No salieron bien libradas muchas de las candidaturas ganadoras de la elección judicial en Chihuahua. Aunque la información no se ha desglosado todavía, viene la chamuscada para magistraturas que se beneficiaron de los cuadernillos y acordeones para obtener el triunfo.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral acordó imponer multas a 177 candidaturas ganadoras, tanto de los procesos federales como estatales y resulta que, en el plano local, Chihuahua y el Estado de México concentran el 35.9 por ciento del monto que suman las sanciones.

Hasta el nombre de la magistrada que por ser la más votada se convertirá en presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, está en la lista quienes deberán pagar multa si es que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), no dispone otra cosa. Nos referimos a Marcela Herrera Sandoval, quien debería desprenderse de 20 mil 138 pesillos como sanción al ser beneficiaria de una propaganda ilegal.

En principio se había perfilado una multa correspondiente al 10 por ciento del tope de gastos de campaña para cada cargo, pero al revisar la “capacidad económica” de los candidatos, hubo reducciones de hasta un 90 por ciento, por lo que en varios casos se les consideró como “multitas”.

El punto es que sí habrá sanción, por lo menos hasta donde los consejeros consideraron que lo permitía la ley. Quedó claro en su resolución el llamado al Poder Legislativo para mejorar los instrumentos y mecanismos de fiscalización digital que permitan hacerse de más elementos para incrementar las sanciones en el futuro.

Fue maratónica la discusión entre consejeras y consejeros respecto a las multas y la inclusión o no de quienes no ganaron la elección (únicamente serán amonestados), pero lo que fue unánime, es el sentido de considerar la impresión, distribución y utilización de acordeones como un acto ilegal que no debe de permitirse.

“Solo maquinarias con poder político o coactivo, con abundantes recursos económicos y medios para condicionar la conducta de muchos ciudadanos pudieron desplegar esa operación masiva para inducir el voto y lograr, en la mayoría de los casos, el resultado electoral predeterminado; inducir el voto desde el poder equivale a suplantar la voluntad ciudadana”, fue el posicionamiento de la consejera presidenta de la comisión de Fiscalización, Carla Humphrey Jordan.

Dijo que esos entes políticos u organizaciones pudieron ser gobiernos, partidos políticos, gremios asociados a partidos o grupos delincuenciales.

Nadie en la clase política chihuahuense, tampoco entre las bases partidistas o de las propias estructuras gubernamentales, desconoció cómo operaron aquí los acordeones.

Por un lado trabajó un equipo de operadores vinculado a la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal, pero por el otro, también las dependencias de Gobierno del Estado hicieron lo suyo y los funcionarios fueron responsables de operar la entrega de los acordeones para que los burócratas los repartieran entre sus allegados. Nadie se quedó fuera de la estrategia y también desde el Gobierno Municipal se hizo trabajo con sus respectivas guías para “La elección del Pueblo”.

No pudo la Unidad Técnica de Fiscalización llegar al fondo en la investigación sobre los responsables y el INE se quedó nomás en la sanción de quienes recibieron el beneficio que se acreditó como un financiamiento irregular.

Sin embargo, hubo acuerdo para extender la investigación, aparte de que se pidió a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, instancia que dispone de más facultades, medios jurídicos y materiales para investigar a fondo los ilícitos, que se ponga a hacer su trabajo.

Con ocho votos a favor y tres en contra, se avaló el procedimiento oficioso para continuar con la investigación sobre el origen de los recursos destinados a la producción y distribución de acordeones físicos, y para el diseño y operación de los sitios web que alojaron dicha propaganda. O sea que el tema seguirá dando más de qué hablar.

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Hemos hablado aquí bastante de la grilla por la presidencia del Comité Municipal del PAN, ahí donde se supone que Ulises Pacheco ya está palomeado como candidato “oficial”, aunque le anda haciendo mosca Gerardo Rivas, el subalterno de Gilberto Loya, El Capitán Centinela.

Por la otra banda, donde caminan de alguna manera los “disidentes”, también está interesante el ejercicio que se viene articulando por parte de un grupo de unos 50 panistas, entre quienes destacan Ramón Galindo y Pepe Márquez como promotores.

Esos cuadros blanquiazules de vieja guardia han estado trabajando en algo más de fondo, no únicamente en la coyuntura electoral interna que tiene que ver con el Comité Municipal que ahora debe de renovarse conforme a los estatutos del PAN.

Están armando un documento que quieren impulsar como plataforma político-electoral sobre siete pilares o temas distintos para trabajar por la ciudad: desde la seguridad pública, pasando por el desarrollo urbano y hasta el planteamiento de un modelo económico.

En esas andan desde el año pasado, pero ahora específicamente preguntaron al interior de su grupo quiénes están interesados en la presidencia del Comité Municipal. Tres levantaron la mano: Jesús Galindo, Francisco Olivas y Sebastián Pinto.

Quieren hacer un ejercicio interno de votación con la posibilidad de que le entre cualquier otro militante afiliado, aunque no esté en ese grupo inicial. Hasta fecha tentativa tienen: el 10 de agosto.

Esos eran los prospectos originales, aunque ya se integró otro elemento que no acaba bien de entender Mirone. El grupo está considerando como un cuarto competidor a Ulises Pacheco, luego de que el considerado candidato “oficial” estuvo con ellos y dijo que le quería entrar.

Todos saben que la condicionante para entrarle es que, si alguien no gana esa votación no institucional, ya no le seguiría y nomás el ganador buscaría enfrentar a cualquier otro aspirante registrado formalmente.

Así que Ulises parece querer jugar por las dos vías, aunque eso ya se volvió confuso. Tampoco se sabe si Gerardo Rivas le atorará o no hasta el final, para competir contra Ulises o contra el candidato que surja del ejercicio sui géneris que promueven los Galindos y los Pepes Márquez.

Ya se está haciendo un merequetengue. También trae la mano levantada por la presidencia, María Valadez. O sea que son seis los interesados en total, aunque dos, o quizá tres, se quedarían en el filtro que promueven los veteranos panistas.

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La grilla partidista por los espacios disponibles en el 2027, les está pegando a quienes hoy detentan los cargos de elección popular y todavía están en posibilidad de repetir.

Resulta que la reforma electoral para que ya nadie se puede reelegir en periodos consecutivos será aplicable a nivel federal y estatal a partir del 2030.

Así que quienes actualmente tienen hueso y apenas van en su primer periodo, tienen jurídicamente la posibilidad de volver a postularse en el 2027, claro, si logran el aval de las dirigencias partidistas.

El caso es que ya se ven esfuerzos de varios liderazgos para tratar de nulificar esas posibilidades en las distintas fuerzas políticas.

Si hablamos del PAN a nivel local, donde nada más hay una diputación local y una regiduría azul, quienes traen la operación política desde la estructura gubernamental, ya están bloqueando las posibilidades de reelección.

Eso lo están viendo claramente aquí la diputada Xóchitl Contreras y el regidor Alejandro Jiménez. Poca jugada les están dando desde la estructura azul, precisamente con la intención de que no se puedan proyectar para postularse de nuevo. Quienes ocupan posiciones en la estructura de Gobierno, andan en la promoción personalizada para ir por esos cargos en el 2027 o para dejárselos a alguno de sus allegados.

No únicamente se presenta la situación en terrenos azules. También es muy claro el bloqueo en las regidurías a dos figuras del Ayuntamiento, una del Partido Verde y otra de Movimiento Ciudadano.

Los mandones en esos partidos tratan de que figuren los menos posibles las regidoras Fernanda Ávalos (PVEM) y Gloria Mirazo (Movimiento Ciudadano), precisamente para buscar los asientos que ahora tienen ellas, quienes legalmente podrían buscar otro periodo.

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Quien sí salió bien librada de un señalamiento en su contra fue la titular de la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA), Alma Edith Arredondo.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), vía la Oficina de Representación de Protección Ambiental y Gestión Territorial en el Estado de Chihuahua, terminó por absolver a la funcionaria municipal en la denuncia que se presentó en su contra por el manejo que tuvo la DABA en el caso de la muerte de un gato montés bajo su resguardo.

Arredondo estuvo en el ojo del huracán cuando el animal murió en las instalaciones de la DABA, después de que le fue entregado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes lo habían asegurado en una intervención realizada a la altura del kilómetro 22 de la carretera Panamericana, el 27 de diciembre de 2024.

La Profepa pudo constatar que la DABA actuó de manera diligente, pero al parecer no así los agentes policiacos que aseguraron al gato montés. “Se constató que dicho ejemplar fue entregado con signos evidentes de lesión, estrés y deshidratación y que su ingreso se realizó en un contexto de atención inmediata, derivado de una situación de urgencia”.

No quedó claro si el ejemplar estaba o no lesionado cuando los polimunicipales se hicieron cargo de él. En su reporte nomás se informó que “deambulaba” cerca de la carretera. Lo que sí se dijo en su momento, es que, a los primeros intervinientes en este tipo de casos, les hacía falta capacitación para atender animales salvajes.

El caso es que la DABA y su titular libraron el señalamiento de haber sido omisos, actuado con dolo, o no haberse apegado a la Ley General de Vida Silvestre. Por el contrario, demostraron ante Profepa que realizaron acciones iniciales orientadas a la estabilización, resguardo y valoración clínica del animal.

Como quiera que sea, a raíz del caso de la muerte del gato montés, ya se trabajó en un plan de acción detallado, además de la formalización de canales de comunicación y protocolos conjuntos con Profepa. También se articularon cursos de capacitación a cuerpos policiacos y de emergencia, para el manejo correcto de animales silvestres.