Fulminante fue la respuesta que posteó la viuda de Antonio Tarín al exgobernador Javier Corral, quien no se cansa de dar entrevistas en las que sigue ensuciando el nombre del exfuncionario, que pasó a mejor vida en días pasados.

Después de la entrevista o monólogo de Corral en el programa de Carmen Aristegui, donde la periodista lo dejó hablar por 13 minutos ininterrumpidos, en los que Javier se desahogó con su versión sobre el suicidio de Tarín y sus sospechas de complots y realidades simuladas tipo “Matrix”, la viuda del exfuncionario lo puso en su lugar y lo convocó a cerrar la boca.

La muerte del excolaborador de César Duarte le dio a Corral la oportunidad de refrescar el tema de la que todavía considera la “obra cumbre” de su malogrado quinquenio: el tétrico plan al que bautizó como Operación Justicia Para Chihuahua, y de paso la operación Safiro, donde presuntamente estuvo involucrado el hoy occiso.

El tema le sirvió también para volver a varios medios de la capital y erigirse como el paladín de la justicia y el máximo librero enemigo de la corrupción, pero la verdad es que Javier, habilidoso como es, tiene la mirada puesta en el 2024 y quiere llamar la atención de los dirigentes de Morena por si hay alguna senaduría que les sobre, y si es plurinominal mucho mejor, ya que de otra manera no tendría ninguna posibilidad.

Por todo esto, la viuda de Tarín le mando decir: “Qué poca ética, que poco corazón y qué poca madre (olvidando que usted no tiene), el usar el suicidio de mi esposo para la porquería que es usted y los que lo rodean”.

“Por respeto mínimo a los derechos de mi hija de 5 años, debería cerrar la boca y seguir con su propia lucha terrenal, porque la divina, la de Dios, la tiene perdida” (sic).

65 palabras sin desperdicio, las precisas para dibujar la personalidad del exgobernador, que sigue atacando a los medios de Chihuahua sosteniendo que forman parte de un estado de sitio informativo, porque Javier piensa que sigue al frente de los Expedientes X como gobernador y fiscal general fundidos y en activo, tal como lo hizo durante su fallida administración.

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A pesar de la tragedia de los migrantes que murieron en una celda del Instituto Nacional de Migración el 27 de marzo, y la avalancha de señalamientos y críticas nacionales e internacionales por la responsabilidad del Gobierno Federal, la aprobación en Chihuahua del presidente Andrés Manuel López Obrador se mantiene como aprobatoria, con un 62.7 por ciento.

De acuerdo con la última encuesta de Consulta Mitofsky, en la medición de todas las entidades federativas, Chihuahua quedó colocado en la posición número 16, donde Tabasco, la tierra de AMLO, encabeza la lista con un 78.9 de aprobación, mientras que Aguascalientes, gobernado por Acción Nacional, aparece como el Estado con menor calificación, con 39.0.

El impacto negativo que tuvo la muerte de 39 migrantes, encerrados por las autoridades migratorias, se ve reflejado en el promedio nacional de la consulta, pero solo marca una caída hasta del 62 por ciento de aprobación, que comparado con el 62.2 porciento que registró en febrero de este año, no resulta significativa.

Para quienes auguran que la tragedia migrante será el Ayotzinapa de AMLO en las elecciones del 2024, los números de esta encuesta no muestran esa tendencia, ni siquiera en Chihuahua, aunque sí revelan que en las 16 alcaldías de la Ciudad de México AMLO permanece reprobado, igual que en el mes de febrero.

Pese a que la corcholata favorita, Claudia Sheinbaum, gobierna la capital del país, en ninguna de las delegaciones que la conforman le otorgan siquiera el 60 de aprobación a López Obrador, pues la calificación mayor de 58.5 la obtiene en Iztapalapa, y la menor, 39.4, en la Miguel Hidalgo.

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Alguien le debe decir al secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, que en todo el territorio nacional el equipamiento policiaco se debe rotular en español, no en inglés, como equivocadamente lo hicieron con los escudos antimotines que entregó en Delicias con la leyenda “Police”.

Esto se vio el viernes pasado en la ceremonia de graduación de 20 cadetes de policía, de la primera generación egresada en el C4 Chihuahua, que se incorporaron a las labores de seguridad pública de Delicias.

Durante la demostración de los conocimientos adquiridos, los cadetes portaron escudos antidisturbios con la palabra “Police” en letras azules, como si la sola palabra en inglés fuera a imponerle respeto a los malandros.

Ciertamente que el hecho no representa ningún impacto real en términos de seguridad, positivo o negativo, pero lo correcto es que esos escudos sean rotulados en español, por la simple razón de que estamos en México, no en los Estados Unidos.

Lo mismo pasa con el equipo de respuesta e intervenciones peligrosas que creó la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y que llaman SWAT, siglas en inglés de un grupo armado para operaciones especiales (Special Weapons And Tactics).

Esta unidad de policías, supuestamente de élite, debería ser identificada con un nombre en nuestro idioma, sin atenerse al comodino argumento de que las siglas en inglés ya están muy posicionadas, porque hasta película y serie de TV tiene en los Estados Unidos.

Nada más falta que, bajo ese criterio de utilizar anglicismos en las funciones del gobierno, también se apliquen en la señalización de las instalaciones de la Plataforma Centinela, al fin y al cabo, la tecnología que adquirirán es gringa y proviene en su mayoría del vecino país.

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Nulo avance tuvo la campaña de amparos contra el aumento de la tarifa de transporte público, que los diputados de Morena en el Congreso del Estado comenzaron a promover desde la semana pasada.

Pocos han sido los formatos solicitados a través de las redes sociales del líder de los legisladores guindas, Cuauhtémoc Estrada, quien puso su muro de Facebook como enlace para que los usuarios del transporte público de pasajeros, que se sientan afectados por las nuevas tarifas, se amparen.

Por lo visto, si a los usuarios les afectó el aumento, no están interesadas en perder su tiempo involucrándose en un juicio de amparo, porque perderán horas de trabajo y gastarán en traslados a los tribunales.

Si la gestión de los amparos tiene los mismos resultados que la que hizo recientemente Cuauhtémoc Estrada ante la CFE, con vecinos de El Charco, del municipio de San Francisco de Conchos, para que les conecten el servicio de energía eléctrica, ya vayan resignándose a pagar las nuevas tarifas.

En dicha gestión para la electrificación del pueblo, que no rebasa los 500 habitantes, lo único que pudo lograr el diputado fue que les dijeran que el próximo año los van a incluir en los nuevos proyectos. Mientras tanto, a seguir iluminándose con velas y lámparas de petróleo.