Con el distribuidor vial ya se incumplió el primer compromiso para la fecha de entrega que en su arranque hizo el hoy alcalde con licencia Cruz Pérez Cuéllar.
Cuando se dio al banderazo a los trabajos el 16 de octubre del 2023, se anunció que, conforme con el contrato, la obra quedaría concluida en 8 meses.
El propio Cruz aseguró que, como había pasado con la reconstrucción del puente Carlos Villarreal, se cumpliría con los tiempos establecidos.
Ya no ocurrió así. Van retrasaditos en la obra. Ni de chiste estará lista en un mes y medio, lo que resta para el 16 de junio, cuando se termina el plazo original.
Así que los miles de juarenses que por fuerza deben de circular por aquella zona de la intersección de bulevar Independencia y bulevar Talamás Camandari, tendrán que armarse de mucha paciencia para aguantar la locura y el caos que se vive hoy en esa parte del suroriente de la ciudad.
Hay un cierre total de vialidades por los trabajos, que se extenderán hasta que se concluya la megaobra de casi 380 millones de pesos.
Justo por el problema enorme de movilidad y de congestionamiento vial que padece ahí la ciudad es que ya era urgente la obra, por lo que el cierre actual por los trabajos implica una afectación quizá sin precedente alguno.
Cuando se anunció la obra, se habló del beneficio directo a más de 299 mil ciudadanos que habitan en 83 colonias de la zona, a 77 empresas maquiladoras y a más de 73 mil automovilistas que circulan diariamente por esa intersección.
De ahí lo importante que era apegarse a los plazos originales, lo que no se pudo, principalmente ante el reto de trabajar en los puentes y pasos deprimidos, al mismo tiempo en que se reubican las tuberías, líneas, torres y cableados de Gas Natural, Junta Municipal de Agua y Saneamiento y CFE.
El proyecto incluye cuatro puentes vehiculares, cuatro pasos a desnivel, la reconfiguración geométrica y semaforización a nivel de crucero, además de alumbrado público en todo el crucero, así como repavimentación y manejo de escurrimientos pluviales.
Aunque en un último recorrido de supervisión, el propio alcalde, hoy con licencia, reconoció retrasos, no se ha fijado fecha de entrega. Por lo que se ve en el lugar, el atraso al menos será de un par de meses.
Así que los embudos para entrar y salir de aquella zona al sur del libramiento Independencia, llegarán al pleno verano. Si ahorita es un infierno, ¿cómo se pondrá entonces?
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Desde un episodio anterior de la Rosa de Guadalupe de Juárez, ya se había cantado que el profe Martín Chaparro Payán haría seis nombramientos para las plazas de los que se fueron a la campaña para la reelección del alcalde con licencia, Cruz Pérez Cuéllar.
Sin embargo, Mirone quiere destacar ahora el tufo que traen las modificaciones concedidas a los dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio, el SUTM.
Como se había anticipado, tres de los cargos serían ocupados por designación del propio Chaparro Payán y la otra mitad, sería seleccionada por el Sindicato.
Los fichajes despertaron buena polémica entre los grillos. Y es que las direcciones generales de Desarrollo Social y Asentamientos Humanos, así como la Coordinación de Administración y Control de Proyectos quedaron en manos de expriistas devenidos a morenistas.
En la primera en mención, designaron a Ernesto Carlos Silvadoray, pariente del sempiterno tlatoani sindicalista, Arturo Silvadoray; en la segunda, Manuel López Torres; mientras que en la tercera el cargo quedó en manos de Onésimo Torres.
Este último, con estudios de secundaria truncos, tiene como mérito ser el mero compota del hasta hace un par de semanas titular de la Coordinación de Administración y Control de Proyectos, Enrique Licón, a quien conoce desde que ambos formaban parte del PRI.
Le cuentan a este Don que Torres se desempeñaba en cargos menores en el Municipio. A lo mucho, era un soldado que en las campañas tenía como misión subir a los camiones a la gente acarreada de las colonias en los años de oro del tricolor a los eventos partidistas. Sin embargo, también cuenta con la bendición de Mireya Porras, regidora y presidenta del PRI local.
En el caso de la Dirección de Regulación Comercial, estará Óscar Armando Guevara Ramírez y la Secretaría del Ayuntamiento quedó en manos de Santiago González Reyes. Ambos fueron elegidos por el mismo Chaparro Payán, lo que se supone ocurrirá con la Coordinación de Comunicación Social.
Se supone que los movimientos en la Presidencia Municipal no le fueron extraños al alcalde con licencia, Pérez Cuéllar. Y si lo agarraron de sorpresa, pues tuvo que apechugar, ya que afirmó ayer en conferencia que el profe Chaparro es su amigo y respetará las decisiones que tome.
El caso del secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales, quien tiene una licencia médica por 14 días, se cuece aparte.
Cruz ya dijo que independientemente de los que decida el profe Chaparro, Muñoz Morales regresa a su equipo, en cuanto él retome el poder, el 3 de junio.
Es probable que luego de escuchar las palabras de Cruz, al titular de la SSPM con incapacidad médica se le haya aparecido una nubecita blanca en el buró de la habitación donde reposa y al voltear, le surgió una pregunta: ¿y esta rosa? Muy al estilo de la Rosa de Guadalupe.
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Ni hablar, favor con favor se paga o, como también vale para este caso, entre amigos, la convivencia es mejor.
Bien le quedan estas populares frases a la sana y amena convivencia que mantuvieron la diputada local Adriana Terrazas Porras y el bloque de PRIAN. Juntos dominaron a placer los trabajos de la 67ª Legislatura, que ayer celebró su última sesión de Período Ordinario.
En su rol de presidenta del Congreso del Estado, Adriana Terrazas Porras, pronunció un discurso en el que se ufanó de no haberse “dejado” y que eso de “calladita te ves más bonita” quedó atrás.
¿Nadie le ha informado que, antes que ella, y al menos en el formato actual, hubo otras tres mujeres diputadas que ocuparon la presidencia del Congreso?
Karina Velázquez, quien se aventó la difícil: presidir los trabajos del período ordinario de la 65ª Legislatura durante el gobierno de Javier Corral, no se quedó muy “calladita” que digamos.
De hecho, Blanca Gámez, del PAN, tampoco estuvo muy seriecita; ni Georgina Bujanda, la primera presidenta de esa legislatura.
Ahora que, eso de darle las gracias a “las bancadas que la posicionaron”.
¿Cómo no darle las gracias al PRI y al PAN, sobre todo al primero, su expartido, por hacerse a un lado para que ella repitiera como presidenta?
Y bueno, hablando de gratitud, ¿ni un gesto para el partido que la puso en el Congreso, y por la ruta fácil? ¿De Morena, el partido que la colocó ahí, en su lista “pluri”, nada?
Lo único que tuvo para el partido al cual pertenece, hasta donde sabemos, fue la chifleta hacia su coordinador parlamentario: “Hemos sentado el precedente de que, en nuestro estado, no hay lugar para la violencia política en razón de género para las mujeres”.
Seguramente, se refería a la denuncia de violencia de género que presentó ante los órganos electorales de Chihuahua en contra del diputado Cuauhtémoc Estrada, coordinador parlamentario de Morena, lo cual lo tiene en este momento sin candidatura para repetir el cargo.
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La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría aprobar un resolutivo que obligaría al Estado Mexicano a proteger de una manera efectiva y permanente a personas que vivan bajo la amenaza de la delincuencia organizada.
El máximo tribunal del país contempla revisar, el próximo 8 de mayo, un amparo promovido por familias originarias del poblado de Coloradas de la Virgen, municipio de Guadalupe y Calvo, que han sido desplazadas de sus tierras a causa de las amenazas de grupos armados.
El fallo ordenaría al Estado Mexicano a garantizar la reparación del daño, cuando las víctimas sean desplazadas de manera forzada por la violencia ante un inadecuado trabajo de las instituciones de seguridad y las fiscalías.
Especialistas consultados por Mirone nos dicen que ese fallo sentaría un precedente que, en algún momento, podría aplicar en otros casos ocurridos en distintos puntos del territorio nacional.
Esto podría abarcar a otros municipios del estado y, por supuesto, a grupos de personas que han llegado a Juárez, Chihuahua o Cuauhtémoc, huyendo de la delincuencia.
Todas esas comunidades que se han formado, de personas que llegaron huyendo, despojadas de sus tierras, podrán acudir al mismo recurso y obligar al Estado Mexicano a darles una protección efectiva, y no como la que han recibido en los últimos años.
Igualmente, les abre la posibilidad a otros núcleos de personas, amenazadas por la delincuencia, y que no necesariamente radiquen en territorios serranos o en el ámbito rural.
Colonias enteras, cuyos habitantes demanden la protección de estado ante la actividad de delincuentes, organizados o no, podrían acudir a los tribunales y obligar a las autoridades a mandar patrullajes y vigilancia constante.
Por lo visto, el recurso que promovieron los cientos de desplazados de Coloradas de la Virgen tendrá un impacto profundo y un efecto radioactivo que llegará a cualquier ciudadano que se sienta en peligro.