En el Gobierno de Chihuahua hay mucha simulación y dobles discursos.

Hoy nos ocupa uno de los múltiples casos que se pueden documentar para mostrar que una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace.

Es lamentable que ello ocurra en temas tan sensibles y fundamentales como el combate a la corrupción y la participación ciudadana.

En su calidad de “presidenciable”, Maru Campos se presentó en el evento panista de hace una semana en la Ciudad de México y repitió varias veces que la única manera de “salir adelante” en el combate a la corrupción, con su respectivo diseño e implementación de políticas públicas, es en alianza con la sociedad civil organizada.

“Así caminamos todos y logramos que las cosas sucedan; y dejar un mensaje allá afuera, que sí hay de otra”, remató sobre la participación ciudadana, al responder una pregunta de los participantes que le pidió hablar de acciones concretas para “eliminar a los reyes del cash”, en alusión a la forma en que se pueden saquear las arcas públicas, como ya se anunció que se expone en el libro de Elena Chávez sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador y su equipo cercano.

Y aunque le pidieron enumerar acciones concretas contra las tramas de corrupción que pueden armarse desde el Gobierno, no detalló alguna, más allá de hablar de la importancia de los consejos ciudadanos para “evaluar nuestras políticas públicas y saber qué estamos haciendo con nuestros dineros públicos”.

“Déjenme decirles que es bien importante la cooperación y el contrapeso de los organismos de la sociedad civil, del sector productivo, para ser mejores Gobiernos”, insistió la gobernadora de Chihuahua en la pasarela que el PAN impulsa para vender la idea de que “sí hay de otra” para el 2024, frente al proyecto de la 4T.

Eso fue a decir la gobernadora al centro del país, mientras que en Chihuahua se intenta matar al Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) a punta de vacíos en contra de la representación ciudadana legalmente constituida.

Y es el aparato estatal que controla la titular del Ejecutivo, el responsable de hacer ese vacío.

Los titulares de las instancias que integran el Sistema Estatal Anticorrupción, están bloqueando el trabajo del presidente del Comité Coordinador, precisamente un ciudadano que por ley tiene ese cargo, ya que al mismo tiempo preside el Comité Ciudadano de Participación Ciudadana.

Ese nuevo entramado institucional que se desprende de la Ley de Participación Ciudadana, construida con muchos años de lucha por parte de los organismos de la sociedad civil para poner al centro de estos temas torales al ciudadano, es despreciado justo en estos momentos por los funcionarios públicos.

Los responsables de la Fiscalía Anticorrupción, Auditoría Superior del Estado, Secretaría de la Función Pública, Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, sistemáticamente han faltado a las últimas sesiones del Comité Coordinador.

El presidente René Moreno Medina los ha convocado de manera institucional para atender una petición simple: que se realice una audiencia pública (otro instrumento de democracia participativa ya plenamente reconocido por la ley), sobre la política estatal anticorrupción.

La petición de audiencia pública la realizó precisamente una organización civil de la ciudad de Cuauhtémoc, que considera necesario conocer qué acciones realizan las instituciones integrantes del SEA en materia de prevención de la corrupción y cómo promueven la participación ciudadana en sus políticas anticorrupción.

Sin embargo, la última sesión ordinaria del Comité que se realiza vía virtual, tuvo que ser cancelada por falta de quórum. Dejaron al representante ciudadano solo y únicamente se conectó la secretaria técnica.

Nadie asistió pese a que los mismos titulares (salvo la fiscal anticorrupción, ya que ahí hubo un relevo) aprobaron el calendario anual desde el 28 de febrero de este año 2022.

Previamente fue una sesión extraordinaria del lunes 19 de septiembre a la que le hicieron el vacío.

La solicitud sobre la audiencia pública había llegado al Comité Coordinador del SEA el 9 de septiembre, por lo que urgía su discusión en la fecha límite del plazo. De acuerdo a la Ley de Participación Ciudadana, a quienes solicitan el instrumento de audiencia se les debe de responder en diez días hábiles.

Sin embargo, en esa ocasión tampoco asistió alguno de los seis titulares.

“No es cuestión de un tema de agenda, es cuestión de un tema de desprecio a la agenda ciudadana”, dijo entonces el presidente del Comité de Participación Ciudadana, René Moreno.

“En realidad tienen miedo de que se utilicen instancias de participación ciudadana para exigir rendición de cuentas a cada uno de los integrantes de la instancia colegiada”, agregó.

Y eso que hablamos de un Gobierno al que la sociedad civil le dice “qué es lo que está pasando allá afuera y nos ayuda a ver lo que nosotros mismos no podemos ver” según la narrativa de la gobernadora.

Parece increíble, pero los funcionarios responsables del Sistema Estatal Anticorrupción, le sacan la vuelta a discutir la política estatal anticorrupción.

Lo más grave es que de esa manera están violentando el derecho humano a la participación ciudadana.

A los funcionarios parece que les da urticaria si la agenda la marcan los ciudadanos y no ellos.

Hay otro antecedente grave de ninguneo a la representación ciudadana en el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción.

Este mismo año, en la octava sesión ordinaria del organismo colegiado del 19 de agosto, los mismos funcionarios que están despreciando la solicitud de audiencia pública, se negaron a discutir temas de interés propuestos por la presidencia.

El presidente del Comité de Participación Ciudadana, que viene de un activismo desde organización Wikipolítica Chihuahua, intentó poner en el orden del día, para analizar y discutir los riesgos de corrupción en el procedimiento de contratación de la Plataforma Centinela, donde se incluye la construcción de la Torre Centinela.

En estos momentos ya se ejecuta el contrato de 4 mil 200 millones de pesos para la implementación de toda la plataforma tecnológica que conectará 13 subcentros regionales en los principales municipios del estado, con el centro de mando de la Torre Centinela, el edificio de 20 pisos que sería insignia del Gobierno de María Eugenia Campos.

El proyecto enfrenta cuestionamientos precisamente por su opacidad con riesgos de corrupción, la justificación de la inversión millonaria frente a otros rezagos y su modelo financiero que compromete recursos públicos durante cinco años.

También se han colocado en el centro de la polémica, los discutibles resultados en materia de criminalidad en otros estados con proyectos similares ejecutados por Seguritech, además de señalamientos de sobreprecios, fallas y entrega de equipos obsoletos por parte de ese emporio que recibió el contrato vía adjudicación directa.

En teoría, en el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, deberían discutirse esos temas de interés público en torno al combate y la prevención de la corrupción. Pero, aunque parezca absurdo, los funcionarios dijeron que no.

Todos los representantes de los entes públicos se opusieron. Por eso, Moreno habla hoy de que, en los hechos, lo que se impulsa desde el aparato oficial es el Sistema de Simulación Anticorrupción.

El titular de la Auditoría Superior del Estado, Héctor Acosta, señaló que en su momento revisarán la cuenta pública. Lo que teme el presidente del Comité de Participación Ciudadana, es que para entonces “el daño ya estará hecho”.

En su discurso de la Ciudad de México, la gobernadora Campos insistió que para evitar que acá en Chihuahua se presenten los “moches”, cuando se habla de proyectos de obra pública “ahí es donde está la sociedad civil. ¿Por qué?, porque la sociedad civil llega a donde los Gobiernos no podemos llegar”.

La terrible realidad es que a esa sociedad civil, no se le permite actuar. Lo peor es que ahora ni siquiera pueda hablar.

No únicamente se le desprecia o se le ningunea desde el poder público. Esta semana, uno de los más cercanos colaboradores de la gobernadora Campos, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya, dio un paso más hacia la criminalización de quienes han manifestado alguna posición contraria a la Plataforma y la Torre Centinela.

“Quien está cuestionando eso, yo creo que, y lo poquito que he logrado ver, ya es con fines inclusive hasta perversos, el querer evitar pues que haya esta tecnología en Ciudad Juárez y en todo el estado, pues los únicos que no quisieran algo son los delincuentes, ¿no? Porque pues esto viene a atentar contra la libertad con la que se vienen desplazando en todo el estado”, dijo el secretario, en una entrevista con medios de la ciudad de Chihuahua.

Incluso, de alguna manera vinculó con esa posición, a quienes informan desde los medios.

“Y pues bueno, hay que tener ojos muy claros en eso, en cómo están tratando de utilizar una cosa y de mal informar a la población, pues para quererse infiltrar y evitar que este tipo de proyectos que vienen a generar inteligencia y un combate frontal a la delincuencia, pues los que no quieren son los delincuentes”, agregó Loya.

La propia gobernadora ya había deslizado una posición de descalificación a las críticas sobre el proyecto, cuando el 22 de septiembre, en una gira por Ciudad Juárez, pidió “que veamos la parte positiva para los juarenses y no nos detengamos en estas cuestiones que creo que nos hacen mucho daño”.

Por lo pronto, los colectivos que en Juárez han fijados sus posicionamientos sobre el proyecto, ya exigieron una disculpa pública de parte del titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

Es lo menos que tendría que hacer el funcionario. Descalificar, criminalizar o pretender intimidar a quienes buscan que se abra la discusión y la información en un tema de tal envergadura respecto a la seguridad y los recursos públicos, simplemente demuestra que quienes ejercen los cargos públicos no han entendido, ni aprendido nada.

La agenda TAI (Transparencia, Anticorrupción, Impunidad), la participación ciudadana, los instrumentos de la democracia participativa o el reconocimiento del activismo social, llegaron para quedarse y para ejercerse, no para adornarles sus discursos o sus planes de desarrollo. Aunque haya a quienes les generen ronchas.