Por terrenos del Poder Judicial, lo que más se comenta estos días es que les cayeron los visitadores del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.

Y no a uno ni a dos: a juezas y jueces de todas las materias, que ahora están siendo revisados por la Unidad de Evaluación de Desempeño bajo el nuevo esquema de control interno del sistema judicial.

Quienes vienen de carrera judicial saben que siempre han existido evaluaciones desde lo que era la Judicatura o desde lo que hacía la Unidad de Investigación de Responsabilidades Administrativas (UIRA). Pero no deja de causar revuelo que ahora los pongan bajo la mira, bajo el nuevo marco legal e institucional que reconfiguró todo el Poder Judicial y pasó a juezas y jueces bajo el tamiz del voto popular… y los acordeones.

Y es que hay una marcada diferencia respecto a lo que se hacía antes: de poner el foco en el juzgado en general o en su funcionamiento, se pasó a mirar directamente a la persona titular, para ser evaluada incluso en su condición mental o psicológica.

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Todo un proceso que se antojaba más para realizar antes de que llegaran al cargo por voluntad popular, mediada en gran medida por las fuerzas político-partidistas y sus acordeones o guías de votación.

De alguna forma, los están analizando y evaluando a toro pasado. Al menos en la parte de su estado psicoemocional y en la verificación de su formación y actualización, aunque claro que también está la cuestión de su desempeño y productividad, a partir de que asumieron el cargo en septiembre de 2025.

Así que hay bastante nerviosismo e incertidumbre respecto a cómo se puedan utilizar después los resultados de esta evaluación extraordinaria ordenada por el Tribunal de Disciplina, con independencia de las evaluaciones ordinarias que se deben realizar cada año.

El Tribunal de Disciplina quiere saber cómo andan los jueces, pero también cómo están funcionando —o fallando— sus juzgados.

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Una cuestión clave es la aplicación de encuestas al personal de cada juzgado sobre la forma de trabajar y gestionar de la persona juzgadora, ejercicio que se replica para abogados litigantes y para usuarios o justiciables que acuden a los tribunales.

Supo Mirone que se armó un calendario de revisiones y ya se desahogaron los juzgados civiles y mercantiles en un par de semanas. Hay agenda ya en los penales —que se llevarán más tiempo porque son muchos— y los familiares están contemplados para la siguiente semana.

Cada titular debe publicar en sus estrados la fecha de revisión, para que abogados y usuarios tengan oportunidad de acudir a quejarse, hablar o responder cuestionarios de los visitadores. Los enviados pueden simplemente sondear o entrevistar a quienes ese día estén ahí requiriendo atención o participando en audiencias.

Los evaluadores trabajan dos o tres días en cada juzgado, como si fueran una especie de auditores. Revisan el cumplimiento oportuno de resoluciones, promociones y agendas de audiencias. Incluso ingresan sin previo aviso a las audiencias para observar el desempeño de las personas juzgadoras.

Observan, anotan y revisan todos los procesos. En los hechos, aplican una auditoría completa a la manera en que se dictan acuerdos y resoluciones, así como a la forma en que se realiza la gestión del personal y de los recursos materiales a cargo de cada juez o jueza.

Se mide tanto la productividad del órgano jurisdiccional como el nivel de satisfacción de los usuarios del sistema judicial: qué tan ordenado está el juzgado y cuánto rezago existe. Se supone que hasta las competencias éticas entran en la revisión.

Por lo pronto empezaron con juezas y jueces. Después vendrá la revisión de las magistraturas.

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El tema de la mentada alianza PRI-PAN sigue entrampado, a tal grado que ambos partidos ya comienzan a hacer cuentas de los remilgos de votos que conseguiría cada uno por su cuenta en una elección que se ve cuesta arriba para todo el mundo.

Por un lado está la parte orgánica del PAN nacional, que ya dio una línea que no admite interpretaciones: no a las alianzas. Esa es la orden, aunque cada comité estatal está valorando su situación para ver si puede ganar en su feudo sin la ayuda del tricolor.

Es el caso de Chihuahua: algunos quieren la alianza, pero de manera distinta a como se ha venido dando. Así como se lo expusieron a Mirone, así mismo se los pasa esta comunicativa columna, cuyo pecho no es bodega.

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Una parte del panismo local no solo quiere la alianza, sino que ve venir una derrota dolorosa, de esas que se dan por poca diferencia, por no haber sumado, ya sean votos o la cobertura de casillas con el PRI y los retazos que le quedan de estructura política.

Otra parte, con un tanto más de pragmatismo, le ha ofrecido al PRI una alianza como las que ya se han dado en otras elecciones: sin registrar coalición o candidatura común, simplemente poniéndose de acuerdo en qué lugares se ceden el paso uno al otro. Las “alianzas de facto”, les llaman.

Esto ya ha ocurrido, incluso en la pasada elección de gobernador, cuando la candidata priista al Gobierno del Estado, Graciela Ortiz, llamó a votar por Maru Campos, aunque su nombre ya estaba impreso en la boleta que se usó el día de aquella elección.

De poco o de mucho sirvió, eso ya no lo vamos a saber, porque fue una especie de llamada a misa que, para una parte del panismo, les salió bastante cara, y no se les puede quitar razón.

Lo que dicen es que, a cambio de esas campanadas a votar por la candidata panista, el priismo se quedó con posiciones clave dentro del Gabinete, como la Coordinación de Pueblos Indígenas y varios cargos más al gusto de los exgobernadores José Reyes Baeza y César Duarte.

En cambio, panistas de cepa que se la habían rifado en luchas electorales fragorosas contra el PRI no se acercan ni a diez cuadras del Palacio. Muy caro les salió el negocio, pues.

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Por el lado del PRI está la postura intransigente de Alejandro Domínguez, dirigente estatal, que quiere todo o nada: alianza total o candidatos propios. La quiere completa o no va. ¡Y cómo no pedirla así, si fue con la ayuda del alcalde panista Marco Bonilla que pudo vencer a Marco Quezada, de Morena, en el Distrito 8!

Hay otro sector del priismo que sí le entra con ganas a la alianza de facto, pero “nada más” necesitan que lo acepte su líder estatal… y el nacional. Como si estuviera tan fácil.

Lo cierto es que el tricolor no está como para ponerse exigente y no le queda más que aceptar que el blanquiazul le ofrece tortillas, a falta de PAN.

Difícil situación, porque para ambos representa quedarse “a PAN y agua” en las próximas elecciones… o que Morena les ponga una empanizada electoral de la que no podrán levantarse en un buen rato.

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Trivia: ¿Qué diputado local de Morena está a punto de “chaquetear” y darle una buena volteada de tortilla a su partido en votaciones próximas?

Piénsele: obviamente, no es el coordinador parlamentario, Cuauhtémoc Estrada. Ese anda de “amigui” de Ariadna Montiel y metidazo en la contienda por la candidatura al Ayuntamiento de Juárez. Ni que estuviera loco para traicionar a la causa. Descartado, pues.

Tampoco es Pedro Torres, ni mucho menos. Está con la 4T… hasta que la diputación los separe, pero por lo pronto se mantiene firme como votante del morenismo.

¿Quién será, quién será?

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De las diputadas no le busquen mucho. Ni siquiera las involucradas en el “WC Gate” andan en esas; por el contrario, la fuerza de las precampañas ya las hizo regresar al redil, así sea de mal modo.

Del resto de las legisladoras se puede decir que vienen de movimientos de izquierda desde hace muchos años o, incluso, estuvieron en la fundación de Morena, cuando este tenía una representación ínfima en Chihuahua. No, entonces ellas no.

¿Quién falta, quién falta?

¿No será uno que viene actuando de manera sigilosa, dentro de la bancada pero fuera del grupo político que la domina? ¿Acaso será aquel que votó junto con el bloque MC-PRIAN, aunque diga que no lo hizo? Caliente, caliente… ya mero lo adivina el estimado lector.

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Según le contaron a Mirone, es alguien que ha sido bastante “apapachado” allá por Palacio.

¿Ya le atinó el amable lector? No tiene pierde: es uno que ya se ha aventado sus “desa-Yunes” en el Congreso del Estado, votando a contrapelo de su bancada, aunque le quiera poner uno y mil vericuetos para justificar su postura contreras.

Estaba bien fácil: su apellido empieza con A y termina con vitia. Adivínele.

Ojo, porque ya anda tratando de convencer a sus compañeros de bancada de votar por Ada Miriam Aguilera para presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

Ojo con eso: al bloque MC-PRIAN solo le faltaba un voto para juntar la mayoría calificada.

¿Será que ya lo encontraron?

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Aunque la audiencia pública convocada por el Congreso del Estado sobre el pendiente legislativo de la elección directa de regidores por demarcación territorial se realizó el miércoles en la capital del estado, todavía resuenan hasta Ciudad Juárez los gritos de “¡cobarde!” que le lanzaron al diputado de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez.

Incluso, bien podría decir alguien que el ciudadano Nayo Almeida se pasó de la raya en la forma, porque realmente lo gritó enardecido y a muy altos decibeles, en un evento institucional moderado por el Instituto Estatal Electoral, que buscaba dar pie a un ejercicio de democracia participativa.

Sin embargo, Mirone entiende bastante bien el enojo, porque las organizaciones y colectivos que llevan 10 años impulsando la elección de regidores por voto directo para mejorar la representación política y acabar con los cabildos sumisos al alcalde en turno, se hartaron del discurso demagógico y de que nuevamente se pretenda patear el bote para la próxima elección.

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Como si dos veces no fueran suficientes, intentan una tercera postergación. Las anteriores legislaturas primero mandaron en transitorio el método para el proceso 2023-2024 y luego lo pospusieron para 2026-2027.

Ahora se pretende ahondar en la omisión legislativa, enviando el trabajo pendiente hasta el 2029-2030. Peor todavía, pretendiendo borrar de un plumazo los transitorios, de acuerdo con la iniciativa promovida por el PAN y presentada por el diputado Alfredo Chávez.

Como Francisco Sánchez en otros momentos les dio por su lado y se suponía que apostaba por la reforma como un avance democrático, particularmente le llovieron reclamos y exigencias para que cumpla y simplemente diga sí a la iniciativa que recuperó Morena este año, aunque en realidad viene de las organizaciones ciudadanas.

Le fue peor que a los diputados panistas y a su coordinador Chávez en la anterior audiencia realizada en Ciudad Juárez. Y eso ya es mucho decir. A la bancada azul y a su pastor acá les llovió en ausencia, pero a Sánchez le tocó que se lo dijeran de frente y varias veces.

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“La traición es la que cala”, reclamaron las voces ciudadanas, además de lanzar el grito iracundo de “¡cobarde!” e insistir en que MC, el partido fosfo-fosfo, nada tiene de movimiento ni de ciudadano.

También se llevó sus calificativos el diputado Carlos Olson, igualmente subidos de tono, como el de “fascista”. Hasta ahora, Olson es el único representante panista que ha dicho presente en al menos una de las audiencias convocadas por el Congreso al que pertenece.

Hay que decir que hubo quienes les reconocieron, tanto a Sánchez como a Olson, la valentía de presentarse, cuando ya se conoce la molestia de los promotores de la audiencia y de la iniciativa de reforma, porque en los hechos nada más se siguen haciendo locos.

La representación guinda, por su parte, se dio vuelo nuevamente evidenciando la falta de voluntad política de tricolores, azules y naranjas para atender la exigencia de que se cumpla el derecho constitucional a la elección directa de todos los representantes populares.