Absurda, por no decir estulta, la declaración que hizo ayer el jefe de la política interna del país, el secretario de Gobernación Adán Augusto López, en el sentido de que el proceso que se le sigue al comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, por la muerte de 40 migrantes, “no le quita el tiempo ni lo distrae de sus obligaciones”.

Si el funcionario de marras fue vinculado a proceso por el ejercicio indebido del servicio público, por no cumplir con su deber de proteger a los migrantes detenidos por el INM, cómo es posible que su jefe diga que puede seguir manejando la institución como si nada hubiera pasado.

Los hechos del 27 de marzo, evidenciaron que fue rebasado por la responsabilidad oficial y le quedó tan grande el paquete, que generó una crisis al país que tuvo repercusiones mundiales, y precisamente por eso lo tienen sentado en el banquillo de los acusados.

Su pecado no fue un asunto menor. Se trata de 40 vidas de migrantes que se perdieron porque el señor no cumplió con la obligación de vigilar que sus subordinados respetaran los protocolos de protección a las personas que estaban bajo su resguardo, y permitió que en las instalaciones del INM, las estaciones migratorias fueran convertidas en mazmorras.

Por lo mismo fue detenido y acusado de homicidio su subalterno Salvador González Guerrero, titular de la Oficina de Representación del INM en Chihuahua, y cinco empleados que están directa o indirectamente bajo sus órdenes.

Se trata del subdirector o representante local noreste, Daniel Goray, quien además tiene bajo su mando la Estancia Provisional en donde ocurrió el incendio; también del subdirector del Grupo Beta Juarez, Juan Carlos Meza y de Eduardo Apodaca, jefe de Recursos Materiales, quien entra en la clasificación de mando medio.

Finalmente están los oficiales Gloria Liliana Ramos y Rodolfo Collazo, quienes dependen directamente de Daniel Goray.

Si la cadena de mando comienza por el Comisionado, entonces la responsabilidad también le salpica, aunque traten por todos los medios de salvarlo por ser amigo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

De ser declarado culpable, Garduño podría alcanzar una pena que oscila entre los 2 y los 7 años de prisión, de acuerdo con el artículo 214 fracción VI del Código Penal Federal, que establece la sanción para el servidor público cuya negligencia “propicie daño a las personas, o a los lugares, instalaciones u objetos, o pérdida o sustracción de objetos que se encuentren bajo su cuidado.”

Aunque el delito no es considerado grave y después de sentenciado podrá continuar en libertad, el solo hecho de estar sujeto a proceso y obligado a firmar en los libros del tribunal que ventila su caso, debería ser razón suficiente para que sea separado de su cargo, porque no se puede correr el riesgo de que, por negligente, omiso e inepto cometa otra pifia, en momentos en la crisis migrante sigue agudizándose en la frontera norte.

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Por cierto, que, hablando del trabajo de Garduño, el martes que vino a Juárez para atender la comparecencia en un juzgado federal, el individuo no se paró en las instalaciones del INM de la ciudad.

Aunque la audiencia judicial terminó temprano, el excarcelero del Gobierno Federal no tuvo tiempo, o no quiso darse el tiempo, para hacer un recorrido de supervisión por las desprestigiadas instalaciones federales.

Fuentes mironianas confirmaron que Garduño no habló con nadie de la estructura local del INM y tampoco se acercó a la oficina principal del puente de Córdova, cuando menos para tranquilizar a sus muchachitos, que andan muy inquietos porque siguen desfilando ante la Fiscalía federal y sienten pasos en la azotea.

Lo más probable, es que el comisionado le sacó a que pudiera ser increpado por los migrantes que se mantienen apostados en el exterior de las oficinas, y hasta por los empleados que sienten que están pagando justos por pecadores, porque en prisión no están todos los que son, comenzando por él, ni son todos los que están.

A ver si en las próximas visitas que haga a Juárez cada 15 días, para firmar el libro de control de asistencia en el edificio del Poder Judicial de la Federación, el funcionario cuando menos se toma la molestia de darse una vuelta por las instalaciones chamuscadas del INM, para que ordene que la derriben o la remodelen, porque en las condiciones en que se encuentra solo representa un monumento a la estupidez. 

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Buena puntada tuvo ayer la diputada chihuahuense Rocío Reza Gallegos, al subir a la tribuna del Congreso de la Unión ataviada con un chaleco contra balas, para exigir que el Gobierno Federal regrese el subsidio para el fortalecimiento de la seguridad, Fortaseg, que desapareció en el 2021.

No se supo si el chaleco fue para no ser acribillada por el florido lenguaje de la mayoría morenista, o si tenía realmente miedo de un atentado contra su persona dentro del recinto legislativo, pero lo cierto es que se están haciendo costumbre en nuestros folklóricos congresos, las ocurrencias que no resuelven la problemática del país, pero generan noticia chusca y mucho ruido en las redes sociales.

Y eso fue precisamente lo que generó la disruptiva intervención de la chihuahuense, que fue acompañada por toda la bancada panista que portaban cartulinas de protesta y a favor de la reanudación de ese subsidio a los municipios.

La “enchalecada” Rocío se presentó como la voz de miles de policías estatales y municipales del país, que han sido abandonados por la Federación y que a falta del Fortaseg, tienen que comprar sus propios uniformes y equipamiento.

Dijo que su iniciativa le apuesta a la dignificación policial, donde el 5 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación sea exclusivamente para el tema de la prevención.

De ser así, pues deberían comenzar por exigir la rigurosa aplicación de las pruebas de control y confianza en las Policías municipales y estatales, que son el grueso del estado de fuerza de la seguridad pública del país y en donde está la raíz más profunda de la corrupción y las complicidades con el crimen organizado.

Está probado hasta el cansancio, que no es con más policías, más pistolas ni más patrullas, como  la criminalidad que agobia al país se va frenar, sino con elementos confiables que no se dejen seducir por el billete de los malandros.

Por lo mismo, es bueno que la diputada Reza Gallegos pida que reanuden el subsidio, pero es malo que lo quieran para comprar armamento y uniformes, cuando lo primero es la capacitación de los elementos y la confianza que deben demostrar para ser dignos de portar una placa.

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Los usuarios del aeropuerto Abraham González, se encontraron ayer con la sorpresa de que, además de las lentas obras de remodelación que realizan desde hace varios años, ahora le están colocando rejas de seguridad en las calles de acceso y salida de la terminal.

Será esta la primera vez en toda la historia del puerto aéreo, que el acceso tenga rejas para limitar la entrada, aunque nadie supo informar ayer, si estas serán cerradas durante la noche, cuando no hay movimientos de pasajeros.

Es obvio que se trata de una medida de seguridad, pero al parecer, a la Operadora Mexicana de Aeropuertos (OMA), que lo administra, no le basta con la vigilancia que la terminal tiene de la Guardia Nacional y de una agencia privada de seguridad, por lo que ha ordenado enrejar la entrada y la salida.

¿Será que tienen información sobre algún riesgo para este punto estratégico de las comunicaciones, o temen que las oleadas de migrantes puedan tomar la terminal como refugio, o esperan alguna agitación social que dañe las instalaciones remozadas?

Lo cierto es que los trabajos que realizaban ayer los herreros demuestran que los administradores del aeropuerto algo temen y lo están previniendo.

Y debe ser algo serio porque en muchas décadas, incluso en las etapas más violentas de la ciudad, no se hizo nada similar. Se enrejaron todos los fraccionamientos y hogares, pero nunca la terminal aérea.