Los documentos desclasificados del caso Epstein empiezan a trazar una línea incómoda que pasa por Ciudad Juárez. En ellos aparece el nombre de Earl Anthony Wayne, exembajador de Estados Unidos en México, señalado —sin que exista hasta ahora confirmación oficial— en relación con una presunta reunión celebrada en esta frontera.

No era un actor distante: durante su gestión, Wayne visitó con frecuencia Juárez y se dejó ver en actos públicos junto a políticos locales, bajo agenda abierta, protocolo diplomático y fotografías oficiales.

Anthony Wayne no fue un actor ocasional en la frontera. Durante 2013 y 2014, periodo en el que fungió como embajador, su presencia en el eje Ciudad Juárez–El Paso fue recurrente, con participación en actos públicos, inauguraciones y eventos diplomáticos, siempre bajo agenda abierta y protocolo oficial.

Abundan registros y fotografías de reuniones oficiales a las que asistieron políticos chihuahuenses de la época: tanto el entonces gobernador César Duarte como el alcalde de Juárez, Héctor “Teto” Murguía (q.e.p.d.), aparecen sonrientes en imágenes junto al diplomático estadounidense.

En ese mismo periodo, la jefatura consular en Ciudad Juárez estaba a cargo de Ian Brownlee, quien, de acuerdo con reportes periodísticos y fuentes diplomáticas de la época, ocupó el cargo aproximadamente de 2012 a julio de 2015.

Es decir, Brownlee era el cónsul de Estados Unidos en Ciudad Juárez durante los años en que Wayne visitó con frecuencia la ciudad, lapso en el que, según los documentos, se habría celebrado la reunión señalada, presuntamente en una vivienda rentada por el Consulado.

En ese mismo relato documental se formula una acusación particularmente grave contra Wayne, al señalarlo como padre del hijo de una menor que habría sido abusada durante dicha celebración.

Hasta el momento, ni el Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez ni el Departamento de Estado han emitido postura pública alguna que confirme o desmienta lo consignado en los archivos.

No existe aclaración sobre el inmueble referido, ni sobre el alcance del señalamiento, ni sobre el contexto en que habría ocurrido la presunta reunión.

El punto editorial no es probar hechos, sino fijar el contexto: Wayne tuvo presencia frecuente en Juárez y contacto regular con autoridades locales; los señalamientos contenidos en los documentos carecen, hasta hoy, de confirmación oficial; y el silencio institucional, más que cualquier versión, es el dato más contundente.

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El escándalo causado por la apertura del archivo Epstein retumba con fuerza en la frontera entre México y Estados Unidos, con especial resonancia en la franja que divide a Juárez, Chihuahua, de El Paso, Texas.

Pero los nuevos documentos desclasificados en Estados Unidos no colocan a Jeffrey Epstein únicamente en el terreno del delito sexual y de la influencia que alcanzó entre las altas esferas de la política estadounidense a través de esas deplorables prácticas.

No. El ya fallecido empresario, amigo de los políticos más encumbrados de la Unión Americana, es revelado también como un promotor de las políticas de endurecimiento en contra de migrantes ilegales que cruzaban hacia Estados Unidos desde la frontera con México y, en particular, desde Juárez hacia el estado de Texas.

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Era, pues, un interlocutor en diálogos donde se hablaba de política dura, dinero privado y frontera. Y, por supuesto, la franja Juárez–El Paso–Nuevo México, donde termina el cauce del Río Bravo como línea divisoria entre los dos países, era un sitio preponderante para la aplicación de las políticas impulsadas por el presidente Donald Trump en su primer mandato, pero apoyadas de manera decisiva por Epstein.

En mensajes privados fechados en mayo de 2019, aparece Steve Bannon, el poderoso súper asesor de Donald Trump, presumiendo ante Epstein la construcción de un muro fronterizo privado en la región de El Paso, apenas dos días después de iniciado el proyecto. El dato no es menor por el muro en sí, sino por quién hablaba y con quién.

Bannon no era un operador marginal. Fue el estratega central de la campaña presidencial de Donald Trump en 2016 y asesor principal en la Casa Blanca en 2017, desde donde empujó la agenda más radical del trumpismo, con la migración como amenaza y el muro como emblema político.

Nada más hay que recordar que, en aquella campaña de 2016, asesorada por Bannon, el grito de batalla no solo era la construcción del muro, sino que México lo pagara.

Tras salir del gobierno, Bannon continuó operando desde fuera del Estado, con proyectos paralelos que buscaban hacer por la vía privada lo que no avanzaba por la vía institucional.

Uno de ellos fue We Build the Wall, una organización que recaudó millones de dólares entre donantes afines al movimiento MAGA para construir tramos del muro en terrenos particulares, evadiendo permisos, litigios y controles federales.

Años después, Bannon fue acusado de fraude por el manejo de esos recursos y no enfrentó juicio, tras recibir un indulto presidencial de Donald Trump.

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Ese es el contexto en el que Epstein aparece en los documentos. No como constructor, no como funcionario y no como testigo accidental, sino como parte de un círculo donde se hablaba sin reservas de proyectos políticos fuera del gobierno, de financiamiento privado y de la frontera como espacio operable.

Los mensajes no prueban delitos adicionales. Pero sí revelan relaciones. Y en política, las relaciones importan tanto como los hechos. Muestran quiénes se hablaban, qué temas compartían y con qué naturalidad se movían fuera del escrutinio público.

En estos documentos, El Paso no es escenario de un crimen, sino el lugar donde se cruzaron dinero, ideología y poder.

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El senador Javier Corral Jurado se presentó el viernes pasado en la Secretaría de Gobernación, en la Ciudad de México, pero no a pedir ayuda para enfrentar los cargos penales que —a toda costa— le quiere imputar el fiscal anticorrupción de Chihuahua, Abelardo “pobre mi caballo Bayo” Valenzuela.

No. El asunto que lo ocupó en las oficinas de Bucareli fue el de acompañar a los activistas agrarios que tenían cita con el subsecretario César Yáñez para plantear el problema de la probable reapertura de la mina El Cascabel, que tanto conflicto ha desatado en la región noroeste del estado y, más específicamente, en el ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura.

A este Mirone, que tiene orejas muy largas para oír lo que pasa incluso en la mansión de la casona de Cobián, donde opera la Segob, le cuentan que el senador chihuahuense se presentó de muy buen ánimo, en calidad de “sumado a la causa” y sin intención de quitarles el protagonismo ni la palabra a los activistas. ¿Será que el fuero, salvador de órdenes de aprehensión, obró el milagro?

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Como les informó Mirone el sábado pasado, Martín Solís y Gabino Gómez, de El Barzón, y Víctor Quintana, de Cosyddhac, fueron a plantear la demanda de los ejidatarios de Benito Juárez y a pedir que no se autorice la reapertura de la mina.

Según le cuentan a Mirone, a esa especie de “División del Norte” del activismo agrario pro 4T los trataron de maravilla en la oficina de César Yáñez, el influyente subsecretario de Gobernación, que despacha muy de cerca de la secretaria Rosa Icela Rodríguez.

Durante los más de 60 minutos que duró la reunión, el segundo de a bordo en la Segob escuchó de los activistas chihuahuenses que el proyecto de la mina El Cascabel se cerró en el año 2012 por decisión de los ejidatarios. Sin embargo, ahora se pretende reabrir a través de una nueva razón social, llamada Apolo Silver, de capital canadiense.

Yáñez, le platican a Mirone, mandó llamar a gente de la Secretaría de Economía para que le expusieran el tema y vieran la forma de fomentar la inversión, pero sin pasar por encima de la gente. O sea, música para los oídos de los activistas.

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Aunque no estaba contemplado, Corral se sumó al ataque y acompañó a sus paisanos a lo largo de toda la gestión en la Ciudad de México.

Allá andan, nos cuentan, como pez en el agua, lejos del mundanal ruido que provocan las auditorías y las integraciones de carpetas de investigación, pero bien atento a las grillas que se traen sus nuevos compañeros de causa política, por aquello de la disputa por las candidaturas.

¿Será que, ahora que la causa penal en su contra estará en manos de un juez federal “carnal”, lo veremos más sueltito, metido y activo en las lides político-partidistas, acaso con ganas de influir en la designación de candidaturas?

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La ruta entre Chihuahua y Bavispe, estado de Sonora, tiene una carga geográfica, histórica y delincuencial de primera importancia para la región noroeste del estado.

Ha sido, desde tiempos inmemoriales, la vía de acceso a la costa del Golfo de California. Durante siglos, y pese a la corta distancia que hay entre la región de Nuevo Casas Grandes y Casas Grandes y Bavispe, el tiempo de traslado solía ser de hasta 10 horas. Así de escarpado era el terreno, así de inhóspito y peligroso.

La construcción de una carretera que comunicara a ambas regiones fue una demanda añeja y apenas en la actual administración federal se le puso mano a su edificación. En solo 10 meses, la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum la concluyó y la puso en operación el domingo pasado, 1 de febrero.

¿El costo? Mil 822 millones de pesos, 37 millones menos de lo programado cuando inició. Hasta ahí, punto bueno.

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La magna ceremonia efectuada este domingo 2, que reunió por igual a la primera mandataria del país, al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, y a una pléyade de políticos de la 4T, no hizo la menor mención a uno de los hechos de violencia más traumáticos que ha vivido el país, al menos en los últimos años.

Fue en las proximidades de Bavispe, a la altura del rancho La Mora, donde familias de la comunidad mormona LeBarón, asentadas en el noroeste de Chihuahua, fueron cruelmente masacradas por un grupo de gatilleros presuntamente vinculados a una organización delictiva.

Esos hechos ocurrieron el 4 de noviembre de 2019, es decir, hace seis años y tres meses.

Al momento de escribir estas líneas, Mirone recuerda que hubo decenas de detenidos y algunos vinculados a proceso por ese acto aberrante, pero para la comunidad LeBarón y para la opinión pública de Chihuahua, los auténticos autores intelectuales de la masacre siguen impunes.

Los partes oficiales hablaron de nueve víctimas mortales, entre ellas tres mujeres y seis niños, incluido un bebé.

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Por doloroso que resulte, Mirone prefiere recordarlo y traerlo a la cuenta una vez más, porque ayer, mientras se inauguraba la carretera que une a Bavispe con Chihuahua, nadie se acordó. A nadie se le ocurrió mencionar a las víctimas ni dirigir una palabra de condolencia a sus familias. Es una herida que sigue abierta, aunque las autoridades —de todos los colores e inclinaciones ideológicas— la hayan arrojado al olvido.

Después de todo, Bavispe se volvió ubicable en el mapa a causa de esa catástrofe de inseguridad pública, mucho más que por el arranque de la obra carretera.

El comunicado oficial emitido por el Gobierno de México señala que, en el acto inaugural, estuvieron presentes la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, y el secretario de la SICT, Jesús Esteva, pero no la gobernadora de Chihuahua.

Y eso que Chihuahua es el principal beneficiado: solo 18 kilómetros del trazo corresponden a Sonora y los otros 116 kilómetros de carretera nueva quedaron en territorio chihuahuense, además de 67 kilómetros adicionales de conservación.

Ya lo dijo la presidenta en la mañanera del lunes: esa carretera abrirá la puerta a Ciudad Juárez y a todo el noroeste del estado para llegar más rápido a Guaymas, sin rodear por Hermosillo. De primera importancia, pues.

Resulta lamentable que ni una sola representación del gobierno de Chihuahua haya presenciado el arranque de esa carretera. Así haya sido —otra vez— por problemas de “logística” lo que impidió la presencia de la gobernadora Campos, ese distanciamiento entre ambas instancias gubernamentales no deja buena espina. A nadie, y menos al inversionista privado que anda decidiendo si se instala en Chihuahua o en algún otro punto del país.

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Vaya zape en la nuca el que le dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a todo mundo acá en Chihuahua: al Ayuntamiento de Ascensión, al Congreso del Estado y al mismísimo Poder Ejecutivo, por andar cobrando gravámenes que no les corresponden.

Resulta que la tremenda Corte declaró inconstitucional un cobro incluido en la Ley de Ingresos 2025 del Municipio de Ascensión, con el que se pretendía cobrar un peso por cada metro cuadrado en la construcción de parques de generación de energía, ya fueran eólicos o fotovoltaicos. O sea, a peso el metro de panel solar o de aspas para turbina.

“Uno no es ninguno”, diría el refrán, pero en el caso de Ascensión el asunto no era menor: se trata de un municipio donde se instalará un parque de generación de energía fotovoltaica —solar, pues— que, según lo anunciado, dará electricidad a Ciudad Juárez y Nuevo Casas Grandes.

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El parque tendría algo así como 375 hectáreas de construcción, es decir, 3 millones 750 mil metros cuadrados, que a razón de un peso por cada “cuadrito” representarían 3 millones 750 mil pesos para las arcas municipales. ¿Dónde estaban con la calculadora?

Sí, nada más que para la tremenda Corte ese cobro, disfrazado de “Derechos” a razón de un peso por metro cuadrado por permiso de construcción para parques de energía fotovoltaica y eólica, es inconstitucional de toda inconstitucionalidad.

Así lo promovió el mismísimo Gobierno de México, mediante la Controversia Constitucional 30/2025, en contra de los poderes Ejecutivo y Legislativo de Chihuahua, fallo que de rebote le pega directo al Ayuntamiento de Ascensión.

Según la sentencia, los municipios carecen de facultades para imponer derechos o tarifas relacionadas con la generación de energía, una materia que la Constitución reserva exclusivamente a la Federación.

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“Uno no es ninguno, dos apenas es la mitad…”, sigue el refrán popular, y así le pasará a Ascensión.

Lo malo es que el municipio fronterizo, de poco más de 26 mil habitantes, tenía contemplado recaudar alrededor de 6 millones de pesos por concepto de Derechos en el año 2026, de acuerdo con la Ley de Ingresos aprobada por el Congreso del Estado. Con el fallo de la Corte, a esa cantidad habrá que restarle casi la mitad: unos 2 millones y pico. Lo dicho: dos apenas es la mitad… o menos.

Lo de menos es Ascensión, que ya verá cómo le hace para recuperar esos millones que ya tenía mentalmente gastados. Que se cuiden los contribuyentes del municipio.

Lo de más, es que el veredicto de la Corte deja un mensaje clarito: los municipios de Chihuahua —y del país— no pueden andar inventándose impuestitos e impuestotes por aquí y por allá para completar el gasto.

Que quede claro: las construcciones de infraestructura energética, que suelen ser enormes, no causan Derechos como el que quería cobrar Ascensión.

Así que, mejor, búsquenle por otro lado.