Damnificado por efectos de la naturaleza y enlutado por la acción depredadora del crimen organizado, así llegó el estado de Chihuahua al primer año de gobierno de Maru Campos, para quien, insólitamente, este aniversario fue motivo de júbilo, porque dice que ha trabajado incansablemente con su Gabinete para mejorar las condiciones de vida de los chihuahuenses.

Como no está obligada a presentar un informe formal hasta el 1 de marzo, de acuerdo con las ocurrencias legislativas vigentes, Maru hizo concha y se limitó a mandar un escueto mensaje por las redes sociales, donde no rinde cuentas, sino que se limita a celebrar sus primeros doce meses de un gobierno de bandazos, que sigue los pasos del que encabezó un incompetente Javier Corral.

Un Informe de Gobierno es, literalmente, un reporte detallado a la ciudadanía de lo que se ha hecho, de lo que no se hizo y de lo que se hará en los años que restan en la administración.

No hacerlo, escudándose en la Constitución Política del Estado, que marca la fecha hasta el inicio del segundo periodo de sesiones del Congreso, le da tiempo a la gobernadora para que encuentre algo que pueda presumir sin tener que mentir, pero también a que se le acumulen más broncas.

Si Pitágoras no estaba equivocado, 12 meses, no 15, hacen un año, y es precisamente en este período, cuando por usos y costumbres del sistema político mexicano, no por los dislates de los diputados que no hayan qué inventar para justificar sus dietas, los gobernantes deben dar un reporte del estado que guarda su administración.

Ese reporte debe ser congruente con lo que se dice y con lo que se hizo, y no un rosario de presuntas acciones positivas que no se ven por ningún lado.

En el caso del primer año de Maru, sus creativos asesores innovaron el formato, para que fuesen los integrantes del Gabinete los que rindieran mini-informes y Maru se limitara a dar un mensaje optimista, pintando al estado color de rosa.

Los genios del Gobierno marucampista quisieron romper con paradigmas, tal y como lo hizo Enrique Peña Nieto en el 2016, cuando en vez de dar un discurso montó una coreografía en Palacio Nacional con 350 estudiantes paleros, que le hicieron preguntas controladas, que habían sido previamente acordadas.

Peña Nieto lo hizo supuestamente para cambiar el monólogo por el diálogo, y lo que le resultó fue un catálogo de críticas y burlas.

En el caso de Maru Campos, lo hizo para no exponerse y mandó a sus secretarios, para que fueran estos los que le salieran al toro y rindieran sus “mini-informes”, a través de las redes sociales del Gobierno del Estado.

Pues el resultado no fue el esperado, porque la gente los ignoró, pues hasta ayer sábado el video acumulaba 4 mil reproducciones. Es decir, que ni los militantes panistas del estado lo vieron, ni sus dirigentes estatales se molestaron en transmitirlo en sus sitios oficiales.

Si la información de interés público que presenta un gobernante, en el formato que desee, no despierta la atención de la ciudadanía ni pagando por su difusión, entonces debe preocuparse y en serio, porque esto solo denota una gran desconfianza y, por lo tanto, una profunda falta de credibilidad.

Pero, más allá de formatos y fechas para cumplir con el mandato constitucional, el tener acceso a la información de su Gobierno es un derecho de los ciudadanos a recibir tales datos, y una obligación del gobernante de informar con honestidad, lo que están haciendo con los recursos públicos.

Por lo mismo, nada justifica que Maru y su equipo hayan simulado la rendición de un “informe” que no informa, que no justifica ni explica ante la ciudadanía las decisiones que se tomaron a lo largo de 12 meses, ni el gasto de los recursos presupuestados para lograr tan pobres resultados en todos los campos de su administración.

De esta manera, el simulacro de rendición de cuentas del primer año quedó en entredicho, pues no muestra beneficios tangibles en la entidad, la que se mantiene bajo fuego de la delincuencia y a merced de las contingencias climáticas.

Si lo que tenían que informar Maru y su equipo, sobre las dinámicas y complicaciones en las que está inmersa la entidad y las acciones que se han hecho para corregirlas, se convirtió en un burdo reporte de cuentas alegres, donde presumen avances que no se ven por ningún lado, ya podemos imaginar el contenido del que presentará en marzo próximo.

El Congreso, que debiera ser responsable en su papel de contrapeso para cuestionar y sancionar lo que se ha hecho mal o se ha dejado de hacer, ha sido hasta ahora complaciente y aplaudidor, cuando su obligación es poner límites a los malos resultados, obtenidos por peores políticas públicas.

Esas políticas erradas, que se materializan principalmente en falta de obra pública, de programas efectivos de desarrollo social, pero principalmente en inseguridad, fueron omitidas deliberadamente en los mentados mini-informes del Gabinete, y todo para decir que sus gestiones van por el camino correcto.

Si el reclamo más sentido de los chihuahuenses ha sido por años la falta de seguridad pública y la impunidad que cobija a los delincuentes organizados y no organizados, resulta una aberración y una falta de respeto a la gente, que el secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya, haya salido a informar que logró disminuir en un año el índice de homicidios dolosos hasta en un 25 por ciento.

Si contrastamos los dichos con los hechos, solamente de lo que ha ocurrido en materia de seguridad pública del 8 septiembre de 2021, al mismo día de este año, nada más en Juárez tuvimos 1372 homicidios intencionales.

De esta espantosa cifra, 48 muertos corresponden a 12 masacres o crímenes de alto impacto ocurridos a lo largo del primer semestre, sin contar las 11 víctimas inocentes del “jueves negro” del 11 de agosto en Juárez.

¿Cómo puede presumir entonces estadísticas a la baja, cuando las calles de Juárez se siguen tiñendo de sangre y sus policías estatales siguen en plan de turistas, mientras que los ministeriales alimentan todos los días la impunidad, con su ineptitud?

Por otro lado, nada justifica tampoco que lancen las campanas al vuelo y que canten victoria, cuando el estado está inundado y no hay respuesta a la ayuda que claman miles de chihuahuenses que perdieron vivienda, muebles y cultivos.

La tragedia más reciente ocurrida en Villa Ahumada puso al descubierto viejos vicios que se siguen tolerando en el servicio de autotransporte de carga en las carreteras de Chihuahua.

El hecho de que el chofer responsable del accidente, condujera su tráiler intoxicado, con sobrecarga y a velocidad excesiva cuando entró al poblado, es responsabilidad de la federación, pero también de la autoridad estatal, porque ocurrió en la zona urbana, donde su Policía Vial tiene el control.

Nada de eso se mencionó en el mini-informe, como tampoco se dijo nada de las irregularidades detectadas en los Colegios de Bachilleres con la venta de uniformes y la concesión de las cafeterías, el ahora famoso Cobach-gate.

Y qué decir del sistema de transporte de Juárez que sigue sin funcionar, y de la asignación directa a Seguritech, una empresa chilanga, de la obra de la Torre Centinela por 200 millones de dólares, que todavía no comienzan, pero ya la presumen como la panacea de todos nuestros males.

Sería imposible enumerar todas las calamidades que padecen los chihuahuenses en los cuatro puntos cardinales del Estado Grande, y que fueron ignoradas por los secretarios y su jefa, aprovechando que la ley no los obliga todavía a rendir cuentas con los anexos estadísticos, gráficos y financieros que comprueben lo que hicieron y evidencien lo que dejaron de hacer.

Si para este Gobierno la rendición de cuentas es, como lo demostraron, una simple simulación, palabrería sin mayor trascendencia, habrá que pedirles a los diputados que no tienen el fierro del estado una compulsa entre lo que se dijo y se hizo realmente.

La obligación de informar con la verdad a la ciudadanía, en tiempo y forma, debe ser una práctica respetada, independientemente de los tiempos convenencieros que les marque la agenda oficial para librarlos de lo que no cumplieron o hicieron mal.

La falta de vigilancia y revisión de todas las buenas obras y acciones que presumen, será otro insulto más a la inteligencia de los chihuahuenses y estará demostrando, que cuando estábamos peor, estábamos mejor. Así de simple.