No termina Mirone de asombrarse ante el cinismo que prevalece en la clase política y que se refleja y repercute en la administración pública.
Que 12 empleados puedan seguir cobrando su sueldo en la Sindicatura y no haya sanción ni para ellos ni para quienes fraudulentamente les han extendido las incapacidades médicas porque supuestamente tienen diarrea desde hace mes y medio, solo puede entenderse si hay proteccionismo y consigna de no meter orden, desde el más alto nivel del Gobierno Municipal.
Todo forma parte del mismo plan de “castigar” a la síndica Esther Mejía, quien rompió con la dirigencia de Morena y fue candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía, cuando compitió contra el hoy reelecto alcalde, Cruz Pérez Cuéllar.
La primera parte del castigo fue que la suplente, Mireya Torres, barrió con una quincena de colaboradores de Mejía. Cuando la síndica titular regresó, después de la campaña, quiso hacer lo mismo con quienes metió Mireya, pero ni siquiera los pudo ver porque se fueron de incapacidad.
Ahí está la segunda parte del castigo. Se quedó prácticamente paralizada la oficina porque doña Esther no ha podido meter a su gente y la que quería correr es protegida hasta por los médicos que, desde la Dirección de Salud Municipal, avalan las incapacidades.
En total, sin trabajar, se han llevado esas 12 personas casi 380 mil pesos de sueldo, incluyendo directores y coordinadores de área de la Sindicatura.
A la síndica Mejía de plano la ignoraron en Recursos Humanos cuando pidió las bajas del personal que metió Mireya y las altas de su propia gente.
La Contraloría Municipal no ha dicho esta boca es mía, aunque ya se hizo pública la información y nadie ha ordenado una investigación ante el manejo desaseado del personal y los recursos que son públicos.
Casi casi, le dijeron a la síndica municipal, hágale como quiera, pero el chiste es que no ha podido ordenar el desastre organizacional y financiero que, por consigna, le dejó la suplente.
Por eso insiste Mirone, hay mucho cinismo en ese hacer y deshacer en la Administración, que al fin y al cabo el dinero no es de los funcionarios públicos. Claro, son los contribuyentes los que terminan pagando siempre los errores y los revanchismos de los políticos.
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A propósito de cinismo, hubo regidores del Ayuntamiento de Juárez que no se aguantaron las ganas de presumir su viaje a Madrid, España, ese que fue pagado con recursos públicos, aunque sea bastante dudoso el objetivo de capacitación, justo cuando ya va de salida la Administración.
Al menos en sus historias, compartieron imágenes en Madrid, tanto el panista Joob Quintín Flores Silva, como el morenista Antonio Domínguez Alderete.
En el caso de Flores Silva, una captura de la publicación circuló en chats internos del PAN, donde no le fue nada bien al regidor que además busca la dirigencia del Comité Directivo Estatal que tendrá que dejar Gabo Díaz.
De por sí no trae buen ranking en el PAN por haber actuado tan condescendiente con el alcalde morenista, pues ahora le llovió por irse a gastar recursos públicos en un supuesto seminario de “Gestión Urbanística” que ya ni va a aplicar, porque dejará de ser regidor en poco más de un mes.
De hecho, en redes no aparece ningún seminario en Madrid actualmente, por lo que más bien parece que fueron al viaje para ser atendidos por autoridades de aquel Ayuntamiento, quienes les compartirán sus experiencias.
Lo que sí llamó la atención es que algunas regidoras que son bastante activas en sus redes sociales, prefirieron no publicar sobre su periplo, luego de la polémica que acá se ha generado.
Ni una fotito subieron, aunque todo comparten, personajes como la morenista Ana Carmen Estrada, la panista Austria Galindo o la regidora que ya renegó de Movimiento Ciudadano por ser seguidora de Pérez Cuéllar, Tania Maldonado, la presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano que organizó el viaje a España.
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Si bien los automovilistas que circulan en Ciudad Juárez se quejan por las malas condiciones que se topan en algunas de las vialidades de su entorno, los peatones no se quedan atrás, debido a la casi inexistente infraestructura para caminar.
Uno de los problemas más críticos es que las banquetas son utilizadas prácticamente como basurero y depósito de chatarras.
Ante señalamientos que llegaron a la Redacción de Norte Digital, Mirone se dio una vuelta por algunos de los puntos denunciados y corroboró que los espacios para caminar están invadidos por diferentes elementos que obstruyen el paso, poniendo a las personas en riesgo de una caída o hasta de un atropello, ante la necesidad de rodear el estorbo.
Por ejemplo, en una de las banquetas de la avenida Tomás Fernández personas desconocidas dejaron junto a un poste, una visible cantidad de cemento sobre el paso de peatones que se endureció en el mismo sitio, una situación muy difícil de explicar, ya que alrededor no se observan obras en construcción ni reparaciones de la infraestructura urbana.
En otro paso peatonal, ubicado sobre la avenida Antonio J. Bermúdez, fue colocado un contenedor de basura que cierra completamente el camino, por lo que los transeúntes deben bajar al carril vehicular para poder continuar su camino, poniendo en riesgo su integridad.
La situación se repite en muchas partes de la ciudad y la autoridad municipal, encargada de erradicar este tipo de malas prácticas, simplemente es omisa al respecto.
El Reglamento de Aseo y Regeneración Urbana del Municipio de Juárez establece, en su Artículo 35, la obligación para almacenar los contenedores con capacidad máxima de 200 litros, los residuos sólidos urbanos que generen y a resguardarlos en el interior de sus inmuebles.
Agrega que estas estructuras únicamente se podrán colocar en un lugar conveniente y de fácil acceso para su recolección en la vía pública, pero no a media banqueta o calle.
La problemática merece la atención de las autoridades, quienes están obligadas a vigilar que los espacios de tránsito a pie se respeten.
Sin embargo, como muchas cosas en esta ciudad, todo se deja a la buena de Dios, mientras los ciudadanos deben ejercitar sus dotes de equilibristas o toreros para evadir los inconvenientes que se encuentran en su ruta.
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El próximo viernes habrá sesión extraordinaria del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana (CCPC), para atender un tema bastante interesante.
Al mediodía, allá en las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común del Gobierno del Estado de Chihuahua, en el Edificio Héroes de la Revolución, se deberá explicar cómo el CCPC resolverá sobre una consulta pública que hace más de un año se solicitó en torno a la Plataforma Centinela, implementada por la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE).
Fue el coordinador de la bancada Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, quien solicitó la consulta, pero como fue bateada su propuesta, llevó un recurso legal hasta los tribunales federales.
Desde el 5 de junio del 2023, en sentencia al juicio promovido por Estrada, se resolvió que el Consejo Consultivo de Participación Ciudadana es el órgano facultado para resolver las controversias que se generen con la interpretación de la Ley de Participación Ciudadana, para cualquiera de los instrumentos o mecanismos que contempla.
Ese pendiente es el que deberá atender el CCPC este 26 de julio, cuando la Plataforma ya se está aplicando y ejerciendo los recursos destinados para ese fin por parte de la SSPE.
Desde que se presentó la resolución, el Consejo promovió y solicitó a Gobierno del Estado establecer lineamientos y una estructura para poder atender esta y futuras controversias.
Sin embargo, la respuesta del Ejecutivo no fue favorable. Por lo visto hay un vacío institucional que ya verá Mirone cómo se resuelve y en qué queda la sesión del viernes.