EL PALACIO legislativo de San Lázaro, convertido en las últimas horas en guarida del prófugo de la justicia chihuahuense, Antonio Enrique Tarín García, volvió a abrir el debate nacional sobre la complicidad de los grupos en el poder que bajo el amparo del fuero esquivan la legalidad por sobre cualquier costo político.
SEÑALADO por el Gobierno estatal chihuahuense como un individuo extraído de la acción judicial por supuesto peculado, Tarín García –suplente del recientemente fallecido Carlos Hermosillo– pernoctó atrincherado en la Cámara de Diputados. Allí cenó, durmió, desayunó y recorrió a sus anchas las oficinas del vicecoordinador Carlos Marín Ramírez, la del coordinador de la fracción priista chihuahuense Fernando Uriarte y otras, en la búsqueda de complicidad para evitar su captura.
LAS HORAS de la madrugada en el palacio legislativo fueron testigos de cómo el exdirector de Adquisiciones de la administración de César Duarte se encerró bajo llave en una de las oficinas de los legisladores. La suya era la única luz encendida de todas las oficinas. El completo silencio y los mil demonios en la mente de Tarín.
BAJO EL ESCRUTINIO de la opinión pública nacional surge el cuestionamiento sobre qué es lo que avaló la permanencia de Tarín García en la sede legislativa, si horas antes la Junta de Coordinación Política y la presidenta de la mesa directiva –Guadalupe Murguía– le negaron la posibilidad de rendir protesta, a sabiendas de que era un prófugo de la justicia chihuahuense y que afuera de San Lázaro las cuatro salidas del edificio eran resguardadas por agentes del Ministerio Público, en espera de cumplimentar la orden de presentación ante un juez.
CÉSAR Camacho, coordinador de la bancada tricolor, no midió el impacto mediático que se desató ayer. Tuvo que decidir entre solidarizarse con la promoción de un amparo federal en favor del prófugo o no permitir que saliera raspado el PRI. En ambos casos, evidentemente, salió perdiendo.
—
EL SEVERO impacto a la imagen del PRI (o lo que queda de ella), se da en momentos cruciales de una contienda electoral en curso en Estado de México, Nayarit y Coahuila, donde según las encuestas, a dos meses de los comicios, en ninguna de las tres entidades los candidatos priistas encabezan preferencias del electorado, por lo que el caso Chihuahua y la persecución de actores del duartato adquiere relevancia para la atracción de votos en favor del PAN y Morena en aquellas entidades.
EL INNECESARIO desgaste del Poder Legislativo ante la opinión pública, propiciado por los intereses del PRI, no puede repetirse una vez más. La irritación ciudadana así lo manifiesta.
NINGUNA instancia del poder en México debe ser utilizada como cómplice de la ilegalidad, ni por el PRI ni por nadie.
—
¿QUÉ MOTIVACIONES tendrá el exgobernador Patricio Martínez –hoy senador de la República– para reactivar el tema del sobreendeudamiento que dejaron al Estado sus sucesores Reyes Baeza y César Duarte?
TICHO no pretende echarle fuego a la hoguera, pero tiene muy presente el discurso de que cuando a él le tocó gobernar fue muy difícil sanear las finanzas y evitar las deudas, pero lo consiguió y no le heredó pasivos importantes a su sucesor. ¿Sabrá algo o únicamente se inspiró en los primeros golpes jurídicos dados por el corralismo contra quienes causaron un quebranto a la entidad?
—
ENTRE Canaco, Coparmex y Canacintra no se junta uno solo para mostrar carácter a la hora de hacer posicionamientos firmes. Ni siquiera en temas domésticos, mucho menos frente a lo que ya es uno de los escándalos de corrupción más notables del país, con las primeras órdenes de aprehensión obsequiadas por distintos jueces contra exfuncionarios estatales acusados de peculado.
ASÍ ES como demuestran, una vez más, a qué intereses respondieron durante todo el sexenio anterior quienes hoy tienen pulso de maraquero, mínimamente para señalar que las primeras aprehensiones contra los exfuncionarios del duartato son un acierto de la justicia en Chihuahua.
DAN LA impresión de que les falta subir el binocular para comprender que las medidas adoptadas por la administración de Javier Corral representan una exigencia de la sociedad chihuahuense ante los presuntos actos de saqueo. Parece que los señores empresarios se inclinan más por calcular el impacto político antes que reconocer el mérito jurídico, aunque todavía estemos lejos de una conclusión de culpabilidad o inocencia.
HACER depender la justicia de los vaivenes político–electorales es lo que ha roto parte de la estructura del Gobierno en Chihuahua en los últimos sexenios, y es lo que tiene sumidas en la desgracia a las comunidades de la sierra, a municipios del interior y a las zonas periféricas tanto de la capital como de Ciudad Juárez.
¿ACASO es esta una ecuación tan difícil de entender para los señores representantes de la iniciativa privada?
—
APENAS la semana pasada en este mismo espacio mironiano habíamos adelantado que la administración estatal panista pasó la charola a la IP juarense para que generosa y voluntariamente apoyara con gasolina para las patrullas de la Fiscalía y la Policía Estatal Única.
PESE A sus filias tricolores y sin dejar de meter jiribilla en su anuncio, el líder del comercio organizado –Rogelio González Alcocer– se aventó ayer la joya de que una decena de estaciones de servicio juarenses van a contribuir con combustible para que las labores de seguridad no se detengan por la falta del preciado hidrocarburo.
EL PUNTO a favor nadie se lo quita. La única condición que pusieron los empresarios es que el donativo se use para operativos y recorridos en esta frontera. No fue mencionado a cambio de qué, pero ese tipo de suspicacia no importa. A caballo regalado no se le ve el colmillo. Bien por la polla.
—
LA TAREA de reforzar a los agentes de la Policía municipal en materia de derechos humanos tuvo ayer un paso importante, luego de que alrededor de ochenta elementos recibieron reconocimientos tras haber concluido su capacitación en la materia.
POR TAL motivo, el alcalde Armando Cabada Alvídrez no quita el dedo del renglón de que el adiestramiento continuo de los integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal debe hacerse de forma permanente con el propósito de dotarlos de herramientas en favor de los ciudadanos.
EL GOBIERNO independiente reconoce que en las acciones diarias de los policías deberá prevalecer el irrestricto respeto a las garantías individuales. Ese es uno de los factores más sensibles para aspirar a contar con un cuerpo de seguridad pública mejor preparado. Y Cabada está decidido a hacerlo.