El tiradero de cuerpos por toda la ciudad es estrujante. Este año se ha mantenido el promedio de 3 homicidios dolosos por día. Se ejecutan prácticamente en todos los puntos geográficos y generalmente en la vía pública. Calles, estacionamientos, lotes baldíos, además del interior de varios domicilios se han pintado de muerte.

Desde el 2018, el registro de cada año supera los mil homicidios. Fueron mil 245 ese año, luego subió a mil 499 en 2019 y llegó hasta mil 637 en el 2020. El indicador bajó un poco en el 2021, con mil 422 y todavía más en el 2022, con mil 048 casos.

Con el medio centenar de homicidios en el primer tercio de este noviembre, se superaron ya los mil homicidios, por lo que, con poco menos de dos meses pendientes, el 2023 terminará superando en su cifra roja, el registro del año anterior.

De poco ha servido que se haya instalado en Juárez la sede de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, o que la Guardia Nacional (GN) despliegue aquí sus cuarteles, para apoyar las tareas de seguridad que además consumen también los mayores presupuestos municipales.

Los gastos son millonarios y los resultados pobres. Los juarenses terminan pagando triple. Y pese a que son sus recursos los que mantienen la operación y presencia policial, tampoco se salvan de pagar la factura como víctimas, cuando fallan los esfuerzos de contención de la violencia criminal.

En el caso de la Guardia Nacional, desde 2019, se han invertido cuantiosos recursos públicos para incidir a la baja en las cifras de los delitos, principalmente los de mayor impacto, como los homicidios. Pero lo que dicen los datos que se materializan hoy con violencia criminal y temor en los espacios públicos y privados, es que la inversión no ha fructificado.

Luego de la desintegración de la Policía Federal y la habilitación en 2019 de la GN como fuerza policial preventiva, al estado de Chihuahua arribaron los primeros mil elementos, de los cuales unos 120 se asignaron inicialmente a Juárez. Después fue subiendo la cifra, hasta llegar a mil 500, los que se han mantenido como presencia regular este año.

El gasto para la ciudad sube, pero las cifras de homicidios no bajan, al menos sustancialmente.

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El Gobierno Municipal donó tres predios para igual número de cuarteles de la GN. Uno en la zona de Anapra, al norponiente de la ciudad, otro al sur, sobre la calle Enrique Pinocelli y otro más al suroriente, junto al fraccionamiento Sierra Vista.

El costo estimado de cada uno de las instalaciones es de 26 millones de pesos, por lo que el total invertido sería de 78 millones.

Aparte, la Sedena informó este año que construye un cuarto cuartel para albergar a unos 600 elementos de la GN, al interior de los terrenos del Noveno Regimiento de Caballería Motorizado (RCM).

Para esa construcción, se aprobó en la sesión ordinaria de Cabildo número 30, un subsidio en favor de la Sedena por la cantidad de 4 millones 439 mil pesos.

El Gobierno local también ha pagado por la gasolina para los patrullajes. Hay cálculos de un gasto mínimo mensual de 100 mil pesos.

Además hay inversión privada no cuantificada. Por ejemplo, un empresario facilitó a la GN sin costo alguno, un edificio con servicios ubicado en el área del Pronaf.

Los agentes también utilizan espacios municipales, como la Academia de Policía, un gimnasio y un centro recreativo.

En cuanto a alimentación, se estima que en cada uno de los mil 500 elementos se gastan al menos 60 pesos diarios, lo que multiplicado por 365 días del año, arroja una cifra de 32 millones 850 mil pesos.

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En el orden estatal también hay indicadores de inversión que se han disparado en materia de seguridad pública, sin que se tenga un impacto claro en la contención de los homicidios, particularmente en Juárez.

Gran parte de los 2 mil 890 millones 956 mil 739 pesos que fueron presupuestados para el 2023 en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), tienen que ver con su despliegue en Ciudad Juárez como sede de la dependencia. También está el proyecto insignia de la administración, la Plataforma Centinela, a la que se le destinan inversiones anuales superiores a los 900 millones para pagar al final de la administración entre 4 mil 200 y 4 mil 700 millones de pesos por toda la infraestructura y sus edificaciones, incluyendo la Torre Centinela que ya se construye en esta frontera.

En este 2023, la SSPE presupuestó además 294 millones 857 mil 143 pesos para la renta de patrullas, las cuales registran su mayor despliegue en Juárez, por ser la ciudad con mayor extensión territorial y población de todo el estado.

Otro 9 millones 620 mil 541 pesos se reservaron este año nada más para pagar la renta de 6 vehículos blindados para la operación y resguardo de toda la Plataforma Centinela, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos 2023.

En el plano municipal, la Secretaría de Seguridad Pública es la dependencia a la que se le destinan los mayores recursos. Para este año se le aprobó un presupuesto de mil 431 millones 281 mil 107 pesos. Casi dos terceras partes de ese recurso se destina al gasto operativo de combate al delito y faltas administrativas.

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Lamentablemente, aunque el gasto en seguridad se incrementa y absorbe grandes presupuestos públicos, la ciudad permanece como epicentro de la violencia criminal en el estado y como una de las urbes con mayor tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes en todo el país y en el mundo.

Con los 94 homicidios registrados en octubre, tres por día, Juárez tuvo más del doble que la suma de Chihuahua y Cuauhtémoc, los otros dos municipios más violentos de la entidad, donde se presentaron 31 y 8 casos, respectivamente.

Como va el mes de noviembre, con una racha violenta que ya ronda el medio centenar en apenas 12 días, podrían superarse los picos más altos del año que llegaron a 119 casos en marzo.

No se ha logrado sostener una incidencia menor a los 100 homicidios al mes, cifra que desde hace varios años se fijó como meta en la Mesa de Seguridad y Justicia.

Los números de ese delito en Juárez, sumados a las que se han registrado en Chihuahua capital, se reflejan en los comparativos entre estados que realizada el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, Chihuahua ocupa el quinto lugar nacional, con 40.89. Solo lo superan Colima, con un 81.39, Morelos con 50.44, Baja California, con 47.66 y Zacatecas, con 46.59.

En cifras totales, Chihuahua es el número tres, con mil 341 casos registrados de enero a septiembre, únicamente por debajo de Morelos, que a la fecha de ese corte llevaba mil 756 y Guanajuato, que superó los dos mil homicidios.

Por lo que en Juárez ve y padece su población cotidianamente, ni la inversión ha dado los resultados esperados, ni la coordinación interinstitucional ha sido lo efectiva que debería de ser.

Después del tsunami de violencia que azotó Juárez al arranque del mes, la Fiscalía General del Estado reportó un fuerte golpe contra los generadores de violencia. En un operativo de la Agencia Estatal de Investigaciones, 11 integrantes de un grupo vinculado con al menos 40 homicidios fue detenido durante el velatorio de un presunto líder criminal.

Lo dijo el fiscal César Jáuregui. No hay otra fórmula para frenar los homicidios dolosos, se debe de detener a los responsables. Habrá que ver todavía si se arma una carpeta de investigación verdaderamente robusta, que le cierre el paso a la impunidad.

Sin embargo, lo que está en duda es la coordinación y la suma de voluntades de todas las corporaciones vinculadas a la prevención del delito y al combate de los criminales.

¿Cuántas detenciones reporta la Guardia Nacional? ¿Acaso no amerita esta cresta de criminalidad un operativo especial de la Sedena o de la Marina? ¿Hasta cuándo actuará contra el crimen organizado la Fiscalía General de la República? ¿Seguirá la ciudad soportando un gasto de una Guardia Nacional que ni siquiera ofrece resultados?

Las corporaciones locales también le quedan a deber a Juárez. ¿Qué han logrado juntas las Policías Estale y Municipal más allá de engordar el gasto público? ¿Hasta cuándo seguirán operando por separado las plataformas que ya tienen saturadas de cámaras de videovigilancia la ciudad sin que ello inhiba la criminalidad?

Si los resultados fueran directamente proporcionales a los niveles de inversión pública para proyectos de seguridad, o se midiera la efectividad de las corporaciones por la cantidad de veces que sus titulares se reúnen en torno a la Mesa de Seguridad, Juárez no estaría ya en el ranking de la criminalidad.