El boom inmobiliario que se vive en Samalayuca es otro foco rojo más en materia de desarrollo urbano.

Como suele pasar en la Administración municipal, primero está el negocio y después la planeación.

Como siempre, las regidoras y los regidores primero autorizan fraccionamientos campestres en la zona y después se enteran de las problemáticas que pueden surgir por tenencia de la tierra, por falta de agua o por conectividad vial.

Está desatada la venta de lotes en ese seccional del municipio de Juárez, pero ningún instrumento de planeación ejecuta ahí la Administración. No existe ningún plan maestro, ni ningún plan parcial.

Aunque el desarrollo esté fuera de la mancha urbana, no puede desvincularse de la ciudad ni puede el Gobierno desatender el tema, sobre todo porque es evidente que involucra a cientos de familias juarenses que están confiando en hacerse ahí de un patrimonio.

Además, se trata de otro polo de desarrollo más que competirá por los mismos recursos con la ciudad, justo cuando se está aproximando la hora cero por el agotamiento de los acuíferos en la zona. Si la ciudad tiene problemas de agua, es precisamente en su parte sur.

Ya lo advirtió la Junta Municipal de Agua y Saneamiento cuando se autorizaron varios fraccionamientos en Samalayuca sin tener las factibilidades del organismo operador de agua: el desarrollo está viciado de origen porque los pozos que se utilizan para dotar de agua los lotes, únicamente están autorizados para uso agrícola.

El tema lo comenta Mirone porque precisamente este fin de semana anduvieron por allá algunos de los regidores, conociendo los nuevos desarrollos. Nada más que apenas andan tanteando el terreno cuando ya aprobaron varios de los fraccionamientos.

A lo mejor y hasta andaban viendo la posibilidad de agenciarse un terrenito antes de irse a su viaje por las Europas.

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El Gobierno de Cruz Pérez Cuéllar pone oídos sordos a las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Desde hace cuatro meses se emitió la recomendación en torno a un caso que sonó a nivel binacional: la condena a muerte de César Fierro Reyna, el juarense forzado a confesar un crimen que no cometió, en hechos ocurridos hace 45 años.

El organismo consideró que autoridades locales cometieron, distintas violaciones graves a sus derechos a la libertad, integridad y seguridad personal, debido proceso, seguridad jurídica y dignidad de la persona.

Se documentó la comisión de actos de tortura en contra de César y dos de sus familiares por policías municipales de Juárez, hecho que derivó en su confesión coaccionada para culparse del homicidio cometido en contra de un estadounidense.

Fierro Reyna fue sentenciado a muerte y permaneció 40 años prisionero en Estados Unidos.

Sin embargo, al comprobarse las irregularidades cometidas por los agentes juarenses, el hombre obtuvo su libertad, por lo que la CNDH emitió una recomendación al presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar.

A través de la Recomendación 146VG/2024, el organismo determinó que la Presidencia Municipal de Juárez deberá tramitar la reparación integral del daño causado a la víctima y otorgarle, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua, asistencia en materia psicológica y médica.

También, realizar un acto de reconocimiento de responsabilidad para brindar a la víctima una disculpa pública, al que asista la gobernadora, María Eugenia Campos Galván, como invitada, con el fin de que se envíe un mensaje sobre la no tolerancia de actos de tortura.

Adicionalmente, se solicitó a la autoridad municipal que se nombre algún parque, calle o zona con su nombre y/o se devele una placa conmemorativa, claro, con la anuencia de Fierro Reyna.

El asunto es que la recomendación simplemente ha sido ignorada, sin la importancia que debe dársele por parte de los funcionarios conminados por la CNDH para hacer justicia.

Por cierto, la CNDH también se fue en contra de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CNDH) porque en su momento le sacó la vuelta a su responsabilidad y se declaró incompetente para recibir una queja en primera instancia.

Así que también hay una recomendación en contra de la CEDH que ahora encabeza Javier González Mocken.

Al presidente se le conminó a colaborar en el trámite y seguimiento de la denuncia administrativa que la CNDH presente contra quienes emitieron el acuerdo de no competencia de la queja presentada por la víctima.

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Quienes a diario deben circular por Libramiento Independencia no se la acaban por las interminables obras del Distribuidor Vial Talamás.

Norte Digital publicó el video que hizo llegar una lectora sobre su rutinario viacrucis vial en aquella zona mega saturada y congestionada del sur de la ciudad, entre avenida De las Torres y bulevar Independencia.

Lo que más coraje da a quienes no tienen otra opción que pasar diariamente junto a las obras, es que frecuentemente la construcción se ve solitaria, con unos cuantos trabajadores en el lugar.

Ya entiende Mirone por qué la obra va tan atrasada. El calendario original marcaba para junio la terminación. Así lo anunció el alcalde Cruz Pérez Cuéllar cuando arrancó la obra en octubre del año pasado. La última vez afirmó que se terminaría el 31 de agosto, pero como van las cosas, ya volvió a quedar mal.

Si bien les va a los juarenses, se tendrán que aguantar unos tres meses más. Está de locura transitar por la zona, ya que además hay zanjas sin tapar por todos lados y los baches abundan. El pavimento está levantado en obras que se ven igual desde hace cinco meses.

En el video que comentamos también se hace un fuerte reclamo de la denunciante a los funcionarios de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, ya que es de todos los días el pasar por charcos de aguas negras sobre el bulevar Independencia, por los brotes en una alcantarilla.

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Muy buena grilla viene para el siguiente mes con todo el proceso que terminará con la elección de los dos magistrados o magistradas que engordarán la nómina del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), gracias a la última reforma fast track que modificó su ley orgánica.

Ya está corriendo el plazo de la convocatoria para los registros que cerrarán el 30 de julio. Por lo pronto, ya quedó integrada la Comisión Especial que se encargará de analizar, evaluar y filtrar la lista de los que se anoten.

Todavía trae responsabilidad especial la presidenta del Congreso, Adriana Terrazas Porras, quien no deja formalmente las siglas de Morena, pero sigue haciendo méritos para lo que se ofrezca en la alianza que traen PAN y PRI, controlada desde Palacio.

Terrazas encabeza la Comisión a la que se suman representantes partidistas en el Congreso: Cuauhtémoc Estrada por Morena, Ivón Salazar por el PRI, Saúl Mireles por el PAN y Francisco Sánchez por Movimiento Ciudadano.

Por el lado del Poder Ejecutivo, los representantes son Karla Ramos y Óscar González Luna, mientras que por el Judicial les dejaron la responsabilidad a Francisco Javier Acosta Molina y Francisco Javier Fierro.

Habrá una evaluación de los currículums y la comprobación documental, pero también las respectivas entrevistas.

Nadie desconoce que a estas alturas ya deben estar definidos los nombres de quienes serán los designados. Así ha ocurrido por lo general en otros procesos. Se simula la competencia para la selección, pero a la hora de la hora se impone la decisión política previamente tomada.