El país entero se sacudió la noche del sábado con el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán. El caso se ha convertido en la gota que derrama el vaso de la indignación en una ciudadanía harta de que los grupos criminales impongan su ley y de que el Gobierno Federal sea incapaz siquiera de reconocer que falla en materia de seguridad.

Desde donde quiera que se le mire, el asesinato de Manzo es inadmisible, sobre todo porque el alcalde gritó hasta el último momento de su vida que era urgente el apoyo del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y una postura más firme de la Federación para ponerle un alto al crimen organizado.

Pero en lugar de protección y apoyo decidido, recibió de la presidenta los mismos discursos huecos que se repiten todos los días: “ahí están los resultados”, “los homicidios dolosos han bajado”.

Puras cifras genéricas y narrativas que de nada sirven en los territorios capturados por los cárteles, donde deciden impunemente a quién le quitan vidas y patrimonios.

La muerte de Manzo se registra apenas dos semanas después del asesinato de Bernardo Bravo, líder de los limoneros en Michoacán, quien, igual que lo hizo Manzo, alzó la voz en contra del asedio criminal en el Valle de Apatzingán.

Es demasiado. En todo México se comienza a gestar el grito unísono de ¡Ya basta! de tanta impunidad y tolerancia a los grupos criminales. Los cárteles siguen actuando a sus anchas desde que al expresidente Andrés Manuel López Obrador se le ocurrió la genial estrategia de “Abrazos, no balazos”.

Todo tiene un límite y los hartazgos finalmente terminan reflejados en las urnas. El descontento que hoy recorre el país seguramente crecerá y tendrá su respectivo impacto electoral para la 4T si no se corrige el rumbo y se deja de apoyar a los mafiosos en lugar de los ciudadanos y gobernantes valientes como Carlos Manzo.

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Entre magistrados y jueces hay inconformidad y grilla porque desde otros órganos del Poder Judicial les andan invadiendo sus terrenos y facultades en plan de ninguneo, lo que no ha caído nada bien.

Le llegaron a Mirone los reportes de lo que pasó en conversatorios organizados por el Tribunal Superior, donde se quisieron pasar de lanzas algunos enviados del Órgano de Administración Judicial (OAJ), como el propio comisionado Eduardo Gómez Bustamante, uno de los perdedores de la elección del 1 de junio que luego fue rescatado para el mentado OAJ.

A Gómez Bustamante le dio por regañar y corregir a la novel magistrada Adriana Salcido, lo que cayó como patada de mula en otras magistradas y magistrados que ya tienen más experiencia y para nada les gustó que alguien del Órgano de Administración Judicial se olvide de lo suyo y se ande metiendo en cuestiones del trabajo jurisdiccional.

Igual pasó en los conversatorios con la participación de algunos secretarios comisionados por Presidencia del Tribunal Superior, que se pusieron a manejar las reuniones y a opinar de la materia jurisdiccional, tratando de hacer menos a los que deberían de hablar, en este caso los jueces y los magistrados.

En esas anduvo acá el secretario Yamir Roberto Aguirre Flores, quien no se limitó a llevar los mensajes para la presidenta Marcela Herrera, sino que quiso imponer sus criterios, en la materia que únicamente compete a los propios jueces y magistrados. Aguirre Flores es otro de los perdedores de la elección que fue rescatado para la estructura burocrática, pero se quiere mover como si trajera el voto popular detrás de él.

Otro que a varios dejó mal sabor de boca en su gira por Juárez, fue el magistrado presidente del Tribunal de Disciplina Judicial, Francisco Acosta Molina. Se anduvo metiendo a las salas y los juzgados como Pedro por su casa, sin la menor cortesía para los titulares. Al menos para algunos, porque no a todos les trata igual.

En uno de los conversatorios, hasta tronó la magistrada Angélica Mendoza, a quien de inicio ni le habían corrido la invitación para asistir y luego presenció el desdén de Acosta Molina con otra de las magistradas, a quien le negó el saludo: Sara Julieta Muñoz. Prefirió Mendoza dejar la sala, molesta por la acumulación de agravios.

De ahí que haya quienes consideren que se ha permitido por parte de la presidencia del Tribunal Superior, que se desdibuje la investidura de las magistraturas, al no darle a cada quien su lugar.

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Por esos terrenos judiciales, también se enteró Mirone que les fue muy mal a juezas y jueces que en las últimas semanas anduvieron a gorro con los cursos de capacitación, tanto en materia Civil como Familiar.

De la docena de juzgados en cada materia, nada más aprobaron dos o tres. Son los cursos que se aventó el Instituto de Formación y Actualización Judicial (Inforaj).

Por lo visto, a quienes llegaron desde afuera para renovar el Poder Judicial, no les ha estado yendo muy bien, aunque pensaban que se las iban a comer ardiendo. No se la acaban ni con el rezago, ni con los exámenes.

Por cierto, también sonó paradójico que, para dar los cursos para las juezas y los jueces, se tuvo que recurrir a varios que eran de carrera judicial y compitieron, pero no ganaron la elección; también a algunos que eran personas juzgadoras, pero simplemente no quisieron competir.

Ahí están los casos de Julio Lastra y Pablo Carmona; también los de Clarisa Sandoval y Norma Ramos. Jueces y juezas que no le entraron o no quedaron y ahora tienen que hacerse cargo de la capacitación para los que sí llegaron.

En paralelo, continúan las broncas sin resolver. Recientemente anduvo por los juzgados el director de Archivos. Supuestamente iba para comentar con titulares de los juzgados algunas recomendaciones sobre qué hacer con todo lo que ahí tienen apilado, pero nomás fue prácticamente para sacarse la foto y decir que ya se está atendiendo el problema.

Prácticamente desde el 2019 dejaron de recibirles en la bodega los expedientes, incluso los inactivos, y cada juzgado se las tiene que ingeniar para acomodarlos en donde pueda.

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Aunque el movimiento anticipado de las principales figuras rumbo al 2027 sigue generando polémica y ruido por todos lados, ni el alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar, ni el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, se quedaron quietos el fin de semana.

Por el lado de Cruz, tal como lo había anunciado cuando se negó a recorrer las ruinas de la Torre Centinela porque prefería las de Paquimé, el alcalde fue a dar a la región de Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes.

“Hoy seguimos recorriendo nuestro estado para escuchar, atender y trabajar por el bienestar de las familias chihuahuenses”, compartió el presidente municipal el sábado, desde Nuevo Casas Grandes.

En Casas Grandes visitó el viñedo La Turbina. “¡Les aseguro que están mucho mejor que la Torre Centinela!”, volvió a bromear el alcalde, en relación a la polémica que se armó la semana pasada, cuando el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya, lo acusó de politizar el tema de seguridad pública, y lo invitó a revisar los avances de la torre que es parte de la Plataforma Centinela.

Tampoco le prestó Cruz atención a los amagos de la presidente estatal del PAN, Daniela Álvarez, quien dijo el viernes que se preparaban denuncias contra el alcalde por abandono de funciones.

Por el lado de los panistas, tampoco se detuvo el alcalde Marco Bonilla. El sábado fue a dar hasta Jiménez, donde el panismo local le ayudó a armar una buena reunión campañera con gente de la región.

“Jiménez está listo. La tierra del Río Florido y del Bolsón de Mapimí. Donde la gente trabajadora saca nueces hasta del lugar más seco. Estoy con ustedes en esta lucha, defendamos nuestra tierra, defendamos el agua y defendamos el campo. ¡Que todo Chihuahua avance parejo!”, compartió el propio Bonilla en sus redes.

Lo dicho: nadie se quiere quedar atrás en la anticipada carrera por la gubernatura.

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El panismo estatal sumó fuerzas y le brincó en contra de la dirigencia de Morena que ya no quiere soltar a la gobernadora Maru Campos. Como que les gustó la chihuahuense para pegarle un día sí y otro también.

El caso es que mandaron publicar desplegado de apoyo en favor de la mandataria de Chihuahua, sin que faltaran las firmas ninguno de los cuadros y figuras blanquiazules.

“Rechazamos categóricamente las mentiras, agresiones y descalificaciones promovidas desde la cúpula de Morena. No permitiremos que se intente ensuciar el trabajo limpio, cercano y transparente que este gobierno ha demostrado con hechos”, señala en una de sus partes el desplegado que principalmente va en contra de la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde.

Entre los firmantes están la presidenta estatal del PAN, Daniela Álvarez; el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla; la alcaldesa de Meoqui, Miriam Soto; el recaudador de Rentas en Juárez, Raúl García Ruiz; la secretaria de Cultura, Alejandra Enríquez y la diputada local, Xóchitl Contreras.

Además, Ulises Pacheco, el dirigente local del PAN y el secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera, así como las diputadas federales Manque Granados y Rocío González. Van todas y todos, como parte del PAN Chihuahua: funcionarios partidistas, funcionarios públicos y representantes populares.

“No permitiremos que la desinformación y los ataques infundados empañen el trabajo que encabeza la gobernadora Maru Campos”, agregaron en el desplegado que titularon “¡Maru Campos no está sola!”.