La presión de los grupos criminales sobre la estrategia de seguridad del Estado, se encuentra en un momento delicado.

A una semana de cumplirse cinco meses de las nuevas autoridades estatal y municipales en sus cargos, tan solo en Ciudad Juárez se registraron 319 ejecuciones al estilo del crimen organizado, y más de 630 en todo el estado.

En esta ciudad, las diferencias entre el las autoridades del Gobierno municipal, presidido por el alcalde independiente Armando Cabada, y la administración estatal encabezada por Javier Corral Jurado, no han permitido articular un solo frente de acción contra los grupos que se disputan el control de la plaza; y empiezan a dispararse delitos como el robo de vehículos con violencia e intentos de extorsión, que pegan sobre los ciudadanos comunes.

En el resto del estado la situación también es compleja. Regiones enteras presentan una dinámica delincuencial que nunca se ha ido del estado y se agudizó en estos primeros meses a raíz del cambio de Gobierno y el reacomodo natural de los grupos criminales.

Los acontecimientos de la última semana en el corredor conformado por Ciudad Cuauhtémoc, el seccional Álvaro Obregón y los municipios de Namiquipa, Bachíniva, Gómez Farías, Madera, etc., dan cuenta de la incertidumbre en que vive la población civil, a expensas del impacto que tienen en la seguridad los movimientos y la dinámica de esos grupos delincuenciales.

La propia Fiscalía General del Estado (FGE) y su titular, César Augusto Peniche, debieron salir al paso de la sicosis generada en la región noroeste por más de una semana, en la que corrieron versiones sobre los preparativos para un enfrentamiento armado de gran escala entre las dos células criminales que surgieron de la fractura del grupo comandado por Carlos Arturo Quintana –El Ochenta– y César Raúl Gamboa Sosa –El Cabo–, dos aliados que ahora se disputan el control territorial de esa zona.

A esa situación se superpone la infiltración de los cabecillas del crimen organizado en las policías municipales del grueso de los municipios del estado, que ha llegado al grado de colocar a su gente en la nómina policiaca de los ayuntamientos, muchas veces bajo amenaza a los alcaldes, pero también por complicidad de los mismos.

El momento que se vive es complicado, y si a eso se suma la falta de operación política adecuada por parte de las autoridades estatales para consolidar y sumar a la estrategia de seguridad a los presidentes municipales –de manera que colaboren en el control de las policías para depurar las corporaciones–, se conforma una coyuntura delicada, que de no atenderse cuidadosamente podría derivar en una nueva crisis de violencia de dimensiones desconocidas y no deseadas.

Tardanza y falta de operación

Desde la etapa de la transición del Gobierno estatal y los municipales, el equipo del entonces gobernador electo, Javier Corral, dejó para el final la definición de la designación del equipo y la estrategia de seguridad.

Esa dilación llevó a descuidar el seguimiento de la solicitud que hizo el propio gobernador electo a los 67 alcaldes para consensuar los nombramientos de los jefes de Policía. A la vuelta de la esquina se encontró que cada presidente municipal actuó de acuerdo a su criterio y las propias circunstancias su entorno comunitario.

El resultado es que la generalidad de los municipios debe ser revisada ahora en cuanto a la conformación de sus cuerpos de seguridad. Salvo Juárez y Chihuahua, que tienen el mayor número de agentes de la Policía preventiva en la entidad, se tiene acreditado con pruebas de evaluación y control de confianza al 90 por ciento del personal policiaco.

Municipios medios como Delicias, Cuauhtémoc, Nuevo Casas Grandes, Camargo, entre otros, rondan apenas el 50 por ciento de agentes acreditados, en tanto que en los pequeños nunca se aplicaron controles a los policías preventivos, como lo marcan las leyes estatal y nacional de Seguridad Pública.

Ahora que se está intentando revisar a esos cuerpos de seguridad municipal, iniciando por la intervención de la Policía preventiva en seis municipios –Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Ignacio Zaragoza, Temósachic, Madera y Gómez Farías–, hay resistencia de los propios agentes del “orden” y de los alcaldes.

El equipo político del gobernador Javier Corral –por un lado el secretario general de Gobierno, César Jáuregui Robles, y por otro el coordinador ejecutivo del gabinete, Gustavo Madero–, parece que ni siquiera se tomó la molestia de cubrir las formas de trato político e institucional con los alcaldes de los municipios que iban a ser intervenidos por la Policía Estatal Única (PEU).

Dejaron la tarea en manos del fiscal general César Augusto Peniche y del director de la PEU, Óscar Aparicio, que no tienen el perfil político para ir y sentarse a dialogar con los presidentes municipales. Esta semana, la reacción municipal de los ediles ha sido de resistencia, de reclamos naturales a la autoridad estatal por la falta de información y precisiones sobre las medidas que se tomaron.

Antes de su viaje al otro lado del mundo para promover a Chihuahua entre inversionistas chinos, el gobernador Javier Corral Jurado aceptó que los presidentes municipales no fueron consultados sobre la intervención de las policías municipales, porque es una medida de limpieza al interior de las mismas, en su mayoría infiltradas por el crimen organizado.

Justificó que la decisión la tomó en concordancia con el marco jurídico constitucional y legal, que le permite tomar el control de las policías municipales en casos de emergencia y cuando las condiciones lo requieran. “Son medidas que no pueden ser sujetas al consenso de carácter popular”, recalcó el mandatario cuando se refirió a la llegada de 330 agentes de la PEU a las localidades intervenidas desde el pasado lunes.

Los reclamos no solo llegaron de los alcaldes sujetos a la medida, sino también del presidente municipal de Juárez, Armando Cabada, y la alcaldesa de Chihuahua, María Eugenia Campos, quienes expresaron incomodidad por vulnerar la seguridad de sus respectivas ciudades con la salida de efectivos de la Policía, sin siquiera ser informados previamente.

Las diferencias con el Gobierno municipal de Juárez

Con las autoridades municipales de esta frontera, las diferencias en la concepción de la estrategia de seguridad se marcaron desde el inicio.

Pese a la alianza coyuntural acordada entre Javier Corral y Armando Cabada al final de la contienda electoral para cuidar el voto e impulsar sus respectivos proyectos en las elecciones del 5 de junio, una vez en la etapa de transición los acuerdos pactados, como la entrega de la Junta Municipal de Agua a Ciudad Juárez, no se concretaron.

En cuanto Cabada intentó dar pasos para que se cumpliera el compromiso de campaña de Javier Corral, recibió una seca negativa, también sin el menor cuidado de las formas políticas.

Recibido el primer portazo por parte del equipo político estatal, todo lo demás ha sido consecuencia. El alcalde independiente decidió hacer efectiva en los hechos su representatividad de origen, y decidió por su cuenta el nombramiento de Jorge González Nicolás como secretario de Seguridad Pública Municipal ante el disgusto del gobernador Corral.

Las diferencias se han venido ampliando con el transcurso de los meses. A la salida de González Nicolás, el nombramiento provisional de Sergio Almaraz tampoco le llenó el ojo a las autoridades estatales; las diferencias se profundizan aún más con el inminente relevo del jefe policiaco tras el resultado reprobatorio de los exámenes de evaluación y control de confianza.

Tampoco se avizora que vayan a zanjar los desacuerdos, previo a la designación de lo que será el tercer encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en menos de cinco meses, si es que esta semana se concreta el relevo. El alcalde Cabada y el gobernador Corral siguen cada uno montado en su macho, mientras la seguridad de los ciudadanos está en riesgo de colapsar, y revivir la crisis del pasado reciente.