El resultado de la elección del 5 de junio trastocó a la clase política del PRI, despertó la ambición del panismo por hacerse del pastel presupuestal y dejó confrontados a los integrantes de los órganos electorales del estado, al punto del colapso al Instituto Electoral en particular.

Desde la tarde noche del primer domingo de junio, los consejeros electorales y magistrados del Tribunal Estatal Electoral no encuentran sosiego.

Sus ánimos están alterados al extremo, un día sí y otro también andan agarrados del chongo, cruzan oficios, amonestaciones, amenazas y ahora se enfrentan con recursos jurídicos interpuestos ante el Instituto Nacional Electora o la sala regional del Trife en Guadalajara.

El protagonismo político de algunas consejeras como Claudia Arlett Espino y María Elena Cárdenas, sumado a varios funcionarios del Tribunal Estatal, ha contaminado el trabajo institucional de los órganos electorales, dando pie a errores y pifias de las que no escapa especialmente el Instituto Estatal Electoral (IEE).

La guerra ya es frontal, se acentuó el sábado 23 de julio, cuando los cinco magistrados del Tribunal Estatal Electoral aprobaron por unanimidad las sentencias de los expedientes JDC-235/2016 y JDC-235/2016.

El primero fue interpuesto por la excandidata del PRD en el Distrito 09 de Ciudad Juárez Jakelyne Barrientos Martínez, antes Leandro Barrientos Martínez, la primera candidata transexual en Chihuahua, que interpuso un recurso de inconformidad por considerar que ambos órganos electorales violentaron sus derechos políticos.

Barrientos Martínez recurrió al TEE, solicitando la nulidad de la elección en ese distrito, debido a que en las boletas electorales no se incluyó su apodo Jakelyn, como es conocida en Ciudad Juárez en su identidad transgénero, lo que según ella violentó sus derechos políticos, porque el PRD solicitó a tiempo que se cambiara su nombre en las papeletas de votación. No se hizo.

La nueva ley electoral que normó los comicios del pasado 5 de junio permitía que en las boletas electorales aparecieran los alias o los apodos de los candidatos, como ocurrió con Chacho Barraza, candidato independiente a gobernador. Barrientos Leandro no lo consiguió.

Después de analizar los elementos de la impugnación, los magistrados del TEE concluyeron que el Instituto Estatal Electoral actúo con apego a la ley, al considerar improcedente el cambio de nombre en la boleta, pero que incurrió en una omisión grave al no notificarles oficialmente al candidato y a su partido, con la debida argumentación jurídica que ameritaba el caso, según los representantes legales del propio quejoso.

El fallo del TEE desechó el recurso de impugnación de Leandro Barrientos Martínez, o Jakelyn Barrientos Martínez, pero aprobó también dar vista al Instituto Nacional Electoral de la omisión de los integrantes del Consejo estatal del IEE, lío gordo en el que está metido ese órgano más por omisión, desidia y negligencia que por afectar la preferencia de Leandro.

“Se ordena dar vista al Instituto Nacional Electoral, con copia de esta sentencia, a fin de que resuelva lo conducente en relación a la omisión del Instituto Estatal Electoral”, dice el tercer resolutivo de la sentencia 235/2016, ordenado por el magistrado ponente, César Wong.

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Los magistrados no se quedaron solo ahí; en el segundo expediente, el 236/2016, con el cual el Partido Encuentro Social se inconformó porque la Asamblea Municipal reflejó en la boleta electoral la sustitución de candidatos a regidores en la planilla del candidato a la Presidencia municipal de Delicias, el TEE también lo consideró infundado, pero dio vista al INE para que se sancione a los consejeros del IEE por los errores y omisiones, esta vez por iniciativa del magistrado Jacques Adrián Jácquez Flores, exsecretario ejecutivo del Instituto Estatal Electoral.

Eso abrió la confrontación directa con el IEE. De por sí la consejera María Elena Cárdenas, secundada por los consejeros Alonso Basanetti, Gerardo Sánchez y Julieta Sánchez, ya había puesto el grito en el cielo cuando el TEE les amonestó por escrito por la falta de entrega de actas de cierre de casillas.

Los consejeros buscaron el perdón de los magistrados frente a la obviedad de la irregularidad cometida, y al parecer lo consiguieron inicialmente pero los problemas se siguen sucediendo uno tras otro.

Cuando el TEE desistió de la amonestación medio limaron asperezas, pero por aquello de no te entumas los consejeros presentaron un recurso de protección de derechos políticos ante la sala regional del Trife en Guadalajara contra el Tribunal Estatal Electoral, que a pesar de retirar la amonestación les hizo observaciones. El Trife deberá resolver este asunto el 18 de agosto.

Y así siguen los señores magistrados y consejeros, de uno y otro lado nomás las patadas se oyen.

Los del IEE critican a los togados porque sus resoluciones están siendo criticadas dentro y fuera del estado. Aseguran que pretenden erigirse como los tótems del derecho electoral, pero que sus sentencias dejan mucho qué desear, murmuran dentro del Consejo estatal.

Han considerado que hubo un manejo político más que jurídico por parte del Tribunal Estatal al recurso de impugnación del PRI a la elección de gobernador, casi casi alineado al timing marcado por el PRI, propagando que se podía tumbar el resultado debido al supuesto batidero que había permitido la autoridad electoral con el nuevo sistema híbrido INE–IEE.

Al final de tanto barullo, alegan desde el Instituto Electoral, el propio magistrado presidente, ponente de la sentencia 230 en relación a la gubernatura, acabó reconociendo que hubo certeza en el resultado de la elección al no encontrar elementos para anular como pretendía el PRI.

Por lo pronto, entre ganchos al hígado y patadas de uno y otro lado, a los dos órganos electorales de Chihuahua les puede tronar el cohete.

Al IEE por los dos expedientes que envió al Instituto Nacional Electoral el presidente del Tribunal, por errores y omisiones , y al TEE por la denuncia de los consejeros electorales del estado ante el Tribunal Federal Electoral, por la rudeza innecesaria utilizada en su contra, cuando los amonestó y amenazó con arrestarlos.

Allá en el Altiplano los jueguitos de vencidas entre los integrantes de los órganos electorales no les agradan, menos cuando se hace tan visible el pleito entre consejeros hermanitos de sangre tricolor, la mayoría de los propios funcionarios de ese órgano y ahora entre el IEE y el TEE.

En una de esas, aprovechando la coyuntura, les dan las gracias desde el INE y el Trife a los consejeros electorales que, por otra parte, no tuvieron el carácter mínimo ni para defender una autonomía básica frente al órgano nacional comandado por Lorenzo Córdova Vianello –en Chihuahua por Alejandro de Jesús Sherman, quien suplió convenientemente al consejo electoral chihuahuense completito–.

Los consejeros electorales estatales no alcanzaron categoría ni de mandaderos del Instituto Nacional Electoral, puesto que su jerarquía fue desdeñada hasta en la elaboración de las boletas electorales, impresas en algún lugar del Estado de México por orden inapelable del INE y nunca cuestionada por el IEE, y extrañamente ni por los partidos políticos.

A esa personalidad famélica en grado extremo exhibida por el Instituto Electoral –cómo estarán las cosas para que antiguos empleados del IEE extrañen hasta los excesos y excentricidades del anterior presidente del órgano, Fernando Antonio Herrera– se suma necesariamente otra parte que es fundamental y definitiva para el Consejo estatal de Arturo Meraz.

Las condiciones políticas cambiaron por completo en el estado el 5 de junio. El PAN tiene ahora la gubernatura, casi la mitad de las presidencias municipales y alcanzará la mayoría en el Congreso del Estado con alguno o dos de los diputados de origen nanopartido que estarán a la venta en la siguiente legislatura (el PT ya entregó a Javier Corral su voto en el Tribunal Electoral).

En el 2018 habrá de nuevo elección para presidente de la República, senadores, diputados federales, diputados locales, alcaldes…

El gobernador electo ha dicho que impulsará una necesaria reforma política, así que debemos esperar que si bien habrá norma federal para regir la elección correspondiente, también la habrá local para diputados, alcaldes (2018) y seguramente gobernador rumbo hacia el 2021. En ese ínter quedará barrido el control del PRI en el Instituto Electoral, que ni al propio tricolor le serviría visto su desempeño más de corte lavandero que profesional.