Todavía no se disipa el olor a corrupción en el tema de las jubilaciones municipales, ahora que se abrió la Caja de Pandora por el caso de dos exregidores que acudieron al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) para asegurar esos beneficios.

Huele mal, por todos lados, empezando por el hecho de que el exregidor José Alfredo Ramírez Rentería y la exregidora María Eugenia García Hernández, se hayan aventado la movida de solicitar el beneficio de la pensión sin acumular los años requeridos y sumando el tiempo en que se desempeñaron como representantes populares.

Ambos se convirtieron en empleados municipales después de ser regidores en las administraciones tetistas, pero todo indica que hubo fraude procesal para poder hacer el trámite y acceder a una pensión que luego se les canceló.

Y como se les canceló, después acudieron ante el TEJA que, en una resolución sin precedentes, falló en favor de los dos regidores para reponerles sus pensiones, lo cual también tuvo su tufo a corrupción y tráfico de influencias.

Nunca se había sabido de un caso parecido. El caso viene desde las administraciones del finado Teto Murguía. Ramírez Rentería fue regidor en el periodo del 2004 al 2007 y su esposa en el de 2010 a 2013. Luego hubo litigio en los dos periodos de Armando Cabada, ya que desde entonces se vio que había transa en el origen de las jubilaciones.

Por cierto, el Sindicato Único de Trabajadores Municipales (SUTM), trae vela en ese enjuague porque cobijó la gestión de los exregidores y registra un largo historial de irregularidades en el tema.

Exregidor y exregidora pudieron recuperar entre ambos cerca de un millón de pesos, correspondientes a un año, luego de la resolución del TEJA; se supone que seguirán recibiendo su pensión vitalicia.

A ver en qué queda el asunto, ya que para el alcalde Cruz Pérez Cuéllar la situación es “muy sospechosa”, por lo que pidió la intervención de la Secretaría del Ayuntamiento, instancia que deberá revisar toda la legalidad de la operación y ver la posibilidad de atacar la resolución del TEJA.

Por lo que develó el caso de los exregidores, debería de hacerse una auditoría completa al tema de las jubilaciones y pensiones. Siempre se ha sabido que hay focha a la hora de cumplir requisitos para favorecer a recomendados; también que los funcionarios terminan autorizando los beneficios bajo un indebido tráfico de influencias.

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Están muy padres las funciones de teatro gratuito que el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (Ipacult) organiza en el Centro Cultural Ernesto Ochoa Guillemard.

Ya le ha tocado a Mirone acudir a las presentaciones dentro del programa Salvemos los Lunes de Teatro, ahí donde antes era la Sala del INBA, el inmueble que quedó prácticamente pegado al centro comercial Plaza De las Américas, en el circuito del Pronaf.

Sin embargo, sin aire acondicionado, estuvo criminal la más reciente función en pleno verano de clima bochornoso, incrementado por la humedad y lo encerrado del recinto.

La verdad es que, como muchos otros espacios culturales, el teatro luce abandonado y deteriorado. Se ven bien sus estructuras y no deja de ser funcional, pero no es el espacio digno para la calidad de las presentaciones artísticas, ni para los públicos que gustan de admirarlas.

Se ve sombrío y hasta ruinoso en sus detalles. No muy cuidados los baños y los pisos viejos. Debería estar remozado y reluciente para lucir más su arquitectura y su diseño interior y exterior.

Lo peor es que la comunidad artística y quienes gustan de los espectáculos y presentaciones, parecen hasta resignados a que en Juárez este tipo de espacios luzcan descuidados o desatendidos. Y ni siquiera son presupuestos millonarios, nada más que las prioridades están en otra parte.

Por cierto, el lunes pasado que se presentó con éxito la obra ‘Arizona Crusing’ del dramaturgo Pilo Galindo, la codirectora Laura Galindo no pudo al final abrir el diálogo con el público, como suelen hacerlo. El calor era insoportable y se quedaron con los puros agradecimientos y la presentación de todo el elenco.

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El caso de las irregularidades en el fraccionamiento Monte Xenit se convirtió en la capital del estado en pleito político y guerra de acusaciones.

Ahora se andan revisando hasta las primeras autorizaciones del fraccionamiento que se otorgaron cuando todavía era alcaldesa la hoy gobernadora Maru Campos.

Entonces era regidora Adriana Díaz Negrete, la actual directora de Desarrollo Urbano del Gobierno Municipal de Marco Bonilla. Por purita coincidencia es hermana del exdirigente estatal del PAN, Gabriel Díaz.

Justo era Adriana la presidenta de la importante Comisión de Desarrollo Urbano en el Ayuntamiento. Ella dio su aprobación, pero ahora resulta que también votó a favor, porque entonces era regidor por el Partido Verde, nada menos que el hermano de Brenda Ríos Prieto, la hoy diputada morenista que volvió mediático el tema con sus primeras denuncias, desde hace un año.

Hablamos de Juan Pablo Ríos Prieto, quien votó a favor de la autorización de Monte Xenit en el 2019. La aprobación fue por unanimidad, así es que todos dieron el aval que ahora cuestiona la diputada Ríos, quien antes de pasar a Morena fue diputada del Partido Verde y luego delegada de Semarnat por impulso del entonces gobernador, César Duarte.

Mientras siguen las acusaciones sobre los funcionarios que tuvieron responsabilidad en la aprobación del fraccionamiento en el que presuntamente no se cumplieron todos los requisitos técnicos para construir sobre una loma, ayer debió salir a aclarar el Municipio que será el desarrollador quien pague los recursos utilizados para la reubicación de familias.

Eso dijeron ayer, luego de que surgieron fuertes críticas por el hecho de que el Municipio esté destinando una partida de 9 millones de pesos para apoyar el pago de renta por tres meses de 32 familias, además de sus respectivas mudanzas.

Se supone que luego le cobrarán a la empresa para que no sean los contribuyentes chihuahuenses los que paguen por los errores y omisiones de la desarrolladora Dexe.

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En el Congreso del Estado abrieron el registro para quienes deseen concursar por un asiento vacante en el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.

Hasta el 1 de agosto se recibirán las postulaciones, conforme a la convocatoria que se publicó desde el sábado pasado en el Periódico Oficial del Estado.

Viene todo un proceso interesante de selección entre quienes cumplan con los requisitos. A ver si no se les bate el asunto a los diputados que nomás nunca pudieron sacar otro tema reciente y dejaron en stand by la renovación de la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

En este caso, la evaluación documental y curricular para identificar a los mejores perfiles será del 2 al 6 de agosto y a más tardar el 7 de agosto se publicará la lista de aspirantes que sean elegibles. La etapa de entrevistas con los diputados se realizará los días 9 y 10 de agosto.

La designación del nuevo integrante del Comité Estatal de Participación Ciudadana se hará en sesión pública a más tardar el día 13 de agosto de 2025. La toma de protesta en el Congreso del Estado se realizará el 15 de agosto de 2025, es decir, dentro de un mes.

Para poder ser integrante del Comité se requiere contar con más de treinta años de edad al día de la designación, tener título profesional de nivel licenciatura y acreditar conocimientos, experiencia y trayectoria en la materia.