El nuevo fideicomiso para construir el Centro de Convenciones de Ciudad Juárez ya no se explica con tecnicismos financieros ni con boletines oficiales. Se entiende mejor como una escena de ‘El Castillo’, de Franz Kafka: una autoridad que decide sin mostrarse, trámites que avanzan sin avanzar y una obra prometida que existe solo en el discurso.

Así ha sido durante más de 15 años. Un proyecto que camina por pasillos administrativos sin encontrar la puerta correcta. Un castillo del que todos hablan, pero al que nadie logra entrar.

Primero hubo un fideicomiso, creado en la primera década del siglo. Luego apareció otro, del que nadie se acordaba, pero que volvió a la conversación pública casi sin avisar, como esos expedientes que resurgen del archivo muerto cuando a alguien le conviene.

Sin ruido. Sin anuncio. Sin conferencia de prensa para presentarlo.

Lo único verificable es que el nuevo fideicomiso se creó oficialmente el 13 de agosto de 2024. Nada más. No hay más rastros visibles. No hay acceso público claro. No hay expediente completo al que se pueda llegar sin perderse en el laberinto.

La Secretaría de Hacienda del Estado firmó este nuevo fideicomiso con el mismo objetivo del viejo y conocido F214 de 2011: construir el Centro de Convenciones de Juárez. El mismo. El mismito. Solo que, como en Kafka, la estructura existe sin rostro y sin responsables identificables. Tal como lo advirtió Mirone en su momento: existe, pero no se encuentra. Es un castillo sin puerta.

El problema empezó cuando los diputados aprobaron el Paquete Económico 2026 del Gobierno del Estado. Ahí se avaló una sobretasa a diversos gravámenes municipales y estatales para financiar el Centro de Convenciones, aun cuando no estaba claramente constituido el sitio institucional al que irían a parar esos recursos. Millones de pesos, por cierto.

El asunto volvió a emerger más de un año después, casi por accidente, cuando el Congreso aprobó una contribución “extraordinaria”: una UMA anual que las empresas juarenses pagarán hasta 2036. Un cobro que se presentó como menor, pero que en la práctica representa entre 50 y 60 millones de pesos cada año.

Fue entonces cuando alguien hizo la pregunta elemental:

—¿Y ese dinero a dónde va?

La respuesta fue la clásica respuesta kafkiana: a un fideicomiso.

—¿A cuál?

Al nuevo. Al que no aparece en ningún registro público. No está accesible ni en el Registro Público de la Propiedad ni en ninguna otra forma registral consultable. Existe, pero no se deja alcanzar.

No hay acta constitutiva pública, no hay órgano de dirección conocido, no hay personas identificadas como responsables de administrar el dinero producto de los sobreimpuestos que se cobrarán para el Centro de Convenciones. Y como no hay quién esté autorizado, tampoco existe una cuenta bancaria clara donde el Gobierno del Estado y el Municipio de Juárez —encargados de recaudar esas UMAs— puedan depositar los recursos.

En ‘El Castillo’, los personajes cumplen órdenes que nadie termina de explicar y responden ante autoridades que nunca aparecen. Aquí ocurre algo parecido: se aprueban cobros, se anuncian proyectos y se prometen obras sin que exista una estructura visible que rinda cuentas.

A eso se le llama hacer las cosas a la carrera. Al “fusílelo, después viriguamos”, como diría el general Villa. O al clásico: completen la votación, luego vemos cómo se arregla el resto.

Que viva el nuevo Centro de Convenciones de Juárez, porque falta hace y porque la derrama económica que podría generar es indiscutible, como ya ocurre en Chihuahua capital. Pero incluso en ‘El Castillo’ de Kafka, alguien tiene que abrir la puerta. Al menos, que nos digan quién manda, quién administra y quién va a firmar los cheques.

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La historia de Ciudad Juárez no puede escribirse sin reservar un capítulo para Francisco Barrio Terrazas.

Solo por haber sido el primer alcalde de un municipio fronterizo con Estados Unidos emanado de un partido opositor al PRI —en aquel entonces— ya merecería mención de honor y el nombre escrito en letras “negritas”.

Pero Pancho Barrio, como lo llamaba la gente de Juárez en aquellos años de 1983 a 1986, fue mucho más que una “primera vez” en la política.

Su singular gestión como presidente municipal —con claros y oscuros, decisiones controvertidas y críticas agudas desde distintos sectores— lo proyectó como una figura política de primer orden en el ámbito estatal y, poco tiempo después, como uno de los opositores al régimen priista más visibles del país.

Eso ocurrió en 1985, hace ya 40 años, cuando fue elegido por la militancia panista como candidato a gobernador, incluso por encima del emblemático Luis H. Álvarez.

La candidatura de Barrio fue un suceso de alcances nacionales. Desde el arranque de su campaña se le presentaba como el probable —muy probable, decían algunos— primer político de oposición en ganar una gubernatura en México.

La historia de aquel “Verano caliente” de 1986, como lo bautizó el escritor José Fuentes Mares, es tan vasta que amerita tratarse en un espacio aparte.

A cuatro décadas de distancia vale el “spoiler”: aquel verano terminó hirviendo, con la victoria del priista Fernando Baeza —sí, el mismo que hoy recibe homenajes de Gobiernos panistas— y con una profunda división social entre quienes celebraron el triunfo oficial y quienes se convencieron de haber sido testigos de un fraude escandaloso.

Lo cierto es que la marca “Pancho Barrio” quedó impresa con tal nitidez que le permitió alcanzar la gubernatura seis años después, en 1992. Fue apenas el segundo gobernador no priista en lograrlo.

Desde sus años de juventud, cuando se distinguió como dirigente empresarial combativo, Barrio ha sido también un hombre que ha enfrentado problemas de salud, en particular una afección cardíaca que lo ha llevado al quirófano en diversas ocasiones. La más reciente, en la semana que está por concluir.

El ambiente político local permanece atento a su recuperación. No es para menos: Francisco Barrio le dio al panismo el derecho a soñar con una gubernatura… y a hacerla realidad.

Desde aquí, Mirone le envía un afectuoso saludo y los mejores deseos para una pronta recuperación.

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Los productores agrícolas de Chihuahua recibieron un amargo “regalo” de Navidad a finales de la semana pasada, cortesía de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la dichosa Sader.

Lo más amargo del obsequio es que las dos dependencias federales se los envolvieron como si se tratara de la solución que estaban buscando para resolver el problemón de almacenar y vender la enorme producción que lograron este año.

De no creerse. El comunicado oficial de la Sader presume que, en conjunto con “Alimentación para el Bienestar”, se acordó con la organización Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) discutir propuestas de pignoración de frijol, maíz, sorgo, trigo, cebada y soya.

¿Pignoración? ¿Saben lo que significa eso? Si el diccionario de la Real Academia Española no se equivoca, significa empeñar.

Es decir, que los campesinos dejarán “empeñada” su producción en lo que se logra colocar en el mercado. Una especie de Monte de Piedad agrícola. ¡Bonito “rescate del campo”!

El acuerdo ha levantado indignación entre los campesinos de Chihuahua, que ya habían tomado acciones drásticas y que ahora amenazan con extenderlas. Y razón no les falta, porque al final de la operación, cuando los sembradores de frijol y maíz —los alimentos que más consume este país— reciban su pago, será solo el 80 por ciento. Porque en eso consiste la pignoración: dejas tu producto en garantía y, de paso, te cobran una, digamos, “comisión”. ¡Ah, para ayuditas!

Eso significa que terminarán recibiendo no los 12 pesos por kilo que —en el mejor de los casos— les ofrecen los intermediarios, los “coyotes”, pues, sino 9 pesos con 60 centavos. O sea, de Guatemala a Guate… peor.

Así está tratando el Gobierno a la gente de Chihuahua que labró la tierra con tanto empeño que logró una cosecha récord de dos toneladas por hectárea sembrada de frijol. Víctimas de su propio éxito: produjeron tanto que ahora no tienen dónde guardarlo.

Hágannos el favor: 9.60 pesos por un kilo de frijol que en el supermercado llega a valer hasta 45 pesos. Ahora entendemos por qué el 2026 nos recibirá con más protestas de productores y más casetas de peaje tomadas, convertidas en vendimia de productos agrícolas.

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Antes de cerrar esta columna, Mirone quiere levantar la copa —aunque sea imaginaria— para agradecer a sus lectores más fieles: los chismosos bien informados, los que leen entre líneas, los que no se quedan con el boletín y los que entienden que en política lo importante casi nunca está en el encabezado, sino en el párrafo que incomoda. Sin ustedes, esta columna no tendría razón de ser.

En esta Navidad, que la mesa sea generosa, el comentario punzante y la memoria larga. Que el brindis no borre nombres ni el ponche suavice las preguntas incómodas. Mirone les desea paz en casa… y malestar a quienes se sienten cómodos en la opacidad. Aquí seguimos, porque el chisme bien contado también es una forma de justicia.

Posdata: Por motivos estrictamente navideños —y nada que ver con acuerdos en lo oscurito— Mirone se tomará un respiro. El 26 de diciembre no habrá columna. El 27, eso sí, vuelve con la libreta llena y el colmillo afilado.