Hay malestar fuerte en diferentes sectores de la sociedad, al interior del Gobierno del nuevo amanecer en Juárez y en las huestes del Partido Acción Nacional por el doble centralismo que se está dando, cuando la premisa de campaña del gobernador Javier Corral fue la de fortalecer a la ciudad en el presupuesto y dar mayor autonomía a los juarenses en la toma de decisiones.
El 3 de abril del año pasado, durante el arranque de su campaña electoral por la gubernatura, iniciada simbólicamente aquí en la frontera, el entonces candidato del PAN –Javier Corral– dijo que en caso de ganar la elección Juárez recibiría los recursos presupuestales que le corresponden, proporcionales al número de habitantes y su aportación a la riqueza del Estado, y anuncio dos acciones administrativas que demostrarían en los hechos su compromiso con la ciudad.
Una sería la descentralización de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento para entregarla al Municipio, y la otra la reubicación de la Secretaría de Desarrollo Social a esta frontera, porque Juárez es el municipio con mayor número de habitantes pobres y en extrema pobreza.
Las dos acciones quedaron en el olvido en cuanto se consolidó el triunfo electoral, y en los seis meses que casi cumple el Gobierno del nuevo amanecer no hay un solo dato o indicador que dé cuenta de un espíritu o voluntad política para descentralizar presupuestos y agilizar la atención del rezago histórico de Juárez en materia de servicios de salud, desarrollo social e infraestructura urbana.
Por el contrario, las diferentes dependencias del Gobierno estatal y sus representaciones en esta ciudad se encuentran totalmente subordinadas a los titulares del área en el Gobierno central de Chihuahua, pero además a la consulta que estos realicen sobre el punto de vista y la voluntad personal del gobernador Corral, antes de tomar cualquier decisión o atender la problemática.
La única dependencia del Gobierno estatal que está ubicada en Juárez es la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, y la decisión de hacerlo obedeció a la condición personal de su titular, Alejandra de la Vega, cuyos negocios y compromisos empresariales requieren su presencia en esta frontera, más que por razones de una política de descentralización pública.
La realidad política y administrativa es que en las dependencias que representan al Gobierno estatal aquí en Juárez no se mueve nada, ni se tiene autonomía alguna si no se autoriza a nivel central.
El presupuesto de egresos del presente ejercicio fiscal es centralizado. No existe en ningún rubro una partida específica para la frontera. No se encuentra en ese documento nada que distinga, en los hechos, un mínima intención de cumplir con el compromiso de devolver a Juárez los recursos que el corresponden.
Dentro y fuera del PAN diferentes liderazgos sociales, económicos y políticos de Ciudad Juárez expresan su malestar por la actuación del Gobierno estatal, encabezado por un mandatario originario de la frontera, como no había sucedido desde el triunfo de Francisco Barrio, y que, sin embargo, no ha honrado su palabra de hacer justicia a Juárez.
Ese compromiso, junto con la promesa de meter a la cárcel a César Duarte y sus cómplices, apalancaron el triunfo de Javier Corral en las elecciones del año pasado.
A pesar de que fue derrotada en las urnas en su búsqueda de la presidencia municipal, para la que fue postulada por el PAN, la activista Vicky Caraveo reconoce que Javier Corral logró renovar la esperanza de los juarenses a lo largo de su campaña y la gente quiso creer en sus promesas, “por eso nos está pegando muy duro la incongruente realidad, no ha querido romper el esquema de control absoluto del poder”, dice la excandidata a la alcaldía.
Ella es una de las pocas que expresa su punto de vista libremente, sin temor a consecuencias de tipo político, pero dentro del aparato del Gobierno estatal en la frontera prevalece una sorda inconformidad.
“Nada se mueve sin consultarlo a Chihuahua con los jefes, y ahora peor: ellos a su vez tienen que consultarlo con el gobernador”, refieren en corto los subsecretarios fronterizos.
En ese centralismo ubican también el fallido esquema del programa En confianza con el gobernador, que por medio de audiencias públicas mensuales busca interactuar de manera más cercana con la ciudadanía juarense en la solución de sus problemas, pero no ha logrado la penetración ni la respuesta esperada en las distintas ocasiones en que se ha llevado a cabo, donde los asistentes, con dificultades, superan el medio millar de personas.
Vienen el gobernador y los secretarios de Chihuahua, pero no resuelven los problemas, porque cuando se van se olvidan de las necesidades de Juárez o dejan el encargo a los representantes de aquí sin soltar los recursos necesarios. Es algo que no está funcionando ni funcionará, señalan los funcionarios estatales que deben dar la cara a los ciudadanos fronterizos.
Otro gallo cantaría si en las audiencias del Pueblito Mexicano, las del Colegio de Bachilleres o en el desempeño cotidiano del Gobierno estatal aquí en Juárez, se tuviera la capacidad de resolver los problemas con la celeridad y la oportunidad que requiere la gente.
Y si entre las tropas gubernamentales azules sufren la consecuencia del centralismo político y burocrático, para el Gobierno de la ciudad –con otro signo e intereses político–electorales diferentes– la búsqueda de acuerdos, de coordinación de acciones y la solución de problemas, resulta doblemente complicado.
El Gobierno municipal independiente encabezado por Armando Cabada ha planteado la municipalización de la Junta de Aguas por diferentes vías, en el plano personal y con una postura institucional por medio de un acuerdo del Cabildo. El tema está en el limbo, no se ve nada claro aún.
Lo más probable es que esa entrega no se dé, menos de aquí a junio del próximo año, cuando viene la elección intermedia con la renovación de los 67 ayuntamientos y el Congreso del Estado. La Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez es una dependencia que tiene impacto electoral. En la última audiencia pública del Gobierno estatal, el grueso de las peticiones de la gente estaba relacionado con cobros por servicio de agua. En eso radica la importancia de retenerla.
Lo mismo sucede con los recursos provenientes de las cuotas de peaje de los puentes internacionales, administrados por el fideicomiso en que el Gobierno estatal tiene mayor peso.
Apenas esta semana que termina, el Gobierno estatal le arrebató al Municipio independiente la posibilidad de ejecutar directamente las obras de pavimentación con recursos provenientes de las cuotas de los puentes internacionales. Se llevarán a cabo, pero se realizarán bajo el control del fideicomiso y la autoridad municipal solo podrá participar con propuestas sobre algunas calles que serán intervenidas.
De la bolsa de 212 millones de pesos disponibles en el Fideicomiso de Puentes Fronterizos, 80 millones de pesos irán a la construcción del Centro de Innovación Tecnológica, y los restantes 132 millones a pavimentación de calles; dinerito que le cae de perlas para obras que lleven en primer plano el logo del nuevo amanecer, fundamental a la hora de buscar de nuevo el voto ciudadano.
Si esa lógica continúa, no sería extraño que reviviera una especie de Juarexit, como ya se dio en la separación de Gran Bretaña de la Unión Europea con el Brexit, o lo contemplan algunos poderosos sectores de California frente a las locuras del Gobierno de Donald Trump. Aquí en Juárez la idea no es nueva, existe incluso todo un estudio jurídico que plantea la separación política de la región fronteriza del resto del estado.
Los políticos a la hora de buscar el rédito electoral no tienen empacho de revivir cada tres y seis años la promesa de hacer justicia a Juárez; se seguirá repitiendo la historia en las campañas y continuarán olvidando los compromisos. Es la tragedia de la ciudad.