Tal vez el televidente de más edad recuerde aquellas barras de telenovelas de la televisión mexicana donde brillaba una actriz española imponente, Amparo Rivelles, dueña del drama, el llanto contenido y la frase sentenciosa. Ya no está “La Señora”, como le apodaban con todo el respeto que se ganó en la pantalla, pero el género sigue vivo. Y vaya que sigue vivo.

Hoy la telenovela se transmite fuera del horario estelar y no sale por televisión, sino por los juzgados. También se llama “amparo”, con minúsculas, y tiene como protagonista al exgobernador César Duarte, cuya defensa ha vuelto a echar mano del recurso favorito para intentar cambiar el guion: evitar el juicio y, de paso, la celda.

Los próximos días 2 y 5 de marzo se celebrarán audiencias en juzgados del Estado de México relacionadas con los juicios de amparo promovidos por el exmandatario, actualmente recluido en el penal del Altiplano, acusado del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Lavado de dinero, pues.

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A este Mirone le vinieron a contar que el abogado Héctor Villasana busca echar por tierra la vinculación a proceso que le impuso la jueza María Jazmín Ambriz López, del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, el pasado 10 de diciembre, precisamente por ese delito.

“Pronto estará entre nosotros”, comentó Villasana en un grupo de WhatsApp de amigos del exgobernador. Como en toda buena telenovela, siempre hay quien adelanta el final, aunque luego no se cumpla.

No está de más recordar que el 8 de diciembre de 2025 se llevó a cabo la aprehensión del ballezano a instancias de la Fiscalía General de la República (FGR), que lo acusó de haber ocultado entre 73 y 76 millones de pesos provenientes del erario público mediante una red de transferencias y empresas relacionadas con él durante su gestión como gobernador, entre los años 2010 y 2016.

La orden de aprehensión fue emitida por una jueza federal en el Estado de México. Apenas “tocó base” en la delegación de la Fiscalía en Chihuahua y después fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número Uno “El Altiplano”, en Almoloya de Juárez, donde permanece bajo prisión preventiva oficiosa.

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Tan pronto como la jueza María Jazmín Ambriz López ordenó la prisión preventiva justificada y fijó un plazo para la investigación complementaria —que vence en junio de 2026—, el equipo legal comenzó a hacer lo que ya domina desde 2022, cuando su defendido estuvo recluido en el Cereso 1 de Chihuahua: promover amparos.

Así fue como, en enero pasado, el juez Cuarto de Distrito en Materia Penal del Estado de México, Daniel Marcelino Niño Jiménez, concedió una suspensión definitiva que frenó temporalmente la apertura del juicio oral, mientras se resuelve el fondo del recurso.

La medida no implica libertad alguna, sino la suspensión de una etapa procesal específica del juicio penal federal. Pero en esta telenovela judicial, cada pausa se vende como triunfo.

Ahora corresponde a la FGR y a la defensa del imputado aportar pruebas y argumentos dentro de los plazos legales. A Mirone le explicaron que la suspensión se mantiene vigente hasta que se resuelva el amparo principal; si este se revoca, el proceso penal federal podría continuar con la apertura del juicio oral.

Es ahí donde los abogados van por todas las canicas: obtener el amparo contra la vinculación a proceso y, con ello, bajar el telón —al menos por ahora— de la reclusión en el penal de Almoloya. Porque como en toda telenovela larga, nadie quiere llegar al capítulo final si todavía hay recursos para estirar la trama.

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Quién sabe si por consigna de Palacio o por dinámicas internas, pero desde la Auditoría Superior del Estado (ASE) ya se tiene bajo la lupa a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Juárez, a partir de observaciones detectadas en procesos de contratación pública.

El jueves pasado, durante una reunión con la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, el titular de la ASE presentó un adelanto de los hallazgos derivados de la revisión a una licitación para la compra de 10 máquinas retroexcavadoras, realizada por el organismo operador del agua.

“Detectamos un sobreprecio importante y una probable simulación”, expuso el auditor ante diputados. Las observaciones se centran en dos contratos otorgados por la JMAS en el periodo administrativo que estuvo a cargo de Sergio Nevárez.

Se trata de dos licitaciones: una para la adquisición de seis máquinas y otra para la compra de cuatro, que en conjunto representaron un monto de 31.6 millones de pesos.

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De acuerdo con lo expuesto ante la Comisión de Fiscalización, los proveedores que resultaron ganadores en ambos procesos habrían contado con información y condiciones privilegiadas desde el interior de la JMAS.

Según la explicación ofrecida, las empresas apartaron previamente las retroexcavadoras con el distribuidor, participaron después en el proceso licitatorio y, solo hasta que les fueron adjudicados los contratos y recibieron el pago por parte de la JMAS, liquidaron la compra de la maquinaria ante la agencia.

“Resulta imposible que, en la entrega-recepción, hubiera existido la posibilidad de contar físicamente con la maquinaria, en razón de que esta aún no había sido entregada por el distribuidor oficial”, explicó el auditor.

El caso es que los auditores detectaron inconsistencias tanto en la actuación de los proveedores como en los procedimientos internos de la JMAS, por lo que la ASE anunció que realizará una investigación más profunda.

Hasta ahora, uno de los elementos clave es la existencia de un acta de entrega que podría haber sido simulada.

De acuerdo con la Auditoría, este caso podría ser apenas la punta del iceberg. Se expuso que un grupo de proveedores habría estado actuando de manera coordinada para cruzar información e investigaciones de mercado entre ellos.

“En algunas ocasiones, los mismos proveedores actúan como representantes legales; en otras, como administradores únicos; en otras, como socios, y entre ellos se realiza la investigación de mercado”, reveló el funcionario en Chihuahua capital.

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El punto es que este tipo de prácticas no se explican sin la participación o el aval de quienes tienen a su cargo los procesos de licitación dentro de la dependencia. El alcance de las responsabilidades se irá conociendo conforme avance la investigación.

Por lo pronto, desde la ASE se adelantó que para este 2026 se tiene prevista una auditoría forense —de mayor profundidad— a todas las contrataciones públicas realizadas por la JMAS.

Quién sabe qué tan pesado esté el tema, pero al interior de las estructuras estatales hay quienes sostienen que el descabezamiento ocurrido en la JMAS a finales del año pasado respondió más a tensiones financieras que a un reacomodo estrictamente político.

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Sigue la mata dando con la “joyita” que dirige el Teatro de la Nación del IMSS en Ciudad Juárez.

Tal como lo señaló este Mirone el pasado 25 de enero, al Instituto Mexicano del Seguro Social se le aflojaron las amarras a la hora de designar al administrador del Teatro de la Nación (Asegurada). El cargo recayó en Jesús Antonio Cano Nicolás sin que, al parecer, se tomaran en cuenta los comentarios racistas, misóginos y sexistas que difunde de manera reiterada en sus redes sociales.

Cuesta trabajo entender en qué estaba pensando la dirigencia del IMSS, porque el director de marras no solo arremete contra las mujeres —especialmente si no son blancas— y contra todo lo que huela a feminismo, sino que además muerde la mano que le da de comer.

Porque no se trata de un ciudadano cualquiera despotricando en redes, sino de un empleado federal que desde su cuenta personal descalifica abiertamente a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, jefa del Estado mexicano y cabeza del mismo Gobierno que lo contrató.

En uno de sus posts, el funcionario escribió que “los pendejos son mayoría” y que por eso eligieron a una “presidenta, con ‘A’”. No es crítica política ni humor incómodo: es un insulto directo, misógino y despectivo, lanzado desde la comodidad de un cargo público pagado con recursos federales.

Vaya uno a saber en dónde tiene la cabeza el delegado del IMSS o el área directiva del organismo encargado de brindar seguridad social a millones de personas, cuando toleran que uno de sus funcionarios se dé el lujo de patear el pesebre y burlarse de la investidura presidencial sin consecuencia alguna.

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En prácticamente toda estructura de Gobierno existe un área destinada a prevenir la violencia de género, fomentar la equidad y sancionar abusos, insultos sexistas o actos de acoso. El IMSS no es la excepción en el papel; lo es, al parecer, en la práctica.

Porque al momento de evaluar perfiles, nadie reparó —o nadie quiso reparar— en las tendencias misóginas, machistas y discriminatorias del funcionario que hoy administra un espacio cultural.

No es un desliz aislado ni un arranque ocasional. Pese a ocupar un cargo público, no se cansa de publicar ocurrencias cargadas de desprecio, incluso tildando de “mierda” al Gobierno federal para el cual trabaja.

¿No se supone que existen filtros, evaluaciones y lineamientos mínimos para ocupar este tipo de responsabilidades? ¿Un recinto cultural no exige, al menos, un perfil compatible con la función pública que representa? ¿O el respeto institucional ya dejó de ser requisito?

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Pero no le crea usted a este Mirone. No hace falta. Basta asomarse a sus redes sociales. Ahí están las publicaciones racistas, las que reducen a la mujer a mero objeto sexual y las que descalifican sin matiz a quienes se identifican con el feminismo.

¿Es esto lo que puede esperar la ciudadanía del responsable de un recinto destinado a la promoción del arte y la cultura?

Ya se había dado cuenta aquí de la calidad del personaje. El propio administrador lo confirma en su perfil de Facebook, donde, con tono desafiante, publicó el pasado miércoles el mensaje racista: “Y para los pinches mazapanes, solo les diré: IT’S A FUCKING JOKE, RELAX YA’ CUNT!” (sic).

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Aquí el problema no es lo que crea o deje de creer el señor. El problema es que, como funcionario público, tendría que sostener un mínimo de equilibrio y congruencia con el cargo que ostenta.

Pero quizá eso sea pedir demasiado a alguien que escribe en su propio muro: “Literalmente por ti no trago… pendejos”.

Ese es el nivel del administrador que hoy tiene la Asegurada. Así que, estimado lector, si piensa rentar el foro o asistir a algún evento en ese recinto, sepa que lo hace bajo la gestión de un funcionario que parece cómodo insultando, descalificando y burlándose desde una posición pública.

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El caso del Crematorio Plenitud, donde se localizaron 386 cuerpos que nunca fueron debidamente tratados, dispuestos ni cremados, sigue teniendo repercusiones para las familias que enfrentan el luto por la pérdida de seres queridos.

Después del escándalo, Mirone se enteró de lo que está ocurriendo incluso en funerarias que no tienen relación alguna con Plenitud ni con las empresas asociadas al negocio que defraudó a cientos de juarenses y dejó al descubierto una grave cadena de negligencias y omisiones gubernamentales por falta de controles y supervisión.

El impacto no es menor: el proceso de despedida ya no es como antes.

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Antes, los servicios funerarios podían programarse prácticamente para un día después del fallecimiento. Hoy, eso ya no ocurre.

Si lo que se contrata es la cremación, ahora pueden pasar entre tres y cuatro días para que, en varias funerarias, se pueda iniciar la velación y las honras fúnebres, antes de los servicios religiosos y de la disposición final del cuerpo.

De acuerdo con lo que se les ha informado a los deudos en distintas funerarias establecidas, la autoridad sanitaria ya no permite que se deje pendiente ningún servicio, en particular la cremación. El proceso debe ser continuo: iniciar con la velación y concluir con la disposición final, sin pausas, para evitar que algo quede inconcluso.

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Durante años, fue común que las cenizas se entregaran semanas después de los servicios iniciales. Ese vacío, sumado a la falta de seguimiento oficial, derivó en lo ocurrido con Plenitud: cuerpos que nunca fueron incinerados y familias a las que se les entregaron piedras o cenizas de origen desconocido.

Se supone que ahora eso no debería volver a pasar. Sin embargo, la desconfianza persiste entre los deudos, que siguen preguntándose qué es exactamente lo que se les está entregando.

Y mientras las familias cargan con la espera y la incertidumbre, sigue pendiente lo más básico: hasta ahora, ninguna autoridad ni funcionario ha sido sancionado por la cadena de omisiones y negligencias que permitió la tragedia del Crematorio Plenitud.