La casa donde vivía el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, en el exclusivo residencial El Campestre, queda chiquita frente a la mansión del dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno en Lomas del Castillo, en Campeche.

El tema de los lujos y las excentricidades que rodean a Alito se revive por todo el país, de la mano de la inconformidad de grupos de priistas que intentan frenar los afanes del futuro senador “pluri” de perpetuarse en la presidencia del PRI, luego de ajustar “a modo” los estatus del tricolor.

El dossier negro de Moreno se reedita también en un momento en el que el PAN discute la pertinencia de mantener su sociedad y su alianza electoral con el PRI. El desprestigio del dirigente nacional tricolor trabaja en contra y por lo visto también es ese el motivo de que en estos momentos se le eche más leña a la hoguera.

Grupo Reforma se dio vuelo actualizando la información sobre la casa que ya había sido motivo de escándalo cuando llegó a la gubernatura de Campeche la morenista Layda Sansores, y se inició una investigación en contra de Alito por el delito de enriquecimiento ilícito.

Alejandro Moreno fue gobernador de 2015 a 2019, cuando pidió licencia para buscar la dirigencia del tricolor.

En aquel tiempo hasta cateo hubo en la casa del dirigente del PRI, por eso no puede Mirone dejar de recordar lo que pasó acá recientemente con el aseguramiento de la vivienda que está a nombre de Daniel Pando Morales y por la cual el alcalde Pérez Cuéllar declaró pagar renta de 70 mil pesos mensuales. Ahí vivió Cruz hasta que fue desalojado en diligencia de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, como parte de la carpeta de investigación en contra del exfuncionario crucista.

Entre las extravagancias de la mansión de Alito se encuentran una cantina con la barra montada sobre un antiguo Cadillac, así como una mesa de billar sobre la réplica de un Ford Mustang 1965 color rojo.

Alberca, megabaños con tinas de mármol, sala de cine y distintas obras de escultores y artistas plásticos reconocidos, se encuentran en la residencia que Alejandro Moreno construyó cuando fue gobernador y amplió ya como dirigente del PRI.

En las últimas publicaciones se habla de un valor real de la propiedad de 300 millones de pesos, aunque en 2022, cuando Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad publicó la primera investigación, se señaló que el valor era de 180 millones, 150 de la pura vivienda y unos 30 millones de pesos en las obras de arte y equipamiento.

Mirone también se acordó del caso de la casa de El Campestre (ofertada en 27 millones de pesos antes de que fuera adquirida por Pando Morales) porque nada pasó en torno a la investigación por enriquecimiento ilícito más allá del aseguramiento. Fue mucho ruido y pocas nueces en el supuesto combate a la corrupción

Ya hasta se va a reelegir Alito como dirigente, igual que Cruz como alcalde, aunque tenga abiertas 11 carpetas de investigación por delitos de corrupción en su contra.

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Ese tema de la alianza entre PAN y PRI, seguirá dando mucho de qué hablar, tanto en el nivel federal como en el estatal.

Ayer resonaron en el plano nacional las palabras del diputado de Acción Nacional Enrique Vargas, uno de los cuadros partidistas a los que les da urticaria cargar con el descrédito del priismo representado por Alito Moreno.

“Hemos hecho una pausa en Acción Nacional, con el tema de las alianzas con el PRI, porque necesitamos apostarle a nosotros, apostarle a Acción Nacional y así va a ser, rumbo al 27, 29 y 30 por Acción Nacional y es en lo que estamos”, señaló ante periodistas.

Vargas fue suspirante de la candidatura del PAN por la gubernatura del Estado de México el año pasado, pero debido a la coalición con el tricolor, fue la priista Alejandra Del Moral quien obtuvo la postulación.

Sin embargo, Del Moral terminó dando su respaldo a Claudia Sheinbaum, en ese momento candidata de Morena a la Presidencia y terminó chapulineando hacia la 4T. Por ese tema y el de Alito Moreno, es que Vargas nada quiere saber de la sociedad con el PRI.

Varios de los aspirantes a suceder a Marko Cortés en al dirigencia nacional del PAN, han cuestionado la pertinencia de la alianza, entre ellos Jorge Romero, Damián Zepeda y Adriana Dávila.

Así que, a nivel estatal, el dirigente del PRI y diputado federal electo, Alejandro Domínguez, tuvo ayer que salir a decir que no hay ninguna decisión del partido, ni de su Consejo Nacional, en el sentido de dejar la alianza.

“No tenemos nosotros ahorita hasta este momento ninguna expresión, nosotros seguimos trabajando juntos, seguimos construyendo juntos y no hay una determinación nacional en ese sentido ni de ellos ni de nosotros”, señaló el chihuahuense.

De acuerdo con Domínguez, los trabajos en conjunto entre PRI y PAN se reanudarán una vez que en ambos partidos concluyan las etapas de renovación o ratificación de sus dirigencias.

Aseguró que en Chihuahua las cosas marchan bien con el PAN y apenas la semana pasada se reunió con el dirigente Gabo Díaz para darle seguimiento al cumplimiento de los acuerdos establecidos.

Falta ver si públicamente hay panistas chihuahuenses que se animen a cuestionar esa política de alianzas, como sí lo han hecho varias voces a nivel nacional.

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Como se preveía en el caso de la sacudida política en el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), la defenestrada magistrada presidenta, Mayra Aida Arróniz Ávila, no se quedó con los brazos cruzados y por la vía del amparo logró la suspensión provisional.

O sea que mientras que se entra al fondo del asunto, deberá ser reinstalada en su cargo de magistrada, luego de que el Órgano de Control Interno había ordenado sus suspensión temporal mientras se le investigaba por presuntamente haberse otorgado un adelanto de sueldo por 300 mil pesos de manera irregular, además de acumular quejas por acoso laboral.

Desde que se desató el escándalo, Arróniz Ávila no ha salido públicamente a dar su versión o a responder las acusaciones, pero quedó claro que todas sus respuesta se concentraron en la vía legal, ya que en total presentó al menos tres amparos.

Falta ver cómo resuelven el entuerto en el TEJA, donde incluso ya se nombró magistrado presidente, en la persona de Alejandro Tavares Calderón.

Además, se acaba de aprobar en fast track, la semana pasada, la reforma a la ley orgánica del TEJA que pasó de 3 a 5 el número de magistrados. Se supone que debe haber designaciones en menos de un mes y lo que se sabía era que de una vez se iba a aprovechar el vuelo para nombrar a quien sustituiría la plaza de magistrada de Mayra Aida.

El escenario ideal para los promotores de la reconfiguración total en el TEJA, era que Arróniz Ávila ya no volviera a su plaza de magistrada; sin embargo, falta ver en instancias finales, cuál será la última palabra de los tribunales.

“La quejosa no deberá ser destituida, separada o cesada del cargo que ostenta, hasta en tanto no exista resolución firme y definitiva luego de agotar todo el procedimiento”, refiere parte de la resolución que se acordó en el Juzgado Décimo de Distrito en el estado de Chihuahua.

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Por todos los rumbos surgen las historias sobre cómo, desde el Gobierno Municipal se busca privilegiar la ampliación de los proyectos inmobiliarios privados, antes que el equipamiento público en favor de los residentes o vecinos de los desarrollos residenciales.

Ahora, quienes andan en pie de guerra son los habitantes del fraccionamiento Paseos de Santa Mónica. Quieren un parque en un predio de 5 mil metros cuadrados que los desarrolladores dejaron en donación para equipamiento público, pero resulta que el terreno se entregó a un particular desde la Administración de Armando Cabada.

Otros tres predios en la zona que se suponen era para equipamiento fueron vendidos por el Municipio para terrenos comerciales y el último que queda también está comprometido para algún fin de negocios.

Por eso lo tomaron simbólicamente los vecinos y exigen una solución ante un problema que aseguran ya habían planteado con al alcalde Cruz Pérez Cuéllar. Incluso sembraron árboles y concursaron en el Presupuesto Participativo para obtener recursos para el habilitar el parque.

Ahí fue cuando supieron que había problemas con el terreno y que ya estaba comprometido, en permuta con el Ejido Zaragoza, para compensar por parte del Municipio una afectación para vialidades.

Los residentes aseguran que nunca hubo ningún tipo de anuencia para cambiar el uso de suelo e insisten en que el parque se construya en ese lugar, no en otra parte.

Total, así se la ha llevado la Administración municipal, cambiando usos de suelo y reduciendo parques y equipamiento público, como si no sufriera la ciudad de un enorme déficit.