¿Será por fin que el llevado, traído y a más no poder retrasado y cada vez más costoso proyecto del Banco de Alimentos de la Fundación del Empresariado Chihuahuense (Fechac) en Ciudad Juárez, pueda por fin comenzar a funcionar en este 2023?

¿Será por fin que este proyecto que lleva más de seis años de retraso, 80 o más millones de pesos gastados, una serie de conflictos legales y de interés, y diversas irregularidades puestas en evidencia por la Auditoría Superior del Estado pueda por fin cumplir con el objetivo para el que fue concebido?

Parece ser ese uno de los objetivos principales que para este año tiene en agenda la flamante directiva elegida apenas el pasado 13 de diciembre, que quedó a cargo del empresario inmobiliario y restaurantero Juan Carlos Orrantia, todavía acompañado en el relevo hasta el próximo mes de marzo por el ahora expresidente Gilberto Cueva Pizarro.

Como dijo alguna vez cierto mandatario federal “haiga sido por lo que haiga sido” Cueva Pizarro nomás no pudo, no supo o de plano ya no quiso resolver el nudo giordano en que se convirtió tan noble proyecto que -insistimos-, se caracterizó por un sinfín de chuequeces y conflictos de interés que salpicó al ahora expresidente y al menos a dos consejeros señalados por conflictos de interés, y que a diferencia del desarrollado en tan sólo dos años en la capital del estado, sigue durmiendo el sueño de los justos en esta frontera.

Por los mironianos corrillos se dice y se comenta que una de las razones del retraso en su construcción fue la mala y discrecional elección para hacerse cargo del proyecto de la empresa “Urbanizaciones y Construcciones BCH, SA de CV.”, del empresario constructor Gerardo Bonilla.

Dicen, comentan, afirman mironianas voces de inconformes extrabajadores que este empresario, que ahora lleva un proceso legal contra la Fechac por la controversia derivada de la cancelación del mencionado contrato de construcción, se valió de los anticipos que le fueron entregados, para solventar los retrasos que ya venía arrastrando en otro proyecto a su cargo.

Dicho proyecto no era otro que la construcción del famoso “Puente Eterno”, obra que le fue licitada por el Gobierno del Estado mucho tiempo antes, y con el cual ya enfrentaba rezagos.

A Mirone le llegó el comentario de tales exempleados de que otra de las prácticas que tiene esta empresa es contratar menos personal del necesario para un proyecto con el fin de reducir costos, pero incrementando a la vez el tiempo estimado para los avances que se proyectan en un plazo específico.

Pero que muchas veces la cartera (o las ganas) no le alcanzan para pagar en tiempo y en forma al personal contratado, por lo que frecuentemente enfrenta las renuncias, abandonos o boicots de sus trabajadores, lo que se traduce en mayores retrasos de avance de obra.

Como quien dice, Bonilla se dedicó a cavar unos hoyos para tapar otros, con tan mala suerte que la tierra no le alcanzó para salir del paso con ambos proyectos, pero sí para aventarla a la entonces directiva de Fechac.

Mironianas fuentes afirman que el expresidente de la Fechac no quería -por vaya usted a saber qué razones- pero se vio obligado a cancelar el contrato “a destiempo” y a regañadientes, y a demandar a Bonilla.

Todo esto mientras la Auditoría Superior del Estado llevaba a cabo la auditoría forense a la Cuenta Pública de la Fechac, donde se incluía una revisión del proyecto de construcción del Banco de Alimentos que, para finales de 2021, revelaba a detalle en el correspondiente informe, la serie de irregularidades detectadas y dadas a conocer por este medio, referentes a tan noble y tan retrasado proyecto.

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No todo está perdido en materia de cumplimiento del Estado al mandato constitucional que desde el 2020 reconoce el derecho humano de las personas a la movilidad libre, segura y universal.

La eterna construcción de la Ruta Troncal 2, la desactivación de la Ruta Troncal Presidencia-Tierra Nueva y el desdén oficial por la ciclovía, que debería articularse con el sistema de transporte de la ciudad, por mandato de la Carta Magna deberían estar en primerísimo lugar en la jerarquía de la movilidad.

El panorama parece desalentador, pero al mismo tiempo nos deja ver la posibilidad de un mejor escenario para el año que recién empieza.

Tal reivindicación apela a los funcionarios de los tres niveles de gobierno que juraron cumplir y hacer cumplir la ley.

La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial pone a los peatones en el primer sitio en la implementación de políticas públicas desde una perspectiva inclusiva, seguida de la movilidad ciclista, luego los proyectos orientados a los usuarios de transporte público, a la logística de mercancías y al final a las personas que viajan en vehículos particulares.

El Congreso de Chihuahua desde el 28 de mayo de 2022, mantiene en stand by la aprobación de la iniciativa para la promulgación de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial.

En este estado de cosas, el Ayuntamiento juarense convocó a la participación ciudadana, el lunes 13 y martes 14 de enero de 2023, para el seguimiento a los trabajos de consulta del anteproyecto de Movilidad Seguridad Vial y su armonización con la Ley General.

El Plan Municipal de Desarrollo de la administración 2021-2024, reconoce a la movilidad urbana como un pilar del orden territorial y urbano.

En respuesta a estas necesidades que demandan los nuevos tiempos y las necesidades de la población, el Cabildo aprobó el Presupuesto de Egresos del Municipio de Juárez 2023, con un destino de 500 millones de pesos para la construcción y reparación de vialidades.

El gasto que entrará en vigor este 2023 será de 40 millones más para proyectos de accesibilidad de movilidad universal, para el financiamiento de cinco proyectos de infraestructura y equipamiento urbano para la construcción de banquetas, cruces peatonales y alumbrado con un enfoque de seguridad, inclusión universal y género.

Estas acciones responden a las urgentes demandas de las organizaciones sociales de mejorar la seguridad en las vías públicas, pues el año pasado 51 personas murieron atropelladas en las calles de la ciudad.

El papel que han jugado los actores relevantes para la modernización del sistema de transporte en la ciudad, tiene una trayectoria de al menos 20 años desde que en el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), desarrollaron el primer proyecto de transporte semimasivo para la ciudad.

Las demandas y las respuestas fallidas de los actores responsables del diseño e implementación de las políticas públicas de movilidad son históricas y los juarenses hemos dado cuenta de sus desastrosos y resultados y también de sus titubeantes avances.

Son muchos los errores y algunos aciertos, incluso puede considerarse que se propusieron impresionantes ideas de avanzada que en los hechos se convirtieron en fracasos como la Ruta Troncal 2 que en otras ciudades del país resulta ser un modelo exitoso.

El 2022 fue un camino de luces y sombras del cual podemos considerar que como gobierno- sociedad avanzamos y retrocedimos por capricho, por fobias, por incapacidad o por intereses partidistas.

De cualquier manera salta a la vista que los actuales actores del Gobierno, los empresarios y las organizaciones de la sociedad civil, tienen en sus manos muchas ventanas de oportunidad para la solución de una problemática social compleja.

En los próximos años veremos su capacidad para responder a las urgentes demandas de los juarenses que están a favor de una movilidad que adopte las mejores prácticas políticas, proyectos y programas que respondan al derecho inalienable de libre tránsito, eficiente y seguro, largamente postergado.

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Numerosos medios internacionales dieron amplia difusión a la captura del presunto narcotraficante Ovidio Guzmán, pero también destacaron la localización y muerte del peligroso criminal Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, alias “Neto”.

“Matan a El Neto en un enfrentamiento con las autoridades en Ciudad Juárez”, publicó el medio español El País; mientras que el influyente periódico alemán DW cabeceó la nota: “Capturan a hijo de El Chapo y dan de baja a El Neto”.

La noticia principal fue en todos los medios nacionales e internacionales, la recaptura del hijo del dueño del cartel de Sinaloa, pero varios de los más importantes como el New York Times, Bloomberg, la radio francesa RFI, CNN y la televisión inglesa BBC, le dieron también espacio a la muerte del líder criminal de los Mexicles, por la trascendencia que tuvo el sangriento asalto al penal.

Otros medios de Centro y Sudamérica, como Prensa Libre, de Guatemala; Monterrio Noticias, de República Dominicana; La Prensa, de Honduras y la agencia argentina Infobae, tuvieron también cobertura al caso, desde que se registró la fuga hasta la muerte del pandillero.

La noticia en medios extranjeros reviste importancia, porque Juárez no debe ser vista únicamente como escenario de noticias sobre violencia, crimen y narcos, sino como una comunidad donde las autoridades también dan resultados en el combate al crimen organizado. Ahora que ya dieron el primer paso, no se vale recular. 

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Por primera vez, lo niños mayores de 6 años de edad podrán participar este año en la elección de los proyectos de los presupuestos participativos, que se someterán a consulta en la ciudad de Chihuahua el próximo 15 de enero.

La invitación a que participen los menores la está haciendo la regidora presidenta de la comisión de educación del ayuntamiento capitalino, Diana Azucena Acosta López, y ha despertado el interés de muchos padres de familia para que sus hijos acudan a los centros de votación y elijan proyectos que benefician a este sector de la población, que generalmente no es consultado para la realización de obras públicas.

En la capital del estado, son 300 los proyectos que han sido definidos como prioritarios para ser realizados con el presupuesto participativo, donde se incluyen canchas deportivas, techumbres en escuelas, rehabilitación de parques, pavimentación de calles y mejoramiento de alumbrado público, entre otros.

Los menores que acudan a votar deberán presentar únicamente su Clave Única de Registro de Población (CURP) y ser acompañados por un adulto.

La apertura de este programa a los niños, sentará sin duda, un precedente para todo el estado, porque generalmente no son considerados en la elaboración de las políticas públicas enfocadas a este sector.