En su intento por salvar su calificación en el manejo del transporte público, que por ahora es reprobatoria, la administración estatal se apresta a tratar de ejecutar un clavado con el más alto grado de dificultad.

No lo han dicho abiertamente, pero la apuesta gubernamental de rescate para la primera Ruta Troncal (BRT-1) –la misma que venía en picada desde la pasada gestión y que la nueva dejó caer hasta el fondo– es abrirle la puerta a empresas de otras ciudades, con experiencia ya probada, para que aquí operen el sistema que pretende ser integrado.

Se trata de firmas ya consolidadas en grandes urbes como Guadalajara, Monterrey, León y la propia Ciudad de México. Habría licitación pública con esa condicionante, no solo de la solidez financiera, sino de la especialización y la experiencia comprobable.

De plano quedarían fuera los concesionarios locales, por muy grandes que sean sus imperios nacidos del ruteo y sus esquemas mafiosos. Oficialmente, los operadores de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología de Gobierno del Estado y de la Secretaría General de Gobierno, hablan de que para el rescate no hay una, sino dos opciones.

La segunda es con la que más han amagado al gremio transportista, en su intento fallido de meterlos al redil: el control directo por parte del Gobierno del Estado, por medio de su propio organismo operador, tal como ya ocurre en la ciudad de Chihuahua.

Esa alternativa debería ser incluso la más viable, justo por la cercanía de la experiencia y su esquema verificable. Sin embargo, el Gobierno está completamente descapitalizado y sus finanzas muy comprometidas. No hay que olvidar que el mal llamado “rescate financiero” que a la gobernadora María Eugenia Campos le aprobó el Congreso del Estado, implica más deuda pública por al menos 24 mil millones de pesos.

Peaje de carreteras, peaje de puentes internacionales, participaciones y aportaciones federales, una gran parte de ese ingreso quedará comprometido y, por lo que se ve, no hay planes de que de ahí pueda salir la suficiencia presupuestal para una inversión tan grande como la que se requiere para comprar camiones nuevos y operar todo el sistema, habilitar talleres y contratar choferes.

Ese es uno de los puntos que está sobre la mesa: aventarse otro financiamiento, otra deuda, en términos llanos, sería muy complicado. Pero es cuestión de prioridades. ¿Acaso no merecen los juarenses que se les coloque en primer término para que, por fin, funcione el BRT que hasta ahora ha ido de fracaso en fracaso? Bien podrían destinarse para ese fin recursos de esos 6 créditos nuevos que fueron autorizados para el “rescate financiero”, cuyo destino, es decir, a dónde se irá la inversión, no ha sido lo suficientemente aclarado por la administración estatal.

En el análisis está también la disponibilidad de los camiones para prestar el servicio, ya que se tiene que ordenar su armado. Pese a que los propios consejeros de la gobernadora creen que la intervención directa del Gobierno del Estado, tendría buenos réditos políticos, ven difícil la viabilidad financiera.

Así que se perfila un triple salto que quizá  podría ser mortal.

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Desde la visión de los operadores de Palacio, a final de cuentas se buscan resultados. Falta ver cómo reaccionarían los intereses locales y las colectividades muy politizadas que suelen rechazar soluciones, o negocios, cuando vienen desde fuera.

Pero las autoridades parecen estar convencidas de que no hay en Juárez empresarios del transporte con la capacidad financiera requerida. O mejor dicho, creen que, si es que los hay, nunca han mostrado verdadera voluntad.

Claro que la propia autoridad siempre los ha tolerado, y los fracasos históricos no pueden entenderse sin un alto nivel de abulia y negligencia o, peor aún, de corrupción oficial, para dejar hacer y dejar pasar. El hecho es que, hasta hoy, o no han podido, o no les ha interesado cumplir.

Eso pasó con Intra, la empresa que de inicio integraron principalmente los antiguos concesionarios de Tierra Nueva y que terminó en un fiasco para operar y mantener la primera Ruta Troncal.

Cuando el año pasado, hubo un nuevo proceso de licitación para avanzar en la articulación del Sistema Integrado de Transporte, los concesionarios locales, convertidos en empresarios, volvieron a mostrar sus grandes limitaciones.

En ese paquete de concesiones únicas, tres empresas distintas ganaron la licitación para operar la primera Ruta Troncal, y suplir a la fallida Intra, aunque su principal representante, Raúl Rodríguez, mantuvo parte del control y siguió en el negocio.

Ese paquete de licitaciones se abrió no solo para arreglar la primera ruta, se hizo, sobre todo, para poner las bases para la operación de la segunda Ruta Troncal (BRT-2) que tantos dolores de cabeza ha dado a los juarenses por la pésima planeación y ejecución de las obras de infraestructura requeridas.

Para el BRT-1, Transporte JCR, Transporte Troncal Ecosustentable y Colectivos Juárez Plus fueron las ganadoras del concurso, pero lejos de iniciar el proceso de mejora en el 2021, inició el declive que hoy tiene a la primera troncal totalmente inhabilitada, con su infraestructura inservible y abandonada.

Los ganadores nunca compraron las unidades a las que estaban obligados por la adjudicación del contrato. Argumentaron en su momento que no podían acceder a los financiamientos porque no tenían en sus manos los títulos de concesión, mientras que las autoridades estatales les condicionaban la entrega del documento legal, precisamente si concretaban la compra de los camiones.

La flotilla de camiones ecológicos (los llamados verdes del Ecobús) que fueron comprados con recursos públicos, aunque los operaba Intra, terminaron convertidos en chatarra inservible porque nunca recibieron el mantenimiento adecuado.

Intra también tuvo pretexto para nunca arreglar las unidades que terminaron confinadas en los talleres: de fábrica, esos camiones Dina salieron con problemas en sus transmisiones que no podían ser resueltos en los talleres mecánicos, y la armadora no respondió por el desperfecto.

En condiciones deplorables, dos o tres de esas viejas unidades todavía circulan por la ruta, aunque ya no por el carril confinado, debido a que los paraderos están inhabilitados. Junto con otros camiones blancos, tipo escolar, dan el servicio por esa línea que va desde la Presidencia Municipal hasta Tierra Nueva y Parajes de Oriente.

Nunca, desde que se tuvieron aquí las primeras experiencias del sistema semimasivo de transporte público, el servicio había sido tan deficiente.

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Ante el incumplimiento de Transporte JCR, Transporte Troncal Ecosustentable y Colectivos Juárez Plus, el Gobierno del Estado anunció la cancelación del contrato ganado el 2021, aunque Mirone supo que el procedimiento legal no se ha finiquitado.

En su ruta hacia la nueva licitación, que abriría la puerta a las empresas de otras ciudades, los operadores estatales presumen como un logro haber “allanado” el camino.

Nulificaron ya a los concesionarios que integran a las empresas incumplidas y en seis meses de su administración quedó reducida a nada toda la primera Ruta Troncal, cuyo declive partió de un pésimo manejo del Fideicomiso durante la pasada administración. Ahora, no queda otra que construir sobre ruinas.

Sin embargo, ya no sabe Mirone qué será más grave, si el acumulado de yerros y malos manejos de la anterior gestión, o el abandono premeditado de los actuales operadores estatales que dejaron al garete no solo el servicio, sino la infraestructura millonaria que se solventó con recursos públicos. Como quien dice, tenía que morir completamente para no encontrar resistencias a la cancelación de los contratos.

Apenas entre el 2020 y parte del 2021, se habían invertido 309 millones de pesos en ampliar 5 kilómetros de ruta hasta Parajes de Oriente, con la creación de 13 paraderos más y la remodelación de los 34 ya existentes (14 de ellos con renovaciones totales). Dentro de esos recursos, se encuentran 59 millones de pesos para un sistema de recaudo.

Hoy, la mayor parte de la infraestructura está vandalizada y dañada, sobre todo en la parte nueva del suroriente. Los paraderos se dejaron de usar, pero nadie pidió ni proporcionó vigilancia alguna.

Máquinas de recaudo abiertas y destartaladas, cristales quebrados, paneles solares sustraídos, barandales chocados, concretos y pavimentos fracturados, estructuras sucias o grafiteadas. Un estado verdaderamente deplorable.

Esa fue la inversión más reciente. Con los recursos de origen, el gasto público en esa primera troncal ya va en los mil millones. Otros mil millones se presupuestaron para el otro desastre, el de la segunda Ruta Troncal o BRT-2.

Demasiado dinero para que se pierda y los juarenses sigan sufriendo por un mal servicio de transporte público. Llegado el momento, cuando se deba concretar el plan de licitación para que las empresas foráneas operen la ruta, ese será un enorme problema, ya que se les debe entregar la infraestructura lista.

Sin recursos en las finanzas estatales, no quiere pensar Mirone cuánto más demorarán en reponer lo que dejaron caer. Se supone que la toma de decisión es inminente. Y todavía faltará, además, que en verdad las empresas de otros estados se animen a entrarle, precisamente por las condiciones de la infraestructura y, sobre todo, ante tanto historial de conflicto.

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Lamentablemente, el BRT-2 no solo se distingue por su rezago en las obras y sus grandes pifias de planeación y ejecución, también porque los concesionarios, transformados a la fuerza en empresarios, caminan ya la ruta del incumplimiento.

En las licitaciones del 2021, cuatro empresas ganaron las concesiones para esta ruta troncal del llamado Sistema Integrado de Transporte Público.

Se trata de la Unión de Concesionarios Juárez Aeropuerto S. de R. L. de C. V y Colectivos 1A  S. de R. L. de C. V. Además, están Lazo 5 Puntos y Transportes Ceiba, donde dos de los zares transportistas mutaron sus rutas en Sociedades Anónimas de Capital Variable.

Desde diciembre del año pasado debían tener sus camiones listos en Juárez, de acuerdo con el contrato. Únicamente Lazo 5 Puntos presentó un articulado y dice tener dos unidades compradas en China. La concesión le autoriza operar 18 de esas unidades.

Si bien es cierto que el rezago en las obras es la impronta que marca la segunda Ruta Troncal, no se ve que nadie más se mueva para cumplir con las unidades nuevas que deberían estar circulando los próximos meses.

De ahí la conclusión de los operadores técnico y políticos de Gobierno del Estado respecto a la poca capacidad y menor interés de los transportistas locales para entrarle en serio a un sistema integrado.

Para los empresarios, el incumplimiento no está de su lado, sino en la parte oficial, por lo que no se aventarían a nadar en una alberca vacía.

La última vez que los transportistas se presentaron antes los medios de comunicación, dijeron que únicamente esperaban la conclusión de las obras y la luz verde para empezar a rodar un bloque de 87 unidades. Pero, ¿y dónde están los camiones?

El ensayo para la solución de fondo vendrá para la primera Ruta Troncal. Después, las autoridades podrían seguir la misma opción para el BRT-2.

Sin embargo, el grado de dificultad puede ser mayor y tampoco hay garantía de que su ejecución sea limpia. La apuesta podría resultar en un desastre más para Juárez. Como si ya no tuviéramos suficiente, estimado lector.