¿Sirve de algo que después de un año de iniciada una administración, estatal o municipal, se realicen cambios de Gabinete para supuestamente mejorar el desempeño de la función pública?

Está comprobado que no, por la simple razón de que los nuevos funcionarios tienen que comenzar la curva del aprendizaje en áreas que desconocen, y para las que fueron nombrados de manera improvisada, por mero interés político.

En otras partes del mundo, como en Estados Unidos, el reclutamiento de funcionarios para áreas estratégicas se realiza por capacidades y especialidades, bajo un sistema de mérito profesional y resultados en las tareas que van a asumir, donde no se privilegian los compromisos políticos.

En todo México, es también un sistema de méritos el que incide en los nombramientos, pero de campaña, por los servicios prestados a determinado político; de forma tal que se convierten en vulgares pagos por servidumbre, compadrazgos y amistades. Así se deciden los nombramientos de los equipos de Gobierno de primero, segundo y hasta tercer nivel.

Todos esos pagos de facturas políticas, sin excepción, tienen que ver con la adhesión al Gobierno de turno, en detrimento de la idoneidad para el cargo, porque en los usos y costumbres del viejo sistema político mexicano, son más importantes las fidelidades a un individuo, que la lealtad a una institución y las capacidades en el desempeño del servicio a la comunidad, que es la que paga sus sueldos.

Si el talento humano es el motor de cualquier institución y este no es valorado desde un principio, para elegir el perfil pertinente en las secretarías, direcciones o jefaturas, tarde o temprano la deficiencia se refleja en un progresivo deterioro de la calidad de la administración pública.

Si en el ejercicio de la función pública, se partiera del concepto universal de lo que significa calidad, deberíamos suponer que, desde el principio, cuando se designa un Gabinete, se escogen a los mejores. Pero no es así, porque saben de antemano que harán ajustes.

Entonces, cuando realizan los primeros cambios y admiten que se equivocaron, que los elegidos no cumplían con el perfil esperado y que se vale jugar a la prueba y error, al fin de cuentas, el poder es para poder, como diría César Duarte, evidencian que la selección que hicieron no privilegió la calidad ni la excelencia.

Sin embargo, cuando es imprescindible hacer los cambios necesarios, no cambian el procedimiento, pues siguen el mismo patrón de selección de amigos, socios, parientes y oportunistas, con los que tienen compromisos electoreros, pero que carecen de calidad y trayectoria. Aquí es cuando la voz del común se pregunta: ¿entonces, cuál cambio si todo sigue igual, pero con otros nombres?

Esa rotación de funcionarios de escasas calificaciones que se repite año con año, también impacta en la imagen del Gobierno ante la ciudadanía, y devalúa su credibilidad, porque refleja la improvisación para seleccionar a los peores y a los mediocres, pero nunca a los mejores.

Por ello justifican los movimientos con términos técnicos, como las famosas reingenierías, que lejos de ser un replanteamiento y el rediseño de los procesos, para mejorar la organización, son el argumento ideal para acomodar a los amigos y seguidores que esperaron en la banca, hasta que llegan los cambios que los incorporan a la ansiada y bendita nómina gubernamental.

Es cierto que los presidentes y gobernadores tienen derecho a equivocarse con sus nombramientos, pero a lo que no tienen derecho es a equivocar la implementación de las políticas públicas, por deficiencias de sus subalternos, porque todos los yerros les cuestan millones de pesos a los contribuyentes.

Siempre ocurre que, cuando se agota el bono de la luna de miel del primer año de gobierno y llegan los cambios, los que se van, dejan a su equipo con incertidumbre y miedo al desempleo. Los que llegan con su propio staff, los mantienen en la nómina mientras aprenden el funcionamiento básico de la dependencia y luego los desechan, literalmente, desperdiciando su experiencia.

El Estado de Chihuahua y el municipio de Juárez, no son la excepción de ese perjudicial ritual anual, de desmantelamiento y recomposición de los equipos, porque no existen instrumentos efectivos de evaluación permanente, y los coordinadores de Gabinete o secretarios técnicos, hacen de todo, menos medir el desempeño por resultados, no por conveniencias políticas.

No se necesita ser un experto en recursos humanos, para determinar que, en una Dirección de Parques y Jardines, lo pertinente es que la ocupe un agrónomo, no una zootecnista o un abogado, como ha ocurrido.

Lo mismo pasa en áreas estratégicas como el Sistema Estatal de Salud, que en la administración corralista fue ocupaba por un administrador, no por un médico, como era de esperarse.

Hoy vemos que en los dos niveles de Gobierno comenzó la recomposición. En el Municipio, con cambios que son rotaciones y promociones de funcionarios, y en el Estado, con sustituciones cuestionables en un área estratégica como la Fiscalía General.

En el Gobierno de Juárez los cambios se interpretan, como el reacomodo de piezas para la transición hacia un proyecto de largo plazo, mientras que, en el Estado, se trata de pagos de servicios; pero, en ambos casos, no son ajustes para el mejoramiento de la gestión pública.

El reciente nombramiento del penalista Francisco Martínez Valle, como titular de la Fiscalía de la Zona Centro, demuestra que se trató de un pago de facturas a quien fue el abogado defensor de la gobernadora Maru Campos, durante su campaña, cuando era perseguida judicialmente por Javier Corral.

Nadie duda de los méritos académicos que el nuevo funcionario tiene como jurista, y la experiencia que tuvo en años pasados en el Ministerio Público, pero tampoco nadie midió sus capacidades para dirigir una dependencia compleja y peligrosa, que más que títulos y posgrados, requiere poder de decisión porque eso es precisamente lo que ha faltado para contener el grave problema de inseguridad que padece Chihuahua.

Si los cambios que se están haciendo son únicamente para saldar compromisos, donde los nuevos llegan a aprender y a experimentar, sin un plan diseñado para eficientar la dependencia encomendada, seguiremos igual de rezagados en un área estratégica como es la procuración de justicia y resolución de los delitos.

Si la aprobación de la gobernadora y su gestión fue de más a menos y actualmente anda por los suelos, no la va a mejorar la política viciada de selección que está aplicando para reclutar a los nuevos integrantes de su equipo de gobierno.

La supuesta reingeniería que dicen que ahora está haciendo en el Gabinete, está basada en el pago por favores recibidos, como en las “mandas” a San Judas Tadeo, no en procedimientos orientados a atraer candidatos potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos con resultados tangibles.

Si esa reingeniería que tanto han presumido en los últimos días fuera verdad, tendrían que aplicarla en todas las áreas que no les han funcionado en un año, comenzando por la Fiscalía General, la Secretaría de Seguridad Pública, Desarrollo Económico, Obras Públicas, Desarrollo Rural, Desarrollo Humano y la Comisión Estatal de los Pueblos Indígenas, entre otros.

Las capacidades que han demostrado los titulares de todas esas entidades del Gobierno estatal, han deslucido a la administración y a su titular, que tarde o temprano tendrá que admitir que a su equipo no llegaron los mejores, ni los de perfiles profesionales idóneos para los puestos, sino los que le fueron fieles en su accidentada carrera por la gubernatura.

Ahí está el caso de lo que pasó en el Colegio de Bachilleres, donde la gestión del anterior director, Marco Licón Barraza, terminó en un escándalo, que le pegó directamente al prestigio de su Gobierno, por haberlo nombrado en base a su amistad con el Secretario de Educación, a pesar de sus antecedentes de corrupción en su paso por la Aduana de Palomas.

Si los nuevos funcionarios surgen, con los criterios de selección de la reingeniería aplicada a la Fiscalía de la Zona Norte y al Cobach, el Gobierno estatal seguirá dando bandazos y los juarenses seguiremos esperando sentados a que se acomoden bien en sus puestos, a que aprendan lo que tienen que hacer y que, lo que corresponde por derecho a Juárez, lo hagan sin tanto rollo, como con el que han publicitado la Torre de Babel, perdón, Centinela.

Mientras tanto, encendamos veladoras para que los nuevos no sean peores que los que pronto se irán.