“Los tenemos identificados”, espetó la síndica a los ciudadanos el pasado martes. Así empezó todo.

No fue una frase lanzada al aire ni un comentario marginal. Ocurrió en una sesión previa de Cabildo, en voz alta y con destinatario claro: personas y organizaciones que asisten a comisiones, que preguntan, que incomodan, que ejercen el derecho a participar.

La síndica Ana Estrada no habló en abstracto; habló desde el poder y sobre ciudadanos concretos.

Pero antes de ella, el secretario del Ayuntamiento, Héctor Ortiz Orpinel, ya había marcado el tono. Dijo que “siempre son los mismos”, que son pocos, que incluso tiene fotografías de quienes asisten. La síndica remató: están identificados, se sabe quiénes son, a qué pertenecen y por qué reclaman. No hizo falta agregar nada más.

El desdén terminó en reclamo público. La síndica Ana Estrada, y el secretario del Ayuntamiento, Héctor Ortiz Orpinel, fueron encarados ayer por organizaciones de la sociedad civil en la primera sesión del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana, luego de los comentarios que ambos hicieron —con tono político y señales de amago— en la reunión previa al Cabildo.

Lo que detonó la molestia no fue solo la grilla partidista, sino la percepción de intimidación y desprecio hacia quienes, desde la ciudadanía organizada, exigen algo básico: que se respete la Ley de Participación Ciudadana y que no se obstruya el trabajo de las comisiones públicas.

El martes pasado, durante asuntos generales en la sesión previa de Cabildo, el regidor y coordinador de la Comisión de Participación Ciudadana, Alejandro Jiménez, expuso una serie de inquietudes recogidas en esa comisión.

El señalamiento fue puntual: se incumple la reglamentación y se limita la participación ciudadana cuando no se notifican en tiempo y forma las sesiones de las comisiones edilicias, impidiendo que personas y organizaciones puedan asistir, opinar y dar seguimiento a los temas de su interés.

No se trata de un reclamo aislado. Desde hace tiempo, organizaciones de la sociedad civil vienen denunciando opacidad, incumplimiento sistemático en el trabajo de comisiones y desdén hacia los mecanismos que establece la Ley de Participación Ciudadana. En pocas palabras, consideran que la administración —con la ayuda de varios regidores— desalienta la participación ciudadana, salvo cuando se trata del Presupuesto Participativo.

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El conflicto escaló cuando la síndica y el secretario, ambos de filiación guinda, se engancharon en la grilla partidista contra el regidor blanquiazul y descalificaron el trabajo de quienes desde la sociedad civil dan seguimiento a comisiones que, por ley, son públicas.

Para quienes integran y acompañan estos procesos, ese discurso no solo es falso, sino ofensivo y contrario al espíritu de la ley.

Pero el malestar no se quedó en el desdén.

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Desde la perspectiva de las organizaciones que participaron en el Consejo Consultivo, lo más grave fue el tono de amenaza, en los que se afirmó que “los tienen identificados”, que saben “quiénes son, a qué pertenecen, cómo y a dónde”, y por qué sostienen ciertos posicionamientos y reclamos.

Incluso, se dijo en la sesión que el propio secretario del Ayuntamiento afirmó que se contaba con fotografías de los participantes.

Eso encendió todas las alertas. Consejeros y representantes de organizaciones calificaron esas expresiones como desafortunadas, delicadas, innecesarias e inapropiadas, y solicitaron formalmente un análisis técnico y un posicionamiento del Consejo Consultivo, petición que fue admitida.

La tensión obligó a una rectificación. La directora del Instituto Municipal de las Mujeres y representante del alcalde, Elvira Urrutia, ofreció una disculpa pública a nombre del presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar. Posteriormente, el director de Participación Ciudadana, Sebastián Aguilera, hizo lo propio.

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Una cosa es debatir la eficacia de los mecanismos de participación y otra muy distinta es sugerir vigilancia sobre quienes los usan. Cuando un funcionario habla de identificar ciudadanos, no está describiendo un fenómeno: está ejerciendo poder. Y ese poder, en democracia, tiene límites muy claros.

Ayer, las organizaciones no reaccionaron con estridencia. Hicieron lo que corresponde: documentaron, citaron textualmente ante el Consejo Consultivo de Participación Ciudadana. Las preguntas que plantearon no son retóricas ni exageradas:
¿Quién identifica? ¿Con qué facultades? ¿Para qué se toman fotografías? ¿Desde cuándo participar implica ser observado?

El contexto vuelve más delicado el episodio. La participación ciudadana en Juárez no es fácil. Sesiones en horarios laborales, avisos tardíos, aforos limitados, reglas poco claras y una cultura administrativa que tolera la participación solo cuando no incomoda. En ese escenario, decir que “la gente no participa” resulta cómodo; decir que quienes sí lo hacen están “identificados” resulta más que peligroso.

Porque el mensaje no va dirigido solo a quienes ya están organizados, sino a quienes miran desde fuera: ciudadanos sin respaldo político, sin estructura, sin tiempo. El mensaje es más que claro: mejor no te metas.

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Por eso la reacción de los ciudadanos fue dura. Por eso se habló de capacitación en derechos de participación ciudadana. Por eso alguien puso sobre la mesa la posibilidad de activar mecanismos de protección. No porque haya paranoia, sino porque la historia enseña que cuando el poder empieza a contar, clasificar y fotografiar a quien cuestiona, el siguiente paso jamás será inocente.

Las disculpas llegaron —hay que decirlo—, junto con promesas de análisis y seguimiento.

El problema no es solo lo que se dijo, sino lo que revela respecto a la concepción de la participación ciudadana desde el poder, como una molestia recurrente y no como un contrapeso legítimo.

La síndica y el secretario no son actores secundarios ni improvisados. Son responsables de cuidar la legalidad y la administración pública. Cuando desde esos cargos se normaliza un discurso de identificación y descalificación, la exigencia ciudadana no es exagerada: es más que obligada, porque la participación no es un privilegio, sino un derecho que está garantizado.

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La opacidad volvió a meter ruido en el Tribunal Superior de Justicia, ¡válgame Dios!. Lo que pintaba para ser un simple trámite presupuestal terminó convertido en un nuevo episodio de desencuentros internos, al grado de que el punto central de la sesión plenaria extraordinaria tuvo que bajarse del orden del día para evitar una exhibición pública por la falta de información sobre el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia.

A Mirone le cuentan que siguen los desencuentros al interior del Poder Judicial, particularmente en el Tribunal Superior, que ayer celebró sesión plenaria extraordinaria.

No se planchó debidamente el tema del Proyecto de Presupuesto del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia y tuvo que bajarse del orden del día. Prácticamente para eso era la sesión extraordinaria, pero se debió cancelar el tema.

Nos dicen que, de no haberse hecho así, la magistrada presidenta, Marcela Herrera Sandoval, se habría expuesto a otra desconocida —o exhibida— por parte de quienes estaban inconformes con la falta de transparencia en torno al mentado Fondo Auxiliar. Como suele pasar, el pleito siempre está donde hay manejo presupuestal.

No tuvieron la información o la tuvieron incompleta y, seguramente, las diferencias habrían quedado expuestas públicamente. Así que mejor bye bye y todo quedó, aquí no ha pasado nada.

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Oficialmente, la presidenta justificó el retiro del punto con una frase de manual: que hacía falta un “mayor y mejor análisis” del proyecto antes de someterlo a votación. Traducción libre —y bastante compartida en los pasillos—: el tema no estaba amarrado y el riesgo de una exhibición pública era real, quizá innecesaria.

El cambio en el orden del día pasó sin sobresaltos. Se aprobó por mayoría, con una sola voz en contra: la de la magistrada Elvia Mariela Salvador Navejas. Un voto aislado, sí, pero suficiente para dejar constancia de que no todos estaban cómodos con bajar el telón tan rápido.

Con el Fondo Auxiliar congelado —y el tema incómodo guardado en el cajón—, el pleno se quedó con un solo asunto para votar: autorizar la promoción de una controversia constitucional contra el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), acusado de invadir esferas competenciales del propio Tribunal Superior.

En la sesión extraordinaria no se explicó el fondo del conflicto. No hubo detalles ni contexto. Pero supo este Don que el origen del choque está en un terreno siempre delicado: la rescisión de contratos de servicios y obra pública, un ámbito que el Poder Judicial considera propio y no negociable.

El caso concreto es revelador. Una empresa inconforme por la rescisión de un contrato decretada por el entonces Consejo de la Judicatura —el que desapareció para dar paso al Tribunal de Disciplina Judicial— promovió un juicio de nulidad ante el TEJA. El tribunal administrativo le abrió la puerta y, para el Tribunal Superior, ahí fue donde se cruzó una línea que no debía cruzarse.

En el papel, el Tribunal Superior parece llevar las de ganar. Hay jurisprudencia que limita al TEJA a conocer únicamente de contratos del Poder Ejecutivo. Pero, como suele pasar cuando las instituciones se miden entre sí, la última palabra la tendrá la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y esa historia todavía está por escribirse.

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A este Mirone le vinieron a contar que, en días pasados, llegó a Ciudad Juárez un tráiler cargado, cargado… ¿de qué cree? De libros.

Por la época del año en la que estamos, es fácil descartar que se trate de la distribución de los libros de texto gratuitos que reparte la SEP, muy a pesar del Gobierno del Estado. Y, hasta donde se sabe, ni Stephen King, ni J.K. Rowling, ni George R. R. Martin —tres de los mejores “vendedores” de libros del planeta— han sacado obra nueva en fechas recientes.

Entonces, ¿qué libro requiere un traslado de esas magnitudes, como para llegar hasta la frontera en una cantidad pocas veces vista en la industria y el mercado editorial?

Ya lo dijimos: no es una nueva entrega de Harry Potter, ni la continuación de Juego de Tronos. Tampoco es una saga —¡ya párenle, por favor!— de Crepúsculo ni del terrorífico payaso de It. No. Todos esos juntos apenas si le llegan, en tiraje, ventas, demanda y, sobre todo, distribución entre actores de la clase política nacional.

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Según los chismosos que llegaron con el mitote a Mirone, el tráiler del que hablamos venía cargado, cargado de… Grandeza. Sí, en mayúsculas, porque para el caso es nombre propio: Grandeza, la más reciente entrega editorial del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El libro tuvo una presentación singular: fue el 5 de diciembre de 2025, un año y tres meses después de haber entregado la silla presidencial a Claudia Sheinbaum, en “La Chingada”, como él mismo dice que se llama el rancho ubicado en Palenque, Chiapas, a donde se retiró tras ejercer el cargo que buscó durante 12 años.

Tal vez el lector recuerde que el autor, sentado cómodamente en una de esas sillas tipo equipal, en el porche de su casa de campo, rodeado de pavorreales, con el libro —de más de 630 páginas— en la mano, se tomó todo el tiempo del mundo para exponer su obra y explicar por qué era importante hablar del tema: las culturas prehispánicas del sureste de México.

En presentaciones públicas, el propio autor ha señalado que Grandeza es una reflexión sobre la identidad mexicana y el llamado “México profundo”, con énfasis en culturas originarias tradicionalmente ignoradas por las narrativas dominantes.

Sin embargo, otras voces de la intelectualidad mexicana, como el escritor Jorge Volpi, han calificado la obra como más ideológica que histórica; además, se ha cuestionado el rigor histórico y académico de Grandeza, de López Obrador (ojo con la coma).

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Contrario a lo que muchos pensaron en un inicio, la obra tuvo una recepción más que aceptable en el mercado librero: fue uno de los títulos más vendidos en la FIL de Guadalajara y los pedidos a través de Amazon y otras plataformas han tenido buena demanda.

Que un político escriba un libro y se lo compren está bien. Lo que causó escozor fueron los 17 mil 500 ejemplares adquiridos desde el Senado para repartirlos entre legisladores de Morena y que estos, a su vez, distribuyeran entre simpatizantes y militantes de la 4T.

Según diversas fuentes, el costo de esa compra rondó entre los dos y los 4.6 millones de pesos. ¿Quién los pagó, los senadores de Morena, de su bolsa, o el Senado? Hasta ahora, nadie contesta esa pregunta.

Mientras averiguamos y tratamos de responder la pregunta filosófica de Chico Che —¿“quién pompó”?—, el pedido de libros ya llegó a Juárez. Los chismosones cercanos a Mirone cuentan que se repartirán entre legisladores federales y locales de la 4T para que los distribuyan. La versión tiene sentido, pues las grandes cadenas de librerías ya habían hecho su compra desde la Ciudad de México.