Justo ayer hablábamos del triste caso de abandono en el que se mantiene el periférico Camino Real, que, entre otras deficiencias, lleva años siendo utilizado como el principal cementerio clandestino de la ciudad y por la misma mañana se sumaron otros dos cadáveres que fueron arrojados.

Allí, de manera impune se mata y/o se tiran los cuerpos de víctimas que, sin distinción de género, se cuentan por cientos, acciones delictuosas que pasan aparentemente inadvertidas para nuestras autoridades de seguridad de los tres niveles de Gobierno, o usted, estimado lector, ¿recuerda algún caso sobre detenidos por delitos de esta naturaleza en ese sector? Porque este escribidor no.

Lo lamentable es que los años pasan y el multimentado sistema de vigilancia a través de cámaras, nada más no ha funcionado, ni allí ni en algún otro bendito rincón de la ciudad, o usted, vuelvo a repetirle apreciado lector, ¿recuerda algún caso reciente de alto impacto, donde gracias a las cámaras de vigilancia se haya detenido a delincuentes? Niether, le contestaría un anglo parlante; nanai, tampoco hay resultados al respecto.

La última inversión millonaria en materia de seguridad -antes de las que actualmente realizan la esfera estatal y municipal y que se encuentran en proceso-, ocurrió durante los últimos años de los ¿mandatos? Bueno, dejémoslo en “administraciones”, y así, entrecomilladas, de los poco célebres Armando “El Divino” Cabada y Javier “el Golfazo” Corral, este último mote del exgober por su afición al deporte para riquillos, no vaya a creer usted que por su afición al descanso o a preservarse por medio de la ley del menor esfuerzo.

Pues bien, estos personajazos de la política contemporánea chihuahuense anunciaron durante su última etapa la remodelación del Centro de Emergencia y Respuesta Inmediata, el mentado CERI 911, por parte del gobierno cabadista, mientras que el corralato se encargaría de la colocación de cientos de cámaras en puntos estratégicos de la ciudad.

El sistema que se incorporó a la videovigilancia en el CERI era tan presumido por “El Divino” Cabada que incluso se dijo que era unos de los más vanguardistas del país, por su precisión. Es más, decían que con él se podían ver con claridad los rostros, las placas de vehículos y hasta, yéndose grandes, se podían contar las pecas de la espalda, sí, así, tal y como la canción de Lucerito.

En este mega despliegue tecnológico, se invirtieron entre 210 y 230 millones de pesos, la verdad es que ni corral ni Cabada se pusieron nunca de acuerdo en cuanto al manejo de cifras sobre el particular, y para muestra ahí están las notas de esos años, cuando hacían mención en los eventos a cifras que variaban por algunos milloncillos de pesos, sabrá Cristo Redentor si faltaron, se equivocaron o simplemente se esfumaron.

Pero pues los meses siguieron su curso, ambos personajes salieron de sus encargos y de los resultados poco se supo, ahí dejaron nomás los changarros y se fueron a dedicarse a sus asuntos, y del triste y abandonado Camino Real nadie se acordó, ni una triste camarita que funcione, aunque sea en las entradas, porque de resultados al respecto no hay nada tangible, nadita de nada.

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Y ya que andamos con el tema de las cámaras, a los que les hizo poca gracia el asunto, fue a más de tres agentes de la Coordinación General de Seguridad Vial (CGSV), quienes a partir del próximo sábado deberán portar nuevamente en sus solapas, las camaritas para videograbar sus intervenciones.

La medida adoptada, según palabras del propio titular de la corporación, César Tapia, es que con esta tecnología se permitirá dirimir cualquier situación de inconformidad ante los jueces, cuando se considere que haya existido un abuso por parte de los agentes o un acto ilícito por parte de los automovilistas.

En total serán 300 camaritas de solapa para igual número de policías viales, las que serán entregadas. La CGSV cuenta con una plantilla laboral de 450 agentes, pero no todos salen a patrullar, también hay personal administrativo y encargados de otros departamentos como la Escuelita Vial.

Con estas acciones, el automovilista que sea sorprendido entregando dinero para evitar recibir una multa, será remitido a las autoridades correspondientes, a ver si con estas cámaras sí se muestran resultados a corto o mediano plazo, por lo menos.

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Fuentes conocedoras de ese intrincado mundo de las finanzas y los mercados bursátiles nos comentan que Chihuahua recibirá otra “estrellita” en la frente por la buena perspectiva que tienen sus bonos carreteros.

No es para menos: para este año se espera una recaudación de 2 mil 500 millones de pesos o poco más en las 11 casetas de peaje que tiene el estado. De ahí, la gran parte se va al tal Fideicomiso Carretero que armó el gobierno de César Duarte para pagar los bonos que emitió su administración, por unos 14 mil mdp, de los que nunca informó exactamente en qué se los gastó.

En mayo pasado, la calificadora Fitch Ratings le puso una ‘AAA(mex)vra’ a los bonos carreteros del gobierno, que en buen cristiano equivalen a una estrellota o, para que se entienda mejor, que el gobierno de Chihuahua sí tiene con que pagar la semejante deuda que les dejó Duarte.

Hasta ahí todo en orden.

Lo que cae gordo a la gente común, a los usuarios de las carreteras, a quienes tienen que detenerse cada tantos kilómetros para pagar los 85, sino es que los 250 pesos (como en Ahumada) nada más por circular, es que no saben exactamente a dónde se va ese dinero.

Acá se los decimos: a pagar la deuda que dejó Duarte. Los conocedores del tema nos dan una explicación más guajira, pero para acabar pronto, se usa en tapar un hoyo de más de 14 mil millones de pesos.

La parte menor se deja para administrar las casetas y otra más para darles mantenimiento a los tramos, y es ahí donde cae en las muelas la dichosa cuota, porque los usuarios nomás no ven en dónde está el dinero que pagan a cambio de circular por esas cintas de asfalto que más parecen garapiñados.

A ver cómo le hace la gente de José Granillo, secretario de Hacienda, para explicarle los automovilistas que Chihuahua tiene buenas calificaciones, pero horribles carreteras.

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El costo de los actos de corrupción en México al realizar pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos y otros contactos con autoridades asciende a 9 mil 500 millones de pesos (cerca de 475 millones de dólares), reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La cifra equivale a 3 mil 44 pesos (unos 152 dólares) en promedio por persona afectada, reportó el Inegi como uno de los principales hallazgos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (Encig) 2021.

El estudio del organismo autónomo encontró que el 86.3 % de la población consideró “frecuentes” los actos de corrupción en las instituciones de Gobierno.

Bajo esta circunstancia es que Mirone entiende la postura de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, en el sentido de que la corrupción enferma a los ciudadanos y no lo dice en sentido figurado, ya que tiene efectos directos no solo en la salud emocional sino también espiritual de las personas.

Pero no solo eso, también produce daños indirectos como inseguridad en la sociedad, la normalización de los actos de corrupción, el debilitamiento de la confianza de los ciudadanos hacia sus instituciones.