El caso que se le sigue al exfiscal Anticorrupción Francisco González Arredondo tiene todos los ingredientes para convertirse en uno de los más emblemáticos y complejos de la historia jurídica del país.

La detención del también excoordinador de la operación “Justicia para Chihuahua”, abrió una discusión sobre los límites entre la investigación jurídica y la aplicación de la tortura, en cualquiera de sus modalidades.

Como un filoso péndulo que va y viene con argumentos que esgrimen los fiscales y la defensa del reputado exfiscal para los Derechos Humanos, ambos bandos aplicarán, sin dudarlo, las mejores estrategias jurídicas en los próximos tres meses: unos para liberar a quien consideran el paladín de la lucha contra la corrupción; otros para condenar hasta con 20 años a la cabeza que orquestó posibles actos de tortura psicológica.

Al momento de la captura del exfiscal, continuaba el proceso judicial contra el exgobernador César Duarte Jáquez por asociación delictuosa y peculado, ambos en modalidad agravada, en perjuicio del erario del estado.

Además de esa causa, la Operación Justicia para Chihuahua, coordinada durante la primera parte del gobierno de Corral por el ahora detenido, había logrado 16 sentencias condenatorias por actos de corrupción contra igual número de exfuncionarios.

Según el comunicado oficial del Gobierno del Estado publicado el 17 de agosto de 2021, dicha Operación había logrado acciones penales contra 49 personas en 126 ocasiones, incluidos exfuncionarios y empresarios.

El pasado lunes 21 de noviembre, agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones aprehendieron a Francisco González, en cumplimiento de una orden de aprehensión por presuntos actos de tortura en contra de un testigo que se había apegado al principio de oportunidad cuando era investigado dentro de la citada operación.

Posteriormente, la jueza de control, Hortensia García Rodríguez, le dictó vinculación a proceso.

La acción penal contra el fiscal que coordinara la integración de los llamados “Expedientes X” en contra de exfuncionarios duartistas, y la posterior muerte de su padre, motivaron una airada discusión en medios de comunicación y redes sociales entre la gobernadora Maru Campos y sus allegados contra el exgobernador Javier Corral y sus simpatizantes.

La controversia subió de tono cuando el padre del acusado, Francisco González Vázquez, quien se encontraba presente al momento de la detención, falleció al día siguiente a causa de un infarto al miocardio.

Corral Jurado ha afirmado, en diversas apariciones en medios de comunicación de la capital del país, que la causa penal contra su excolaborador forma parte de una “persecución política” contra el detenido y contra él mismo.

La información derivada del caso contra quien también fuera fiscal de Derechos Humanos del Gobierno de Javier Corral, ha generado una discusión, tanto política como jurídica, de la aplicación del llamado “criterio de oportunidad”, y de dónde empieza la investigación criminalística y dónde la tortura y el abuso de autoridad.

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El fiscal General del Estado, Roberto Fierro Duarte, afirma enfáticamente que la aprehensión del exfuncionario de la FGE se sustenta en una causa penal producto de solicitud de la CNDH, de manera independiente a las investigaciones contra el exgobernador César Duarte.

En entrevista para Norte Digital, Fierro Duarte explicó que la investigación contra “Francisco G.”, como lo refirió, no interfiere en el proceso judicial que se le sigue a Duarte Jáquez, como tampoco en la integración de otras carpetas de investigación por presuntos actos ilícitos de aquella administración.

“¿Qué tiene que ver esa carpeta –la de González Arredondo– con las de César Duarte? ¡Absolutamente nada!”, exclamó el fiscal.

Los procesos contra el exmandatario de Chihuahua en el período de 2010 a 2016 continúan, aseguró, e incluso van en aumento.

“César Duarte sigue en prisión preventiva porque nosotros le hicimos la formulación de imputación, y lo vuelvo a decir, continuamos con todo el proceso y con todo lo que siga. Vamos a seguir trabajando, no están estancadas las carpetas, se siguen trabajando”, enfatizó.

Fierro agregó que, durante su gestión como fiscal General del Estado, no solo han continuado las causas contra el exmandatario, sino que además se integró otra contra otros exfuncionarios de su administración.

Incluso, agregó, se han hecho las gestiones ante la Cancillería mexicana, la Fiscalía General de la República y el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América para lograr el criterio de excepción, para que pueda ser procesado por las otras 18 carpetas que tiene integradas en su contra.

Del caso de González Arredondo, comentó que dio inicio hace más de 10 meses, y derivó en una solicitud de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la cual, a su vez, se generó por la queja presentada por uno de los indiciados de la mencionada Operación Justicia para Chihuahua.

“Este tema surge porque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos nos manda un documento y nos dice muy claramente ‘solicito informes de la carpeta de investigación que estás llevando, pero si no la tienes, abre una’”, comenta el fiscal.

“Integramos una carpeta sólida, robusta, con 19 testimoniales, con un Protocolo de Estambul que se llevó a cabo como debe de ser, por parte del Centro Iberoamericano de Formación en Derecho Internacional y Derechos Humanos (Cifodidh), y que está acreditado para eso por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, continuó.

En las investigaciones, que se prolongaron por casi un año “y no en 20 días”, aclaró, se consideró que, hubo situaciones donde “pudieron haberse violado o violentado los derechos humanos de las personas”.

De las supuestas torturas que refirió el quejoso, Fierro Duarte mencionó que se trata de la forma como la FGE, en la anterior administración, llevó a cabo las entrevistas a los exfuncionarios que ahora son los denunciantes.

“Te pueden estar entrevistando, pero también te pueden dar permiso de ir al baño, te pueden dar un vaso de agua; te pueden permitir que tus derechos fundamentales sigan vigentes, pero no te pueden estar humillando, eso es diferente”, señaló.

De la probable responsabilidad de González Arredondo, no solo ha sido señalado por los acusadores en situaciones de tiempo y modo, sino que el propio exgobernador Javier Corral se refería a él como el encargado de toda la operación.

En ese caso, continuó, “es nuestro deber investigar si hubo o no una tortura psicológica o un maltrato o una vulnerabilidad a los derechos humanos”.

“La ciudadanía chihuahuense tiene derecho a saber qué pasó y a saber la verdad”, dijo.

Del uso de la tortura de cualquier tipo, Fierro Duarte señaló que hay técnicas de entrevistas muy claras “que no violentan los derechos humanos”, pero que, al momento que se trastocan las garantías de una persona, le estás dando una posible salida a su caso.

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Para el abogado Íker Ibarreche, integrado recientemente a la defensa de González Arredondo, la integración del expediente está “plagada” de inconsistencias, irregularidades y falta de técnica jurídica.

El caos se basa, dijo, en una “tortura psicológica” que es poco creíble y con muy escaso sustento desde el punto de vista fáctico y probatorio, añadió.

Señaló que la Fiscalía General del Estado ha mostrado claras inconsistencias, como el hecho de atribuirle al detenido el haber cometido tortura “de manera permanente” durante 21 meses, esto es, desde febrero del 2017 y hasta noviembre del 2018.

“No pudo haber estado torturando al detenido de manera permanente durante dos años”, aseguró.

“Una persona secuestrada es permanente, momento a momento. Pero en el caso del maestro González Arredondo no tiene ninguna lógica, porque implicaría que la persona estuviera los 21 meses siempre al lado del maestro González y que todo el tiempo se llevarían a cabo estos casos”, subrayó el defensor.

Ibarreche puso en duda la veracidad del documento derivado de la supuesta aplicación del Protocolo de Estambul con el que se habría confirmado la tortura contra el denunciante.

“La Fiscalía General del Estado de Chihuahua presentó un informe de un comité interdisciplinario que dice haber practicado la metodología del Protocolo de Estambul, pero ese informe tiene deficiencias muy graves”, comentó.

En entrevista, Íker Ibarreche señala que la instancia que aplicó el citado protocolo recibió un pago de 600 mil pesos por parte del Gobierno del Estado y, tiene errores fundamentales, como el hecho de que en el informe nunca se acompañan los documentos que acrediten que las personas que intervinieron verdaderamente tienen las credenciales y la expertise para llevarlo a cabo.

“No están los documentos, registros de entrevistas, de las baterías de preguntas, nada de eso acompañó. Tampoco hubo un médico que acompañara las diligencias”, señaló.

Está realizado por un comité interdisciplinario, pero no había un médico, que es uno de los parámetros del Protocolo de Estambul.

Del exfuncionario que ahora acusa, mencionó que antes estuvo sujeto a proceso tanto en la instancia local como en una federal, y no denunció las supuestas torturas a las que fue sometido.

“La investigación, toda, no se apega a estándares internacionales; es un informe mal hecho; presenta el dicho de cinco personas, tres de las cuales nunca refieren al maestro González y las otras dos no dicen que hayan visto o escuchado o ni siquiera que alguien lo haya comentado”.

Lo más grave del caso, recalcó, es que la jueza de control, Hortensia García Rodríguez, ha subsanado todas esas deficiencias, contrario a lo que es su deber.

Además, dejó en prisión preventiva al detenido por un delito al que no le corresponde esa penalidad, aseguró.

“Las y los jueces en un sistema como el de Chihuahua no pueden subsanar, menos la Fiscalía General del Estado. Eso vulnera el principio de imparcialidad, y la juzgadora, con todo respeto, no desarrolló una audiencia dentro de los parámetros respetando el debido proceso”.

El defensor dijo desconfiar de la imparcialidad de la juez, pero se manifestó seguro de lograr la libertad de su defendido en un juicio de amparo contra el auto de vinculación a proceso.

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Por su parte, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Néstor Armendáriz Loya, informó que al organismo nunca llegó queja alguna del detenido que ahora acusa a su aprehensor haber recibido tortura.

Mencionó que la CEDH radicó la queja “de oficio”, es decir, sin que hubiera solicitud de parte del agraviado. Sin embargo, no tenían, y a la fecha no tienen, el o los nombres de los quejosos, pues ni ellos se acercaron a la Comisión, ni ha sido posible que esta tenga contacto con aquellos.

El ombudsman chihuahuense comentó que, por parte de la CEDH, no se practicaron exámenes para detectar si hubo tortura psicológica o de otro tipo, ya que ni los detenidos ni la Fiscalía General del Estado los solicitaron.

En tanto, la CEDH emitió al menos seis recomendaciones al Gobierno del Estado por probables violaciones a los derechos humanos de personas recluidas en Centros de Reinserción Social de la entidad.

Sin embargo, ni la Secretaría de Salud, ni la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que entonces tenía a su cargo la administración de los Ceresos, aceptaron las recomendaciones, apuntó.

De la aplicación del Protocolo de Estambul, mencionó que la CEDH no tiene la certificación para aplicarlo, por lo que no pudo llevarlo a cabo en los casos de las personas detenidas en Chihuahua que en algún momento afirmaron ser víctimas de tortura psicológica.

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Independientemente del caso del exfiscal y catedrático universitario Francisco González, el Gobierno de Javier Corral fue señalado por sus adversarios de violentar el debido proceso en contra de exfuncionarios o servidores públicos en activo que estaban sujetos a investigación.

Esa situación motivó que la CEDH emitiera la recomendación número 17/2021, en la que se concluyó que el titular del Ejecutivo del Estado, en ese entonces, a cargo de Javier Corral, había vulnerado los derechos humanos de una candidata a la gubernatura.

En su conclusión, la CEDH señaló que el mandatario y otros servidores públicos del Gobierno del Estado habían hecho 283 publicaciones que “vulneran el derecho a la presunción de inocencia de la quejosa, en su vertiente de regla de trato extraprocesal”.

En otra queja ante la CEDH, la número 02/2022, una persona se quejó de haber sido detenida por efectivos de la Comisión Estatal de Seguridad durante la gestión del gobernador Corral.

Los agentes lo aprehendieron a pesar de que tenía fuero constitucional al ser integrante del Poder Judicial del Estado, dice el documento de la CEDH, por lo que existieron evidencias de que se violaron “los derechos fundamentales del quejoso”.

En la recomendación No. 04/2022, también de la CEDH, se da cuenta de una queja por parte de otro indiciado dentro de esos procesos, a quien no se le permitió recibir la atención médica que requería por un problema esofágico que padecía.

Mientras tanto, Corral atrajo ya a la contienda a Íker Ibarreche, uno de los más afamados abogados de Latinoamérica, que ganó notoriedad al aparecer en la serie Duda Razonable por defender a un grupo de tabasqueños imputados por el delito de secuestro, y quien ya trabaja en la demolición del principal argumento de la Fiscalía: la aplicación del Protocolo de Estambul a manos de una asociación civil poco conocida y a la que el abogado ya le marcó varias debilidades.

En todo esto lo que deberá triunfar es el debido proceso, porque al final será lo que pesará jurídicamente.

Tiempo al tiempo. Por lo pronto preparémonos a vivir un proceso jurídico que pasará a la historia como uno de los más intensos y peleados.