Nunca ha sido una buena solución sofocar una crisis con medidas superficiales y cosméticas, que no van al fondo del problema, pero es lo que ahora trata de hacer el Gobierno federal para terminar con el problema y el desprestigio que le generó a nivel nacional e internacional, la tragedia de los migrantes que murieron en sus mazmorras del Instituto Nacional de Migración (INM).

De acuerdo con lo que ayer adelantó el sacerdote y activista Alejandro Solalinde en la Ciudad de México, después de una entrevista con su compa Andrés Manuel López Obrador, el Instituto Nacional de Migración será sustituido por la Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería, que no sería manejada por militares, como ahora sucede.

Solalinde es el mismo sacerdote que en el colmo de la sumisión y la lisonjería, en diciembre del 2021 tuvo la ocurrencia de decir que Andrés Manuel tiene rasgos de santidad.

Ahora que el jefe máximo de la nación azteca y candidato de Solalinde a la beatificación, ya tomó la decisión de desaparecer el INM, porque supuestamente ya cumplió con su ciclo y funcionaba por inercia, pretenden tapar el sol con un dedo y terminar de tajo con el reclamo ciudadano de justicia, siguiendo la vieja conseja popular, de que muerto el perro se acaba la rabia.

Sin embargo, la realidad es otra, pues la tragedia del 27 de marzo se le convirtió al Gobierno de la República en un tsunami, que arrasó con el montaje de falsas políticas migratorias humanitarias, y evidenció que el Gobierno federal solo estaba sirviendo a los intereses de los Estados Unidos, para contener a como diera lugar los flujos migratorios.

Ahora, desesperados por encontrar una salida al embrollo, los asesores del presidente le han sugerido que le cambie el nombre a la institución, y tan tan, asunto concluido.

Ciertamente eso es que lo quieren hacer, un cambio de nombre que sea rimbombante y dé la impresión de apertura y transparencia.

Por ello dejará de ser un instituto manejado por un director general, para convertirse en una coordinación, obviamente encabezada por un coordinador, que sin duda será el cura Solalinde. O sea, será la misma gata, nomás que revolcada.

Nada más lejos de la realidad generará este cambio, pues como bien lo dice la frase bíblica, a propósito de Semana Santa: el INM asemeja a un sepulcro blanqueado, hermoso por fuera, pero inmundo por dentro.

Que le cambien el nombre, no significa que cambiarán su corrupta infraestructura y las prácticas viciadas del personal que, en el incendio de la estación migratoria, mostró el verdadero rostro de la institución, desde los mandos hasta la tropa.

Con esta supuesta solución mágica, van a hacer lo que las administraciones federales, estatales y municipales han hecho durante muchos años con el problema de seguridad pública; les cambian el nombre a las corporaciones policiacas, pero las prácticas nefastas siguen siendo las mismas, solo que con uniforme nuevo.

Lo primero con lo que está obligado a cumplir el Gobierno federal es, que se haga justicia y se llame a cuentas a todos los que fueron responsables de que ocurriera la terrible tragedia, no solamente con los 4 empleados detenidos que fueron vinculados a proceso, como si los tres agentes de Migración y el guardia privado hubieran instalado los calabozos en la dependencia y anulado todos los protocolos de seguridad, que eran ignorados desde el 2019, cuando el INM se militarizó.

Eso no es justicia, es una vil simulación que deja muy mal parados a la Fiscalía General de la República y al Poder Judicial de la Federación y por ello, ahora quieren sepultar el nombre del INM, como si con esto se fueran a callar las protestas y exigencias de que se aplique la ley sin distingos.

Deben saber que, cuando la víbora cambia de piel, no significa que está muerta, al contrario, se ha renovado y es más peligrosa.

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Y mientras los funcionarios federales siguen interpretando magistralmente el papel del Tío Lolo, en las oficinas del INM el subdelegado Edgar Caro ha comenzado a mover la tenebra contra su jefe, el contraalmirante Salvador González Guerrero, para que lo llamen a cuentas en el juicio por la muerte de los 39 migrantes.

Edgar Caro, que en el tema de la grilla criminal tiene una vasta experiencia, porque fue el comandante de homicidios de la tristemente célebre exprocuradora Patricia González, anda muy ocupado agitando a los agentes inconformes que piden la liberación de Daniel Goray, quien estaba a cargo de la estación migratoria convertida en crematorio.

Caro pretende quedarse en el lugar de González Guerrero y está aprovechando la incertidumbre que priva en la dependencia federal, para confundir al personal, asegurando que el órgano de control Interno del INM, que hasta la fecha nadie sabe que controla, vendrá a Juárez a levantar testimonios contra el delegado.

Fue el mismo Caro quien soltó “el borrego” de que, en la noche del incendio, el contraalmirante había dado la instrucción por teléfono de que no se abrieran los candados de las celdas, que fueron la tumba de los extranjeros.

En los pasillos de la caliente institución, los oficiales comentan que Caro les ha dicho reiteradamente, que el que debería estar en el bote es el militar en retiro, no Daniel Goray, quien estaba encargado de la estación migratoria, pero sin nombramiento, por lo que la responsabilidad es enteramente de Salvador González.

Edgar Caro se había mantenido de muy bajo perfil desde que llegó al INM, por todo el corrido que traía atrás, pero ha podido más la ambición por los suculentos negocios del instituto que, sin el menor recato ahora ha sacado la cabeza y aspira a la jefatura, antes que la desparezcan como tal y se quede sin la gallina de los huevos de oro.

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A pesar de todo lo anterior y de las graves omisiones de los mandos del INM, que Mirone ha venido señalando puntualmente en este espacio, resulta ridículo que los diputados morenistas del Congreso local y federal, sigan aferrados a echar culpas al Gobierno del Estado.

El hecho de que el pasado fin de semana la gobernadora Maru Campos no se apersonara en Juárez, fue ahora el argumento del diputado Benjamín Carrera para que se aventara la puntada de asegurar que solamente el presidente López Obrador visitó la ciudad, supuestamente para “instruir la atención necesaria a las víctimas”.

Todo México se enteró por los medios, que AMLO vino a Juárez a presidir un evento electorero con todos los activistas que tiene la Secretaría de Bienestar en el Estado, disfrazados de “servidores de la nación”. No vino a atender la emergencia de los migrantes victimados, de eso hay harta evidencia.

Los videos, fotografías y testimonios que circularon en las redes sociales, les mostraron a los mexicanos y al mundo, que el presidente no visitó a los migrantes hospitalizados como estaba en su agenda y que cuando salió del Gimnasio de Bachilleres, de su reunión como redentor de la 4T, no atendió ni a los migrantes que ahí se manifestaban en busca de apoyo, y mucho menos a los periodistas, que casi fueron arrollados por el vehículo donde se desplazaba.

Entonces, ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo, don Benjamín? A estas alturas ya no les funciona que busquen culpables en otras instancias, pues todo mundo sabe que la culpa completita y sin saque, es del Gobierno federal.

Por ello, de nada les sirve ahora que desde la tribuna manejen un doble discurso y llamen a evitar la politiquería y la “raja” política de la tragedia, cuando sus propios correligionarios lo están haciendo, siguiendo instrucciones del alto mando transformador, como el burdo caso de la diputada federal Andrea Chávez Treviño, que en días pasados abordó la tribuna del Congreso de la Unión, solamente para hacer el ridículo.