Muy pronto las prisiones de la entidad comenzarán a recibir a prominentes y destacados funcionarios, que se distingan por no cumplir con el trabajo de brindar protección a las mujeres víctimas de violencia o a las que se encuentren en peligro inminente. Habrá saturación, sin duda.

Esto iniciará a partir de la reforma que se haga al Código Penal del estado, propuesta que ayer fue aprobada por el Congreso para que se castigue a las autoridades estatales o municipales que no impongan medidas de protección a la mujer cuando esté en peligro o no se apliquen las medidas cautelares al acusado, para proteger a la víctima o al testigo, según sea el caso.

Además, la propuesta de reforma incorpora la necesidad de castigar a quien o quienes difundan imágenes o información de carpetas de investigación, que afecten el curso de una denuncia por violencia contra la mujer.

Fue la Comisión de Justicia del Congreso, encabezada por Geo Bujanda, la que determinó sancionar las conductas que son bastante comunes en el ámbito de la procuración e impartición de justicia, en perjuicio de las mujeres y otras víctimas del delito.

Han sido muchos los casos de mujeres violentadas, amenazadas, lesionadas y en peligro de muerte, que han quedado a merced de sus victimarios, porque cuando presentan la denuncia o llaman a los teléfonos de emergencia, son ignoradas, se minimizan sus casos y hasta se burlan de ellas.

La Fiscalía de la Mujer en Juárez es el mejor ejemplo de esto, y Norte Digital lo ha evidenciado en diferentes ocasiones, cuando mujeres golpeadas no son atendidas o son obligadas a desistir después de permanecer dando vueltas por horas en busca de ayuda en la dependencia.

La presidenta del Congreso dijo que con esta reforma se busca que mujeres, adolescentes y niñas, puedan tener la confianza de que las autoridades están de su lado y no las van a dejar desamparadas cuando sufran agresiones, maltratos y amenazas, algo que está por verse.

En la propuesta de la Comisión de Justicia fueron aprobadas diversas disposiciones con base en casos emblemáticos de México, para homologar en el estado las leyes “Abril” e “Ingrid”.

La “Ley Abril” fue llamada así por el caso de una mujer que fue golpeada severamente por su pareja con un bate, sin embargo, la autoridad dejó libre al agresor y, días después, Abril fue asesinada.

En el caso del asesinato de Ingrid E., su pareja confesó haberla asesinado y mutilado. Imágenes del cuerpo desmembrado aparecieron en los medios de comunicación y redes sociales, lo que ha revictimizado a Ingrid, su familia y a personas cercanas.

Esta propuesta de reforma al Código Penal ocurre a pocos días de que, a nivel nacional, estudiosos del problema de violencia de género han dicho que las estrategias desplegadas para frenar los feminicidios en los principales municipios del país, entre ellos Juárez y la ciudad de Chihuahua, han servido para dos cosas: para nada y para pura vacilada.

Las dos ciudades más importantes del estado terminaron en la lista de los 10 municipios más peligrosos del país por el alto número de feminicidios que registraron en el 2021, lo cual evidenció que los programas y políticas públicas para proteger a las mujeres de la violencia han sido un rotundo fracaso, por decirlo amablemente.

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Está claro que no basta con que las autoridades digan que vamos volando al semáforo rojo. También es importante que informen lo que se está haciendo para no llegar a las restricciones totales de la actividad en Juárez.

Por lo pronto, ayer el alcalde Cruz Pérez Cuéllar anunció que el Municipio comprará pruebas Covid para aplicarlas sin costo a la población. Ahora falta ver cuántas van a ser y con cuántas se van a poner los Gobiernos estatal y federal, que es donde recae la principal obligación del cuidado de la salud de los chihuahuenses.

Hasta ahora únicamente el Estado de México, la Ciudad de México y Jalisco han gastado en pruebas Covid gratis para la población, como una forma efectiva de contener la ola de contagios de la pandemia y seguir la cadena de contactos.

En el estado de Chihuahua, solamente el Gobierno municipal de la capital implementó el programa reducido de pruebas Covid gratuitas, con módulos itinerantes en las zonas donde los indicadores de contagios son altos.

El año pasado, el IMSS puso en servicio los Módulos de Atención Respiratoria (Marss) en sus mil 525 Unidades de Medicina Familiar en el país, las 24 horas los siete días de la semana, para detectar oportunamente a personas sospechosas de Covid-19, reducir la mortalidad y las cadenas de contagio.

La habilitación de esos módulos, que dejaron de funcionar al comenzar este año, era parte de la estrategia del Seguro Social para identificar, de forma temprana, síntomas asociados a Covid-19 como fiebre, dolor de cabeza y garganta, tos seca y dificultad para respirar, y con ello iniciar un tratamiento médico entre la población derechohabiente.

El problema es que la población en general, la que no tiene seguridad social ni privada, sigue a la deriva, sin pruebas, sin acceso a los módulos Marss y, muchos de ellos,  todavía hasta sin vacunas.

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Seiscientos millones de pesos invertirá el Gobierno del estado en el mantenimiento de 875 kilómetros de carretera de la entidad, en tramos que conectan municipios del sur, centro y noroeste, pero nada para la carretera de Juárez a Villahumada, o de la que está de dar lástima, de Juárez a Nuevo Casas Grandes.

En el proyecto de mejoras a las vías terrestres, que se hará a través de las brigadas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, se incluyen los tramos Jiménez-Camargo, Camargo-Delicias, Chihuahua-Cuauhtémoc, Chihuahua-Sacramento, Ojo Laguna-Flores Magón, Flores Magón-Galeana y Sueco-Ahumada.

Se puede decir que la rúa de Juárez a Villahumada no presenta daños en la totalidad de sus 123 kilómetros, pero sí hay kilómetros enteros con erosión de la carpeta asfáltica que la hace peligrosa, sobre todo en tiempo de lluvia.

No podemos decir lo mismo de la carretera que lleva a Nuevo Casas Grandes, que tiene grandes tramos que requieren mantenimiento mayor de la superficie de rodamiento y de la estructura del pavimento, sin contar que mucha de la llamada infraestructura de defensa está completamente dañada.

Si los proyectos de mantenimiento o rehabilitación se hacen recorriendo todos los caminos de la entidad, se necesitaría estar ciego para no ver las condiciones en que se encuentran los dos tramos de Juárez, que no fueron incluidos en su presupuesto 2022.

Habrá que preguntarles cómo les va en sus travesías a los funcionarios estatales que despachan en Juárez y que, por sus cargos, tienen que viajar continuamente por tierra a la capital del estado y a la región noroeste.

Nadie está pidiendo privilegios o prioridades para la frontera, pero en algo tan simple como proyectos de mantenimiento, los chihuahuitas en el poder deben acordarse de que Juárez también es Chihuahua. Faltaba más.

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En el proceso de regularización de las agencias de seguridad privadas de la entidad, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado autorizó a los negocios de hoteles, bares, restaurantes, salones de eventos, centros nocturnos, entre otros, a que tengan sus propios guardias.

Tal medida se tomó en virtud de que los empresarios se quejaron con el director de la División de Policía Bancaria, Comercial e Industrial, Refugio Moreno, porque cuentan con malas experiencias al contratar agencias privadas que no cumplen con los requisitos de ley.

Por ello, el funcionario les autorizó para que tengan sus propios guarros, una vez que sean capacitados por instructores de la SSPE.

Por lo pronto, a partir de este martes, comenzará el registro de los guardias exclusivos de cada comercio y luego los tendrán que enviar a la Academia Estatal de Policía, para que reciban instrucción en temas de protección civil, primeros auxilios, defensa personal y sobre todo, trato decente para el público.