Cada vez son más vulnerables los usuarios bancarios. Crecen los fraudes cibernéticos y el robo de datos sensibles, pero también la colusión de funcionarios de las instituciones crediticias con los grupos delincuenciales que todo corrompen y todo penetran para ampliar sus actividades criminales y sus ganancias.

Mirone conoció de cerca uno de los múltiples casos en que el usuario se quedó con sus cuentas en cero. Todo se lo birlaron.

Primero apareció un cargo no reconocido de su tarjeta de Santander realizado en Zapopan, Jalisco, cuando no se había movido para nada de Ciudad Juárez.

Entonces llamó a la línea de atención a usuarios que viene en la propia tarjeta y estuvo un par de días tratando de arreglar el problema y recuperar su dinero, únicamente para enterarse después que nunca lo atendieron en esa línea los funcionarios bancarios, sino los propios malandrines que terminaron por sacar todo de su cuenta.

No únicamente vaciaron esa tarjeta, también otra de Bancomer que tenía vinculación a la primera, donde la víctima recibía su nómina.

Cuando se apersonó en la delegación local de la Fiscalía General de la República FGR, todavía no terminaba de explicar su caso, cuando ya le estaban diciendo que de seguro se trataba de un caso del banco Santander.

El funcionario de la FGR aseguró que ocho de diez casos que se están presentando ante esa instancia, corresponden a operaciones en esa institución bancaria.

La víctima también conoció que se han presentado casos similares con cargos y retiros en Guadalajara y otras ciudades de Jalisco. Abundan denuncias por clonación de tarjetas y cargos no reconocidos que finalmente se traducen en un vil robo.

El punto es que ese tipo de movimientos ilegales no se entienden sin la complicidad de funcionarios bancarios, que entregan la información a los malandrines o son partes de sus redes criminales.

De la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), mejor ni hablamos. Son un cero a la izquierda. En casos como el señalado, se les van los tiempos en puros protocolos.

Por cierto, en las oficinas locales se ven laborando puros jóvenes que parecieran nomás estar cumpliendo su trabajo social. Nada pueden hacer contra los tiburones de los bancos y menos contra los malandrines que los infiltran.

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Los hallazgos macabros en una propiedad vinculada a la funeraria Del Carmen, inevitablemente conducen a preguntar cuántos casos más de ocultamiento de cuerpos y manejo indigno se han registrado o se están registrando en los establecimientos de este tipo en Ciudad Juárez.

La atrocidad del crematorio Plenitud en cuanto al manejo de los cuerpos quizá resulte inigualable por el increíble acumulamiento de restos humanos en condiciones indignas, pero desde que se conoció el caso, quedó claro que andaban muy mal los procedimientos de los negocios funerarios, estuvieran o no vinculados con esa empresa irregular.

Los tres cuerpos encontrados ayer en el inmueble de la colonia Arroyo Colorado, simplemente confirmaron que la cultura de la muerte y el desprecio a la dignidad y los derechos humanos, están más que arraigados en este sucio negocio.

También hay que decir que no fueron las investigaciones de la autoridad en seguimiento al caso del crematorio Plenitud, lo que llevó a los nuevos hallazgos en la funeraria del Carmen, sino las denuncias de los vecinos.

Igual que pasó en la colonia Polo Gamboa, así ocurrió en la Arroyo Colorado. Los cuerpos policiacos primero, y las autoridades sanitarias después, actuaron hasta que los residentes denunciaron al 911 el insoportable olor de los cuerpos en descomposición.

Ya va siendo hora que las investigaciones y los expedientes terminen en procesos judiciales, no únicamente de quienes estaban al frente de esos negocios, también de los funcionarios que no cumplieron sus obligaciones de ordenamiento y vigilancia.

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Quienes traen tiro cantado son los alcaldes Marco Bonilla y Cruz Pérez Cuéllar.

El edil guinda acusó recibo de la andanada de señalamientos en su contra, principalmente publicaciones en algunos medios electrónicos y culpó de implementar una guerra sucia a su homólogo azul de la capital del estado.

“Quiero señalarlo directamente porque parte de la cobardía es que me mandan decir que es algo que viene de Quintana Roo y de Tabasco. A ese extremo llegan. Francamente sí está feo, no solamente que te estén calumniando, sino que además consideren que uno está retrasado mental”, reprochó el juarense.

En conferencia de prensa, le pidieron los periodistas que fijara postura respecto a las publicaciones que hablan de una supuesta investigación en su contra por lavado de dinero por parte de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

“Esto viene de Marco Bonilla, completamente. No hay tal. Insisto. Yo sigo acudiendo. Obviamente cuando se requiere voy a El Paso, Estados Unidos. Como ustedes saben tengo una excelente relación”, señaló el edil, quien regresó a Juárez la noche del jueves después de salir del país para atender la graduación de unas de sus hijas.

Lamentó que Bonilla “esté jugando así de sucio” y que se haya aprovechado su ausencia para lanzar la campaña en su contra.

“Lamento mucho la guerra sucia. Me decían ahorita, no lo diga. Sí lo digo, viene directamente de Marco Bonilla, de su equipo. Y han hecho una serie de cosas como lo del luchador. Reunirse con algunos comunicadores en Juárez, ofrecerles apoyos para que lo estén comentando”, agregó.

A ver ahora qué dice Marco Bonilla sobre el señalamiento de Cruz, culpándolo de ser el orquestador de esa guerra sucia.

Cruz también fue cuestionado en torno a la grilla morenista, la que tiene que ver con la descalificación que la dirigente estatal, Brighite Granados, hizo de la secretaria Ariadna Montiel para contender por la gubernatura de Chihuahua en el 2027.

El alcalde se puso del lado de Montiel y criticó a Brighite.

“Yo diría dos cosas. Tenemos un sistema electoral en donde se garantizan mucho los derechos de las personas, es decir, si es que hubiera, que no lo sé, alguna norma que le impidiera, cualquier ciudadano puede acudir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y se pueden garantizar sus derechos de participación”, indicó Cruz en relación al tema de la inelegibilidad de la que habló Brighite cuando dijo que Ariadna estaba impedida para ser candidata al no contar con cinco años de residencia en el estado y no ser de origen chihuahuense.

Pérez Cuéllar no únicamente consideró que no es correcto descalificarla, también destacó que “es innegable que Ariadna Montiel tiene una presencia en Chihuahua”.

Recordó que desde el 2018, cuando él fue candidato a senador, Ariadna fungió aquí en Chihuahua como el enlace del entonces candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador.

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Hablando de desorden e inacción oficial, sigue impune la apropiación de espacios públicos y la obstrucción del derecho a la movilidad y a la seguridad vial en todo el entorno del Hospital General de Zona #35 del IMSS, también conocido como El Seguro Nuevo (aunque ya está bastante viejo).

Es cuestión de darse una vuelta a esas instalaciones hospitalarias ubicadas sobre la avenida Valentín Fuentes del Infonavit Casas Grandes, para ver el caos que generan los puestos semifijos instalados en banquetas y camellones, además de los vehículos en doble fila o estacionados también sobre las banquetas.

Es un calvario para todos los usuarios y vecinos del hospital, pero principalmente para las personas en condiciones de vulnerabilidad por algún tipo de discapacidad, ya que no pueden desplazarse, o no pueden hacerlo con la debida seguridad, frente a tanto bloqueo del espacio público.

El colectivo Peatones Heroicos hizo una petición de intervención desde el 30 de noviembre del 2024, pero ni las autoridades de Desarrollo Urbano Municipal, ni los regidores del Ayuntamiento se dieron por aludidos. De plano ignoraron la solicitud.

La organización pidió “dar cumplimiento a los principios y disposiciones legales en materia de movilidad y seguridad vial; liberar las obstrucciones permanentes por parte del comercio informal; y así, mejorar la movilidad y seguridad vial en ese punto, principalmente en favor de personas derechohabientes del IMSS (mayormente personas adultas o con discapacidad) y estudiantes de las escuelas aledañas”.

La petición de liberar la vía pública se entregó a las comisiones de Movilidad, Seguridad y Desarrollo Urbano. Algunos regidores repiten comisiones, por lo que en total saben del caso y nada han hecho, seis integrantes del Ayuntamiento.

Nos referimos a José Eduardo Valenzuela, Karla Michaeel Escalante Ramírez, Luz Clara Cristo Sosa, Mireya Porras Armendáriz, María Dolores Adame y Alejandro Daniel Acosta Aviña.