Cuando una persona de impacto, presencia y contribuciones reales en la vida de una comunidad muere, hay vacíos emocionales de instantánea apertura que solo el tiempo y la paulatina aceptación de los hechos son capaces de reparar.

Pero cuando esa muerte es producto de un acto criminal, de improviso, a mansalva y cobardemente ejecutado, seguido de una impunidad que se acrecenta o se resuelve a medias con el paso de los años, nada es capaz de erradicar la abrumadora sensación de vacío que, como huella de permanente acento, late insistente y furiosamente en el sentir social.

Lo anterior viene a colación porque el próximo 23 de marzo se cumplen seis años del cobarde y artero asesinato de la periodista Miroslava Breach Velducea, en un hecho calificado de execrable, lamentable e indignante, que sigue representando uno de los mayores pendientes de la justicia mexicana, tan hondamente marcada por la huella de la impunidad y la simulación.

Son 2 mil 187 días los transcurridos desde el homicidio, con un proceso de investigación y acciones legales que siguen arrastrando, de origen, serias dudas respecto a la imparcialidad y la objetividad con que estas han sido realizadas hasta ahora.

Miroslava fue vilmente asesinada a balazos a las puertas de su hogar, frente a su hijo, en un hecho que sacudió a la sociedad chihuahuense, con fuertes repercusiones nacionales que, en contraste, tuvieron muy poco eco y sí muy lento seguimiento (mucho ruido y pocas nueces) por parte de las autoridades estatales encabezadas por Javier Corral Jurado.

Pese a las declaraciones iniciales del exgobernador, en el sentido de que se actuaría con prontitud y transparencia, y que se daría con los responsables, más que contribuir pareció prestarse al juego de simulaciones y cortinas de humo que representaron una constante en los años que siguieron a la investigación.

A lo largo de su mandato, Corral negó insistentemente tener conocimiento previo de las amenazas de que Miroslava fue objeto antes de su muerte, pese a diversas versiones que contradecían tales afirmaciones, incluyendo la de la periodista Olga Alicia Aragón quien, según el periodista Luis Hernández Navarro, declaró que al menos en tres ocasiones Corral fue informado de tales amenazas.

Corral no solo negó esta y otras versiones acreditadas a las hermanas de Miroslava –a las que acusó de mentir, diciendo lamentar mucho “la actitud que tomaron”–, sino que para el gremio periodístico no pasó desapercibido que en el discurso que pronunció en su Primer Informe de Gobierno de septiembre de 2017, donde destacaba los logros de su gestión, el mandatario pasó por alto cualquier mención sobre el caso al referirse al tema de seguridad y justicia.

El nivel de impunidad a la fecha es de tal magnitud que los cuestionamientos siguen alcanzando al ahora empresario librero, quien en diciembre pasado fue cuestionado durante su intervención en la mesa “El caso mexicano: informar bajo fuego” organizada por la Bienal de periodismo de la cátedra “Mario Vargas Llosa”, en la edición 2022 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

Ahí, Corral compartió mesa con las periodistas Marcela Turati y Adela Navarro, quienes destacaron el caso de Miroslava Breach cuestionando el accionar de “un gobernador que se mete a la escena del crimen a supervisar y a tocar evidencias”, negar a la familia durante diez meses el acceso al expediente judicial, y mantener aún pendiente, dentro de las líneas de investigación, el punto referente a la “narcopolítica”.

Por supuesto Corral se defendió como pudo justificando su accionar y lamentando no haber podido llegar y actuar contra los agresores. Faltaba más.

Mientras tanto, la impunidad continúa pese a las acciones legales emprendidas que, al menos, han alcanzado ya a dos de los señalados, el último de los cuales es el exalcalde de Chínipas, Hugo Amed Schultz, quien fue sentenciado a ocho años de prisión por su responsabilidad en el homicidio.

Este caso fue sustentado por las grabaciones presentadas por la Fiscalía de Chihuahua al Juez de Control, donde se escucha la conversación sostenida vía telefónica entre el exvocero del PAN, Alfredo Piñera Guevara y Miroslava, misma que fue entregada a Shultz y este a su vez la hizo llegar a los asesinos de la periodista.

En ella, Piñera le pedía a Breach que revelara las fuentes del reportaje que publicó en Norte de Ciudad Juárez y en el diario La Jornada, en el cual hacía referencia a candidatos vinculados al narco, advirtiéndole a la vez que ya no podía pisar la sierra por indicación de Carlos Arturo Quintana, conocido como “El 80”, líder de un grupo criminal antagónico a Los Salazar, quien fue detenido y extraditado a los Estados Unidos en agosto de 2022.

A la fecha, este líder criminal es considerado como uno de los autores intelectuales del asesinato de Miroslava.

“Lamento mucho que cualquier acción de mi parte haya contribuido a su lamentable homicidio. Quiero transmitir este mensaje a la familia de Miroslava en el que reconozco que mi aportación afectó los derechos de Miroslava y lamento las consecuencias que generaron. La ausencia de Miroslava Breach como voz crítica del periodismo sin duda alguna afectó el derecho de la sociedad a la información pública”, fue lo que Schultz mencionó en la disculpa pública que pronunció durante el juicio.

Al respecto, el Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica (CIC Propuesta Cívica), que ha dado puntual seguimiento al caso, destacó el hecho como parte de los logros que la presión social y periodística han conseguido obtener para la resolución del crimen.

“A más de cuatro años de su asesinato logramos una segunda sentencia condenatoria contra otro de los responsables involucrados en su homicidio… la Fiscalía acusó a Hugo Amed Schultz por el delito de homicidio en contra de Miroslava en su intervención como partícipe auxiliador, y solicitó a la juez una condena de ocho años de prisión (además de) la reparación integral del daño, consistente en la compensación económica, y una disculpa pública de viva voz del ahora sentenciado”, publicó en su portal propuestacivica.org.mx.

Esta organización creada en abril de 2011 prepara ya un informe que será presentado en el Senado de la República el próximo jueves 23 de marzo, justo cuando se cumplen seis años del homicidio de Miroslava.

Mediante esta iniciativa, dicha organización enfocada a la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión –con fuerte énfasis en el acompañamiento y representación legal de derechohumanistas y periodistas– busca informar a detalle a los legisladores federales lo que ha sido el accionar de las diversas instancias involucradas en la investigación, poniendo especial acento en los pendientes que persisten en el mismo.

Sara Mendiola, representante de CIC Propuesta Cívica, sigue señalando la opacidad, inactividad, ineficiencia institucional, mala fe, y la imperante corrupción que prevalece entre “algunos” operadores de justicia, quienes siguen representando duras piedras de oposición en el zapato de la Justicia.

Sin quitar el dedo del renglón en los casos de Miroslva Breach y Javier Valdez, Mendiola indica que falta mucho por hacer para que los principales involucrados en el crimen de la periodista oriunda de Chínipas, sean finalmente sujetos a proceso.

“Hasta el momento no existen más sentencia condenatorias contra ninguno de los responsables, solamente un acusado en prisión preventiva, una orden de aprehensión contra otro implicado pendiente de ejecutar y un tercer participante asesinado y ninguna identificación del o los responsables intelectuales del crimen”, destaca el organismo.

Con todo, según Mendiola, la investigación continúa abierta, sin más avance en las líneas de investigación que sigue la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (Feadle), particularmente en lo relativo a medidas que puedan probar fehacientemente la responsabilidad de los actores políticos señalados.

Es algo –dice– que debe armarse con extremo cuidado para darle suficiente solidez al caso.

Y asegura que en esto, no quitarán el dedo del renglón.