miles de pesos.
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En sesión a distancia con la Comisión de Fiscalización del Congreso, el Auditor Superior del Estado, Héctor Acosta Félix, informó del resultado de la revisión de la cuenta pública 2019, donde aparecen los pecados que dejaron en su gestión tanto el exgobernador binacional Javier Corral, como el exalcalde Armando Cabada.
Dijo Acosta que las auditorías practicadas revelaron 60 faltas graves en el uso de los recursos públicos, así como 291 faltas no graves y 15 denuncias de hechos, ante la Fiscalía General del Estado, por constituir delitos penales.
En total se determinaron mil 471 recomendaciones, de las cuales 131 fueron para el Ejecutivo estatal de aquel momento, Javier “el mecha corta” Corral, 6 al Legislativo, 4 al Poder Judicial y mil 231 a municipios.
El auditor dijo a los diputados que, de las 15 denuncias penales, 6 corresponden a municipios que contrataron despachos para la recuperación del impuesto sobre la renta, de lo que no hay evidencia ni pruebas de que se haya realizado absolutamente nada.
Otra tiene que ver con decenas de millones de pesos relativos a la administración del ahora diputado neomorenista, Armando Cabada Alvídrez, cuando fue alcalde por segunda ocasión.
Como lo publicó Norte en su momento, el Municipio de Juárez pagó más de 41 millones de pesos a las empresas Castro Villarreal Asociados, y Consultoría Fiscal y Gubernamental G2 & Bouret, para supuestos servicios de recuperación del Impuesto Sobre la Renta y la cartera vencida del Impuesto Predial, servicios que no acreditaron.
Así lo confirma el informe del auditor superior del Estado, cuando dice a los legisladores que no existe evidencia documental del servicio que contrató Cabada. Héctor Acosta dijo que todas las irregularidades encontradas ya fueron debidamente tramitadas antes las instancias superiores correspondientes, como el Tribunal de Justicia Administrativa y la Fiscalía General del Estado.
Por lo pronto, tanto Cabada como Corral deben poner sus barbas a remojar, porque no tardan en salir las ordenes de tacos o, cuando menos, de presentación ante la Fiscalía.