Como este Mirone lo anticipó, los temores de que no se finque responsabilidad a funcionarios de primer nivel y solamente se proceda contra empleados de bajo rango en el caso del incendio en la Estación Provisional del Instituto Nacional de Migración (INM), se están sustentando.

En conferencia de prensa ofrecida la tarde del lunes, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, dio a conocer el avance de la investigación que se realiza de la tragedia que cobró la vida de 39 migrantes y tiene a otros 27 hospitalizados, 18 en estado grave, 8 delicados y 1 estable, en el INM de Ciudad Juárez.

A su vez, Sara Irene Herrerías Guerra, fiscal especializada en materia de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República (FGR), informó que por estos hechos se giraron seis órdenes de aprehensión por homicidio doloso, de las que ya ejecutaron cinco y una más está pendiente.

Destaca en la información proporcionada que las órdenes obsequiadas están dirigidas a tres empleados del INM, dos a guardias de seguridad, y quedando pendiente de cumplimentarse la del migrante señalado como el probable iniciador del incendio.

El único dato medianamente relevante dado a conocer durante la conferencia, con miras al esclarecimiento de los hechos, es el nombre de la empresa encargada de resguardar las instalaciones del INM, identificada como Grupo de Seguridad Privada Camsa.

Camsa habría obtenido un contrato por 122 millones de pesos en el 2022, por el servicio de vigilancia y seguridad al INM en 23 estados del país, contrato que será rescindido según se anunció.

A cuatro días de los lamentables acontecimientos, no se ha deslindado responsabilidad para ningún funcionario de primer nivel, bajo el argumento de que las indagatorias continúan.

Y ante estos hechos los reporteros que atendieron la conferencia ofrecida en Palacio Nacional, cuestionaron sobre la presencia de los titulares de las secretarías de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, de Gobernación, Adán Augusto López y del titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez, quienes nuevamente brillaron por su ausencia.

Fueron, de nueva cuenta las dos mujeres del Gobierno federal las que tuvieron que salir a dar la cara y hacerle frente a la crisis de carácter internacional que hoy mantiene tambaleando la credibilidad de las instituciones oficiales, ante la evasiva postura de los funcionarios de primer nivel, quienes han decidido enterrar sus cabezas como avestruces, antes que responder ante la opinión pública por tan lamentables acontecimientos.

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Tuvo que pasar una tragedia de grandes proporciones como la que hoy mantiene en luto a la comunidad internacional, tras registrarse el pasado lunes el fatal incendio que cobró la vida de 39 migrantes en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, para que la bancada del Partido Acción Nacional despertara de su letargo en el Congreso del Estado.

El fenómeno de las caravanas migratorias y la grave problemática que esta situación ha acarreado a las zonas fronterizas, pero específicamente, en el caso de Ciudad Juárez no es un tema nuevo ni oculto ante los ojos de la comunidad mundial.

La ausencia de un verdadero plan en el que se garanticen los derechos humanos de las personas en movilidad, como el apoyo al municipio para poder hacerle frente, ha sido un tema que los juarenses han reclamado desde que se dieron las grandes oleadas de extranjeros provenientes principalmente de Centro y la parte alta de Sudamérica.

Por eso hoy resulta tan increíble e indignante ver a los diputados rasgarse las vestiduras ante un problema que no han sabido atender, desde la comodidad de sus curules, donde se hacen manifestaciones en lugar de legislar.

Para lo que sí están preparados es para llevar a cabo protestas pueriles e insulsas, levantando pancartas como si fueran líderes de colonias, cuando su reclamo debería ser de más alto nivel y con magnitud superior a la enfermedad que adolece el Congreso, la de la exhortitis.

No es de extrañarse que el diputado Gabriel García Cantú, en compañía de quienes integran del Grupo Parlamentario del PAN, realizara esta mañana -sí, le atinó-, un exhorto al presidente de la República, “a fin de que asuma las atribuciones que en materia migratoria le corresponden respecto a los hechos ocurridos el pasado 27 de marzo en la Estación Migratoria del INM en Ciudad Juárez, así como para que se realice una investigación conforme a parámetros internacionales”, según se especificó a través de un comunicado oficial de la fracción albiazul.

En su exposición de motivos, manifestó que a pesar de que el Gobierno federal ha prometido dar asilo y visas de trabajo, no se han creado las condiciones para que las personas en movilidad puedan contar con tal oportunidad a su paso por nuestro país.

Además, señaló que el presupuesto asignado al INM apenas ha aumentado un 1 por ciento en 2023, a pesar de que el flujo migratorio ha aumentado en un 55 por ciento.

García Cantú aseguró que desde su bancada se han realizado varias iniciativas, acuerdos y exhortos para solicitar se destinen recursos, establecer protocolos y políticas, y atender las caravanas.

Sin embargo, no han obtenido resultados, ¿qué está fallando?

En la danza de acusaciones, el dedo apuntó hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador, de quien dijo, “ha señalado a los migrantes como los responsables del suceso, sin asumir una postura contundente para establecer líneas de acción que permitan abordar la problemática”.

Sumarse a la exigencia de justicia a más de 3 días de que aconteció la catástrofe en el INM, no habla nada bien de los legisladores locales, sobre todo cuando ya en el mundo entero se han hecho señalamientos fuertes sobre la desgracia.

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El duelo internacional por la tragedia de los migrantes en Juárez, sigue escalando a niveles de escándalo, ahora con la protesta de familiares de los agentes de migración detenidos o sujetos a investigación, que con toda razón están exigiendo que se castigue a los titulares del Instituto Nacional de Migración y a los mandos medios, que eran responsables de la operación del centro de detención.

El colmo de este reclamo fue que la hija de uno de los detenidos denunció ante la prensa local e internacional, que fue amenazada por las autoridades migratorias mexicanas para que dejara de hacer declaraciones, cuando lo que ella exige es justicia.

La incertidumbre y miedo de los familiares de empleados y oficiales del INM y de estos mismos, parte del hecho de que los cargos que les fincarán a quien resulte presunto responsable, son los de homicidio y daños en propiedad federal, que los pondrían muchos años en prisión.

Una de las personas que ha estado manifestándose en contra de lo que llamó injusticia, es la esposa de Daniel Goray, encargado de la estación migratoria escenario de la tragedia, quien por diferentes medios y redes sociales denunció la detención de su marido por homicidio.

La esposa dijo que Daniel se encontraba en su casa cuando sucedieron los hechos y no estaba en horario laboral, pero aún así fue detenido el miércoles, primero para rendir su declaración y posteriormente lo dejaron salir, solamente ejecutaron una orden de aprehensión que ya tenían preparada en su contra.

En las apariciones de ayer de otros agentes ante los medios de comunicación, defendieron su papel como oficiales de migración, varios de ellos afirmaron que nunca hubo la intención de causarle daño a los migrantes, y confirmaron lo publicado ayer por Mirone, en el sentido de que trataron de utilizar un extinguidor que estaba vacío y que solo generó una nube de humo blanco.

Las protestas porque se aplique la justicia y no se busquen chivos expiatorios en los empleados de menor rango, que solo obedecían órdenes y trabajaban en un sitio que no reunía las condiciones mínimas de seguridad, seguirán dando de qué hablar sobre las políticas públicas migratorias que matan, como lo han dicho defensores de los derechos humanos.

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La Secretaría de la Función Pública será la encargada de auditar el trabajo que el delegado federal de Bienestar en el Estado, Juan Carlos Loera, realizó, o más bien dejó de realizar, en la supervisión del funcionamiento de las estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración, particularmente el de Juárez, donde murieron 39 migrantes y 27 más resultaros gravemente heridos.

El grupo parlamentario de Morena del Senado de la República, hizo el exhorto a la secretaría federal para que inicien los procedimientos de investigación y de responsabilidad administrativa, para deslindar responsabilidades y se decreten las medidas cautelares correspondientes conforme a la ley, considerando que la delegación de Bienestar a cargo de Loera no cumplió con su obligación de supervisar las condiciones de las estaciones migratorias donde encerraban a los migrantes.

Esa omisión criminal del funcionario permitió que los mandos del INM convirtieran las estaciones de apoyo al migrante, en improvisadas cárceles donde los oficiales hacían jugosos negocios con los extranjeros detenidos.

Esa investigación de la Función Pública, pondrá al descubierto que Juan Carlos no cumplió con sus obligaciones por estar comprometido con el delegado del INM, el militar retirado Salvador González Guerrero, ya que en la dependencia trabajan parientes y su recomendado Daniel Goray, este último responsable de las celdas donde se registró el incendio y la muerte de los migrantes.

Por esa razón, no se entiende otra, Juan Carlos sintió la lumbre en los aparejos y para lavarse las manos, buscó desviar la atención de la tragedia, repartiendo culpas a las autoridades municipales y estatales, cuando todo mundo sabía que la responsabilidad por negligencia y omisiones fueron del ámbito federal, comenzando por él mismo.